Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: migrantes deportados

  • OIM: Retorno de hondureños aumenta 40 % y tránsito migratorio baja 74 % en primer semestre

    OIM: Retorno de hondureños aumenta 40 % y tránsito migratorio baja 74 % en primer semestre

    Honduras recibió 23,952 migrantes deportados entre enero y junio de 2026, un incremento del 40 % en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe divulgado este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

    El documento, elaborado con datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), señala que en el primer semestre del año retornaron 6,850 hondureños más que en 2025, cuando las autoridades registraron 17,102 deportaciones.

    Solo en junio fueron retornadas 4,407 personas, frente a las 3,461 registradas en el mismo mes del año pasado, lo que representa un aumento interanual del 27.33 %. Además, la cifra fue 9.71 % superior a la reportada en mayo de este año.

    El informe detalla que el 87 % de los migrantes deportados en junio fueron hombres, el 11 % mujeres y el 2 % niñas, niños y adolescentes. Estados Unidos concentró el mayor número de retornos, con 3,880 hondureños, equivalentes al 88.04 % del total. Le siguieron México, con 509 personas; Guatemala, con 18; El Salvador y Ecuador, con tres cada uno; y España y Canadá, con un retorno cada uno.

    La mayoría de los migrantes retornados recibió atención en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula, donde fueron atendidas 3,748 personas, equivalentes al 85 % del total. Otros 485 migrantes fueron asistidos en el CAMR de Omoa y 174 en el CAMR Belén.

    En contraste con el aumento de las deportaciones, la OIM destacó que el ingreso irregular de migrantes extranjeros por Honduras disminuyó de forma significativa. Entre enero y junio ingresaron 5,087 personas en condición de vulnerabilidad, una reducción del 74.18 % respecto a las 19,698 registradas durante el mismo período de 2025.

    Los registros mensuales muestran que ingresaron 1,596 migrantes en enero, 609 en febrero, 555 en marzo, 746 en abril, 775 en mayo y 806 en junio, cifras que reflejan una disminución sostenida del flujo migratorio hacia el norte del continente.

    Durante junio, Ecuador fue el principal país de origen de los migrantes en tránsito irregular por Honduras, con el 56.82 % de los casos, seguido de Venezuela, con el 13.40 %, y la República Popular China, con el 8.44 %. Además, las personas con edades entre 21 y 40 años representaron el grupo más numeroso, con 3,190 registros durante los primeros seis meses del año.

  • ACNUR pide que se respete el derecho al asilo en las deportaciones de EEUU a otros países

    ACNUR pide que se respete el derecho al asilo en las deportaciones de EEUU a otros países

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió este lunes que los acuerdos de deportación y traslado de migrantes impulsados por Estados Unidos respeten el derecho al asilo y las normas internacionales de protección a refugiados.

    El jefe de la agencia, Barham Salih, afirmó que cualquier mecanismo de traslado debe garantizar el acceso a procedimientos de asilo, así como el respeto al principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, violencia o daños graves.

    «Los acuerdos de traslado deben garantizar el acceso al asilo, respetar las garantías procesales y el principio de no devolución, lo que significa que ninguna persona que necesite protección internacional debe ser devuelta a ningún lugar donde corra el riesgo de sufrir daños», indicó Salih durante una conferencia de prensa virtual.

    El alto funcionario añadió que «Los traslados solo pueden ser legales si cuentan con garantías solidas y respetan el principio de reparto de responsabilidades y no devolución».

    Salih señaló que ACNUR no participó en la negociación de los acuerdos suscritos entre Estados Unidos y varios países africanos. Sin embargo, aseguró que la organización está dispuesta a colaborar para garantizar que cualquier medida relacionada con refugiados y solicitantes de asilo cumpla con el derecho internacional.

    La reactivación de los vuelos de deportación hacia terceros países fue posible luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara en junio de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump a continuar con estas expulsiones, consideradas una de las principales medidas de su política migratoria.

    Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la práctica. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que muchas personas deportadas carecen de asistencia jurídica adecuada y, en algunos casos, son recluidas en centros penitenciarios de máxima seguridad sin enfrentar cargos formales.

    Las organizaciones también pidieron a los gobiernos africanos rechazar acuerdos migratorios con Estados Unidos, argumentando que estos exponen a los deportados a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y posibles devoluciones forzadas a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

    Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha promovido una política de expulsiones aceleradas y ha firmado acuerdos con países como República Democrática del Congo, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona para recibir migrantes deportados.

