Etiqueta: migrantes

  • Condenan a guatemalteca por tráfico ilegal de personas en Santa Ana

    Condenan a guatemalteca por tráfico ilegal de personas en Santa Ana

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a la guatemalteca Andrea Ruzzena Ávalos Melgar por el delito de tráfico ilegal de personas, en perjuicio de una mujer ecuatoriana y su hijo de tres años.

    La sentencia también incluye responsabilidad civil en abstracto, mientras que la imputada fue declarada rebelde, por lo que las autoridades giraron órdenes de captura para hacer efectiva la pena una vez sea localizada.

    El caso se remonta a la madrugada del 28 de enero de 2024, cuando agentes fronterizos intervinieron a la víctima en el recinto aduanal de San Cristóbal, en el distrito de Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.

    Durante el procedimiento, la mujer manifestó que se dirigía hacia Guatemala y que una persona la esperaba para transportarla. Tras la inspección, los agentes ubicaron a la imputada en el vehículo señalado.

    En una entrevista posterior, la víctima detalló que su destino final era Estados Unidos, donde reside su esposo, quien habría coordinado el traslado con la acusada.

    Asimismo, explicó que la ahora condenada la recogió en un hotel la noche del 27 de enero y la trasladó hasta la frontera salvadoreña con Guatemala.

    Las autoridades determinaron que la imputada facilitó el traslado irregular de la mujer y su hijo, configurando el delito de tráfico ilegal de personas.

    Con la condena, el caso queda a la espera de la captura de la procesada para que cumpla la pena impuesta por el tribunal.

     

  • Detenciones de inmigrantes en la vía pública aumentó un 1.000% en segundo mandato de Trump

    Detenciones de inmigrantes en la vía pública aumentó un 1.000% en segundo mandato de Trump

    Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1.000%, según un nuevo análisis de la Universidad de California Berkeley.

    El Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la universidad californiana calificó la magnitud del aumento en las detenciones en la vía pública, que incluye las efectuadas en los tribunales de inmigración y en las oficinas locales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), constituyen “un fenómeno novedoso”.

    El análisis, que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026, también encontró que las detenciones de ICE por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia —que antes de 2025 representaban la mayoría de las detenciones de la agencia— prácticamente se duplicaron en el último año.

    El informe destaca que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. Estos cambios derivaron en un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales.

    La investigación determinó que las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump.

    El aumento de las detenciones se tradujo en un incremento aún mayor (5 veces) en el número de deportaciones, debido a la ampliación de la capacidad de los centros de detención y a la reducción en el número de liberaciones.

    La Administración Trump cuadruplicó con creces (4,5 veces) el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense.

    A esto se suma que la liberación en un plazo de 60 días tras la detención —una práctica habitual para las personas sin antecedentes penales durante la Administración Biden— se convirtió en un suceso excepcional (7%).

    La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó pasando del 27% al 57%.
    La disminución en la tasa de liberación fue responsable de la mayor parte de ese aumento en las deportaciones.“Quizás… muchas más personas optaron por desistir de sus casos: las salidas voluntarias y los retornos (que son poco frecuentes en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 28”, advierte el reporte.

    El análisis advirtió que la leve disminución en los operativos migratorios durante febrero y principios de marzo de 2026, tras los asesinatos de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis, apenas alteró los patrones de la agresiva campaña de deportaciones de la Casa Blanca.

  • Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año

    Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año

    Más de 6,200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos durante el último año, según informaron este miércoles legisladores demócratas en Texas.

    Cientos de ellos han pasado por el centro de detención familiar de Dilley, ubicado al sur de San Antonio, donde actualmente permanecen retenidas casi 400 personas, incluidas 49 familias, algunas con más de un año privadas de libertad.

    De acuerdo con datos proporcionados por los congresistas y la organización FWD.us, en estas instalaciones hay al menos 77 niños y niñas y 244 mujeres adultas, en su mayoría madres solteras.

    Los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar visitaron este día el centro y conversaron con familias migrantes, quienes denunciaron falta de atención médica, malos tratos y la utilización de insultos racistas por parte de guardias de seguridad.

