La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes del arresto de un hombre identificado como Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años de edad, quien fue detenido por presuntamente atacar con un corvo a su madre y a su padre en el distrito de Zacatecoluca en La Paz Este.
La institución policial informó que el detenido, que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y posteriormente la atacó con un corvo en distintas partes de su cuerpo causándole heridas.
Además, su padrastro también resultó lesionado en su cabeza tras intervenir en el ataque, informó la PNC por medio de una publicación de su cuenta de la red social X. En dicho post, la entidad policial informó que ambos fueron trasladados a un hospital y sus condiciones son estables.
No obstante, afirmaron que Peña Ortiz será enviado a las entidades pertinentes para responder por su delito.
En Zacatecoluca, La Paz Este, capturamos a Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años de edad.
Este sujeto en estado de ebriedad, amenazó a muerte a su madre, y la hirió con un corvo en distintas partes del cuerpo, al ver esto, su padrastro intervino y también lo lesionó en la cabeza.… pic.twitter.com/IaR9fC5j8B
En un hecho separado ocurrido este mismo lunes, la Policía también informó sobre la detención de Kevin Isaac García Rivas, de 29 años. Su arresto se efectuó en la calle Zacamil, en San Salvador, luego de que fuera reportado por causar daños al retrovisor de un vehículo tras un altercado captado en cámaras de video y publicado por usuarios en las redes sociales.
La Embajada de Estados Unidos entregó, a través del grupo militar estadounidense, seis cabinas médicas al Ministerio de Salud (Minsal) valoradas en más de $1 millón.
La actividad fue presidida por la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, acompañada del ministro de Salud, Francisco Alabi; el ministro de Medio Ambiente, Fernando López y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.
Fellows señaló que la entrega de cabinas de medidas tienen como propósito fortalecer el acceso a servicios de salud en comunidades con atención limitada, por lo que han sido ubicadas en puntos estratégicos “donde la gente vive y llegan visitantes de todo el país y del extranjero”.
“Estas clínicas ofrecen acceso a salud, más prevención y mayor tranquilidad para las comunidades que las utilizan. Tener servicios de salud accesibles y cercanos hace una enorme diferencia en la vida de las personas. Cuando la atención médica está al alcance, las familias pueden atenderse a tiempo y prevenir enfermedades o complicaciones que pueden afectar su bienestar a largo plazo”, expresó Fellows.
La encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos aseguró que las cabinas ya se encuentran activas, brindando atención médica a la población.
De las seis cabinas médicas entregadas, dos están ubicadas en el Parque Nacional Los Volcanes, sector San Blas, en Santa Ana y en los Parques Recreativos de Apulo en San Salvador, Amapulapa en San Vicente, y Ichanmichen en La Paz se ubican una, respectivamente. Además, se instaló otra en la Unidad de Salud Rancho Quemado en Morazán.
El ministro de Salud, Francisco Alabi señaló que las clínicas cuentan con todos los equipos como camillas, estetoscopio, termómetros, y hasta farmacia que son necesarios para la atención de emergencias.
“¿Qué vamos a atender en estas clínicas? lo que pueda presentarse en las zonas, una enfermedad crónico degenerativa, una subida de presión arterial, una descompensación de azúcar o accidentes que estén relacionados en las zonas turísticas que están ubicadas, una caída, herida, curación que pueda necesitar”, detalló el titular de Salud.
El Ministerio de Salud señaló que las cabinas médicas cuentan con un horario de atención de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
La Embajada destacó que cada una de las cabinas médicas fue diseñada para operar con bajo costo de mantenimiento y máxima eficiencia, “permitiendo ampliar la cobertura de servicios médicos».
El proyecto también incluyó la instalación de equipos especializados, capacitación del personal de salud y acompañamiento, con el objetivo de garantizar su integración efectiva al sistema del Ministerio de Salud.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que este domingo 18 de enero de 2026 se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en varias zonas de los departamentos de San Miguel y Morazán, debido a trabajos programados por la compañía eléctrica en la región.
