El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que ejecutó $77,517 para la alimentación y la atención de personas retornadas (deportadas) entre junio 2024 y mayo 2025.
Los recursos fueron destinados en dos programas para salvadoreños retornados, el primero fue la alimentación para las personas salvadoreñas retornadas entre junio de 2024 y mayo de 2025.
Entre junio y diciembre del 2024, el Ministerio ejecutó $56,186.20; y entre enero y mayo de 2025 sumaron $13,634.50 en gastos de alimentación para 10,421 personas retornadas.
El otro programa es la readecuación de espacios físicos para la atención de personas retornadas con perfil vulnerable.
La descripción detalla que se invirtió, entre junio de 2024 y mayo de 2025, un total de $7,696.31 en la «readecuación de espacio en la Gerencia de Atención al Migrante, obra realizada con la donación de Cooperación Española, proporcionando mobiliario y materiales de construcción». El proyecto se realizó por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Según datos de la DGME proporcionados en julio, de enero a marzo de 2025, son 2,797 los salvadoreños deportados vía aérea, en cambio, en el mismo período de 2024, sumaron 3,769 los retornados a El Salvador, lo que representa una disminución del 26 % para este año.
El mes con mayor deportación fue febrero, cuando se registró el ingreso de 1,411 connacionales, le siguió marzo con 1,228 y enero, con 1,130. Entre enero y febrero, hubo un aumento del 24 %. La diferencia entre lo reportado en 2024 y 2025 fue de 972 personas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el martes el «Proyecto para la protección de personas en movilidad» que busca ampliar la asistencia, programas de protección y servicios para los migrantes salvadoreños. Expertos migratorios han pedido la implementación de un plan integral que aborde el área psicosocial de los retornados.
La Cancillería salvadoreña afirmó que el proyecto será implementado durante dos años y contará un con financiamiento de $3.4 millones, proveídos por el Fondo Multidonante para la Migración y será ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró durante la presentación del proyecto que el proyecto busca:
Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria.
Implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular.
Fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través del empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.
El proyecto será implementado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por haber sido identificados como territorios «con alta presencia de personas en condiciones de movilidad» y que requieren de «atención prioritaria».
“Este nuevo esfuerzo también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular en municipios priorizados, mediante un enfoque intersectorial e inclusivo. Con un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad, el proyecto contará con un presupuesto de 3.4 millones de dólares y se desarrollará durante un período de 24 meses». Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.
Portal aseguró durante su discurso que el proyecto contempla también «un enfoque multifactor» que incorporará a gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de migrantes retornados y sector privado. «Esta articulación permitirá ofrecer una respuesta contextualizada, cercana y efectiva en los territorios priorizados», indicó.
Por otro lado, el jefe de misión para El Salvador de la OIM, Nicola Graviano, aseguró que este proyecto será muy importante para el «fortalecimiento de las capacidades institucionales» para atender a los migrantes deportados y así brindar respuestas para que estos «puedan tomar decisiones acertadas» en cuanto a movilidad.
En el evento participó el representante adjunto y oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFA), Mario Iraheta; la director junta del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Carolina Barreto; representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y funcionarios del gobierno salvadoreño.
La viceministra de Diáspora, Cindy Portal, aseguró que el proyecto contempla el apoyo de organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y asociaciones de migrantes. / Cancillería de El Salvador.
Medrano aseguró que la atención brindada a los migrantes debe ser diferenciada en cuanto a género y derechos humanos, además, de considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados que en su mayoría son hombres adultos, de baja escolaridad.
Desde enero hasta junio de 2025, Estados Unidos ha enviado a El Salvador 85 vuelos con deportados según los datos del informe de la organización Witness at the Border, que recolecta la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
