Etiqueta: migrantes

  • Demandan al Gobierno de Trump por limitar asesoría legal a migrantes en Alligator Alcatraz

    Demandan al Gobierno de Trump por limitar asesoría legal a migrantes en Alligator Alcatraz

    Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron este miércoles a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en Florida.

    Los demandantes, entre los que se incluyen algunos migrantes detenidos y bufetes de abogados que representan a clientes en el centro, como Florida Keys Immigration o Sanctuary of the South, denuncian que las personas recluidas no solo carecen de asesoramiento jurídico, sino que tampoco tienen garantizado el debido proceso.

    En un comunicado en el que desglosan la denuncia, alegan que el Gobierno restringe a los migrantes el acceso a un abogado y se quejan de la imposibilidad de presentar documentos legales para la puesta en libertad de sus clientes.

    Asimismo, añaden que la Administración del republicano también ha prohibido las visitas de abogados a sus clientes, así como dar cualquier información confidencial por teléfono o video y el intercambio de documentos escritos entre los equipos legales y los detenidos.

    «Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos y bufetes de abogados con clientes recluidos en el centro», señalan los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la organización Americans for Immigrant Justice.

    Además, denuncian las condiciones «pésimas» del lugar, con «temperaturas abrasadoras, una fuerte presencia de mosquitos, inundaciones en el interior de las tiendas o falta de acceso al agua».

    Y exponen atascos recurrentes en los inodoros y las alcantarillas que han obligado a los reclusos «a desatascar manualmente los retretes con las manos desnudas», así como una alimentación inadecuada «y la negación de los derechos religiosos».

    «Este centro abre otro oscuro capítulo en la historia de nuestra nación. Su mera existencia se basa en los impulsos más bajos de nuestro país y muestra el peligro de una autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado».
    Eunice Cho, abogada principal del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU.

    Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días las condiciones inhumanas que soportan en las carpas improvisadas, con un calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida en mal estado.

    La infraestructura, construida en apenas dos semanas, en medio de un humedal con caimanes y pitones y sobre un viejo aeródromo municipal a 80 kilómetros de Miami, también preocupa.

  • Gobierno Trump ordena no otorgar fianza a inmigrantes detenidos que pelean su deportación

    Gobierno Trump ordena no otorgar fianza a inmigrantes detenidos que pelean su deportación

    La Administración del presidente Donald Trump ordenó eliminar las audiencias de fianza para todos los indocumentados detenidos, lo que podría dejarlos por meses y hasta años en centros de detención mientras los inmigrantes luchan contra la deportación, según un memorando oficial citado por The Washington Post.

    En una directiva emitida el pasado 8 de julio, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) indicó a sus oficiales que los indocumentados detenidos en el interior del país deberían permanecer encarcelados «mientras dure su proceso de deportación».

    Actualmente, solo los migrantes capturados tras pasar la frontera son detenidos sin derecho a fianza. Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca solo a nueve extranjeros que cruzaron de forma indocumentada se les ha permitido luchar por sus casos en libertad condicional.

    En el documento, al que tuvo acceso el rotativo capitalino, Lyons dijo que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ) habían «revisado su postura legal” sobre la política de detención y liberación de inmigrantes y habían determinado que los indocumentados, sin importar donde hubieran sido detenidos o cuánto tiempo llevaran viviendo en el país, «no podían ser liberados de la custodia de ICE».

    Además, la cabeza de ICE no dejará la decisión de otorgar la libertad bajo fianza en un juez sino en un oficial de inmigración, lo que reduce estas posibilidades.

    Lyons admitió que, seguramente, la nueva directriz será retada en los tribunales, según el periódico.

    La preocupación entre los defensores de los inmigrantes ha aumentado tras conocerse la nueva directriz.

    Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal), dijo a EFE que ha visto un aumento en las denegaciones de fianzas emitidas por los jueces y que al dejar esta discreción en los agentes de ICE «será prácticamente imposible» que dejen a los inmigrantes pelear su caso en libertad.

    A esto se suma que el atasco en los tribunales de inmigración, con cerca de 3.5 millones de casos pendientes, representa un reto para los inmigrantes, que podrían esperar meses o hasta años para poder ver a un juez.

    «Lo que busca el Gobierno es desalentar a los inmigrantes a presentar sus casos, especialmente aquellos que llevan años y deberían tener su oportunidad en corte, quieren que acepten la deportación rápida».
    Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles.

    Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, abogado experto en migración en el American Immigration Council, cargó contra la nueva directriz y dijo que, a pesar de que el mandatario estadounidense y el Partido republicano criticaron la interpretación de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) sobre la política de detención y liberación de inmigrantes, «ahora Trump está haciendo lo mismo».

    La directriz se da poco después de la aprobación de una ley presupuestaria que otorgó a ICE 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención a 100,000 camas por día, y estados como Florida han ampliado contratos de detención como el del centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Caimán), situado al oeste de Miami en un humedal hábitat de caimanes y pitones.

  • EE. UU. planea abrir cinco centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    EE. UU. planea abrir cinco centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    El Gobierno de Estados Unidos anunció planes para construir cinco nuevos megacentros de detención para migrantes, similares al polémico recinto inaugurado recientemente en Florida y apodado por activistas y opositores como ‘Alligator Alcatraz’.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración del presidente Donald Trump ya mantiene conversaciones con cinco estados gobernados por republicanos para replicar el modelo aplicado en los humedales del sur de Florida. “Estamos trabajando para extender esta estrategia en más territorios con gobiernos estatales comprometidos con la seguridad fronteriza”, afirmó.

    Estas declaraciones llegan tras las declaraciones de Stephen Miller, principal asesor migratorio del presidente Trump, quien en entrevista con Fox News instó a los gobernadores republicanos a contactar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para facilitar la construcción de nuevos centros.

    “Levanten el teléfono, llamen a DHS, trabajen con nosotros para construir instalaciones en su estado y que podamos sacar a los ilegales y los criminales”, dijo Miller.

    El centro de detención en Florida ha sido objeto de fuertes críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a las condiciones infrahumanas que enfrentan los migrantes detenidos. El recinto se encuentra en una reserva de humedales infestada de reptiles, lo que ha incrementado la polémica.

    El sábado, un grupo de legisladores federales y estatales de Florida denunció que cerca de 750 migrantes se encuentran “en jaulas” dentro del recinto, luego de realizar una inspección en el lugar. Aunque el sitio fue abierto a los congresistas, la prensa aún tiene prohibido el acceso.

    Los primeros reportes de migrantes detenidos en Alligator Alcatraz detallan altas temperaturas, humedad extrema, escasez de agua potable y alimentos en mal estado, además de carpas improvisadas como zonas de confinamiento. Estas condiciones han sido calificadas como “inhumanas” por los mismos migrantes y organizaciones civiles.

    A las críticas se sumó recientemente la Arquidiócesis de Miami, que calificó el nuevo centro de detención como un proyecto “corrosivo” e “inapropiado” para la dignidad humana.

  • Revelan plan de EEUU para deportar a los migrantes a países donde no son ciudadanos

    Revelan plan de EEUU para deportar a los migrantes a países donde no son ciudadanos

    La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha emitido un nuevo memorando que autoriza la deportación de migrantes a terceros países, incluso si estos no han ofrecido garantías diplomáticas de protección contra persecución o tortura, reveló este domingo el diario estadounidense The Washington Post.

    El medio cita una orden firmada por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, que da luz verde a las expulsiones inmediatas tras una decisión de la Corte Suprema, que en junio levantó una restricción judicial que exigía procesos más rigurosos para este tipo de remociones.

    Según el documento, los migrantes pueden ser informados con tan solo 24 horas de antelación, e incluso con apenas seis horas en “circunstancias urgentes”, antes de ser enviados a un país diferente al de su nacionalidad, aunque no haya garantías de seguridad.

    La política rompe con la práctica histórica de no deportar a personas a países donde podrían ser perseguidas o torturadas. El memorando establece que si el Departamento de Estado considera “creíbles” ciertas garantías diplomáticas, ICE podrá proceder con la deportación sin procesos adicionales.

    En casos sin dichas garantías, los agentes no estarán obligados a preguntar si el migrante teme ser enviado a ese país. Aun así, si el migrante expresa temor, será evaluado bajo los criterios de la Convención contra la Tortura y otras leyes humanitarias, aunque la evaluación se hará, generalmente, en un plazo de 24 horas.

    Abogados de migración denuncian riesgo masivo

    The Washington Post cita a organizaciones como la National Immigration Litigation Alliance, que litiga en nombre de migrantes afectados, han denunciado que esta política pone en grave riesgo a miles de personas, muchas de ellas con permisos de trabajo, familias en EE.UU. y que no han podido ser deportadas a sus países de origen por riesgo de daño.