Según el comunicado oficial, en San Miguel Centro los distritos afectados serán Moncagua, Uluazapa, Quelepa y San Miguel, mientras que en Morazán Sur la suspensión impactará a los municipios de Jocoro y El Divisadero.
La interrupción del suministro está prevista entre 6:00 a.m. y 12:00 p.m., durante el tiempo que duren las labores de mantenimiento eléctrico. ANDA explicó que una vez restablecido el servicio energético en las zonas mencionadas, los sistemas de agua potable retomarán su operación de forma gradual.
La autónoma recomienda a los habitantes de los municipios afectados tomar las medidas necesarias para almacenar agua con anticipación y así cubrir sus necesidades básicas durante las horas de suspensión.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron este lunes a dos conductores en la zona oriental del país por manejar en estado de ebriedad.
Uno de ellos fue identificado como Álvaro Ernesto Perdomo González quien reportó 301 grados de alcohol en aire aspirado, en su prueba de alcotest y fue detenido en la 8a calle Poniente de la colonia Ciudad Pacífica 4, en el distrito de San Miguel.
El otro conductor fue identificado como Sigfredo Josué Díaz Romero quien reportó 118 grados de alcohol en aire aspirado y fue arrestado en el kilómetro 185 de la carretera Ruta de Paz, en el distrito de Osicala, Morazán, informó la PNC en su cuenta de la red social X.
Tras estas detención, la institución policial informó que ambos sujetos serán remitidos ante las autoridades judiciales para que respondan por el delito de conducción peligrosa.
Por el delito de conducción peligrosa serán remitidos estos sujetos, detenidos en diferentes zonas del país:
????Sigfredo Josué Díaz Romero, con 118° de alcohol, manejaba sobre el km 185 de la carretera Ruta de Paz, en Osicala, Morazán.
Esta detención se suma a la de Boris Hason Ramírez Figueroa, de 24 años, quien fue arrestado el sábado por agentes de la PNC por ser el presunto responsable de un grave accidente de tránsito ocurrido en la calle que conecta Atiquizaya con San Lorenzo, en Ahuachapán.
Ramírez Figueroa perdió el control de su vehículo, saliéndose de la carretera y colisionando. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al acompañante del joven lesionado, indicaron.
La prueba de alcotest realizada a Ramírez Figueroa arrojó 147 grados de alcohol en aire aspirado. Por tal razón, las autoridades informaron que será procesado por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) informó que entre el 1 de hasta el 11 de enero las autoridades han arrestado a 58 salvadoreños por el delito de conducción peligrosa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que durante este año construirán una Unidad de Salud en Sabanetas-Nahuaterique, una de las zonas delimitadas con Honduras en los exbolsones, al norte de Morazán.
A través de un comunicado publicado en su sitio web, la institución diplomática informó que en coordinación con con el Ministerio de Salud construirán una Unidad de Salud que será debidamente equipada para atender a los habitante de la localidad afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.
Aunque la Cancillería no detalló el monto de la inversión, sí dijo que el proyecto será financiado por el Reino de Arabia Saudita. La institución explicó que eligieron este lugar para construir la Unidad de Salud porque es el sector «más extenso y poblado».
“Me llena de emoción informarles que iniciaremos la construcción de la Unidad de Salud, el cual facilitará que puedan acceder a este tipo de servicios de manera más oportuna y cercana, en instalaciones y condiciones adecuadas”. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.
La vicecanciller se reunió con los pobladores durante esta semana y les aseguró que también el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología intervendrá aparentemente varios centros escolares de la zona para su «reconstrucción y renovación» para «elevar la calidad educativa».
En esas tareas de infraestructura intervendría el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). La Cancillería aseguró que estas acciones son resultado de un «diálogo continuo» con las comunidades para «escuchar y dar respuesta a sus necesidades».
Relaciones Exteriores carnetizó a más de 18,000 pobladores de las seis zonas delimitadas con Honduras que fueron afectadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de septiembre de 1992.