    «El Gobierno nos dice que están arrestando a lo peor de lo peor, pero ninguna de las personas con las que conversamos tenía un historial criminal», señaló Casar a la prensa.

    Los legisladores también afirmaron haber observado que las personas detenidas con problemas de salud ven deteriorarse su condición debido a la falta de atención adecuada.

    Castro relató el caso de una niña de cinco años que, tras meses de dolor por caries, no recibió tratamiento médico adecuado y únicamente fue medicada con analgésicos. “A estas personas no se les está tomando en serio, porque no son tratadas como seres humanos”, indicó.

    Además, denunciaron que una familia presentó una queja formal contra la empresa CoreCivic, encargada de administrar el centro, por insultos racistas como “mojados” y “spics”. Los legisladores pidieron el cierre de estas instalaciones, mientras señalaron que las detenciones de migrantes han alcanzado niveles récord bajo la actual administración.

     

  • México lidera desapariciones forzadas en el mundo y enfrenta alerta de la ONU

    México lidera desapariciones forzadas en el mundo y enfrenta alerta de la ONU

    México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones forzadas en el mundo, según el más reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

    El reporte, divulgado por la organización I(dh)eas, señala que el país acumula 819 casos entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38 % del total global.

    Además, en los últimos cinco meses se registraron 40 nuevas solicitudes, más de un tercio de las acciones urgentes a nivel mundial en ese periodo.

    El informe advierte que esta situación refleja un problema estructural, ya que el mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente en México.

    Aunque el Estado mexicano cumple formalmente con responder en los plazos establecidos, el Comité identificó fallas en la implementación de las acciones.

    Entre ellas destacan la falta de planes integrales de búsqueda, retrasos en diligencias clave como análisis de videovigilancia y telefonía, e investigaciones insuficientes sobre posibles vínculos de agentes estatales.

    También se reporta una protección inadecuada para familiares y personas que participan en la búsqueda de desaparecidos, incluso con casos de represalias.

    El informe documenta situaciones graves, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de autoridades en el caso de su hijo en Guanajuato.

    La acumulación de casos podría llevar a la aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría iniciar una investigación internacional por desapariciones sistemáticas.

    En cuanto a la distribución geográfica, Chiapas concentra el 30 % de las nuevas acciones urgentes, principalmente vinculadas a desapariciones colectivas de migrantes.

    Jalisco, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y Guanajuato también figuran entre los estados más afectados, con casos sin avances significativos.

    Del total de víctimas, el 65 % son hombres o niños, el 35 % mujeres o niñas, y el 18 % corresponde a menores de edad.

    “Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, señaló I(dh)eas.

    El organismo solicitó la publicación completa del informe para transparentar la magnitud del problema y alertar sobre su evolución.

     

  • Unos 400 migrantes murieron en las rutas americanas en 2025, la cifra más baja en 11 años

    Unos 400 migrantes murieron en las rutas americanas en 2025, la cifra más baja en 11 años

    Al menos 409 migrantes murieron o desaparecieron en las rutas migratorias de América en 2025, la cifra más baja desde que en 2014 comenzara a hacerse un seguimiento global de las víctimas de estas travesías, según indicó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM).

    El fuerte descenso con respecto a 2024, cuando se registraron más de 1,200 víctimas, se debió probablemente a una bajada del número de personas que transitó por las rutas más peligrosas, como la que atraviesa la selva de Darién entre Colombia y Panamá o la de la frontera entre México y Estados Unidos, analizó la OIM.

    En Darién sólo se confirmaron por ahora diez muertes el año pasado, frente a 160 en la frontera septentrional mexicana, mientras que 18 se registraron entre Haití y República Dominicana y siete entre Venezuela y el Caribe.

    La agencia aclaró que la cifra definitiva para el año pasado no podrá conocerse hasta mediados de 2026, ya que todavía no tiene cifras completas de algunas autoridades.

    A nivel global, al menos 7,667 personas murieron o desaparecieron en rutas migratorias en 2025, siendo Asia y el Mediterráneo las más letales.

