La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández anunció el martes que solicitará a la justicia que el exmandatario afronte en libertad el proceso penal por presunto fraude y lavado de activos, al considerar que su retorno voluntario al país demuestra que no existe riesgo de fuga.
La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, informó que la defensa prepara su estrategia para la audiencia de declaración de imputado programada para el próximo 3 de agosto, pocos días después del regreso del exgobernante a Honduras, previsto para el 26 de julio.
Durante esa audiencia, Hernández conocerá formalmente los delitos que le atribuye el Ministerio Público, sus derechos constitucionales y la medida cautelar que determine el juez encargado del caso.
«El expresidente Juan Orlando Hernández quiere estar en el país, quiere estar con su familia, quiere enfrentar este proceso, pero lo quiere enfrentar también en libertad», afirmó Colindres en declaraciones al canal Hable Como Habla (HCH).
La defensora explicó que uno de los principales argumentos será que Hernández solicitó regresar voluntariamente a Honduras tras recuperar su libertad en Estados Unidos, por lo que considera que no existe fundamento para alegar peligro de fuga.
El expresidente fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que una corte de Nueva York le impuso en junio de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
En Honduras, Hernández deberá responder por un proceso relacionado con el presunto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013, dentro del caso de corrupción conocido como «Pandora II», en el que también figuran como acusados el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados, empresarios y particulares.
La defensa adelantó además que solicitará un «sobreseimiento definitivo» durante la etapa procesal correspondiente. «Creemos en la inocencia de nuestro representado y lo vamos a demostrar en los órganos de justicia», enfatizó Colindres. Según la Fiscalía hondureña, la investigación señala que entre 2010 y 2013 operó una red de corrupción que habría facilitado el desembolso de más de 288 millones de lempiras, equivalentes a unos $10.8 millones, a favor de dos fundaciones.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este jueves que el sistema penitenciario del país ha colapsado y anunció que impulsará medidas más estrictas para enfrentar la crisis carcelaria, luego de la fuga de 195 reclusos registrada a inicios de junio en la cárcel La Joyita.
La evasión masiva ocurrió el pasado 1 de junio en ese centro penal ubicado en las afueras de Ciudad de Panamá. El incidente dejó tres privados de libertad fallecidos y nueve personas lesionadas, entre ellas tres custodios, en medio de una situación que las autoridades aún investigan.
Mulino informó que hasta la fecha han sido recapturados 178 de los fugitivos, mientras que 17 continúan prófugos. Según explicó, ninguno de los reclusos que permanecen desaparecidos es considerado líder de organizaciones criminales o de alta peligrosidad.
El mandatario indicó que se desarrollan investigaciones internas para determinar responsabilidades y confirmó que varios funcionarios fueron separados de sus cargos. Además, se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
«Lo sucedido en esa fuga me indigna y avergüenza, lo digo con toda franqueza (…) es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes, con nuevas estructuras y políticas públicas que anunciaré el día 1 de julio», declaró Mulino durante su conferencia semanal.
El gobernante adelantó que las reformas incluirán cambios administrativos y una transformación en la gestión penitenciaria. Según explicó, se buscará fortalecer el orden, la disciplina y los mecanismos de aislamiento dentro de los centros penales.
«Estoy a favor de los derechos humanos, pero siempre empezando por los derechos humanos de las víctimas (…) El Estado paga la luz de las cárceles. Son casi $2 millones por año (…) el buen panameño suda por pagar su cuenta de luz, cada vez más cara por cierto, y los presos, que la tienen gratis, la usan para joder a quienes les pagan su comida y su luz», sostuvo el mandatario.
Mulino también afirmó que muchos criminales de alto perfil continúan operando desde prisión y consideró que el actual modelo de resocialización ha demostrado ser insuficiente para enfrentar las nuevas dinámicas del crimen organizado.
Las autoridades panameñas señalan que cabecillas vinculados al narcotráfico y a estructuras criminales continúan ordenando extorsiones, homicidios y otros delitos desde los centros penitenciarios. Esta situación coincide con un incremento de 7 % en los homicidios registrados entre enero y mayo de este año, según cifras oficiales.
De acuerdo con información del Gobierno, Panamá cuenta con alrededor de una docena de cárceles que albergan a más de 24,000 reclusos y enfrentan una sobrepoblación cercana al 35 %, una condición que las autoridades consideran uno de los principales desafíos para recuperar el control del sistema penitenciario.
La exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana afirmó que la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público representa “una luz para volver a casa”, luego de permanecer exiliada en Estados Unidos desde 2019 por procesos judiciales que considera una persecución política.
Aldana, quien encabezó investigaciones anticorrupción entre 2014 y 2018 y logró el encarcelamiento de altos funcionarios y empresarios, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, aseguró que el exilio le provocó pérdidas personales y profesionales irreparables.
“Lo perdí todo, perdí a mi familia, mis hijos, perdí mi país, perdí el clima de Guatemala, perdí mi profesión”, declaró la exfiscal en una entrevista con EFE desde Washington.
La abogada salió de Guatemala en marzo de 2019 tras denunciar amenazas de muerte y luego de que la entonces fiscal general Consuelo Porras autorizara investigaciones en su contra por supuestas irregularidades durante su gestión, lo que derivó en una orden de captura.
Porras dejó el cargo el pasado 17 de mayo tras ocho años de administración marcados por señalamientos internacionales de corrupción, persecución contra opositores y acciones para intentar revertir las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por Bernardo Arévalo.
Según Aldana, durante la gestión de Porras al menos 90 operadores de justicia, periodistas y activistas abandonaron Guatemala denunciando persecución política. Organismos internacionales calificaron estos procesos como una “cooptación de la justicia”.
La exfiscal explicó que antes de regresar al país necesita conocer todas las denuncias abiertas en su contra y afirmó que la mayoría fueron promovidas por la Fundación Contra el Terrorismo. “Todas carecen de sustento”, sostuvo.
Aldana también expresó optimismo por la llegada de Gabriel García Luna a la jefatura del Ministerio Público, especialmente después de destituir al fiscal Rafael Curruchiche, señalado de dirigir procesos judiciales contra opositores y periodistas.
“No tengo idea de qué haré al volver (…) regresaré en una condición precaria pero estoy dispuesta a volver a trabajar incluyendo incursionar en la política, porque es un derecho y yo no renuncio a mis derechos”, afirmó la exfiscal guatemalteca.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El nombramiento sustituye a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos de corrupción y sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Durante el anuncio oficial, el mandatario destacó la importancia del cambio en la conducción del ente fiscal y subrayó la necesidad de renovar el sistema judicial del país.
García Luna es un juez de carrera con casi tres décadas de experiencia en el Organismo Judicial, donde ha ocupado cargos desde oficial y secretario hasta magistrado en materia penal.
Su trayectoria incluye funciones como juez de paz, juez de primera instancia y presidente de la Junta de Disciplina Judicial, además de experiencia académica como docente universitario.
“La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas, es el momento de dejar atrás ese pasado”, expresó Arévalo en su mensaje a la nación.
El presidente agregó que espera que la designación marque un nuevo inicio en la institucionalidad. “este sea el inicio de una nueva etapa de justicia”, afirmó.
El nuevo fiscal general asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, en un contexto de exigencias sociales para garantizar independencia judicial y combatir la corrupción.
Durante su proceso de selección, García Luna aseguró que su gestión se basará en la imparcialidad y la autonomía institucional.
“Un fiscal ‘no defiende intereses particulares, busca la verdad material y debe actuar con cero injerencia externa’”, sostuvo en su comparecencia.
Entre sus propuestas destaca implementar una persecución penal estratégica basada en análisis criminal, así como abandonar prácticas cuestionadas en la gestión anterior.
Su principal desafío será recuperar la confianza en el Ministerio Público y demostrar su independencia frente a presiones políticas.
El nombramiento se produce en un momento clave para el país, que busca fortalecer sus instituciones y enfrentar los problemas estructurales en el sistema de justicia.
La Comisión de Postulación de Guatemala aprobó el viernes una nueva nómina de seis candidatos para fiscal general, tras acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad que obligó a repetir la evaluación del proceso.
El listado será enviado al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 antes del 16 de mayo.
La nueva selección presenta un cambio relevante con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, considerada por analistas como una de las favoritas para el cargo.
En su lugar, fue incorporado Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público, quien logró ingresar a la nómina final tras la reevaluación.
La revisión de los 48 aspirantes se realizó luego de que el máximo tribunal determinara irregularidades en la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos candidatos.
Los seis seleccionados son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Por segunda ocasión, la actual fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista al no alcanzar los votos necesarios dentro de la comisión.
