Etiqueta: migrantes

  • César, un salvadoreño deportado por Trump que trata de rehacer su vida en una isla española

    César, un salvadoreño deportado por Trump que trata de rehacer su vida en una isla española

     El salvadoreño César Méndez salió más tarde ese día de su casa para ir a trabajar; cuando fue a subirse al coche lo pararon, lo pusieron contra la pared y lo esposaron. Había caído en una redada antimigratoria que le condenaba a dejar Estados Unidos tras 20 años residiendo en el país.

    César lleva apenas un mes en la isla española de Fuerteventura (en las Islas Canarias), donde ha optado por poner el marcador a cero y empezar una nueva vida, igual que hizo cuando en 2005 decidió abandonar El Salvador y probar suerte en Estados Unidos.

    En Cuscatlán, El Salvador, se ganaba el jornal en una fábrica de textiles. Con el salario iba alimentando la nevera hasta que empezaron las amenazas de las pandillas.

    “Era un acoso diario, cuando salía a trabajar estaban fuera; me pedían dinero y si no me golpeaban y maltrataban”, cuenta en una entrevista con EFE. Al final, no le quedó más remedio que salir del país hacia Estados Unidos huyendo de la violencia de las pandillas y dejando atrás una hija.

    Hizo el viaje por la ruta terrestre que une México con Estados Unidos. Estuvo mes y medio en el trayecto a través de un camino lleno de peligros, “en el que hay malos tratos, hambre, sed”, cuenta.

    Parte del viaje fue como polizón a lomos de ‘La Bestia’, el tren de mercancías que atraviesa México, convertido en transporte por excelencia para los centroamericanos indocumentados y cuyas ruedas de acero han dejado un reguero de mutilados y muertos.

    “Fue difícil porque el tren iba a mucha velocidad, tuvimos que subirnos corriendo. Durante la noche cayó una tormenta muy fuerte, nos mojamos todo el trayecto hasta llegar a Tamaulipas, fueron tres días aguantando frío, hambre y lluvia”, recuerda.

    Un ‘coyote’, los traficantes de personas que actúan en el corredor migratorio de México, le ayudó a cruzar la frontera con Estados Unidos. En California se buscó la vida como ‘freganchín’ en restaurantes, lavando coches, en la construcción…

    En 2011 se mudó a Nueva Jersey y pudo levantar una pequeña empresa de construcción con la que, poco a poco, comenzó a acariciar el sueño americano.

    En todo ese tiempo, no logró regularizar su situación, “lo intenté muchas veces pagando a abogados, nos daban esperanzas, pero nunca se hizo nada. Me iban a dar un permiso de trabajo, pero llegó Trump y ahí quedó”, lamenta.

    El sábado 12 de abril salió de su casa para ir al trabajo, cuando fue a subirse al coche, vio cómo unos hombres se bajaban de unos vehículos y caminaban hacia él. “Aparecieron unos de la parte de atrás de mi carro y otros de frente; salieron carros por todos lados, eran oficiales de inmigración”, cuenta.

    “Me agarraron y empujaron contra otro carro, me esposaron y me dijeron que no podía hacer nada, luego me llevaron a un lugar de detención a tomarme las huellas” y por la noche, a eso de las ocho, a una celda.

    Pensó que su expulsión del país sería en horas, pero le tenían preparado un peregrinaje por centros de retención durante cinco semanas.

    Dos semanas en Nueva Jersey, luego al centro de retención de Luisiana, después al de Texas y, de nuevo, Luisiana. “Se sufre mucho”, dice mientras recuerda los despertares a las dos de la madrugada, cómo los esposaban de manos y pies para moverlos de un centro a otro, lugares donde “los derechos se pierden, hay mucha discriminación”, confiesa.

    El día que lo expulsaron a El Salvador, lo despertaron muy temprano, lo esposaron y lo mandaron para el avión, ya en el aire pensaba lo que había dejado atrás: su esposa, familia, amigos, su coche, a los dos empleados de su empresa… “en Estados Unidos tenía la vida hecha”, dice.