  • Juez de EE.UU. ordena conceder audiencias a venezolanos deportados a El Salvador

    Juez de EE.UU. ordena conceder audiencias a venezolanos deportados a El Salvador

    Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el lunes que cerca de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron privados de su derecho al debido proceso, y ordenó que se les permita presentar sus casos ante un tribunal migratorio.

    La resolución fue emitida por el magistrado James Boasberg, quien dio plazo hasta el 5 de enero de 2026 para que el Gobierno presente un plan que permita el regreso de los migrantes o el acceso a una audiencia justa en EE.UU. Además, certificó una demanda colectiva que abre la vía para que todos los afectados impugnen su expulsión al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, adonde fueron enviados en marzo pasado.

    El presidente Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —instrumento legal reservado para tiempos de guerra— para justificar las deportaciones, alegando sin pruebas que los migrantes eran miembros del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, declarado organización terrorista.

    “Los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin aviso y sin oportunidad de impugnar su designación”, escribió Boasberg en su resolución, calificando la acción como una clara violación de los derechos constitucionales.

    La demanda fue interpuesta por la ACLU y Democracy Forward, quienes también alegaron que el Gobierno salvadoreño encarceló a los migrantes a cambio de un pago.

    El magistrado subrayó que el Gobierno no puede utilizar expulsiones aceleradas para anular el derecho al hábeas corpus, señalando que permitirlo “abriría la puerta a que el Gobierno detenga a cualquier persona y la envíe a otro país, anulando toda posibilidad de defensa legal”.

    Boasberg también investiga si funcionarios del Gobierno violaron una orden previa que prohibía vuelos de deportación hacia El Salvador. Entre los nombres mencionados están Erez Reuveni, exfuncionario del Departamento de Justicia, y Drew Ensign, abogado acusado de engañar al tribunal sobre los vuelos migratorios.

    En un dictamen anterior, Boasberg advirtió que la Constitución no admite desobediencia intencional de órdenes judiciales, y criticó el “completo menosprecio” del Ejecutivo a sus instrucciones. El caso se suma al proceso legal abierto por la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado erróneamente al Cecot y luego retornado a EE.UU. por orden judicial.

     

  • Venezuela dice que registró más de 1,400 vuelos desde alerta de seguridad de EE.UU.

    Venezuela dice que registró más de 1,400 vuelos desde alerta de seguridad de EE.UU.

    El Gobierno de Venezuela reportó este miércoles la realización de 1,474 vuelos nacionales e internacionales desde el pasado 21 de noviembre, pese a la advertencia de Estados Unidos sobre supuestos riesgos para la aviación civil en el espacio aéreo del país suramericano y el sur del mar Caribe.

    El ministro del Interior, Diosdado Cabello, destacó que desde esa fecha se han movilizado 101,813 pasajeros, de los cuales 36,606 lo hicieron en vuelos internacionales. La información fue brindada durante su programa semanal transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Cabello cuestionó la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que instó a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela por considerarlo un espacio “potencialmente peligroso”. “Se les dio el permiso [a EE.UU. para sobrevolar el país]. Entonces, ¿para qué sacaron lo otro? ¿Para asustar a quién?”, expresó el funcionario, criticando lo que calificó como una “amenaza” de Washington.

    El gobierno venezolano también informó la llegada de un nuevo vuelo de deportación desde Estados Unidos con 266 ciudadanos venezolanos, procedente de Phoenix, Arizona, a bordo de un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines. Con este, suman 76 vuelos de repatriación en lo que va del año desde EE.UU., bajo un acuerdo migratorio suscrito en enero.

    Según cifras oficiales, un total de 14,407 migrantes han regresado desde Estados Unidos, lo que representa el 78 % de todos los retornos realizados en 2025. Además, este miércoles también llegaron al país 304 venezolanos repatriados desde México en un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa.

    Los 570 retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por una delegación encabezada por el canciller Yván Gil, quien aseguró que el país sigue “en paz” y “ejerciendo la soberanía de su espacio aéreo”.

    Tras las advertencias de Estados Unidos, varias aerolíneas internacionales cancelaron temporalmente vuelos hacia Venezuela, a lo que el gobierno de Nicolás Maduro respondió revocando las concesiones a ocho aerolíneas extranjeras, entre ellas tres de origen español.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que el espacio aéreo venezolano y sus alrededores deben considerarse “cerrados”. Sin embargo, el canciller Gil afirmó que “no hay fuerza” que “le quite la soberanía” al país, y aseguró que las operaciones en el principal aeropuerto venezolano transcurren con normalidad, recibiendo vuelos desde países como Colombia y Panamá.