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  • Ministerio de Seguridad invertirá en nuevo modelo tecnológico policial y laboratorio de drones en 2026

    Ministerio de Seguridad invertirá en nuevo modelo tecnológico policial y laboratorio de drones en 2026

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, defendió ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el proyecto de presupuesto 2026, que asciende a $702.58 millones, una diferencia de $104 millones respecto a lo aprobado para este 2025.

    En su exposición, el funcionario destacó que en 2026 asignarán $15 millones en el nuevo modelo tecnológico policial con una «transformación del modelo policial a través de inteligencia artificial (IA) por $6 millones, el cambio de banda corta a banda ancha de la PNC por $6 millones», además de la modernización del servicio de atención de emergencias y denuncias para la ciudadanía, con $3 millones.

    “Para poder conectarnos a las demandas actuales de la población, el teléfono fijo dejó de ser el medio y hacia ese cambio es que vamos a apostarle el siguiente año”, argumentó.

    Informó que echarán a andar la Agencia de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública por un monto de $3.4 millones; con el desarrollo de software y modernización en los sistemas de operación de Seguridad Pública y Justicia, por $2.4 millones; y el equipamiento para laboratorio de drones y compra de vehículos aéreos no tripulados, por $1 millón.

    “Son unos drones que van a venir dentro de poco, vamos a poder mover medicamentos o antídotos críticos para el Ministerio de Salud, desde La Unión hacia las islas y desde la Costa del Sol hacia Tasajera, así que hemos invertido en ese tipo de drones para poder llevar de una manera rápida medicamentos críticos a esas unidades de salud”.

    Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    El ministro también indicó que van a fortalecer la gestión migratoria. «Recuerdan el Gota a Gota, hace un par de años, recientemente el Escudo Virtual con el que mafias colombianas pretendían venir a operar a El Salvador, por lo que es necesario fortalecer nuestras fronteras», dijo. Mencionó que un préstamo otorgado por el gobierno de Italia servirá para talleres, escuelas y sitios diferenciados para hombres y mujeres en el Centro de Detenciones en Ilobasco.

    Experiencia «en manejo de terroristas y cárceles»

    Villatoro también aseguró que como Ministerio de Seguridad  Pública y Justicia poseen la experiencia suficiente sobre manejo y combate contra terroristas y del sistema penitenciario.

    «Como Ministerio de Justicia, estamos siempre a la vanguardia de la infraestructura que utiliza el sistema de Justicia para defender lo que tenemos, para evitar que el día de mañana este sistema vuelva a caer en manos de organización terrorista», indicó.

    «Tenemos una experiencia demostrada en manejo de terroristas y buen manejo mundial en manejo de cárceles», insistió.

    «En el continente americano lo que vemos son cárceles universidades del crimen y, en este tema, sí hemos marcado una diferencia abismal; y, desde el 2019, fuimos el primer país en tener control sobre las cárceles, ya no somos el único porque Argentina va avanzando… El Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas es referente regional y mundial», añadió.

    Bonos para policías

    El ministro dijo que están garantizados los pagos de las remuneraciones y los bonos, alimentación y uniformes para la Policía Nacional Civil, con una proyección total de $471.92 millones para el año 2026, que representa el 78.20 % del presupuesto del ramo.

    Centros Penales tiene asignados $128.63 millones para el año 2026, un aumento del 77.9 %, $56.33 millones respecto a los $72.3 millones aprobados para el año 2025.

    El presupuesto de Penales es equivalente al 18.59 %, del presupuesto de Seguridad.

    $15 millones para guerra contra terrorismo

    Villatoro aseguró que a la «Secretaría de Estado» se asignan $42.09 millones (6.08%), dentro de los cuales «están los $15 millones para la guerra contra el terrorismo”.

    La nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado lleva $22.01 millones (3.18%); la Academia Nacional de Seguridad Pública general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, $9.7 millones (1.41%); Migración y Extranjería, $7.8 millones (1.1%); el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), con $6.5 millones (0.95%); la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), con $2.2 millones (0.33%); y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), con $891,574 (0.13%); en total, suman $691.96 millones.