Durante la sesión, los comisionados señalaron que el nuevo proceso responde al cumplimiento estricto de la resolución judicial, pese a cuestionamientos sobre el criterio aplicado.
La decisión de la Corte estableció que la experiencia como juez no puede ser considerada automáticamente como práctica profesional válida para optar al cargo.
El proceso ocurre en medio de tensiones entre el presidente Arévalo y Porras, en un contexto marcado por disputas políticas tras las elecciones de 2023.
Con esta nueva nómina, se abre la etapa final para la designación del próximo fiscal general, en medio de expectativas sobre posibles cambios en la conducción del Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar repetir la fase de evaluación de los aspirantes.
La decisión responde a un amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria como jueces.
Con esta resolución, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá retroceder hasta la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.
El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación, sin considerar automáticamente los años en la judicatura como equivalentes a la experiencia profesional requerida.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada”, señala la resolución.
La Corte también enfatizó que el proceso debe garantizar criterios de mérito, capacidad e idoneidad, así como mayor transparencia en la asignación de puntajes.
“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina”, agrega el fallo.
La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina que había recibido el miércoles y retrasa la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.
Analistas consideran que esta decisión podría modificar la correlación de fuerzas dentro de la comisión y abrir la posibilidad de cambios en la lista final de candidatos.
Entre los escenarios que surgen tras el fallo está la eventual inclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no obtuvo los votos necesarios en la nómina anterior pese a contar con la calificación más alta.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que espera designar a un fiscal general que no proteja a actores corruptos, luego que una comisión de postulación seleccionó a los seis candidatos finales para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El mandatario subrayó la necesidad de contar con una institución sólida y comprometida con la justicia. “No apadrine a los corruptos”, enfatizó al referirse al perfil que debe tener el próximo titular del Ministerio Público.
Arévalo sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “persiga a los delincuentes”, sea “una institución seria” y “defienda los intereses de Guatemala”.
El presidente deberá elegir al nuevo fiscal entre los seis aspirantes, quien asumirá el cargo por un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo.
La actual titular, Consuelo Porras Argueta, quedó fuera del listado definitivo al no obtener los votos necesarios, lo que impide su reelección para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Porras Argueta enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, además de múltiples críticas por presuntamente socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
El proceso de selección también ha sido cuestionado, especialmente por otorgarle el máximo puntaje a la actual fiscal, pese a los señalamientos en su contra tanto a nivel nacional como internacional.
Los aspirantes elegidos por la comisión son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
Sin embargo, al menos tres de los candidatos han sido señalados en el pasado por presuntos vínculos con corrupción o irregularidades, según organizaciones civiles y reportes de medios locales.
Entre ellos, Estrada Barrientos fue vinculada a decisiones judiciales favorables a acusados por corrupción, mientras que Rivera Clavería ha sido mencionado por supuestos nexos con estructuras ilícitas, y Ávila Aparicio enfrenta cuestionamientos sobre su formación académica.
La comisión de postulación estuvo integrada por decanos de facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.
El Parlamento de Honduras destituyó este miércoles al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras concluir un juicio político en su contra iniciado el lunes, y procedió a nombrar como su reemplazo a Pablo Reyes.
La decisión fue respaldada por 93 diputados pertenecientes a cuatro de las cinco bancadas legislativas, según confirmó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional.
En contraste, los 35 legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza opositora y afín a Zelaya, optaron por abstenerse durante la votación.
La separación del cargo se concretó luego de que una comisión especial recomendara al pleno legislativo la destitución inmediata del funcionario tras evaluar su desempeño.
Previo a la votación final, el informe de dicha comisión fue aprobado en una sesión marcada por silbidos y consignas emitidas por los diputados de Libre, quienes manifestaron su rechazo al proceso.
Pablo Reyes asumirá el cargo para completar el período que le correspondía a Zelaya, quien había iniciado su gestión en diciembre de 2023 con un mandato de cinco años.
El proceso contra Zelaya se originó a partir de una denuncia que lo acusó de “actuaciones contrarias a la Constitución de la República” y de incurrir en “negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral”.
La acusación también señala que estas acciones “han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y autonomía de los órganos electorales y la democracia como forma de gobierno”, además de cuestionar actuaciones del Ministerio Público durante el proceso electoral previo a las elecciones generales de 2025.
