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Etiqueta: Ministerio Público

  • La ONU advierte crisis profunda en el sistema judicial guatemalteco

    La ONU advierte crisis profunda en el sistema judicial guatemalteco

    La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó el lunes que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”, tras evaluar la situación institucional del país.

    Durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, la funcionaria explicó que distintos factores han debilitado la independencia judicial y han colocado al sistema de justicia en una situación “crítica”.

    Entre los principales problemas identificados mencionó la “instrumentalización de la justicia”, la concentración de poder y la persecución contra operadores judiciales, elementos que, según indicó, afectan el funcionamiento del Estado de derecho en el país.

    Satterthwaite presentó estas conclusiones al divulgar su informe final sobre la visita que realizó en mayo de 2025 a Guatemala, donde permaneció 12 días para evaluar el funcionamiento del sistema judicial.

    Durante su estancia, sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, además de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.

    La relatora reiteró también su preocupación por el papel del Ministerio Público, al señalar que la información recopilada apunta a la existencia de una política de criminalización contra operadores de justicia.

    Pese a este panorama, Satterthwaite expresó confianza en que Guatemala pueda revertir la situación, al destacar que su Constitución ha demostrado en el pasado la posibilidad de garantizar el respeto a la ley.

    Además, subrayó que las designaciones previstas para los próximos meses serán determinantes para el futuro del sistema judicial, entre ellas la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo fiscal general que sustituya a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.

    “Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, concluyó la relatora.

     

  • Autoridades guatemaltecas reconstruyen últimos movimientos de salvadoreña asesinada

    Autoridades guatemaltecas reconstruyen últimos movimientos de salvadoreña asesinada

    Las cámaras de vigilancia, un vehículo abandonado y huellas dactilares encontradas en la escena forman parte de las principales pistas en la investigación por el asesinato de Blanca Sarai Palacios Reyes, salvadoreña de 25 años que murió a balazos el 14 de febrero en la zona 11 de la capital guatemalteca, según informaron medios del vecino país.

    La joven, originaria de San Ignacio, Chalatenango, habría llegado a Guatemala la mañana del 14 de febrero para reunirse con su pareja y celebrar el Día de San Valentín, según las primeras indagaciones. Horas después, pasadas las 9:00 de la noche, los Bomberos Voluntarios recibieron una alerta sobre una mujer herida en la 23 calle y auxiliar del Anillo Periférico, colonia Granai Townson Tres, al sur de la capital.

    En el lugar, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recolectaron indicios balísticos.

    El 20 de febrero, en seguimiento al caso, la PNC coordinó con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio un allanamiento autorizado por la jueza María Sandoval Valdez, del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. La diligencia se realizó tras el análisis de cámaras de vigilancia en las zonas 1, 7 y 11, donde se observó a la víctima y su vehículo.

    De acuerdo con la investigación, Palacios condujo desde El Salvador un Ford Escape S negro, modelo 2017, con placas salvadoreñas P86 A45. El automóvil fue localizado a las 10:15 de la noche en el parqueo 53-3 del sótano del edificio Altillos, en la 7a avenida 3-37, zona 1, en pleno centro de la capital guatemalteca. El vehículo presentaba daños en la parte frontal izquierda, aparentemente por un choque reciente.

    Dentro del automotor, las autoridades hallaron dos tarjetas negras, dos latas de cerveza, un recipiente de vidrio con café y posibles huellas dactilares. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la víctima, quien se desempeñaba como maestra, falleció por heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

    La familia de Palacios viajó desde El Salvador el 18 de febrero, cuando se activó la alerta Isabel Claudina. Horas después de presentar la denuncia, identificaron el cuerpo en el Inacif. El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público de Guatemala.

     

  • Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el sábado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 19 de febrero y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.990.

    “Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, explicó Rodríguez durante un acto en Caracas, según medios oficiales. El dirigente añadió que ya se están concretando liberaciones de personas que se acogen a la nueva normativa.

    Asimismo, detalló que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía evalúa la situación de otras 11,000 personas que se encontraban bajo régimen sustitutivo de privación de libertad.

    “Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad”, indicó.

    Rodríguez reiteró que la ley busca fomentar el diálogo y la paz en el país. “Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno”, sostuvo.

    El dirigente también acusó a sectores de la oposición de intentar desvirtuar el alcance de la normativa. “Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido”, afirmó, al tiempo que llamó a no caer en provocaciones y defendió la amnistía como “un gran primer paso” hacia la paz.

