La organización Acción Ciudadana presentó este jueves su informe sobre Transparencia Activa en proyectos de Infraestructura Pública 2025, en el que advierte un retroceso en el acceso a información sobre obras públicas ejecutadas por instituciones del Estado.
El monitoreo el monitoreo “Transparencia activa en proyectos de infraestructura pública 2025” incluyó el seguimiento a 23 proyectos de infraestructura evaluados desde 2023, con el objetivo de verificar si las entidades responsables cumplen con la obligación de publicar información oficiosa en sus portales de transparencia, según lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
De acuerdo con el informe, los resultados evidencian bajos niveles de cumplimiento en la publicación de información oficial relacionada con proyectos de obra pública, lo que limita el acceso ciudadano a datos sobre ejecución, contratos o avances de las obras.
Acción Ciudadana también señaló que las reservas de información continúan vigentes en varias instituciones, lo que impide conocer detalles sobre proyectos emblemáticos financiados con fondos públicos.
La organización indicó además que identificar información en los portales de transparencia se ha vuelto más complejo, ya que parte de la documentación que estaba disponible en años anteriores ya no se encuentra o resulta difícil de ubicar.
El informe advierte que, pese a que algunos proyectos presentan inconvenientes en su ejecución o carecen de información pública, y advierte que la Asamblea Legislativa continúa aprobando préstamos para nuevas obras sin que exista claridad sobre la gestión de proyectos anteriores.
Disminución de transparencia
Según los datos recopilados, el nivel de transparencia activa disminuyó respecto a evaluaciones anteriores. Mientras que en 2024 se pudo acceder a 26 % de la información que debía estar publicada, en la verificación realizada entre agosto y octubre de 2025 únicamente se encontró 19 % de los datos requeridos.
En la evaluación, cada proyecto podía obtener un máximo de 23 puntos, de acuerdo con los criterios de información que exige la ley. Sin embargo, el mayor puntaje registrado fue de 16 puntos, lo que refleja que en ningún caso se encontró la totalidad de la información que debía estar disponible al público.
El informe también advierte que el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) concentra una parte importante de los recursos destinados a infraestructura y mantiene una tendencia a declarar bajo reserva información sobre proyectos relevantes, lo que limita el acceso a detalles sobre su ejecución.
Acción Ciudadana señaló que algunos proyectos nuevos considerados prioritarios por el oficialismo han sido aprobados por la Asamblea Legislativa sin mayor debate ni justificaciones técnicas, y que varios de ellos ya presentan reservas de información.
Ante este panorama, la organización advirtió que el bajo nivel de transparencia en la gestión de infraestructura pública representa un alto riesgo de corrupción, por lo que recomendó a instituciones contraloras como la Corte de Cuentas reforzar auditorías sobre estos proyectos.
