La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó este lunes una nueva jornada de alegatos ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, donde presentó pruebas relacionadas con 61 casos atribuidos a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la zona occidental de El Salvador.
Durante la audiencia, los fiscales expusieron las investigaciones vinculadas a ocho programas de la estructura criminal que operaban en distintos sectores del occidente del país y que, según las autoridades, participaron en múltiples hechos de violencia.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las pesquisas permitieron establecer la responsabilidad de la organización en la muerte de 138 personas.
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía, entre las víctimas se encuentran 35 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), 17 miembros de la Fuerza Armada, un custodio de Centros Penales y un integrante del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).
Las autoridades señalaron que estos funcionarios formaban parte de los objetivos definidos por la estructura criminal dentro de sus acciones contra las instituciones de seguridad y el Estado salvadoreño.
Según la acusación fiscal, las órdenes para ejecutar los asesinatos provenían directamente de la denominada ranfla histórica, la ranfla en penales y la ranfla en libertad, consideradas las máximas instancias de dirección de la pandilla.
La Fiscalía sostuvo que los homicidios eran ejecutados bajo lineamientos internos que promovían altos niveles de violencia y que eran transmitidos a las distintas células operativas de la organización.
Entre las directrices mencionadas durante la audiencia figuran mecanismos identificados como “apertura de válvulas” y “pegadas permanentes”, estrategias que, según el Ministerio Público, eran utilizadas para ordenar acciones criminales y ataques contra personas consideradas objetivos de la estructura.
El proceso judicial continúa en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, donde la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad de los acusados en una serie de delitos relacionados con homicidios, terrorismo y crimen organizado.
Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta quince millones de dólares por información que conduzca a la captura de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras Yulan Adonay Archaga Carías, alias ‘Porky’; y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias ‘Cuervo’.
Según la acusación judicial en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluido el narcotráfico, el lavado de dinero, asesinatos y secuestros.
El Departamento de Estado ofrece hasta diez millones de dólares por la captura de Porky, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, y otros cinco millones por el arresto del Cuervo.
La investigación sobre ambos cabecillas está liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por miembros de varias agencias de la Administración estadounidense, dedicado a eliminar a los cárteles del narcotráfico.
El presidente Donald Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista a la Mara Salvatrucha, así como a los principales cárteles mexicanos de la droga y a la organización venezolana Tren de Aragua.
El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.
Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.
«La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.
El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.
Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.
«Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.
Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala
Más músculo financiero y logístico
Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.
«Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.
Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.
Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.
La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.
Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE
Cooperación militar y desafíos judiciales
La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.
La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.
La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.
A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.
El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.
«Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.
Un tribunal federal de Nueva York condenó a 35 años de prisión al salvadoreño Víctor López, identificado con el alias de “Curioso” y miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), por su participación en el asesinato de Abel Mosso, ocurrido en 2019 en una estación del metro del distrito de Queens.
La sentencia fue impuesta por la jueza federal LaShann DeArcy Hall, luego de que López se declarara culpable en febrero de 2025 de cargos relacionados con asociación ilícita y de causar la muerte de la víctima mediante el uso de un arma de fuego.
Las autoridades estadounidenses informaron que el condenado aceptó además ser deportado a El Salvador una vez cumpla su condena en prisión.
Según la investigación, el crimen ocurrió el 3 de febrero de 2019 cuando López y otros cuatro integrantes de la MS-13 se movilizaron hasta una estación del metro de Nueva York para localizar y asesinar a Mosso, a quien consideraban integrante de la pandilla rival Barrio 18.
Los documentos judiciales detallan que López, junto con Ramiro Gutiérrez y Tito Martínez-Alvarenga, siguieron a la víctima dentro de un tren de la línea 7 del metro. Posteriormente la agredieron y la sacaron a la fuerza hacia el andén de la estación ubicada en la intersección de la calle 90 y la avenida Roosevelt, en Jackson Heights.
Durante el ataque, López sacó un arma de fuego, pero Mosso logró arrebatársela momentáneamente. Cuando varias personas intentaron auxiliar a la víctima, uno de los pandilleros lanzó una advertencia para impedir la intervención de los presentes.
“Que nadie se meta, somos la MS-13, lo vamos a matar”, gritó uno de los atacantes en español e inglés frente a los pasajeros que observaban la escena.
La investigación consideró que posteriormente Ramiro Gutiérrez recuperó el arma y disparó varias veces contra Mosso en la cabeza, causándole la muerte. Tras el crimen, López quemó la ropa que usó durante el ataque para evitar ser identificado por las autoridades.
El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., afirmó que la condena refleja la gravedad de un asesinato ejecutado a plena luz del día y en un lugar público concurrido.
