La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fue imputada este lunes por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, quien también ha sido llamada a declarar en septiembre.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado, ya investigaba a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en su labor como codirectora de dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La investigación deberá determinar si Álvarez, contratada en 2018, excedió sus funciones públicas para favorecer los intereses privados de Gómez. Según el auto judicial, se busca esclarecer si existió desviación de medios públicos en beneficio de actividades personales y empresariales vinculadas a la esposa del presidente español.
Cristina Álvarez ya había comparecido en diciembre pasado como testigo, tras publicaciones que señalaban que dedicaba parte de su tiempo a apoyar a Gómez en sus funciones en la UCM y en actividades con empresas colaboradoras.
Contexto político y judicial
Álvarez fue contratada cuando Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, se desempeñaba como secretario general de Presidencia, organismo responsable de su nombramiento. En junio, el juez Peinado solicitó la imputación de Bolaños por malversación y falso testimonio, tras su declaración en abril, pero el Tribunal Supremo desestimó abrir una investigación contra el ministro.
El caso suma un nuevo capítulo en las investigaciones que rodean a Begoña Gómez, cuya situación judicial genera fuerte atención mediática y presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.