    “Estamos en una epidemia en la que los gobiernos no están conectados con los ciudadanos y nosotros hoy por hoy somos ese país que le puede decir al mundo que estamos conectados, pueblo, gobierno y Estado”, dijo Villatoro, quien agradeció a los diputados el “soporte legal” que les brindan los diputados.

    El presidente de la Comisión, Christian Guevara, tomó la palabra y le dijo al ministro: “Usted, por medio del Consejo de Ministros, ha solicitado 43 veces la prórroga para el régimen de excepción, 9 meses en el 2022, los 12 meses en el 2023, los 12 meses en el 2024 y diez meses, que es parte del trabajo conjunto que usted mencionaba y que está en la Constitución desde 1981 y nadie había tenido el valor de utilizarla para salvaguardar la vida de los salvadoreños”.

  • Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, le ha pedido a la Asamblea Legislativa modificar la Ley del Presupuesto General de la Nación para reforzar los presupuestos de 13 instituciones públicas, con un monto total de $113 millones.

    El monto mayor se destinaría a la Presidencia de la República, que ha solicitado $32 millones, únicamente se detalla que servirán para «compromisos impostergables» en lo que resta de 2025.

    Al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le destinarán $26 millones y al Ramo de Seguridad Pública y Justicia se le reforzará con $17 millones, estas son las tres instituciones con los mayores montos.

    «En la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025», argumenta el ministro, en la petición enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de octubre, «cumpliendo especiales instrucciones del presidente de la República».

    Según explica Posada en el proyecto de decreto, los recursos para reforzar las 13 instituciones saldrán del Fondo General, ya que «el Ministerio de Hacienda ha identificado las asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta».

    Así se distribuirán los $113 millones en las 13 instituciones del Estado para cubrir compromisos en lo que resta del 2025

    Presidencia de la República: $32 millones.
    Agricultura y Ganadería: $26 millones.
    Seguridad Pública y Justicia: $17 millones.
    Relaciones Exteriores: $10 millones.
    Fiscalía General de la República: $8 millones.
    Economía: $6.5 millones.
    Cultura: $3.8 millones.
    Turismo: $2.6 millones.
    Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones.
    Procuraduría General de la República: $2 millones.
    Obras Públicas y de Transporte: $2 millones.
    Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000.
    Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000.

    La solicitud no detalla para qué son estos requerimientos presupuestarios en cada entidad. El proyecto de decreto será visto en la Comisión de Hacienda convocada para este viernes 3 de octubre a las 9:30 de la mañana.

  • Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia recibirá este año $785,600 de un préstamo para atender a jóvenes en riesgo del departamento de San Salvador, según la solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada, para reformar la Ley del Presupuesto General vigente.

    Los fondos provienen de un acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Italia con la entidad financiera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por $6,136,079.67 ($6.1 millones) para el «Programa de prevención y de rehabilitación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley».

    El préstamo fue aprobado el 18 de enero de 2022; en ese entonces, Nuevas Ideas reclamó el atraso en la aprobación del acuerdo suscrito en 2016. El préstamo se deberá pagar en un plazo de 26 años y tiene un periodo de gracia de 16 años.

    Seguridad planea utilizar los $785,600 para un «Programa de apoyo a jóvenes en situación vulnerable en distritos priorizados del departamento de San Salvador » y «actividades integradoras dirigidas a jóvenes».

    ¿Para qué se usarán los fondos?

    -Servicios profesionales en medicina general.

    -Programas de formación técnica para el trabajo.

    -Cursos laborales-vocacionales en las áreas de panadería, electricidad, fontanería, elaboración de productos artesanales.

    -Contratación de consultores técnicos y administrativos para la gestión del Programa.

    Estas actividades serán dirigidas y ejecutadas por la Dirección de Integración, dependencia del Ministerio de Gobernación, para lo cual firmó un convenio con Seguridad el 27 de junio de 2025.