    En El Salvador lo recibieron los de inmigración, “llegué cansado, desorientado y sin saber qué pensar ni hacer; me sentí como un delincuente porque así es como nos tratan, aunque no haya hecho nada porque siempre he intentado hacer las cosas bien”, comenta.

    Tras unas semanas en su país, pudo reunirse con su esposa, que había dejado Estados Unidos de forma voluntaria para reencontrarse con César.

    La mujer, con nacionalidad española, había vivido en Fuerteventura y pensaron que la isla canaria sería un buen lugar para desconectar. Al final, decidieron empezar una nueva vida en la isla. Con el marcador de nuevo a cero, César intenta regularizar su situación a través del arraigo familiar, al tener su mujer nacionalidad española.

    “Siempre he trabajado, eso es lo que busco y lo que busqué en Estados Unidos, pero no tuve la oportunidad de regularizarme”.

  • Cientos de migrantes salen en caravana del sur de México pero ya no buscan llegar a EE.UU.

    Cientos de migrantes salen en caravana del sur de México pero ya no buscan llegar a EE.UU.

    Cientos de migrantes partieron este miércoles en una nueva caravana desde la frontera sur de México, en busca de llegar al norte del país, donde esperan regularizar sus documentos, para poder viajar a Canadá u otros países que ofrecen trabajo, ante el endurecimiento de las medidas migratorias por parte de Estados Unidos.

    “Queremos llegar a Monterrey porque la embajada de Canadá y Alemania nos está dando visa para trabajar y para ir a poblar sus ciudades”, señaló a EFE Maydali Barajo, una migrante proveniente de Cuba, que viaja con su nieto.

    La mujer de la tercera edad explicó que, tras llegar a territorio mexicano, tenía la ilusión de hacer realidad sus sueños en este país pero “México lo negó”, por lo que, aseguró, quieren buscar otros horizontes “donde podamos realizarnos como seres humanos y gente honesta que somos y luchar y ayudar a los que dejamos atrás”.

    Recordó que vino a México porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le “cerró el sueño al mundo entero” de ingresar a ese país y tenían la esperanza de que el gobierno mexicano los iba a acoger y darles oportunidad de trabajo, pero tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) como las autoridades de migración les «han negado todo».

    Este contingente está compuesto en su mayoría por cubanos entre mujeres, hombres, personas de la tercera edad y niños que emprenden este viaje sobre la carretera federal 200 a pesar de los riesgos y peligros.

    Esto, luego de su estancia en Tapachula, Chiapas, donde llevaban varios meses esperando una resolución de solicitud de asilo sin éxito.

    Previo a su salida, el padre Heyman Vázquez Medina, párroco de San Andrés Apóstol en Ciudad Hidalgo, Chiapas, realizó una oración con los migrantes y les pidió que permanezcan unidos en su camino rumbo a su próximo destino.

    Señaló que los migrantes buscan llegar a una ciudad para poder trabajar y tener una mejor calidad de vida y vivir con dignidad, pero lamentó que las autoridades los amedrentan para evitar movilizaciones.

    “Es una manera de decirles: «Te vamos a detener», de asustarlos y de amedrentarlos para que no se animen a salir, los migrantes están decididos, es bueno, positivo que salgan, que el gobierno y el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Chiapas”, afirmó.

    El objetivo ya no es EE.UU.

    Juan Ríos, migrante nicaragüense, vocero y coordinador del grupo, contó a EFE que se organizaron de forma voluntaria porque no quieren permanecer en Tapachula, aunque algunos han conseguido empleo, enfrentan jornadas laborales de 12 horas por un salario de apenas 200 pesos diarios (unos 10.75 dólares), mientras que las condiciones en los albergues son precarias.

    “No tenemos destino de Estados Unidos, nuestro destino es llegar a Monterrey, porque la mayoría (quiere viajar a) Canadá, Alemania, Suiza y Australia porque están dando visa para trabajar”, aseveró.

