El presidente interino de Perú, José Jerí, enfrentará el próximo martes en el Congreso varias mociones de destitución, en un escenario político marcado por la cercanía de las elecciones generales del 12 de abril y tras cuatro meses de gestión transitoria rodeados de controversias.
Jerí, de 38 años, asumió la Presidencia el 10 de octubre en su calidad de titular del Congreso, luego de que el Parlamento destituyera a Dina Boluarte (2022-2025), quien había reemplazado al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). El abogado, militante del partido derechista Somos Perú, llegó al Legislativo en 2021 tras la inhabilitación de Martín Vizcarra (2018-2022) y, en pocos meses, pasó de congresista a presidente del Congreso y posteriormente jefe de Estado.
Su ascenso estuvo marcado por polémicas, entre ellas una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales del año pasado, que fue archivada por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, semanas antes de su elección como titular del Parlamento. También enfrentó señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, tras acusaciones de haber cobrado dinero para impulsar proyectos de ley cuando presidía la Comisión de Presupuesto.
Durante sus primeras semanas buscó diferenciarse de su antecesora, destituida por “permanente incapacidad moral” para enfrentar el crimen organizado, principal preocupación ciudadana de cara a los comicios.
Jerí impulsó medidas de seguridad inspiradas en el llamado “modelo Bukele”, con intervenciones en cárceles, exhibición de reos bajo control policial y declaración de estado de emergencia, lo que elevó su popularidad por encima del 50 % inicialmente.
Sin embargo, su imagen se deterioró tras revelarse reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, algunos contratistas del Estado, entre ellos Zhihua ‘Johnny’ Yang. También se cuestionaron contrataciones de funcionarias que sostuvieron encuentros privados con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Estos hechos provocaron que distintas bancadas busquen distanciarse del presidente interino en un contexto político inestable, donde Perú ha tenido siete mandatarios en la última década.
Más de 13.9 millones de ecuatorianos están llamados este domingo a las urnas para decidir, mediante referéndum, cuatro reformas propuestas por el presidente Daniel Noboa, entre ellas dos de alto impacto: convocar una Asamblea Constituyente y permitir nuevamente bases militares extranjeras, con Estados Unidos como principal interesado.
La consulta nacional se desarrollará en medio de una ola de violencia sin precedentes. Ecuador se ubica como el país más violento de Latinoamérica en 2025, con una proyección de 9,000 homicidios, lo que equivale a una tasa de 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Noboa atribuye esta crisis a las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones, y defiende que la Constitución vigente no le brinda herramientas suficientes para combatirlas.
El presidente, reelegido en abril hasta 2029, ha insistido en que la carta magna redactada en 2008 bajo el mandato de Rafael Correa limita su capacidad de reformar el país, atraer inversión y generar empleo. Con este referéndum, plantea sustituirla por una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente.
Si gana el «Sí», los ciudadanos deberán acudir a las urnas dos veces más: una para elegir a los miembros de esa Asamblea y otra para aprobar el nuevo texto constitucional. La propuesta surge tras la anulación de varias leyes promovidas por Noboa, consideradas inconstitucionales por la Corte Constitucional al haber sido tramitadas de forma exprés.
Uno de los cambios más polémicos es la posible reinstalación de bases militares estadounidenses en suelo ecuatoriano.
Actualmente, la Constitución prohíbe explícitamente este tipo de instalaciones. De aprobarse la reforma, se abriría la puerta para que Estados Unidos regrese con una base militar y otra de seguridad en la costa del Pacífico.
En el pasado, EE.UU. ya operó una base en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, y otra en Manta entre 1999 y 2009, cuando fue cerrada por esta misma prohibición.
Las otras dos preguntas de la consulta contemplan reducir el número de diputados en la Asamblea Nacional, de 151 a 73, y eliminar el financiamiento público para los partidos políticos. Sin embargo, el ambiente previo al referéndum ha estado marcado por la tensión social: el movimiento indígena y el bloque correísta han llamado a votar «No», como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que provocó protestas durante un mes, dos muertes y enfrentamientos con militares.
En paralelo, el presidente Noboa ha iniciado el traslado de líderes criminales a una nueva prisión, con el fin de replicar el «modelo Bukele», promesa de campaña con la que ascendió al poder en 2023.
Ecuador inició el viernes 14 de noviembre el período de silencio electoral previo al referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, cuya votación se realizará el domingo. La consulta definirá temas trascendentales como la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente y el eventual regreso de bases militares extranjeras al territorio ecuatoriano.
La campaña, que concluyó el jueves, estuvo marcada por dos hechos clave: la inauguración parcial de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el “modelo Bukele” y la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien evidenció el interés del presidente Donald Trump en reabrir una base militar en el Pacífico sur.