La terminal de autobuses interdepartamentales Nuevo Amanecer, ubicada sobre el bulevar del Ejercito Nacional, en Soyapango, brindará servicio normal durante esta semana festiva aunque advierte que la frecuencia con la que transita el transporte podría reducirse durante este jueves 1 de enero.
El encargado de la Terminal Nuevo Amanecer, Antonio Armando Monroy, aseguró a Radio YSKL que «todo va a estar normal» en el servicio de transporte y que no tiene conocimiento de que alguna ruta de autobuses no vaya a prestar el servicio aunque reconoció que la frecuencia del transporte podría bajar para el jueves 1 de enero.
Monroy explicó que para el asueto del 1 de enero baja la afluencia de ciudadanos que hacen uso de los buses interdepartamentales, por lo que, también se reduce la frecuencia con la que salen los autobuses, eso se traduce, en más tiempo de espera para el transporte.
«Todo va a ser normal, lógicamente quizás en la frecuencia los días como 25 y 1 disminuirían un poco, por lo mismo que la frecuencia de la gente también baja. Sí hay servicio, solo que tal vez la frecuencia disminuiría un poco, pero de que hay, hay (servicio)». Antonio Armando Monroy, encargado de la Terminal Nuevo Amanecer.
El tiempo usual de espera para que un bus salga de la terminal va entre los 10 y 15 minutos dependiendo la afluencia de pasajeros. Algunas de las rutas que llevan a la terminal, ubicada en el límite entre Soyapango e Ilopango, son la 29A, la 41 A, B, C y D.
Reiteró que «todas las rutas van a estar disponibles», entre los destinos de los autobuses que llegan a la Terminal Nuevo Amanecer están las que van hacia el oriente como Usulután, San Miguel, Cabañas, San Vicente, Morazán y La Unión.
«Pasajeros vengan, visiten que va a estar igual, no va a haber cambio alguno» dijo Monroy, mientras recordó que los horarios de atención de la terminal van desde las 3:00 de la madrugada hasta las 8:00 de la noche según la afluencia de pasajeros.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 31 pandilleros con penas que ascendieron hasta a 650 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades fiscales identificaron a los imputados como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que delinquieron en San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, entre el 2016 y 2017.
La FGR dijo que la sentencia más alta, de 650 años, la recibió Gerber Natividad López Mejía, condenado por homicidio agravado y extorsión agravada.
A este le siguió Melquisedec Jiménez Zavala, sentenciado a 630 años de prisión por el delito de homicidio agravado, extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
Entre las sentencias también hay 260 años para Fidel Enemias Mejía Chicas, por el delito de extorsión agravada, así como 128 años para Nixón Edgardo Vásquez Vásquez, a quien el Tribunal encontró culpable de organizaciones terroristas y homicidio agravado.
Casos
La Fiscalía señaló que junto al resto de condenas, los procesados recibieron penas por extorsión agravada, organizaciones terroristas, homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y cohecho activo y evasión.
Entre los casos está el homicidio de una mujer a la que los mareros asesinaron en enero de 2016.
Además, los sujetos están relacionados con los preparativos para un intento de asesinato de una gente policial, en el 2017. Este mismo año, los pandilleros intentaron ayudar a un grupo de delincuentes a fugarse de un centro penitenciario donde estaban recluidos.
Antecedentes
En mayo de 2021, la FGR dijo que se emitieron siete órdenes administrativas contra un grupo de pandilleros entre los que se encontró Melquisedec Jiménez Zavala, acusados de lavar más de $400,000.
En agosto de 2024, Jiménez Zavala fue condenado a 644 años de cárcel luego de encontrarse culpable de 12 homicidios agravados y tres casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado.
En esta sentencia también se incluyó el esclarecimiento de 12 casos de extorsión agravada y organizaciones terroristas.