    Dijo que con ello buscan tener una vida digna pues “no somos gente delincuente, somos gente trabajadora, somos universitarios, aquí hay universitarios, doctores, enfermeros, que estamos pasando por un régimen comenzando con Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

    La Administración de Trump eliminó una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, Joe Biden, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.

    Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal -mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.

    Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

  • «Tenemos miedo, ya casi no salimos»: el día a día de inmigrantes latinos en Atlanta

    «Tenemos miedo, ya casi no salimos»: el día a día de inmigrantes latinos en Atlanta

    El temor a las redadas de inmigración ha impactado la vida diaria de los habitantes de Buford Highway, el corazón de la comunidad hispana de la zona metropolitana de Atlanta (Georgia), que ya ve reducido el comercio y las reuniones comunitarias debido a la ansiedad que mantiene a los inmigrantes encerrados en las casas.

    Como ha sucedido en otros vecindarios latinos del país, en este corredor multicultural -que comienza en Atlanta y atraviesa la ciudades de Brookhaven, Chamblee, Doraville y Norcross, hasta llegar a la localidad de Buford- muchos de sus residentes se sienten asediados por los agentes federales que frecuentemente efectúan operativos de inmigración en la zona.

    El miedo es evidente, palpable. Se ve a menos personas caminando por las calles, haciendo compras en las tiendas, comiendo en los restaurantes o simplemente disfrutando de algún evento comunitario, que en años anteriores atraía a cientos de los más de 50.000 residentes del área que comprende lo que se conoce popularmente como ‘La Buford’ y que también alberga una comunidad asiática.

    «Tenemos mucho miedo, ya casi no salimos de casa», expresó a EFE una madre peruana que cargaba varias bolsas con compras del supermercado y a quien la acompañaban sus tres pequeñas hijas, una de las cuales cargaba en su espalda en una lliclla, una colorida manta tradicional de las zonas andinas.

    En una tienda repleta de piñatas que cuelgan en el techo y surtida con diversos dulces mexicanos, en un centro comercial ubicado en Brookhaven, una de las dependientes del negocio compartió la misma preocupación: «Hay menos gente porque hay miedo y sí, está situación de inmigración está impactándonos a todos», dijo escuetamente la mujer, que prefirió no seguir hablando del tema.

    «Definitivamente ha menguado el tráfico», dijo por su parte el propietario de una sastrería en el área de Doraville al precisar que ahora cierra más temprano los sábados por falta de clientela.

    Todos los entrevistados hablaron con EFE bajo la condición del anonimato, pues se veían visiblemente incómodos de comentar sobre esta nueva realidad que vive la comunidad desde que el presidente Donald Trump lanzó su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.

    Aunque no se han publicado cifras de cómo esta situación ha afectado el comercio en el área -que cuenta con más de 1.000 pequeños negocios, en su mayoría de inmigrantes-  algunos empresarios estiman que las ventas se han reducido casi en un 50 % desde que comenzaron los operativos y algunos incluso se han visto forzados a cortar a algunos empleados.

    No hay mal que dure cien años

    A pesar del temor que embarga a muchos, existe también un sentimiento de que la vida debe continuar y que, como dice el refrán popular, «no hay mal que dure cien años».

    «Sí, hay temor en la comunidad, pero qué vamos a hacer», se preguntó un ciudadano mexicano que asegura presenció uno de los operativos que agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) llevaron a cabo recientemente en el área de ‘La Buford’.

    «Hay que seguir viviendo. Y si quieren deportarnos, pues que nos deporten. Esto no puede durar para siempre», expresó.

    En esa misma línea se han manifestado líderes comunitarios de la zona, como Lily Pabian, directora ejecutiva de We Love Buford Highway, una organización sin fines de lucro que busca preservar la identidad multicultural de este corredor que se extiende por más de 48 kilómetros por los condados Fulton, DeKalb y Gwinnett.

    «Nos sentimos tristes. Sentimos ansiedad, pero al final, este corredor, y en particular nuestros inmigrantes somos resilientes y nos esforzamos al máximo para seguir adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? Vamos a continuar manteniendo nuestro negocio, protegiendo a nuestra familia y educando a nuestros hijos», dijo Pabian a EFE.

