La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a favor del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, tras determinar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud, durante su detención en El Salvador.
Anaya, crítico del Gobierno, fue capturado el 7 de junio de 2025 acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en régimen de incomunicación, sin acceso a su familia ni a sus abogados, pese a decisiones judiciales a su favor por razones de salud, según detalla la resolución de la CIDH.
El organismo regional señaló que la falta de comunicación absoluta impide conocer el estado actual y las condiciones de detención del jurista, considerando además sus padecimientos crónicos. La Comisión advirtió que se trata de una persona adulta mayor, por lo que el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar su protección.
En su resolución, la CIDH ordena a El Salvador adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de Anaya, asegurar que sus condiciones de detención cumplan con estándares internacionales y, en particular, que cese de inmediato la incomunicación prolongada. También pide garantizar el contacto regular con familiares y abogados, así como el acceso oportuno a tratamiento médico.
El organismo solicitó además revisar la continuidad de la prisión preventiva y considerar medidas alternativas a la detención, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El Estado salvadoreño respondió a la CIDH asegurando que Anaya recibe alimentos especiales proporcionados por su familia, que se ha garantizado su derecho a la salud, al debido proceso y a la defensa técnica, y que no existen pruebas de un riesgo a su integridad que no pueda ser prevenido por mecanismos nacionales.
No obstante, la Comisión valoró que, por su rol como constitucionalista y sus opiniones sobre temas de interés público, Anaya se encuentra detenido sin plazo definido, lo que agrava la situación.
El 15 de septiembre, su abogado defensor, Jaime Quintanilla, dijo a Diario El Mundo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria denegó la solicitud de comunicación con el jurista bajo el argumento de que se le aplica el régimen de excepción.
Previo a la publicación de las medidas de Anaya, la CIDH también publicó que otorgó medidas cautelares en favor de la abogada de Cristosal, Ruth López.
