El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a siete años de cárcel a Marvin Orlando Dueñas Fuentes, José Daniel Dueñas Fuentes y Luis Antonio Dueñas Fuentes, por el delito de tráfico ilegal de personas. Además, los imputados deberán pagar $21,600 a cada víctima en concepto de responsabilidad civil, informó el viernes Centros Judiciales.
Los tres hermanos, quienes se encuentran prófugos, fueron hallados culpables de organizar el traslado ilegal de dos salvadoreños hacia Estados Unidos. Uno de los traficantes operaba desde territorio estadounidense, según las investigaciones.
Las víctimas contactaron a los hermanos Dueñas para negociar su viaje irregular y acordaron un pago total de $40,000. La ruta comenzó el 17 de octubre de 2022 y ambos lograron cruzar la frontera estadounidense. No obstante, fueron deportados en dos ocasiones a México.
Fue entonces cuando los traficantes exigieron un pago adicional y amenazaron con entregarlos a cárteles mexicanos si no accedían a dar más dinero. Temiendo por su vida, las víctimas decidieron regresar a El Salvador por sus propios medios.
La Fiscalía General de la República documentó que los imputados ejercieron presión psicológica y coacción sobre las víctimas, aprovechándose de su vulnerabilidad y desesperación por llegar a Estados Unidos.
El operativo de las autoridades salvadoreñas contra una red de falsificación de visas de trabajo hacia Estados Unidos que dejó seis capturados en el país, formó parte de operativos simultáneos en El Salvador, Colombia, Ecuador y distintas ciudades estadounidenses, dejando un saldo de 19 personas arrestadas, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La red engañó a miles de personas de Centro y Sudamérica que buscaban emigrar legalmente, defraudándolas con más de $2.5 millones.
Las autoridades estadounidenses detallaron que cinco de los capturados enfrentan cargos federales en Florida por participar en una operación criminal de cuatro años basada en fraude migratorio, lavado de dinero y usurpación de funciones públicas.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para delinquir, lavado de dinero y falsificación de sellos e insignias oficiales. Dos fueron arrestados en territorio estadounidense —uno en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas—, mientras que otros tres fueron capturados en Medellín, Colombia. Uno de los implicados continúa prófugo.
El fraude consistía en convencer a las víctimas, mediante sitios web y páginas falsas en redes sociales, de que estaban tramitando visas legales para trabajar en Estados Unidos. Como parte del engaño, consultores o “asesores” llamaban desde call centers clandestinos ubicados en Medellín para simular un proceso legítimo. Incluso, hacían videollamadas haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses.
Durante estas interacciones, mostraban documentos falsificados como supuestas aprobaciones de visas y permisos laborales con sellos clonados de agencias oficiales. A las víctimas se les exigía transferencias internacionales para cubrir “gastos consulares”, que iban desde $50 hasta $90,000, según la investigación.
El Departamento de Estado estima que la red afectó a más de 7,000 personas en al menos 15 países. Cerca de 700 víctimas ya han sido entrevistadas por agentes estadounidenses.
Los operativos en El Salvador ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, indicó la FGR. Foto FGR.
Las capturas en El Salvador
En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de seis personas vinculadas a la red, durante allanamientos realizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán. Las autoridades salvadoreñas identificaron a los detenidos como René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo.
Según la FGR, esta estructura contactaba a víctimas mediante redes sociales desde 2021, ofreciendo visas de trabajo falsas supuestamente vinculadas a proyectos en EE.UU. Les prometían toda la documentación requerida para viajar sin obstáculos, solicitándoles pagos a cuentas bancarias en Estados Unidos. Al menos 45 víctimas salvadoreñas ya fueron identificadas.
En Colombia y Ecuador también actuaron
En Colombia, las autoridades arrestaron a tres implicados en Medellín y allanaron tres centros de llamadas ilegales. Entre los detenidos están Edwin Correa-David, Andrés y Julián Giraldo-Ospina, Esteban Robledo-Correa (aún prófugo), Danna Porras-Marín y Viviana Urrego-Rojas. Ellos coordinaban desde la creación de los sitios web hasta el manejo de los fondos recibidos.
En Ecuador, las fuerzas policiales ejecutaron arrestos en cinco ciudades, deteniendo a ocho personas vinculadas a las operaciones locales del esquema, además de allanar dos inmuebles clave en la red de lavado de dinero.
Apoyo internacional coordinado
La operación fue liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Estado (DSS), la Oficina de Investigaciones del USAID (OIG), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI), y fiscalías de Colombia, Ecuador y El Salvador.
“Estos acusados se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse a costa de personas que buscaban viajar legalmente a nuestro país”, declaró Matthew Galeotti, fiscal del Departamento de Justicia. “Vamos a perseguir sin descanso estos esquemas que socavan nuestras leyes migratorias”.
El Departamento de Estado habilitó el correo FakeVisaVictim@state.gov para que posibles afectados presenten sus denuncias.
Estados Unidos anunció este miércoles la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de «facilitar la inmigración ilegal» hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.
«Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos», detalló el Departamento de Estado en un comunicado.
Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.
La medida «se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos», aunque la nota no revela de qué empresa se trata.
«Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración», apuntó el Departamento de Estado.
Asimismo, prometió que la Administración de Donald Trump «garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias».
Trump anunció aranceles del 30 % para exportaciones mexicanos en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.
El Gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.
La embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles que toda persona que cruce ilegalmente la frontera estadounidense deberá pagar una multa de $5,000, como parte de un nuevo paquete de medidas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El portavoz de la embajada, David Arizmendi, explicó en un video publicado en la red social X que la medida entra en vigor de inmediato. “Se aplicará una nueva multa de $5,000 a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”, afirmó, y advirtió que quienes incumplan la ley “enfrentarán graves consecuencias”.
La disposición se da a conocer el mismo día que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que a partir de este jueves aplicará un cobro de $1,000 a los nuevos solicitantes del programa ‘parole’, un permiso de residencia temporal que se otorga por razones humanitarias urgentes.
La tarifa afectará a extranjeros que obtengan o tengan pendiente una solicitud de permanencia temporal en EE.UU., a excepción de casos específicos como emergencias médicas o asistencia a funerales, detalló el DHS en un comunicado oficial.
Estas nuevas medidas representan un endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, a pesar de la disminución de cruces irregulares reportada por el Gobierno mexicano.
Según datos de la Cancillería de México, entre el 1 de octubre de 2024 —inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum— y el 20 de agosto de 2025, los encuentros de migrantes en la frontera con EE.UU. bajaron un 91 %, al pasar de 3,640 a 285 personas interceptadas.
El Gobierno estadounidense mantiene firme su postura frente a la migración irregular, reforzando controles y aumentando los costos para quienes busquen ingresar sin cumplir los requisitos legales.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aseguró el miércoles que los migrantes irregulares que no poseen antecedentes criminales también pueden ser detenidos para su deportación. Señaló a los coyotes de difundir rumores para convencer a más personas para que migren ilegalmente.
La sede diplomática en El Salvador compartió un aviso del Departamento de Estado en el que aclara que los coyotes están difundiendo un nuevo rumor a través de redes sociales en el que aseguran que migrantes con estatus irregular no son detenidos si no tienen antecedentes criminales.
Sin embargo, aseveró que esa afirmación es falsa y que en realidad toda persona sin estatus migratorio puede ser detenida y deportada aunque este no haya cometido delitos en ese país norteamericano.
«Toda persona sin estatus migratorio puede ser detenida aunque no tenga delitos criminales. No confíes en rumores de coyotes». Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La Embajada acusó a los coyotes de difundir estas falsas afirmaciones para «convencer a las personas de intentar cruzar la frontera» y así «aprovecharse de ellas». Instó a los interesados a informarse por las fuentes oficiales sobre temas migratorios.
Según los reportes de la Dirección de Migración y Extranjería más de 6,000 salvadoreños fueron deportados durante el primer trimestre de 2025. La organización Witness at the Border registra 85 vuelos con deportados que partieron desde Estados Unidos hacia El Salvador desde enero a junio de este año.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este miércoles que la coordinación bilateral en seguridad ha permitido frenar el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal en la frontera común. Según el diplomático, la estrategia conjunta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está dando resultados.
“La coordinación en seguridad entre Estados Unidos y México da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida”, publicó Johnson en sus redes sociales.
El Gobierno de Trump ha exigido medidas concretas para frenar el tráfico de fentanilo desde México, amenazando incluso con imponer aranceles del 30 % a productos mexicanos. Sin embargo, la semana pasada ambos países alcanzaron un acuerdo para suspender por 90 días la imposición de estos aranceles, mientras se fortalece la cooperación en seguridad.
En ese marco, el Gobierno de México informó que, desde la puesta en marcha de la Operación Frontera Norte, pactada con Trump en febrero, se han detenido 5,996 personas y decomisado casi 54 toneladas de droga, incluyendo 310 kilogramos de fentanilo.
Desde Estados Unidos, el combate al fentanilo se ha vuelto prioridad nacional. Esta droga sintética, elaborada con precursores químicos provenientes de China, provocó más de 48,000 muertes por sobredosis en 2024, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
El martes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó que el acuerdo bilateral de seguridad esté en riesgo por la presencia de carteles del narcotráfico, como lo reportó el diario The Wall Street Journal. Aseguró que el pacto está «casi listo», aunque aún no se ha definido la fecha de firma.
“El acuerdo se basa en cuatro principios: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua y cooperación”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
El WSJ también reportó la fuga del ciudadano chino Zhi Dong Zhang, presunto operador del tráfico de fentanilo y lavado de dinero para carteles mexicanos, quien se encontraba bajo arresto domiciliario mientras esperaba su extradición a Estados Unidos. Zhang era investigado por movilizar más de $150 millones para redes de narcotráfico que operan con cocaína, metanfetamina y fentanilo.