    Pabian asegura que la comunidad inmigrante de Buford Highway se caracteriza por no darse por vencida, porque no es la primera vez que atraviesa momentos difíciles y recordó la época de la epidemia de covid-19, que golpeó con fuerza a esta área ubicada en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta.

    «Es uno de esos momentos en los que tienes que sacar fuerzas de todas las dificultades por las que han pasado tus familiares y decir: ‘Oye, ya sabes que esto es malo’. Hemos visto cosas peores y podemos superar esto», manifestó la líder comunitaria. 

  • EE.UU. repartirá $608 millones para construir centros de detención de migrantes

    EE.UU. repartirá $608 millones para construir centros de detención de migrantes

    La Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) de Estados Unidos distribuirá $608 millones en ayudas a los gobiernos estatales y locales para construir nuevos centros de detención para migrantes o expandir la capacidad de aquellos ya erigidos.

    Este proyecto, denominado ‘Programa de subvenciones de apoyo a la detención del año fiscal 2025’, proporcionará «asistencia financiera (…) para albergar a extranjeros en un centro de detención hasta su traslado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés)», se lee en una web del Gobierno estadounidense.

    «Esto aliviará la sobrepoblación en los centros de detención a corto plazo», añade, asegurando que la medida impulsará la política migratoria seguida por el Departamento de Seguridad Nacional.

    El proyecto, que está abierto a nuevas solicitudes hasta el 8 de agosto, se produce en pleno repunte de las redadas migratorias y las deportaciones a lo largo de toda la geografía estadounidense, tras la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca el pasado enero.

    Sin embargo, algunos estados ya se adelantaron a esta ayuda federal e inauguraron sus propios centros de detención para migrantes.

    Es el caso de Florida, que inauguró el pasado 1 de julio un centro de detención para migrantes, conocido como ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Caimán), y anunció su intención de construir otro cuando el original alcance su máxima capacidad, de 3.000 reclusos.

    El propio Trump asistió a la inauguración de ese centro, situado al oeste de Miami, e instó al resto de estados a seguir el ejemplo de Florida y erigir más centros de detención para migrantes.

    Pero a la par que aumentan los arrestos y las deportaciones, también se suceden las denuncias de activistas y organizaciones que lamentan las condiciones inhumanas bajo las que viven los migrantes en dichos centros, a menudo en condiciones de hacinamiento.

    En el caso de ‘Alligator Alcatraz’, políticos demócratas que visitaron el lugar describieron como «jaulas» el lugar en el que duermen los migrantes, y advirtieron del mal estado del sistema de baño, así como de la ausencia de un método que controle la temperatura, en un momento de mucho calor y humedad en Florida.

    Esta ayuda de la FEMA se produce en un momento de grandes recortes en la Administración estadounidense, ligados a la llegada del presidente Trump.

    Esta agencia gubernamental ha sido recientemente víctima de fuertes críticas por su gestión de las inundaciones en el estado de Texas a inicios de julio, un suceso en el que murieron al menos 133 personas y que según organizaciones recibió una lenta respuesta por parte de la FEMA.

  • Periodismo en español en EE.UU. enfrenta censura, miedo y hostilidad institucional

    Periodismo en español en EE.UU. enfrenta censura, miedo y hostilidad institucional

    Durante una charla en el Festival Gabo 2025, destacados comunicadores latinos advirtieron que ejercer el periodismo en español en Estados Unidos es cada vez más riesgoso, debido a un entorno marcado por la hostilidad institucional, la autocensura y la presión de políticas migratorias que restringen la libertad informativa.

    “Hay miedo a hablar, miedo a ser identificados. A veces no contamos ciertas historias porque nuestras propias reporteras temen no poder volver a ingresar al país por su estatus migratorio”, afirmó Paola Jaramillo, directora del medio Enlace Latino NC, desde Carolina del Norte, durante su intervención telemática.

    Jaramillo confesó que evitó viajar a Bogotá precisamente por temor a no poder regresar a Estados Unidos. Su medio, dedicado a cubrir temas de migración en español, también sufre acoso digital y autocensura, motivados por razones de seguridad.