    “Pone miles de vidas en riesgo de persecución y tortura”, advirtió Trina Realmuto, directora ejecutiva de la organización.

    El nuevo marco legal también afecta a migrantes con órdenes de deportación a países que no cooperan con EE.UU., como Cuba o China, y ahora podrían ser enviados a naciones alternas, incluso si no tienen vínculos familiares, culturales o lingüísticos allí.

    Uno de los casos más notorios es el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue deportado ilegalmente a El Salvador pese a una orden judicial que lo prohibía. Posteriormente, y por orden de la Corte Suprema, el gobierno se vio obligado a traerlo de vuelta a EE.UU., aunque ahora sus abogados temen que pueda ser enviado a un tercer país.

    ICE refuerza expulsiones en la era Trump

    Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria ha endurecido los procedimientos de expulsión. Bajo su mandato, migrantes han sido deportados a regiones peligrosas como Sudán del Sur o megacárceles en El Salvador, incluso sin autorización judicial.

    Simon Sandoval-Moshenberg, abogado en una demanda federal en Maryland, denunció que la política descrita en el memorando de Lyons es “claramente insuficiente” para garantizar derechos básicos.

    En su disenso judicial, la magistrada Sonia Sotomayor advirtió que la decisión de la Corte Suprema deja sin defensa a personas vulnerables. 

    “En asuntos de vida o muerte, lo prudente es proceder con cautela. Aquí, el Gobierno ha tomado el camino opuesto”, escribió Sotomayor.

    Hasta ahora, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han detallado cuántas personas serían afectadas por esta medida, pero abogados migratorios aseguran que se trata de “miles y miles de inmigrantes” que ahora corren el riesgo de ser expulsados a países donde podrían enfrentar violaciones de derechos humanos.

  • México confirma que migrante murió durante redada en EE.UU. al caer de un techo

    México confirma que migrante murió durante redada en EE.UU. al caer de un techo

    El Gobierno de México confirmó el sábado la muerte de Jaime Alanís, un migrante mexicano originario del estado occidental de Michoacán, quien cayó de un techo en una redada migratoria en una plantación legal de cannabis en California (Estados Unidos).

    A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, expresó sus condolencias a los familiares del fallecido, e informó que «se ha hecho lo conducente para agilizar la repatriación de los restos a territorio nacional».

    Asimismo, la SRE informó que están en marcha las «gestiones para que el Programa de Asesorías Legales (PALE) dé seguimiento a los hechos que derivaron» en la muerte del jornalero agrícola.

    Por su parte, fuentes del Gobierno de Michoacán confirmaron a EFE que el migrante es Jaime Alanís García, de 56 años, quien era originario del poblado de Jeráhuaro, en el municipio de Zinapécuaro, a 51 kilómetros de Morelia, capital del estado.

    Alanís murió este sábado en un hospital del condado estadounidense de Ventura, tras haber ingresado el jueves con fracturas en el cráneo y el cuello, así como con la ruptura de una artería que irriga sangre al cerebro.

    Sus familiares habilitaron una página en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, a la espera de la repatriación del cuerpo.

    El hombre cayó desde el techo de un invernadero cuando intentaba huir de los agentes migratorios, que allanaron el lugar la mañana del jueves. Otras siete personas fueron trasladadas en ambulancia tras el operativo del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

    Videos en las redes sociales mostraron cómo decenas de trabajadores corrieron por la plantación y se subieron al techo del cultivo para evitar su arresto.

    La muerte de Jaime Alanís ocurre luego de que la jueza federal estadounidense Maame Frimpompg ordenara al presidente estadounidense, Donald Trump, frenar las detenciones y arrestos indiscriminados de migrantes.

    Michoacán es uno de los estados mexicanos con mayor número de migrantes en Estados Unidos, por lo que se le considera un estado binacional.

    Cuenta con cuatro millones de habitantes en sus 113 municipios y se estima que otros 4,3 millones de michoacanos residen o trabajan en Estados Unidos.

    De estos, la Secretaría del Migrante de Michoacán calcula que al menos 300.000 se encuentran en situación irregular en el país vecino.

  • Gases, piedras y helicópteros: aumenta la tensión en redadas en el campo de California

    Gases, piedras y helicópteros: aumenta la tensión en redadas en el campo de California

    Las redadas migratorias en zonas agrícolas del sur de California han comenzado a mostrar un patrón de creciente violencia, según denunciaron líderes sindicales, tras un nuevo operativo registrado esta semana que dejó heridos de gravedad y centenares de detenidos y en medio de las demandas de Donald Trump para que el ICE utilice la fuerza para detener a los que intentan bloquear las detenciones de migrantes.