    La cifra global supone un descenso del 16 % con respecto a 2024, aunque la OIM advierte que esa bajada podría deberse en realidad a problemas para elaborar estadísticas cada vez más completas, por la falta de financiación de la agencia y otros actores humanitarios que llevan a cabo un seguimiento de estas peligrosas rutas.

  • Venezolanos en EE.UU. acusan a Sheinbaum de «mentir» sobre deportaciones a México

    Venezolanos en EE.UU. acusan a Sheinbaum de «mentir» sobre deportaciones a México

    Venezolanos exiliados en Estados Unidos acusaron este viernes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de «mentir» sobre el rol de México en la recepción de migrantes deportados por el Gobierno estadounidense y las condiciones que afrontan en el país.

    La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, aseveró en un pronunciamiento que «México ha recibido a miles de venezolanos deportados de territorio estadounidense en los últimos meses» bajo «acuerdos informales o coordinaciones humanitarias» sin garantías para los migrantes.

    «Hemos constatado con profunda indignación que la mandataria mexicana incurre en mentiras flagrantes al negar o minimizar el rol de México como receptor de venezolanos deportados desde Estados Unidos, presentando al país como un destino ‘humanitario’ o de tránsito seguro, cuando la realidad es de abandono total», sostuvo.

    Veppex denunció que Estados Unidos expulsa venezolanos a México, donde el Gobierno no les otorga ningún tipo de documento migratorio, como refugio, asilo, visa humanitaria, o permiso temporal de permanencia, lo que contrasta con las promesas de la presidenta de acoger a migrantes que deseen quedarse en el país.

    Los venezolanos «quedan en condición irregular absoluta, sin acceso legal al trabajo, a la salud pública ni a movilidad interna segura», según la agrupación.

    Aunque la presidenta también ha prometido ayudar a migrantes a retornar a sus países de origen, los exiliados venezolanos sostuvieron que sus compatriotas quedan «forzados a salir por su cuenta, exponiendo sus vidas en rutas extremadamente peligrosas», como cruzar México por tierra o en embarcaciones privadas.

    Como ejemplo, citaron un accidente del martes pasado en el que una embarcación con 16 migrantes, en su mayoría venezolanos que habían quedado varados en México, naufragó en el Caribe panameño, donde murieron dos venezolanas y un colombiano.

    Por ello, Veppex denunció que estas acciones y omisiones violan los principios de no devolución (non-refoulement) y protección a refugiados de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, de los que México es firmante.

    «La presidenta Sheinbaum ha priorizado intereses políticos y migratorios con Estados Unidos por encima de la vida y la dignidad de miles de venezolanos que buscan salvación», manifestó.

  • Juez ordena a Trump el regreso a EE.UU. de venezolanos enviados al Cecot

    Juez ordena a Trump el regreso a EE.UU. de venezolanos enviados al Cecot

    Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a la administración del presidente Donald Trump facilitar el regreso de decenas de venezolanos que fueron deportados en marzo de 2025 a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, permitiéndoles continuar sus procesos de inmigración si así lo desean.

    El fallo del magistrado James Boasberg representa un revés significativo para la política de deportaciones masivas de la Administración y se aplica a un grupo de al menos 137 venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

    Boasberg determinó que estas personas fueron privadas de su derecho al debido proceso al ser deportadas sin notificación ni oportunidad de impugnar esa decisión antes de ser sacadas de Estados Unidos, en clara violación de sus garantías constitucionales, y por ello el gobierno debe costear sus pasajes de regreso o aceptarlos en un puerto de entrada estadounidense.

    La orden aclara que quienes regresen serán puestos bajo custodia al llegar a Estados Unidos para que sus casos migratorios, incluida la posibilidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda Tren de Aragua, puedan ser revisados ante los tribunales.

    Boasberg ya había dictaminado en diciembre pasado que el Gobierno negó el debido proceso a este grupo de migrantes y debía ofrecerles una audiencia, y ahora amplió esa decisión al exigir que se les permita regresar para ejercer plenamente esos derechos.