Para junio de 2025, Jiménez Zavala recibió otra condena de 663 años de prisión. Según la FGR, junto Herbert Luis Sánchez Cruz y Franklin Antonio Trejo Chavarría, cometió un caso de privación de libertad, 24 homicidios agravados, 12 extorsiones agravadas, dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, cuatro casos de actos preparatorios, proposición, conspiración en el delito de tráfico ilícito de drogas y asociaciones delictiva con agravación especial.
Solo con estas dos condenas y la emitida este mes, Jiménez Zavala ya acumula 1,937 años de prisión.
Esta última sentencia no es la única para López Mejía pues, según la FGR, en agosto de 2025 recibió una pena de 296 años de prisión por asesinar a seis personas, dos feminicidios agravados, tres privaciones de libertad, seis casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y una extorsión agravada.
Comandos de Salvamento, seccional Zacatecoluca, reportaron el domingo que una persona murió tras ser atropellada en la carretera Litoral, a la altura de la gasolinera Texaco de San Marcos Lempa.
Al llegar al lugar de los hechos, el personal de la institución, confirmó el deceso de la persona que se encontraba en el sitio. Ni la identidad de la persona atropellada ni las circunstancias de este hecho fueron reveladas
Racha de accidentes deja seis lesionados
Por lo menos seis personas resultaron lesionadas entre la noche del domingo y este lunes debido a accidentes de tránsito reportados en distintos puntos del país por Cuerpos de Socorro.
Uno de los siniestros ocurrió en la avenida Morazán y 8ª calle Oriente, donde Comandos de Salvamento Sonsonate reportó que un motociclista y su acompañante resultaron lesionados tras ser embestidos por una camioneta el domingo.
La institución identificó a los lesionados como Gertrudis Arévalo, de 43 años, y William Arévalo, de 37 años, ambos tenían múltiples lesiones y heridas en las piernas, por lo que fueron trasladados hacia un centro asistencial, informó Comandos en su cuenta de Facebook.
Por su parte, dicha institución pero seccional Ciudad Arce, atendió a otras dos personas lesionadas luego de un accidente entre un vehículo tipo sedán y una camioneta ocurrido el domingo en la carretera que conduce de Santa Rosa hacia San Juan Opico.
Este no fue el único siniestro atendido por la institución en la noche del domingo en dicho distrito, ya que otras dos personas resultaron lesionadas luego de accidentarse en la carretera Panamericana en el sentido que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, informaron por medio de su cuenta de Facebook.
Asimismo, la entidad reportó otras dos personas lesionadas tras un accidente en el kilómetro 27 de la carretera Panamericana en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana a la altura del sector conocido como “La Arenera”.
Comandos reportó que en el siniestro se vieron involucrados un bus de la Ruta 201 y un vehículo tipo camioneta, por lo que estas dos personas reportaron crisis nerviosa y fueron atendidas en el lugar por nuestro personal.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó entre el 1 de enero hasta el 13 de diciembre, 21,030 accidentes de tránsito que han dejado 12,490 personas lesionadas y 1,159 muertos por los siniestros.
El caso penal por la masacre de El Mozote fue elevado a juicio a finales de noviembre de 2025, confirmó este martes Cristosal a través de un comunicado, una organización que junto a Tutela Legal Dra. María Julia Hernández conforman la acusación particular de este proceso penal.
El presidente la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros Tobar, explicó a Diario El Mundo que las familias de las víctimas fueron notificadas por personal del juzgado que llegó a sus casas para entregarles un resumen de la notificación, esta última, un basto documento de más de 900 páginas.
“Nos notificaron, pero lo que pasa es que es bastante grande, lo que han hecho ellos es elevar a juicio el caso de El Mozote…solo para sentar en el banco de los acusados. Han convocado a algunos familiares para ver si tienen algo qué decir extra de los testimonios”, explicó esta semana Claros a Diario El Mundo.
Hasta el momento, ninguno de los testigos ha dicho que agregará a lo ya declarado ante la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien desde el 29 de septiembre del año 2021 asumió el proceso penal, tras la renuncia del juez Jorge Guzmán Urquilla.