    Seguridad proyecta «promover estrategias integrales de prevención y reinserción social, dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad» y «fortalecer el tejido social y generar oportunidades de inclusión económica, educativa y comunitaria».

     

  • PNC cobrará tarifa de $46,982.13 anuales por servicio de seguridad a Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)

    PNC cobrará tarifa de $46,982.13 anuales por servicio de seguridad a Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)

    La Policía Nacional Civil cobrará por “servicio de seguridad especializada a instituciones públicas” a la recién creada Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) una tarifa de $46,982.13 con IVA anuales, según el pliego tarifario del Fondo de Actividades Especiales de la Policía Nacional Civil aprobado por el Ministerio de Hacienda.

    La tarifa de servicio de la PNC fue aprobada mediante el acuerdo 1751 del Ministerio de Hacienda emitido el 25 de agosto de 2025 a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, y está vigente desde el pasado viernes 12 de septiembre. La tarifa fue publicada ayer en una versión del Diario Oficial con fecha 12 de septiembre.

    La ACE está adscrita al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia con un presupuesto de $12 millones para el año 2025.

    El Ministerio de Seguridad Pública, según el acuerdo, realiza gestiones para prestar servicios de seguridad especializada en las instituciones públicas que lo requieran “para lo cual se destinarán agentes policiales encargados de brindar directamente ese servicio y las instituciones pagarán un monto anual convenido”.

    Los fondos son destinados al Fondo de Actividades Especiales para la venta de productos y servicios de la Policía Nacional Civil.

    Hacienda también acordó el 8 de enero de 2025 que PNC brinde los servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones, precio superior a lo que el ISSS paga actualmente por los servicios de seguridad. El precio del servicio de la PNC ascendería a $6,569,183.06.

    Según la orden de compra del 21 de octubre de 2022, para contratar los «Servicios de seguridad física para diferentes dependencias del ISSS a nivel institucional», el servicio por 12 meses de seguridad costó $3,321,309 ($3.3 millones), es decir, $3.2 millones menos.
    Por su parte, la ACE es la institución encargada de aplicar la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información en El Salvador y la Ley de datos personales, vigentes desde el 23 de noviembre de 2024.

    El director de la ACE, según la ley, debe ser nombrado por el presidente, Nayib Bukele, y será el encargado a su vez de nombrar a un director de Protección de Datos Personales. Actualmente, la dirección de la ACE es ocupada por Eduardo Alexis Rodríguez Rodríguez, aunque su nombramiento no ha sido publicado en el Diario Oficial ni oficializado por la ACE ni la Presidencia.

    La ley de ciberseguridad obliga a las instituciones públicas a proteger la privacidad de los ciudadanos en sus sistemas informáticos y a tener planes de ciberseguridad. Esta ley faculta a la ACE de “resolver las controversias que se susciten entre los titulares, los responsables y los encargados del tratamiento, con relación a la clasificación y desclasificación de datos personales sensibles”.

    En su sitio web, actualmente la agenciadeciberseguridad.gob.sv dispone de formularios para realizar a distintas instituciones solicitudes como:

    1. Solicitar saber qué datos personales se tratan, con qué fines, origen y destinatarios.

    2. Solicitar eliminar resultados en buscadores cuando ya no exista interés público.

    3. Permite oponerse al tratamiento de datos por motivos legítimos, incluido marketing directo.

    4. Solicitar una copia de los datos personales en formato estructurado o su traslado directo a otro proveedor.

    5. Solicitar la corrección de datos inexactos o completar los incompletos.

    6. Solicitar borrar datos cuando no sean necesarios o se retire el consentimiento.

    7. Solicitar congelar el uso de datos sin borrarlos.

    También se dispone del formulario respectivo para designar formalmente al delegado de protección de datos en una organización.

    RECTIFICACIÓN: Esta noticia fue corregida luego de que, equivocadamente, se publicara que la tarifa cobrada por la ACE a las instituciones públicas sería de $46,982.13.