Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto un fallo de un tribunal de inmigración que otorgaba amplias facultades a la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener detenidos a migrantes sin concederles audiencias para fijar fianza. La decisión también incluyó señalamientos por el uso de la fuerza de agentes federales y el trato brindado a extranjeros bajo custodia.
La magistrada Sunshine Sykes sostuvo en su resolución que el Gobierno no acató una sentencia emitida en diciembre pasado, en la que se declaró ilegal negar la posibilidad de libertad bajo fianza a personas detenidas. Recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había descrito reiteradamente a estos migrantes como «lo peor de lo peor».
No obstante, la jueza afirmó que «‘lo peor de lo peor’ es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)». Añadió que «Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno».
Durante años, las audiencias de fianza se negaban principalmente a migrantes considerados recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump modificó ese criterio histórico al extender la negativa también a personas arrestadas por el ICE tras haber vivido durante años en territorio estadounidense, obligándolas a presentar recursos de habeas corpus para intentar recuperar su libertad.
Ante este panorama, la jueza advirtió que esta práctica requiere «una mayor reparación» y estableció que los migrantes tienen derecho a una audiencia que determine no solo la posibilidad de fianza, sino también si pueden continuar su proceso fuera del centro de detención al que hayan sido trasladados.
El fallo también incluyó críticas adicionales al Ejecutivo y enmarcó las amenazas contra ciudadanos extranjeros dentro de un clima de «terror» que, según la magistrada, ha generado una «profunda preocupación» en la población estadounidense por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo. Asimismo, señaló que «el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota», en referencia a Renée Good y Alex Pretti, fallecidos por disparos de agentes federales en enero. A su juicio, «Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada», al vincular la actuación de los agentes con los procesos contra migrantes detenidos.
