El concejo de San Salvador Este declaró bajo reserva la información sobre la supresión de más de 400 plazas de empleados de las áreas de aseo y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). El acuerdo fue tomado en sesión extraordinaria del viernes 15 de agosto.
Una fuente de la alcaldía confirmó a Diario El Mundo que el concejo aprobó por mayoría la supresión de al menos 300 plazas de área de aseo y unas 150 de agentes del CAM.
Las supresiones de plazas en aseo se habrían realizado porque la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) asumiría las plazas.
La fuente aseguró que la reserva de la información se fundamentó en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que es información reservada los planes militares, que ponga en riesgo la defensa nacional, la que menoscabe relaciones internacionales, la que ponga en peligro la vida de alguien, la que cause perjuicio en investigaciones, que compromete funciones estatales y la que puede generar ventaja sobre un tercero.
La fuente aseguró que «esa reserva es ilegal» porque la supresión de plazas no estaría incluida en los tipos de información legales de reserva. La fuente dijo que solo los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habrían votado contra las supresiones.
«Son decenas de trabajadores que se han quedado completamente en la calle»
Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, aseveró que expresan su «total repudio» ante las supresiones de plazas de cientos de trabajadores municipales «que se han quedado completamente en la calle, han sido cesados de sus puestos de trabajo en la alcaldía de San Salvador Este».
Méndez indicó que los trabajadores pertenecían a los departamentos de aseo, del CAM, de mercados y otros, y que «estas son las consecuencias» de medidas como la reestructuración municipal.
«Este despido se suma también a las condiciones precarias que enfrentan los trabajadores municipales a consecuencia de todas estas leyes (como la reestructuración municipal». Estamos hablando que a esos trabajadores se les ha irrespetado muchos derechos». Rafael Méndez, miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.
Méndez explicó que algunos de violaciones a derechos labores fueron: el retraso en el pago del salario, anulaciones de bonos, acoso laboral, falta de dotaciones de uniformes, chantajes para trabajar fuera del horario, amenazas con despidos e inestabilidad por funcionamiento de ANDRES.
Teresa Hernández, miembro de la Mesa, explicó que las familias de los despedidos se quedan «en desprotección» porque muchas de ellas han perdido su única fuente ingresos.