    La conversación, titulada “La democracia en riesgo: desafíos de hacer periodismo en EE.UU.”, incluyó también a Jasmine Garsd, corresponsal de National Public Radio (NPR), y Ronny Rojas, periodista de investigación de Noticias Telemundo.

    Garsd, de nacionalidad argentina, describió una realidad alarmante: “Hay más de 57,000 personas en cárceles migratorias y el 72 % no tiene antecedentes penales”. También relató cómo en Florida las familias migrantes viven con miedo: “Vi casas cerradas por semanas. Son como mini desapariciones. Nunca vi una crueldad así”.

    Además, denunció que durante la administración del presidente Donald Trump, NPR sufrió la repentina eliminación del 1 % de su presupuesto, afectando su capacidad operativa.

    Contra el discurso oficial que criminaliza a migrantes

    Por su parte, el costarricense Ronny Rojas advirtió sobre la urgencia de no replicar los discursos oficiales que criminalizan a los migrantes. “Muchas veces lo más peligroso es repetir el lenguaje que los asocia con amenazas o invasiones. Tenemos que decidir cuidadosamente qué historias contamos”, expresó.

    Rojas también hizo un llamado a fomentar alianzas entre medios locales e internacionales, al considerar que las decisiones de Estados Unidos tienen un fuerte impacto en América Latina.

    La conversación fue moderada por la periodista venezolana Luz Mely Reyes, quien alertó sobre el riesgo de normalizar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes: “La jaula no es el inicio, es el final del camino. Es el pacto social en el que nadie cuestiona que a seres humanos se los encierre como animales”.

    Esta charla formó parte de la programación del Festival Gabo 2025, organizado por la Fundación Gabo en homenaje al legado de Gabriel García Márquez, y que este año centró su atención en la libertad de expresión, el periodismo migrante, y la resistencia ética frente a la desinformación y los discursos de odio.

  • ALBA celebra liberación de venezolanos en El Salvador y felicita a Maduro por el «logro»

    ALBA celebra liberación de venezolanos en El Salvador y felicita a Maduro por el «logro»

    La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) celebró este sábado la liberación de 252 migrantes venezolanos que estaban detenidos desde marzo en El Salvador y felicitó al presidente Nicolás Maduro por lo que consideró como un logro «significativo».

    En un comunicado publicado en Telegram, el bloque describió la entrega de los migrantes como «un acto de justicia».

    De igual forma, la alianza felicitó a Maduro por el regreso al país caribeño de sus connacionales, que fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador tras ser deportados de EE.UU. bajo la acusación de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

    En ese sentido, el bloque consideró este hecho como «un logro significativo que restituye la tranquilidad de cientos de familias».

    «Respaldamos con plena determinación todos los esfuerzos del Gobierno Bolivariano por exigir un trato digno y justo para los migrantes venezolanos», añadió la Alba, que fue fundada en 2004 en La Habana y promovida por los fallecidos exmandatarios de Cuba y Venezuela, Fidel Castro (1976-2008) y Hugo Chávez (1999-2013), respectivamente.

    Este bloque está conformado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

    Este viernes, la Administración de Maduro recibió a 252 venezolanos detenidos en el país centroamericano y accedió a liberar a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, en un inédito intercambio entre Caracas y Washington, aún sin relaciones diplomáticas, y que tuvo como aliado al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

  • Aterrizan en Venezuela dos aviones con los 252 migrantes que estaban presos en El Salvador

    Aterrizan en Venezuela dos aviones con los 252 migrantes que estaban presos en El Salvador

    El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes la llegada de dos aviones con 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y posteriormente recluidos en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, donde fueron acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

    Durante una transmisión televisiva, Maduro calificó al penal salvadoreño como un “campo de concentración y tortura” y aseguró que los connacionales fueron “secuestrados” por el gobierno de Nayib Bukele. 

    “Han llegado a la patria, liberados de los campos de concentración y de tortura de Bukele”, afirmó el mandatario venezolano.