    Por su parte, el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público han tramitado ya 379 solicitudes competentes para otorgar amnistías.

     

  • Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    El Supremo de Justicia de Guatemala celebrará el próximo martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

    El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre. Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que este viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

    La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Según el colectivo No Nos Callarán, esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

    No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

    Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

    El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300.000 quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

    El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.

  • Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo es capturado por enriquecimiento ilícito

    Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo es capturado por enriquecimiento ilícito

    José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá (2019-2024), fue capturado este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, tras regresar de Guatemala. La captura fue ordenada por el Ministerio Público (MP), que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento injustificado.

    Al ser arrestado, Carrizo se mostró desafiante ante los medios y afirmó: «Aquí estoy porque soy inocente», mientras era escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

    En un video difundido horas antes de su captura, Carrizo explicó que optó por no juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en Guatemala, para evitar especulaciones sobre su situación legal. El cargo de diputado le otorgaría inmunidad ante la justicia ordinaria, lo que pudo haber complicado las investigaciones en su contra.

    Carrizo, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió su posición asegurando que enfrenta una «persecución política» y criticó que estuviera siendo investigado por más de tres fiscalías por la misma causa de enriquecimiento injustificado. La Fiscalía ha solicitado su comparecencia para responder por los señalamientos.

    En octubre de 2025, la Contraloría General de Panamá ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, por un valor aproximado de 1,3 millones de dólares. El exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Panamá para impugnar esta medida. En respuesta a las acusaciones, Carrizo afirmó que había entregado el 15 de enero de 2026 una auditoría forense ante la Contraloría que, según él, demostraba que no se había enriquecido de manera ilícita.

    Carrizo, de 42 años, fue una de las figuras más visibles en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y su nombre ha estado vinculado a varios escándalos desde el inicio de la administración, especialmente durante la pandemia de la covid-19, cuando se cuestionó el manejo de los fondos destinados para enfrentar la emergencia sanitaria. En ese contexto, Transparencia Internacional destacó en 2021 que, debido al estado de emergencia, el gobierno de Cortizo se eximió de los controles regulares y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que alimentó las sospechas de corrupción.

    Carrizo defendió el «manejo transparente» de los 1.457 millones de dólares aprobados para la pandemia, asegurando que los fondos fueron utilizados de forma adecuada.

    La investigación en su contra sigue su curso y Carrizo tendrá que enfrentar a las autoridades judiciales para aclarar las acusaciones que pesan sobre él.

     

  • Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

    La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.

    El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.

    Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.

    El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.

    Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.

    Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.

     

  • Capturan en México a cuatro hombres ligados a grupo criminal dedicado a extorsión y secuestro

    Capturan en México a cuatro hombres ligados a grupo criminal dedicado a extorsión y secuestro

    Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en dos operativos realizados en Jalisco y Nayarit a cuatro hombres vinculados a un grupo delictivo dedicado a la extorsión, homicidios y trasiego de droga procedente de Centroamérica.

    En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que entre los detenidos se encuentran dos líderes del grupo criminal que operaban en ambos estados.

    En una de las acciones, ejecutada en Jalisco (occident) por miembros de las Secretarías de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional, y Fiscalía General de la República (FGR), fue arrestado José Gabriel ‘N’, alias ‘Bravo’, líder de la célula que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara.

    Mientras que en otra acción, se detuvo Luis Ignacio ‘N’, alias ‘Cárdenas’, quien operaba en el municipio de Tepic, Nayarit (noroeste), quien se encargaba de coordinar el traslado de droga vía aérea y marítima, procedente de Centroamérica, además de actividades de extorsión, secuestro, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    “Al momento de su detención se le aseguró un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica”, apuntó el comunicado.

    Los arrestados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. En tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

    Desde febrero de 2025 y hasta el 12 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.706 personas y se han confiscado 118,8 toneladas de droga, entre ellas 601 kilogramos de fentanilo.

  • Daniel Noboa anuncia que líder de grupo disidente de las FARC está siendo trasladado a Ecuador

    Daniel Noboa anuncia que líder de grupo disidente de las FARC está siendo trasladado a Ecuador

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que está siendo trasladado al país andino un sujeto identificado como ‘el gerente’, considerado cabecilla de Comandos de la Frontera, grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y quien había sido detenido a mediados de año en los Emiratos Árabes Unidos.

