Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) este martes que investigue la construcción de un relleno sanitario en la zona, al considerar que contraviene medidas cautelares dictadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde 2017.
Los residentes, acompañados por representantes del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), presentaron un aviso formal ante la FGR, donde solicitaron que se indague el avance del proyecto.
“Es un aviso que nosotros como comunidad venimos a poner para que ellos (Fiscalía) tomen cartas en el asunto”.
René Alfaro Gómez, uno de los voceros comunitarios.
Según Milpa, el proyecto del relleno sanitario ha sido impulsado desde 2017, pero fue detenido ese mismo año por la PDDH, debido a investigaciones fiscales vinculadas a exhumaciones pendientes relacionadas con la masacre de San Francisco Angulo. No obstante, desde noviembre de 2025 se iniciaron trabajos en un área boscosa, supuestamente por una empresa mexicana, a pesar de que las medidas cautelares no han sido revocadas.
El coordinador de Milpa en la zona oriental, Ángel Flores, criticó que las autoridades no informan ni consultan a las comunidades sobre los proyectos que se desarrollan cerca de sus territorios.
“No se realiza ningún tipo de consulta para que puedan tomar decisiones como comunidad ante este tipo de iniciativas económicas que benefician a grupos empresariales”, expresó Flores, quien también mencionó el caso del Aeropuerto del Pacífico como antecedente de falta de transparencia.
Los residentes advirtieron que el proyecto representa una amenaza directa a la salud pública, debido al volumen de desechos sólidos que, aseguran, se pretende trasladar al sitio. La preocupación se extiende a comunidades vecinas como Canta Rana y colonia El Milagro.
“Han sido días de angustia porque para nosotros la salud de nuestros ancianos y de nuestros niños es prioridad”, subrayó Alfaro Gómez.
Los habitantes anunciaron que acudirán al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para solicitar un estudio de impacto ambiental, ya que aseguran que el terreno intervenido alberga vegetación y fauna silvestre. Además, insistirán ante la PDDH para que se cumpla el documento de medidas cautelares que, según afirman, continúa vigente desde hace ocho años.