“El acusado recibe un castigo merecido por participar en un asesinato selectivo de un supuesto rival de pandilla, ejecutado en una plataforma del metro y que puso en riesgo la vida de numerosos ciudadanos inocentes”, señaló.
Las autoridades estadounidenses destacaron que López es el quinto implicado en este homicidio que recibe condena. Ramiro Gutiérrez fue sentenciado a 55 años de prisión y Tito Martínez-Alvarenga a 48 años por este crimen y por otro asesinato ocurrido en 2018. Otros dos involucrados recibieron penas de 24 y 18 años de cárcel.
La Fiscalía recordó que la MS-13 mantiene presencia en Estados Unidos y que durante las últimas dos décadas cientos de sus integrantes han sido procesados delitos por federales, incluidos asesinatos, conspiraciones criminales y ataques violentos vinculados a la organización.
Según las autoridades, desde 2010 se han presentado acusaciones contra miembros de la pandilla por más de 75 homicidios cometidos en el Distrito Este de Nueva York, como parte de una estrategia para desarticular estructuras criminales transnacionales vinculadas a la MS-13.
La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que la Mara Salvatrucha (MS-13) obtuvo al menos $9 millones mediante extorsiones cobradas a cuatro víctimas entre los años 2012 y 2022, según los alegatos finales presentados en el juicio masivo contra 485 cabecillas de esa estructura criminal.
De acuerdo con la representación fiscal, las víctimas realizaron los pagos bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familiares, en un esquema de intimidación que se mantuvo durante varios años en distintas zonas del país.
“De estos hechos, hay actas de las denuncias interpuestas por cada una de las víctimas afectadas con la extorsión, declaraciones anticipadas de testigos en donde manifiestan cómo la estructura utilizaba el dinero de extorsión”, sostuvo la Fiscalía durante la audiencia.
Según la acusación, los fondos obtenidos de manera ilícita fueron utilizados por la organización criminal para la compra de armas de fuego de distintos calibres, así como para financiar otras operaciones delictivas desarrolladas por la pandilla.
Durante la jornada, el Ministerio Público también expuso los cargos relacionados con los delitos de agrupaciones ilícitas y rebelión.
El Fiscal Adjunto, Max Muñoz, afirmó que la evidencia presentada busca demostrar que la MS-13 intentó establecer un poder paralelo al Estado salvadoreño mediante el uso de armas de guerra y estructuras criminales organizadas.
La Fiscalía sostiene que los 485 procesados deben ser declarados responsables como creadores, dirigentes y cabecillas de la organización criminal, al considerar que dirigieron y coordinaron actividades destinadas a fortalecer el funcionamiento de la pandilla a nivel nacional.
Asimismo, el ente acusador argumentó que los imputados incurrieron en el delito de rebelión al asumir funciones que corresponden al Estado, decidir sobre la vida de personas en comunidades bajo su control, imponer cobros extorsivos y obstaculizar el ejercicio de las autoridades legítimas.
Tráfico de drogas y armas
Las investigaciones también vinculan a la MS-13 con operaciones de tráfico de drogas, principalmente marihuana y cocaína. Según la Fiscalía, los estupefacientes ingresaban desde México y eran trasladados por territorio guatemalteco antes de llegar a El Salvador.
Además, se abordó el tráfico ilegal de armas que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas para enfrentar a cuerpos de seguridad y fortalecer el control territorial de la estructura criminal.
Como parte de los elementos expuestos en el proceso, la Fiscalía afirmó haber demostrado que entre 2012 y 2022 la pandilla utilizó a 1,212 menores de edad para trasladar armas y drogas en diferentes puntos del país, una práctica que formaría parte de la estrategia operativa de la organización.
El juicio contra los 485 presuntos líderes de la MS-13 continúa en la etapa de alegatos finales, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de emitir una resolución sobre uno de los procesos judiciales más grandes impulsados contra estructuras criminales en El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a nueve integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha por el delito de feminicidio agravado cometido contra una mujer en el municipio de San Ignacio, Chalatenango.
Los condenados son Víctor Manuel Rivera Vásquez, José Ignacio López Vásquez, Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Jonathan Antonio Ardón Rivera, así como los imputados ausentes Oscar Armando Huezo Mena y Geovanni de Jesús Vásquez Chavarría.
La investigación judicial determinó que todos pertenecían a la clica Hollywood de la Mara Salvatrucha, estructura que operaba en la zona de San Ignacio. Según las autoridades, Geovanni Vásquez, alias “Curra”, mantenía una relación sentimental con la víctima y la contactó por teléfono el 12 de octubre de 2021 para que llegara a una vivienda ubicada en una zona rural.
Cuando la mujer acudió al lugar fue interceptada por otros miembros de la pandilla que permanecían ocultos. Los agresores la acusaron de proporcionar información a la Policía y le advirtieron que sería asesinada. A pesar de que intentó defenderse de las acusaciones, fue sometida por los pandilleros.