    «Se acabó su libertad ‘bajo fianza’. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias ‘El Gerente’, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino», escribió Noboa en X.

    A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo, donde también murieron tres de los atacantes.

    «Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera», agregó en referencia a la prisión de máxima seguridad del país, emblema de su lucha contra la delincuencia, adonde han sido trasladados -entre otros- los delincuentes más peligrosos del país.

    El ministro del Interior, John Reimberg, señaló este lunes que ‘el Gerente’ «huyó, se escondió, creyó que estaba a salvo. No lo estuvo. El Estado lo fue a buscar y lo trajo de vuelta».

    «Gran trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y de Policía Nacional. Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos», aseveró en X.

    La orden prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero nacional, indicó entonces la Fiscalía.

    En el caso denominado «Comandos de la Frontera», las quince personas están procesadas porque se presume que lavaron activos por más de 354 millones de dólares, indicó el Ministerio Público, que añadió que para las cinco personas jurídicas procesadas, se ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente.

    Noboa aseguró entonces que se trataba del «mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador: más de trescientos millones de dólares en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC».

    Reimberg anotó que la organización delictiva se dedicaba presuntamente al lavado de activos, principalmente en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú, y que era liderada por el ‘gerente’, miembro «activo y presunto líder del grupo armado ‘Comandos de la Frontera’, quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles», dijo.

  • Autoridades panameñas decomisan 300 paquetes de droga en el pacífico

    Autoridades panameñas decomisan 300 paquetes de droga en el pacífico

    El Ministerio Público panameño (Fiscalía) informó este domingo, que en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), decomisó 300 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo realizado al suroeste de Isla del Rey, en el Pacífico panameño.

    La droga fue hallada a bordo de una embarcación interceptada por las autoridades, en la que viajaban dos personas, quienes fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades pertinentes para las respectivas investigaciones, destaca la nota de la Fiscalía.

    Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de acuerdo con datos oficiales, en este tipo de operaciones los paquetes suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la sustancia que más se trafica a través de las rutas marítimas que atraviesan Panamá.

    El país centroamericano es considerado una de las principales rutas de tránsito de la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos —el mayor consumidor de cocaína del mundo— y Europa.

    En 2024, Panamá decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según cifras oficiales.

  • Cristosal rechaza ampliación de detención preventiva en contra de Ruth López

    Cristosal rechaza ampliación de detención preventiva en contra de Ruth López

    Cristosal rechazó el viernes la decisión judicial de ampliar la detención preventiva en contra de la jefa de Anticorrupción de la institución, Ruth Eleonora López, dictada a inicios de este mes por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.

    La organización señaló que la medida dictada por las autoridades “carece de fundamento” legal y probatorio, porque no reviste de complejidad que “justifique la extensión del proceso”.

    “Esta decisión confirma un patrón ya evidente en el sistema de justicia salvadoreño: la prolongación arbitraria de procesos penales contra personas defensoras de derechos humanos y prisioneros de conciencia, entre ellas Ruth y otros defensores detenidos en circunstancias similares”. indicó Cristosal en su comunicado.

    Cristosal también recriminó al estado salvadoreño por no cumplir las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se incluye la revisión de las medidas de detención preventiva en contra de López.

    La organización, que cerró operaciones en julio pasado en El Salvador por el acoso estatal, reiteró que la detención de la abogada es injusta, desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y marcos legales.

    “Continuaremos acompañando todos los esfuerzos por garantizar su libertad y su derecho a un juicio justo”, puntualizó Cristosal en su comunicado.

     

    El caso

    López fue accedida en mayo de 2025 y fue acusada en su momento de peculado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó por el delito de enriquecimiento ilícito, según la FGR.

    La jefa de Anticorrupción de Cristosal fue detenida por presuntamente haber colaborado con el exmagistrado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, en la sustracción de fondos de las arcas estatales, apuntó la Fiscalía en su momento.

    La audiencia inicial en contra de la defensora de derechos humanos se ejecutó el 4 de junio de este año, a cargo del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, cuando se decretó detención provisional en contra de López por un período de seis meses.

    El plazo de seis meses de investigación venció el 4 de diciembre de 2025, en relación con esto último, fuentes judiciales confirmaron a Diario El Mundo la extensión de seis meses más del plazo de instrucción.

    Comunicado difundido por Cristosal el 5 de diciembre de 2025. /Cristosal