    El caso fue impulsado por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que argumentaron que la deportación fue ilegal y se ejecutó sin procedimientos judiciales adecuados. La sentencia también allana el camino para que los migrantes impugnen su designación como “enemigos extranjeros” bajo la ley invocada por Trump.

     

  • Condenan a ocho años de cárcel a hombre por tráfico ilegal de personas en Santa Ana

    Condenan a ocho años de cárcel a hombre por tráfico ilegal de personas en Santa Ana

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de ocho años de prisión a Carlos Alberto Sandoval Catalán, tras encontrarlo culpable del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de tres adultos y dos menores de edad.

    El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2021, cuando agentes policiales realizaban un retén sobre el kilómetro 92 de la carretera Panamericana, frente al puesto policial Paraje Galán, en el distrito de Candelaria de la Frontera, en el municipio de Santa Ana Oeste.

    Durante la inspección, Sandoval presentó sus documentos personales, pero al revisar el vehículo se descubrió que transportaba a cinco personas más. Al ser entrevistadas por separado, las víctimas afirmaron que su destino era Estados Unidos, y que Sandoval era el encargado de guiarlas hacia Guatemala por un punto fronterizo no habilitado.

    Con base en estas declaraciones y otras pruebas documentales, el tribunal resolvió dictar la condena, considerando que el acusado actuó como parte de una red de tráfico de personas que pone en riesgo la vida y seguridad de migrantes, especialmente de menores.

     

  • HRW alerta impacto de Trump en derechos humanos en Latinoamérica

    HRW alerta impacto de Trump en derechos humanos en Latinoamérica

    La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deteriorado las condiciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. En su Informe Mundial 2026, HRW señaló que diversos gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos, o han usado las políticas estadounidenses como excusa para endurecer medidas represivas.

    Durante el primer año del nuevo mandato del presidente estadounidense, HRW observó cómo varios países de la región violaron derechos de personas extranjeras bajo presión directa de Washington. Otros Estados profundizaron estrategias de seguridad basadas en la militarización, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza, según el informe.

    “El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. No obstante, recalcó que “los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington”.

    HRW denunció que Estados Unidos redujo significativamente los fondos de cooperación dirigidos a organizaciones de derechos humanos y medios independientes. Paralelamente, países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que habilitan el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios, debilitando el sistema democrático y los contrapesos institucionales.

    La organización también cuestionó la “doble vara” de la política exterior de Washington, que condena las violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ignora graves abusos cometidos por aliados como El Salvador, Perú y Ecuador. El informe incluyó críticas al ataque militar de EE.UU. contra Venezuela a inicios de 2026, el cual, advirtió HRW, podría fortalecer al régimen de Nicolás Maduro y responder a intereses políticos y comerciales de Estados Unidos.

    En materia de seguridad regional, HRW urgió a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 120 personas fallecidas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

    El informe también documentó graves abusos contra migrantes deportados desde Estados Unidos. Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países, mientras que El Salvador sometió a venezolanos repatriados a desapariciones forzadas, torturas y arrestos arbitrarios. En tanto, la República Dominicana intensificó deportaciones de haitianos a zonas de alto riesgo, en aparente violación del derecho internacional.

    HRW alertó sobre el avance del crimen organizado como una de las principales amenazas a los derechos humanos. En Haití, por ejemplo, grupos criminales dominan el 90 % de Puerto Príncipe. En naciones como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de atribuciones de inteligencia y restricciones a derechos fundamentales.

    En México, el informe destaca la combinación entre refuerzo de capacidades de inteligencia y medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas; y en Colombia, durante la ejecución de la estrategia de “paz total”, los grupos armados expandieron su control territorial.

    Pese a este entorno adverso, HRW resaltó el papel esencial que cumplen periodistas y organizaciones de derechos humanos en la defensa de la democracia. No obstante, advirtió que su labor se ve amenazada por entornos cada vez más hostiles. La organización hizo un llamado a los gobiernos a garantizar su trabajo y cesar su criminalización o restricción.

  • EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.

    Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

    El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».

    A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

    Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.

    De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.

    El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

    Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

    En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

    Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.