    «Fue una redada extremadamente violenta», dice Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), en una entrevista con EFE sobre el operativo realizado el jueves en una plantación de cannabis en una localidad cercana a Los Ángeles, que se perfila como el mayor que se ha llevado a cabo bajo el actual gobierno de Donald Trump, la cual ha recurrido incluso al uso de helicópteros para amedrentar a los jornaleros y a quienes intentan bloquear al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

    «Lo que está pasando ahora es algo que en mi vida había visto», lamenta Romero, quien reconoce que en EE.UU. ha atravesado por varios momentos históricos marcados por el racismo. «Yo pensé que estábamos en un punto en el que ya habíamos aprendido algo», añade.

    La redada del jueves en dos instalaciones de Glass House Farms, una de las principales productoras de cannabis legal en el sur de California, provocó un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes de inmigración, cuyas camionetas tuvieron que salir cargadas de detenidos bajo una lluvia de piedras (sin que se haya informado de heridos entre los agentes).

    El operativo derivó en una escalada de violencia cuando agentes federales, equipados con armamento de alto calibre y equipo táctico, lanzaron gas pimienta contra familiares y manifestantes que habían acudido al lugar en busca de sus seres queridos, tras enterarse de que estos estaban siendo arrestados de forma violenta.

    «Esta vez usaron gas y arrestaron con mucha fuerza. Eso no lo habíamos visto antes así», asegura la líder sindicalista, quien desde el ascenso de Trump al poder no ha podido pasar ningún día tranquila.

    La agresividad también se salió de control de parte de los manifestantes, cuando uno de ellos aparentemente apuntó con un arma de fuego a los agentes y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), disparó contra ellos.

    En respuesta, Trump aseguró que ha dado a los agentes federales de inmigración «autorización total» para protegerse ante cualquier agresión y ordenó a las autoridades de Seguridad Nacional instruir a los agentes para que usen «cualquier medio necesario» para detener a quienes ataquen a los oficiales, en una publicación en Truth Social.

    Pero Romero advierte que este clima de confrontación es precisamente lo que las redadas están generando.

    «No quiero que la gente caiga en esto, porque entonces ellos sí van a tener una razón para reaccionar violentamente. Por eso todas las protestas que hagamos tenemos que hacerlas de una forma pacifista, si no nuestro mensaje desaparece», considera.

    Desde el 6 de junio, California ha sido epicentro de una intensificación en la política migratoria del Gobierno de Trump, marcada por redadas masivas que han provocado protestas y encendido las alertas entre la comunidad latina, con o sin documentos, ante lo que muchos denuncian como una selección basada en el perfil racial, incluyendo características como el tono de piel o el idioma.

    El viernes, el estado tuvo un triunfo judicial cuando una jueza federal ordenó suspender las redadas migratorias indiscriminadas en siete condados de California y exigió al Gobierno garantizar el acceso a abogados a los detenidos en un centro de Los Ángeles, en respuesta a una demanda por detenciones violentas y violaciones constitucionales.

    El fallo llega en un contexto donde la preocupación entre los trabajadores ya está presente. En EE.UU. hay al menos un millón de trabajadores agrícolas de los cuales aproximadamente el 40 % de ellos no es ciudadano o no cuenta con un permiso especial para trabajar acá.

    Y el miedo no se va a ir fácilmente, advierten líderes sindicales, quienes temen que las redadas hayan dejado una huella profunda volviéndolos aún más vulnerables a la explotación de la que muchas veces ya son víctimas.

    «Es un mito eso de que es un trabajo manual que cualquiera puede hacer, es un mito decir que los trabajadores agrícolas no pagan impuestos, es una mentira. Pagan impuestos, son profesionales y trabajan muy duro», asegura Romero.

    Para la UFW, una solución clave es el proyecto de ley conocido como la «tarjeta azul», presentado en tres ocasiones durante la administración de Trump, que busca otorgar a los campesinos un camino hacia la legalización y la posibilidad de continuar trabajando en la agricultura.

  • Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza federal ordenó este viernes detener las redadas migratorias en el sur de California, al considerar que se estaban realizando arrestos basados en el color de piel, el idioma y otros elementos discriminatorios, en violación a derechos constitucionales.