Sin embargo, esta notificación no ha sido recibida por todas las partes. El abogado, acusador particular, Ovidio Mauricio de Tutela Legal, señaló que no ha recibido el escrito, sino que se enteró por la comunicación que tiene con APDHEM.
“Ha habido una resolución de El Mozote, de acuerdo al código del 73, la jueza ha resuelto elevar a plenaria; al elevar a plenaria es pues pasar a la etapa de contradicción o la etapa de debates, entonces, pero a nosotros no nos ha notificado nada; sí sabemos porque tenemos comunicación con el presidente del Comité de Víctimas de El Mozote, a ellos les notificaron”, manifestó esta semana.
Este 10 de diciembre se cumplen 44 años de la peor matanza en la historia moderna de El Salvador, perpetrada a manos del proscrito Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl, bajo la comandancia de Domingo Monterrosa, quienes junto a la tercera, quinta brigada de infantería del Destacamento Militar #4 y la Fuerza Aérea Salvadoreña, asesinaron a 978 personas entre el 10 y 13 de diciembre de 1981
Según el registro del mismo juzgado, de esas casi mil víctimas, 220 eran hombres, 200 mujeres, 293 eran niños y 248 eran niñas. Todos fueron señalados de ser supuestos guerrilleros y condenados a muerte en la operación Yunque y Martillo que desplegó el Ejército para tomarse Perquín y los lugares aledaños, un territorio que la Fuerza Armada de El Salvador concebía como de la guerrilla, durante el conflicto armado.
Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM). / Archivo DEM
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería, Luis Adalberto Landaverde Barrera (hoy coronel); el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
Los delitos
En este juicio desfilarán al menos 12 delitos que están consignados en el Código Penal de 1973:
Asesinato
Violación agravada
Privación de libertad agravada
Violación de Morada
Robo
Daños agravados
Estragos especialmente sancionados
Actos de terrorismo
Tortura
Desaparición forzada de personas
Y desplazamiento forzado
Pero la jueza, al agregar 10 imputados más, agregó los delitos de encubrimiento personal. La docena de delitos antes mencionados ya son catalogados como de lesa humanidad, y por lo tanto, son imprescriptibles; sin embargo, la jueza determinó que este último delito agregado tampoco prescribe.
La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en las comunidades Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, sin embargo, la mayoría de las víctimas se concentraron en El Mozote y el día más mortífero fue el 11.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.
Aunque negada, la masacre encontró eco a nivel internacional y el 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y exigió un proceso judicial para encontrar verdad, justicia y reparación.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó este martes a 10 años de cárcel a una pandillera del Barrio 18 debido a que fue encontrada culpable de extorsionar a una comerciante en el distrito de San Francisco Gotera en Morazán Sur, informó la Fiscalía General de la República´(FGR) por medio de un comunicado de prensa.
La pandillera fue identificada como Ligia Roxana Aguilar Merino, quien en mayo de 2015 extorsionaba mediante una llamada telefónica a una comerciante originaria de San Miguel a cambio de dejarla trabajar, detalló la FGR.
La víctima, atemorizada por las amenazas, denunció el hecho ese mismo día ante la Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel. Posteriormente, según la acusación fiscal, el 28 de mayo de ese mismo año, la pandilla se comunicó nuevamente con la víctima para exigirle el pago inmediato de la extorsión.
Ante las amenazas de muerte, la víctima accedió al pago solicitado. El pandillero le exigió que hiciera una remesa a nombre de Ligia Roxana Aguilar Merino, quien retiró el dinero ese mismo día en San Vicente, arrojaron las investigaciones de la FGR.
La condenada es integrante activa de la pandilla Barrio 18, pero fue sentenciada en ausencia, es decir, sin estar presente durante el juicio, informó la FGR en el escrito.
Esta nueva condena se añade a la informada el pasado lunes por la FGR donde el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado sentenció a, por lo menos, 30 miembros de la pandilla Barrio 18, facción Revolucionarios.
