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  • Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.

    Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

    “El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

    El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.

    Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.

    El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.

    Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.

     

  • Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.

    Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.

    Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.

    “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.

    Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.

    Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.

    El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.

    La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.

     

  • Fuerte pugna del gobierno guatemalteco con las pandillas por el control de las cárceles

    Fuerte pugna del gobierno guatemalteco con las pandillas por el control de las cárceles

    Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) mantienen una fuerte confrontación con el Gobierno de Guatemala desde el pasado 31 de julio, cuando sus principales líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, a 50 kilómetros al sur de la capital. La medida, impulsada para cortar la planificación de crímenes desde los penales, ha provocado una ola de motines y disturbios en varias prisiones del país.

    “Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, advirtió Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia y de la organización Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

    Según Ibarra, existe “un mal manejo del Sistema Penitenciario” y falta de inteligencia estratégica. Sin embargo, reconoció que a diferencia de gobiernos anteriores, la administración de Bernardo Arévalo de León sí ha emprendido acciones concretas contra los delitos que se planifican desde las cárceles.

     

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    Los traslados se ejecutaron dos días después del asesinato de siete personas en una funeraria de Ciudad de Guatemala, hecho atribuido a miembros de la Mara Salvatrucha durante el velorio de un integrante de la pandilla rival Barrio 18. Con el aislamiento en Renovación I, los cabecillas han perdido privilegios como visitas sin control o televisores gigantes, lo que ha reducido su capacidad para dirigir extorsiones y crímenes organizados desde prisión.

    El presidente Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han reiterado que no darán marcha atrás en la decisión, pese a la escalada de violencia. Solo en 2024, las autoridades y organizaciones civiles estiman unas 25,000 denuncias por extorsión contra comerciantes, transportistas y empresas, crímenes valorados en miles de millones de quetzales y que en su mayoría se coordinaban desde los penales.

    A juicio de Ibarra, aún está por verse la efectividad de las medidas, pues “este fenómeno criminal responde a estructuras y con quitar la cabeza no se desmorona la organización”.