El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó este miércoles al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, quien enfrentaba sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción.
La remoción de Curruchiche, quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, fue confirmada por el Ministerio Público guatemalteco y su salida del cargo tuvo ejecución inmediata.
Curruchiche estuvo al frente de varios procesos judiciales polémicos durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, entre ellos las investigaciones contra el periodista José Rubén Zamora y las acciones para intentar anular los resultados electorales de 2023 que llevaron al poder al presidente Bernardo Arévalo.
Diversas organizaciones sociales y analistas señalaron que varios de los casos impulsados por Curruchiche carecían de pruebas suficientes y respondían a persecuciones judiciales orientadas a favorecer intereses políticos dentro del Ministerio Público.
Entre los expedientes cuestionados también figuró una investigación por supuesta corrupción que involucraba a Arévalo de León y a la Organización de Naciones Unidas, además de un intento fallido por acusar al excomisionado anticorrupción colombiano Iván Velásquez.
Expertos y organizaciones civiles acusaron además al exfiscal de utilizar su cargo para proteger a empresarios y políticos señalados en casos de corrupción relacionados con sobornos estatales.
Curruchiche, quien anteriormente se desempeñó como árbitro de fútbol profesional, también era conocido por publicar constantes críticas contra el Gobierno de Arévalo en redes sociales.
El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, asumió el cargo el pasado domingo y había adelantado que cerraría la Fiscalía dirigida por Curruchiche al considerar que había perdido su propósito original de combate contra la corrupción.
La administración del presidente Bernardo Arévalo mantuvo fuertes diferencias con la exfiscal Consuelo Porras, a quien acusó de intentar “socavar” la democracia guatemalteca mediante investigaciones y maniobras judiciales calificadas por el oficialismo como intentos de “golpe de Estado”.