    Maduro confirmó que la liberación se dio tras un acuerdo trilateral que incluyó un canje entre los migrantes detenidos en El Salvador y 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, tras la crisis electoral de julio de 2024. Según el mandatario, la fórmula del acuerdo fue “terroristas por inocentes”, refiriéndose a los venezolanos como víctimas del régimen salvadoreño.

    “Entregamos a un grupo de terroristas convictos y confesos que pretendían atentar contra altos líderes revolucionarios, a cambio de nuestros muchachos inocentes”, declaró Maduro. 

    También agradeció al presidente Donald Trump, al papa León XIV y al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por interceder en la operación.

    Denuncian violencia y tortura en el Cecot

    Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, denunció que varios de los migrantes deportados fueron heridos con perdigones antes de abordar el vuelo hacia Caracas. 

    “Vienen varios jóvenes heridos. Esto que tengo en mis manos es un cartucho con el que los despidieron cuando se subían al avión”, sostuvo Cabello.

    El funcionario acusó a Bukele de actuar por intereses económicos, insinuando que mantenía a los migrantes como parte de un “negocio por cada preso”. Añadió que si existe justicia internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) debería iniciar una investigación por violaciones de derechos humanos.

    Maduro también relató que uno de los jóvenes perdió un riñón por las golpizas, y otros fueron alimentados con comida podrida, dejándolos sin alimentos durante días. Ante estos señalamientos, anunció que un equipo médico especializado atenderá a los 252 venezolanos retornados.

  • Arrestos de salvadoreños en frontera sur de EEUU caen a su nivel más bajo: 124 en junio

    Arrestos de salvadoreños en frontera sur de EEUU caen a su nivel más bajo: 124 en junio

    Solo 124 salvadoreños fueron arrestados en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de junio, la cifra más baja mensual registrada desde octubre de 2019 según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

    Durante los primeros seis meses del año se han frenado 2,683 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos: 1,713 en enero, 286 en febrero, 198 en marzo, 154 en abril, 208 en mayo y 124 en junio.

    La disminución histórica de extranjeros que llegan sin permiso migratorio a la frontera sur estadounidense, incluidos salvadoreños, se manifiesta desde febrero y se mantiene en junio.

    Eso significa que hay un 95.3 % menos salvadoreños y 93.4 % menos extranjeros retenidos que hace un año, comparando el periodo febrero-junio de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

    Antes de ese periodo de cinco meses la CBP solo había registrado una caída sensible de migrantes durante la pandemia de covid-19 en 2020, año en el cual se encontraron en la frontera sur 553 salvadoreños en abril, 471 en mayo y 542 en junio.

    Sin embargo, desde el año 2021, los arrestos o “retenciones” de salvadoreños en dicha frontera se dispararon a entre 1,400 y hasta más de 12,700 salvadoreños cada mes.

    La histórica caída es generalizada para los extranjeros que intentan su ingreso irregular migratorio por la frontera sur, dado que frenaban entre 100,000 y hasta 300,000 extranjeros cada año, pero esta cifra ha caído a alrededor de 10,000 migrantes anuales de todas las nacionalidades.

  • Demandan al Gobierno de Trump por limitar asesoría legal a migrantes en Alligator Alcatraz

    Demandan al Gobierno de Trump por limitar asesoría legal a migrantes en Alligator Alcatraz

    Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron este miércoles a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en Florida.

    Los demandantes, entre los que se incluyen algunos migrantes detenidos y bufetes de abogados que representan a clientes en el centro, como Florida Keys Immigration o Sanctuary of the South, denuncian que las personas recluidas no solo carecen de asesoramiento jurídico, sino que tampoco tienen garantizado el debido proceso.

    En un comunicado en el que desglosan la denuncia, alegan que el Gobierno restringe a los migrantes el acceso a un abogado y se quejan de la imposibilidad de presentar documentos legales para la puesta en libertad de sus clientes.