    La decisión de la jueza Maame Frimpong también incluye una orden para que el Gobierno de Estados Unidos permita el acceso de abogados a las personas detenidas en el centro de detención migratoria B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles.

    El fallo judicial se produjo tras una demanda interpuesta la semana pasada por personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los demandantes argumentan que los operativos han violado múltiples derechos constitucionales y se han sustentado en criterios de perfil racial.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y calificó de “repugnantes y categóricamente falsas” las denuncias de discriminación.

    No obstante, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que representa a los afectados, informó que la jueza prohibió explícitamente que los agentes migratorios detengan personas sin una sospecha razonable. También vetó arrestos basados en aspectos como la raza, el idioma (ya sea hablar español o inglés con acento), el tipo de empleo o la presencia en sitios como estaciones de autobuses, lavaderos de autos o granjas.

    Además, el fallo obliga al DHS a garantizar acceso legal para los detenidos, no solo entre semana, sino también los fines de semana y feriados.

    Las redadas iniciadas hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles han generado protestas y tensiones, convirtiendo a California en un símbolo de oposición a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La demanda se activó luego de un operativo ocurrido el pasado 22 de junio, en el que varios trabajadores fueron arrestados violentamente por hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza. Videos del hecho circularon en redes sociales y generaron indignación.

    El propietario del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes irrumpieron en zonas restringidas y utilizaron fuerza excesiva. Familiares de los detenidos aseguraron que los arrestos se realizaron sin justificación y sin acceso a comunicación legal.

    “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse la resolución judicial.

  • Migrantes denuncian condiciones infrahumanas en centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

    Migrantes denuncian condiciones infrahumanas en centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

    Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días condiciones infrahumanas: calor sofocante, carpas improvisadas sin ventilación adecuada, falta de agua potable y alimentos en mal estado.

    Testimonios de migrantes, familiares y abogados contradicen la versión oficial que asegura que el centro “cumple con todos los estándares requeridos”.

    Vladimir Miranda, migrante cubano con permiso de permanencia temporal, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia migratoria. Su pareja, Eveling Ortiz, relató a NBC 6 que “no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a un abogado”.

    Según relató, los generadores eléctricos fallan con frecuencia, dejando a los detenidos sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado en temperaturas que superan los 40 grados y con 90 % de humedad.

    El artista urbano cubano Leamsy “La Figura” Izquierdo, arrestado en Miami, denunció que lleva cuatro días sin poder bañarse y que la luz permanece encendida de forma permanente.

    Familiares de otros migrantes reportan situaciones similares. La esposa de un guatemalteco detenido declaró a CNN que su esposo “no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente”.

    Abogados de migrantes describen el trato como “ratas en un experimento”, con comida podrida, baños desbordados de excrementos, plagas de mosquitos y violaciones a derechos básicos, incluyendo la supuesta confiscación de biblias y restricciones para practicar su fe, como denunció la organización World Relief.

    La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin acceso a agua potable y que los detenidos recurren a cubetas de Home Depot para asearse. Otros afirman que solo reciben “un sándwich al día” y carecen de productos de higiene y atención médica adecuada.

    El abogado Phillip Arroyo, defensor de un beneficiario de DACA, afirmó al Miami Herald que su cliente estuvo incomunicado varios días, sin comida en condiciones y sin acceso a representación legal. “Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y está detenido sin explicación”, aseguró.

    Infraestructura y entorno inhóspito

    El centro ‘Alligator Alcatraz’ fue construido en apenas dos semanas sobre un viejo aeródromo municipal, en una zona pantanosa habitada por caimanes y pitones, a 80 kilómetros de Miami.

    Aunque su presupuesto original era de $450 millones, documentos filtrados de FEMA indican que el costo ya supera los $600 millones. La instalación, promovida por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, fue presentada como una “solución temporal y eficiente” para gestionar la detención de migrantes.

    El complejo cuenta con una pista de aterrizaje funcional y su ubicación refuerza la sensación de aislamiento. El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, visitó el sitio junto a legisladores, pero se les negó el acceso. “Los mosquitos eran una nube visible, nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes”, denunció.

    En contraste, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, rechazó las denuncias como “completamente falsas” y afirmó que el centro “cumple con todos los requisitos”.

    Ante la polémica, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió acceso a las instalaciones, la creación de un equipo de monitoreo semanal y un plan de evacuación en caso de huracán, dado el riesgo climático del área.