En un intento por reforzar su imagen en materia de seguridad, Noboa trasladó esta semana a los primeros reos a la nueva prisión, entre ellos varios líderes de bandas criminales que operan en el país. Esta política responde a su estrategia de declarar “conflicto armado interno” y calificar a las organizaciones delictivas como grupos “terroristas”.
Los detenidos, vestidos con uniformes naranjas y recluidos en celdas de concreto, fueron mostrados públicamente pese a que el complejo penitenciario aún no está terminado. Entre ellos se encontraba el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y detenido tras un polémico asalto a la Embajada de México en Quito, donde había recibido asilo.
Fotografía difundida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de presos durante su traslado a la nueva cárcel de máxima seguridad.
El correísmo, principal bloque opositor, condenó la exposición pública de Glas, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales para proteger su vida y salud. Desde la organización calificaron la acción como “humillante” y denunciaron el uso político de la imagen del exfuncionario.
Este referéndum también representa una disputa de fondo entre el correísmo y el Gobierno de Noboa. Mientras el primero defiende la vigencia de la Constitución de 2008, impulsada por Rafael Correa, el mandatario busca sustituirla mediante una nueva Asamblea Constituyente.
Dicha Constitución prohibió explícitamente la presencia de bases militares extranjeras, lo que en su momento forzó la salida de Estados Unidos de la base de Manta, operativa desde 1999. Ahora, con la posible victoria del “Sí”, se abriría la puerta para su reinstalación.
Durante su visita, Noem inspeccionó las instalaciones de las bases de Manta y Salinas, ambas en la costa ecuatoriana. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el interés estadounidense se centra en establecer un destacamento militar y una oficina de seguridad para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio en la región.
Sin previo aviso, el Gobierno de Ecuador trasladó el lunes a los primeros reclusos a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Esta prisión es el emblema del plan de seguridad del presidente Daniel Noboa y se inspira en el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. La medida coincide con una semana decisiva para Noboa, quien busca consolidar su proyecto político mediante un referéndum que podría convocar una Asamblea Constituyente.
La nueva cárcel es la primera de dos prometidas por Noboa al asumir el poder en 2023, como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Aunque su homóloga en la provincia amazónica de Napo fue cancelada por la oposición de comunidades locales, la de Santa Elena fue construida a contrarreloj y con fuerte resguardo gubernamental.
Ubicada en un área boscosa e inhóspita, la instalación se extiende sobre 16,2 hectáreas, a una hora por carretera desde Guayaquil. Está rodeada por un perímetro de altos muros y equipada con inhibidores de señal para evitar el uso de drones y dispositivos electrónicos. La comunidad más cercana, Bajada de Chanduy, ha denunciado que la obra se levantó en terrenos de su propiedad y planea acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con una capacidad máxima de 736 presos, la cárcel consta de tres módulos: alta seguridad, máxima seguridad y super máxima seguridad. El primero cuenta con 160 celdas para cuatro internos cada una; el segundo, con 32 celdas para dos personas; y el tercero, con 32 celdas individuales. En total, seis pabellones hexagonales conforman el complejo carcelario.
El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.
Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC
El costo de la obra asciende a 52 millones de dólares y fue ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes español, que comparte vínculos con la compañía estatal china China Road and Bridge Corporation. Aunque las obras aún no han finalizado por completo, el Gobierno optó por iniciar operaciones esta semana, en medio de una coyuntura política clave.
Los primeros reclusos llegaron rapados y vestidos con uniformes naranjas, similares a los del modelo carcelario salvadoreño. Estas medidas buscan facilitar su identificación y mantener el control visual en caso de motines o fugas.
La imagen de los presos alineados recuerda escenas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que ha sido ampliamente publicitado por el Gobierno de El Salvador.
El presidente Noboa ha defendido este enfoque como necesario para enfrentar la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado en el país, mientras sus detractores cuestionan el modelo por violaciones a derechos humanos y falta de garantías jurídicas. La prisión se convierte así en un símbolo de su lucha por el orden, en vísperas del referéndum que podría redefinir la Constitución vigente desde la era de Rafael Correa.
El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, entre los 300 presos trasladados a la megacárcel.
Exvicepresidente entre los reclusos
El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada Cárcel del Encuentro. Noboa divulgó una foto del exfuncionario con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.
Glas, que se encontraba recluido en La Roca, la cárcel hasta el momento de mayor seguridad del país, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de «asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida».
El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado el año pasado en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.
Antes de su detención dentro de la embajada mexicana, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tenía pendiente de terminar de cumplir una una pena de ocho años por dos condenas de corrupción. El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