    Asimismo, añaden que la Administración del republicano también ha prohibido las visitas de abogados a sus clientes, así como dar cualquier información confidencial por teléfono o video y el intercambio de documentos escritos entre los equipos legales y los detenidos.

    «Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos y bufetes de abogados con clientes recluidos en el centro», señalan los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la organización Americans for Immigrant Justice.

    Además, denuncian las condiciones «pésimas» del lugar, con «temperaturas abrasadoras, una fuerte presencia de mosquitos, inundaciones en el interior de las tiendas o falta de acceso al agua».

    Y exponen atascos recurrentes en los inodoros y las alcantarillas que han obligado a los reclusos «a desatascar manualmente los retretes con las manos desnudas», así como una alimentación inadecuada «y la negación de los derechos religiosos».

    «Este centro abre otro oscuro capítulo en la historia de nuestra nación. Su mera existencia se basa en los impulsos más bajos de nuestro país y muestra el peligro de una autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado».
    Eunice Cho, abogada principal del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU.

    Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días las condiciones inhumanas que soportan en las carpas improvisadas, con un calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida en mal estado.

    La infraestructura, construida en apenas dos semanas, en medio de un humedal con caimanes y pitones y sobre un viejo aeródromo municipal a 80 kilómetros de Miami, también preocupa.

  • Gobierno Trump ordena no otorgar fianza a inmigrantes detenidos que pelean su deportación

    Gobierno Trump ordena no otorgar fianza a inmigrantes detenidos que pelean su deportación

    La Administración del presidente Donald Trump ordenó eliminar las audiencias de fianza para todos los indocumentados detenidos, lo que podría dejarlos por meses y hasta años en centros de detención mientras los inmigrantes luchan contra la deportación, según un memorando oficial citado por The Washington Post.

    En una directiva emitida el pasado 8 de julio, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) indicó a sus oficiales que los indocumentados detenidos en el interior del país deberían permanecer encarcelados «mientras dure su proceso de deportación».

    Actualmente, solo los migrantes capturados tras pasar la frontera son detenidos sin derecho a fianza. Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca solo a nueve extranjeros que cruzaron de forma indocumentada se les ha permitido luchar por sus casos en libertad condicional.

    En el documento, al que tuvo acceso el rotativo capitalino, Lyons dijo que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ) habían «revisado su postura legal” sobre la política de detención y liberación de inmigrantes y habían determinado que los indocumentados, sin importar donde hubieran sido detenidos o cuánto tiempo llevaran viviendo en el país, «no podían ser liberados de la custodia de ICE».

    Además, la cabeza de ICE no dejará la decisión de otorgar la libertad bajo fianza en un juez sino en un oficial de inmigración, lo que reduce estas posibilidades.

    Lyons admitió que, seguramente, la nueva directriz será retada en los tribunales, según el periódico.

    La preocupación entre los defensores de los inmigrantes ha aumentado tras conocerse la nueva directriz.

    Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal), dijo a EFE que ha visto un aumento en las denegaciones de fianzas emitidas por los jueces y que al dejar esta discreción en los agentes de ICE «será prácticamente imposible» que dejen a los inmigrantes pelear su caso en libertad.

    A esto se suma que el atasco en los tribunales de inmigración, con cerca de 3.5 millones de casos pendientes, representa un reto para los inmigrantes, que podrían esperar meses o hasta años para poder ver a un juez.

    «Lo que busca el Gobierno es desalentar a los inmigrantes a presentar sus casos, especialmente aquellos que llevan años y deberían tener su oportunidad en corte, quieren que acepten la deportación rápida».
    Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles.

    Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, abogado experto en migración en el American Immigration Council, cargó contra la nueva directriz y dijo que, a pesar de que el mandatario estadounidense y el Partido republicano criticaron la interpretación de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) sobre la política de detención y liberación de inmigrantes, «ahora Trump está haciendo lo mismo».

    La directriz se da poco después de la aprobación de una ley presupuestaria que otorgó a ICE 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención a 100,000 camas por día, y estados como Florida han ampliado contratos de detención como el del centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Caimán), situado al oeste de Miami en un humedal hábitat de caimanes y pitones.