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  • ANDA dará incentivos para proyectos de interés social, dice ministra de Vivienda

    ANDA dará incentivos para proyectos de interés social, dice ministra de Vivienda

    La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) dará incentivos para proyectos de vivienda de interés social, aseguró este miércoles la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

    La funcionaria dijo que la propuesta se trabajó directamente con el presidente de la ANDA, Jorge Castaneda, una medida con la que prevén que este tipo de hábitat alcance un “precio justo” en El Salvador.

    “Somos instituciones totalmente hermanas en las que tenemos que trabajar de la mano, y ya tenemos concretado unos incentivos de conexiones de agua de proyectos de viviendas de interés social”, indicó la ministra en la entrevista de la radio YSKL.

    Sol dijo que las viviendas de interés social son importantes y demandadas en el mercado salvadoreño. Por ende, el Ministerio de Vivienda y la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) han creado marcos legales para incentivar este tipo de proyectos.

    El gobierno reconoció que hay “muy poca” vivienda social y que, para el Ejecutivo, es difícil encabezar este tipo de construcciones, por lo que es necesario trabajar junto con la empresa privada.

    El Ministerio de Vivienda recordó que estos proyectos deben ser ubicados en lugares accesibles al transporte público, tener servicios básicos, así como estar lejos de zonas de riesgo.

    Vivienda aseveró que desde el gobierno se incentiva a construir en altura, para priorizar el espacio a través de los apartamentos.

    Escrituraciones

    La funcionaria aseguró que en los últimos años el Fondo Social para la Vivienda (FSV) junto al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) han escriturado $1,040 millones en créditos de vivienda.

    Esto se traduce en 55,000 créditos para familias ubicadas en diferentes puntos del país.

    Sol indicó que este martes la Asamblea de Gobernadores del FSV aprobó $50 millones para un préstamo que se colocará desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para créditos a largo plazo.

    La ministra de Vivienda aseguró que ya han establecido pláticas para inversionistas interesados en construir proyectos de interés social en San Salvador.

    Por parte del gobierno salvadoreño, se prevé sacar a la venta 18 apartamentos en el proyecto de La Bretaña, a cargo del gobierno, en el distrito de San Salvador.

  • Municipalidades darían permisos de construcción de menos de 250 metros cuadrados según propuesta de reforma

    Municipalidades darían permisos de construcción de menos de 250 metros cuadrados según propuesta de reforma

    Las municipalidades, asociaciones municipales u oficinas de planificación y gestión territorial tendrían la competencia de otorgar autorizaciones de calificación de lugar, línea de construcción, factibilidad de aguas lluvias, permiso de construcción y recepción de obras para proyectos de construcción con una dimensión menor a 250 metros cuadrados.

    La competencia es una de las nuevas disposiciones presentadas por el Gobierno a la Asamblea Legislativa como reforma a la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), cuya propuesta fue entregada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como representante del Ministerio de Gobernación, y a la Asamblea el 31 de julio de 2025 a las 9:12 a.m.

    La propuesta de reforma al inciso segundo del artículo 3 recuerda que el Ministerio de Vivienda tiene la competencia en los permisos de las viviendas de interés social, torres de telecomunicaciones, así como construcciones menores a 250 metros cuadrados si las municipalidades no tienen capacidad.

    Las «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda» establece que el Ministerio de Vivienda será la encargada de otorgar permisos de construcción de dimensiones menores a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas.

    Luego de proponer que las municipalidades, asociaciones u oficinas de planificación sean las encargadas de otorgar los permisos de construcciones menores a los 250 metros cuadrados, la propuesta de reforma indica que la DOT será la “única autoridad” para autorizar “los demás trámites”.

    Entre los trámites que estarían a cargo de la DOT están, según el proyecto de reforma:
    -Categorización de obras según su envergadura y naturaleza de impacto potencial.
    -Certificación de factibilidad de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario con o sin obra hidráulica.
    -Certificación de análisis y revisión de medidas de seguridad contra incendios en planos de los proyectos.
    -Permiso de exploración de pozo.
    -Factibilidad de instalación del sistema de tratamiento individual de aguas negras y grises con infiltración a suelo.
    -Resolución de obra mayor o menor.
    -Valoración cultural al terreno referente al patrimonio arqueológico y paleontológicos.
    -Uso de superficies inmediatas a las vías públicas.

    La propuesta de reforma, además, incorpora a representantes de los ministerios de Gobernación y Agricultura, y saca a la Secretaría de Comercio e Inversiones, y a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, del Consejo Directivo de la DOT.

    El proyecto de reforma también faculta a la DOT a resolver el cambio de uso de suelo en proyectos de construcción, así como resolver el permiso de tala de árboles.

  • Caso Argoz acumula nueva acusación y suman 122 víctimas afectadas por más de $429,000

    Caso Argoz acumula nueva acusación y suman 122 víctimas afectadas por más de $429,000

    El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que ocho exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. procesados sigan en prisión debido a una cuarta acusación recibida de la Fiscalía General de la República (FGR), en perjuicio de 18 personas que habrían sido estafadas y se suman más de $429,000.

    De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR) cinco de los imputados presentes enfrentaron una audiencia inicial, donde se decretó la detención provisional y la instrucción formal del caso por el delito de estafa agravada cometido a través de la venta ilegal de lotes en perjuicio de otras 18 víctimas. El monto estafado aproximadamente asciende a $67,687.

    «En este caso fiscales buscan justicia para 18 víctimas que adquirieron sus parcelas en el año 2016, en una lotificación identificada como ‘Santa Cecilia’, ubicada en el cantón Los Zacatillos del distrito de San Juan Nonualco». Fiscalía General de la República.

    La representación fiscal sostiene que la Corporación ARGOZ se dedicó a impulsar proyectos de lotificación a nivel nacional para comercializarlos en zonas rurales sin los permisos legales , ni regulados por ninguna entidad competente.

    Los lotes se comercializaban bajo la promesa de entregar las escrituras públicas de compra venta una vez se pagaba el valor total de la parcela, pero la sociedad nunca cumplió con ese compromiso. El valor de cada lote era diverso, pero el promedio fue de $4,000.

    En el caso se procesa a Rodrigo Javier Gómez de Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez y Edwin Omar Rivera López, a quienes se les sumó una nueva detención. Para los imputados ausentes: José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda, se resolvió la instrucción formal del caso.

    Con este caso, suman cuatro procesos de acusación en contra de los detenidos, el primero se remonta al año 2023, cuando inicio el caso, donde 24 víctimas denunciaron que no recibieron las escrituras de las propiedades que pagaron desde hace varios años. En dicha etapa se decretó la detención provisional.

    Posteriormente, en febrero de 2025 agregó dos nuevos procesos en contra de los exdirectivos, uno en el Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco, en La Paz, donde se expuso sobre una estafa por un monto de $246,292.61 a 36 víctimas que adquirieron sus parcelas. Mientras que en el Juzgado de Paz de San Juan Talpa, La Paz, donde se denunció sobre 44 víctimas que empezaron a pagar sus lotes en el año 2004 y a quienes estafaron con aproximadamente $115,419.

    Con el cuarto y último proceso judicial que dio a conocer la Fiscalía General de la República suman 122 víctimas que resultaron afectadas por un monto de $429,398.61.

    La Fiscalía sostiene que actualmente ARGOZ funciona bajo una nueva administración con el fin de evitar ilegalidades en los procesos de legalización de lotes.

    Recientemente, el Ministerio de Vivienda informó que han logrado regularizar 65,901 lotes y recuperado un valor de $659 millones en dichos procesos, según un informe publicado en sus redes sociales.