De acuerdo con la resolución judicial, la víctima fue abusada sexualmente por varios de los integrantes de la estructura criminal y posteriormente asesinada por asfixia. Después del crimen, los responsables envolvieron el cuerpo semidesnudo en una sábana y lo lanzaron a un pozo cercano para ocultar la evidencia.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó registros telefónicos que confirmaron una llamada realizada por Geovanni Vásquez a la víctima antes de los hechos. Además, el análisis de las antenas telefónicas permitió establecer que el imputado se encontraba en el lugar donde ocurrió el crimen.
La prueba testimonial también permitió identificar plenamente a los involucrados mediante sus nombres, alias y funciones dentro de la pandilla. Las investigaciones establecieron además que los condenados participaban en actividades de narcomenudeo para financiar las operaciones de la estructura criminal.
El tribunal concluyó que la víctima se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad debido a la superioridad física y numérica de sus agresores. Por estos hechos, los nueve pandilleros fueron condenados a 50 años de prisión por feminicidio agravado. Asimismo, Oscar Huezo, Geovanni Vásquez, Víctor Rivera y José López recibieron una pena adicional de un año por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, por lo que deberán cumplir una condena total de 51 años de cárcel.
Ocho salvadoreños vinculados a la estructura criminal MS-13 fueron condenados en Estados Unidos por su participación en una conspiración de crimen organizado que operó en el área de Houston entre 2017 y 2018, informó el Departamento de Justicia de EEUU.
Las autoridades estadounidenses detallaron que la red ejecutó múltiples delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, robos, obstrucción de la justicia y asesinatos, incluyendo víctimas desde los 14 años. Todos los pandilleros estaban con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.
«Las sentencias de hoy envían un mensaje claro: aquellos que llevan a cabo la violencia contra las organizaciones criminales transnacionales serán responsabilizados, sin importar de dónde vengan las órdenes. Estos acusados utilizaron la brutalidad para avanzar dentro de su empresa criminal, y ahora se enfrentan a las consecuencias”, dijo el fiscal John G.E. Marck, del Distrito Sur de Texas.
Entre los sentenciados figura Edgardo Martínez-Rodríguez, alias “Largo”, de 35 años, considerado un líder de alto rango que ordenó varios homicidios, quien recibió una condena de 50 años de prisión. También fue sentenciado Wilman Rivas-Guido, alias “Inquieto”, de 30 años, con 45 años de cárcel.
Otros seis implicados se declararon culpables previamente y permanecen bajo custodia. Miguel Ángel Aguilar-Ochoa, alias “Darki”, de 40 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en cuatro ocasiones, mientras que Wilson José Ventura-Mejía, alias “Discreto”, de 30 años, y Walter Chicas-García, de 28, recibieron penas de 50 años cada uno.
Asimismo, Luis Ernesto Carbajal-Peraza, de 34 años, y Carlos García-Góngora, de 28, fueron condenados a 45 años de prisión, mientras que Marlon Miranda Morán, de 26 años, deberá cumplir una pena de 35 años.
Las investigaciones revelaron que durante el periodo más violento de la pandilla en Houston, los mareros utilizaban armas de fuego, machetes, bates de béisbol y hasta sus propias manos para ejecutar a sus víctimas, con el objetivo de mantener el control territorial y fortalecer su reputación criminal.
Tras los asesinatos, los pandilleros enviaban fotografías de los cuerpos a líderes de la organización en El Salvador como prueba de las ejecuciones, en algunos casos tras mutilar o desmembrar a las víctimas.
“Estos acusados, actuando en nombre de una pandilla criminal transnacional, llevaron a cabo asesinatos brutales, matando a las víctimas con machetes, bates de béisbol y con sus propias manos, y luego glorificando sus actos violentos al enviar fotos de su carnicería a líderes de la MS-13 en El Salvador”, afirmó el fiscal adjunto A. Tysen Duva.
En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, señalando su presencia en varios estados del país norteamericano, así como en El Salvador y Honduras.
El caso fue investigado por el FBI y otras agencias de seguridad, en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, como parte de una ofensiva contra estructuras criminales transnacionales.
Un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificado como Daniel Heriberto Vásquez Chinchilla, alias “El Gato”, fue arrestado durante la tarde del martes por la Policía Nacional Civil (PNC), por ser un presunto homeboy (miembro) de la clica Tecla Locos Salvatruchos.
Según detalló la entidad policial, este pandillero intentó borrarse los tatuajes que lo vinculan a la estructura. Específicamente, se quemó uno en forma de garra y trató de ocultar con tatuajes artísticos las letras «M» y «S» en un intento por eliminar la marca de la pandilla.
Vásquez Chinchilla fue intervenido sobre la 4ª calle Oriente y avenida San Martín, en Santa Tecla, perteneciente al municipio de La Libertad Sur, informó la entidad policial a través de una publicación en su cuenta de la red social X.
Antecedentes criminales
El detenido también tiene antecedentes por cometer distintos crímenes desde el 2011 según detalló la PNC en la publicación. Uno de ellos es el de portación y tenencia o conducción de armas de guerra; fabricación, portación, tenencia y comercio de armas de fuego explosivas, caseras y artesanales.
Además, los delitos continúan con hurto agravado y lesiones culposas. La PNC informó que el detenido sería puesto ante los respectivos tribunales por el delito de agrupaciones ilícitas.
En coordinación con Inteligencia Policial, capturamos a Daniel Heriberto Vásquez Chinchilla, alias Gato, homeboy de la clica Tecla Locos Salvatruchos.
Fue intervenido sobre la 4ª Calle Oriente y avenida San Martín, en Santa Tecla, La Libertad Sur.
En otras capturas recientes hacia presuntos miembros de pandillas, el pasado sábado fue detenido Samuel Alberto Macis Axume en el distrito de Candelaria de la Frontera, informó la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en su cuenta de la red social X en su momento.
El sujeto es un presunto homeboy (miembro) y gatillero (sicario) de la MS-13 perteneciente a la clica Park View Locos Salvatruchos de dicha estructura, informaron. Además, la FAES lo identificó debido a los tatuajes alusivos a la pandilla.
Posteriormente, fue entregado a la PNC de acuerdo al reporte emitido por la institución militar.
Una mujer identificada como Delmy Beatriz Vicente Mendoza fue sentenciada este lunes, por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, a 10 años de cárcel debido a que fue encontrada culpable del delito de extorsión agravada en perjuicio de su víctima, informó Centros Judiciales de El Salvador.
Vicente Mendoza extorsionó a su víctima a quien exigía el pago mensual de $40 a cambio de no atentar contra su vida, esta serie de llamadas telefónicas iniciaron en 2013 en el distrito de Huizúcar, en La Libertad Este.
La víctima presentó la denuncia, lo que posibilitó el inicio de las investigaciones y la coordinación de un operativo de entrega controlada. Mediante esta diligencia, se logró la debida identificación de la imputada, de acuerdo a las autoridades.
La ahora condenada fue arrestada por medio de un operativo de entrega controlada, ya que fue interceptada junto a otra mujer quien ya recibió su condena por dicho delito en 2023, según detalló Juzgados.
La entidad judicial informó que durante el procedimiento de captura, las respectivas autoridades que lo ejecutaron incautaron el efectivo entregado, elemento que sustentó la acusación.
En otras condenas recientes por este tipo de delito, el pasado viernes el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó 20 años de cárcel en contra de al menos ocho pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) por extorsionar a un comerciante en Ilopango.
En su momento, las autoridades informaron que los sentenciados fueron identificados como Manuel Alexander Henríquez Bernal, con rango de palabrero, y César Eduardo Rivera Linares, corredor de clica, los demás fueron identificados como:
Luis Alexander Funes Ávalos
René Alonso Herrera Morales
Víctor Alfonso Caminos
Fredy Ernesto Rodríguez
José Roberto Aldana Linares
Juan Francisco Ayala Velasco
#JusticiaSV⚖| Condenan a mujer a diez años de prisión por extorsión agravada
—El fallo condenatorio se dictó tras acreditarse la participación de la imputada mediante un operativo de entrega controlada.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Soyapango instaló el lunes una audiencia única en contra de 66 acusados de ser pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) capturados en el marco del régimen de excepción y que además son señalados de cometer diversos delitos en el departamento de Cuscatlán.
Según detalló la Fiscalía General de la República (FGR), los 66 pandilleros se dividen entre un corredor de clica, 29 paros (miembros activos de menor rango), 28 homeboys (miembros oficiales), seis chequeos (vigía) y dos colaboradores.
Los acusados, miembros de pandillas, fueron detenidos en distintas operaciones de seguridad llevadas a cabo desde 2023 por el delito de agrupaciones ilícitas en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario, municipio de Cuscatlán Sur, departamento de Cuscatlán, informó la FGR por medio de un comunicado de prensa.
Según la notificación del fiscal del caso, los individuos poseen tatuajes de la mara y tienen un historial delictivo que incluye extorsión, homicidio y desaparición de personas.
La Fiscalía ha solicitado al juez imponer la pena máxima de 45 años de cárcel a los acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. Se espera que la audiencia relacionada con este caso se extienda por cinco días, según se detalla en el escrito.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció a inicios de 2026 que la FGR proyecta presentar cerca de 3,000 acusaciones relacionadas con el régimen de excepción ante los tribunales de crimen organizado.
