Etiqueta: Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir)

  • Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazaron que Raquel Caballero de Guevara busque nuevamente su reelección como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, ya que señalan que su trabajo ha sido «todo lo contrario».

    Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuestionó que Caballero de Guevara busque reelección y señala que el gobierno la tiene en el puesto para «callar y encubrir».

    «No ha hecho ningún trabajo en defensa de los derechos humanos, no he podido encontrar ningún pronunciamiento suyo sobre los cientos, quizá miles, de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos 6 años del mandato. Está ahí para callar y encubrir, tal cual demuestra su silencio, su paso por dicha institución cumple casi al calco con el significado de la palabra pusilánime», cuestionó.

    El periodista agregó que, de los otros cuatro aspirantes a ocupar el puesto de procurador, aparte de Guevara, solo tiene referencias de Roswall Solórzano, a quien también cuestiona.

    «No conozco el perfil de las cinco personas que están aspirando, pero dos sí son caras conocidas por sus vicios y mañas. Una es funcionaria ligada al partido más cuestionado del espectro, Gana, y el otro es un sindicalista que se arrodilla al gobernante de turno», criticó.

    Arauz dice que solo hay que recordar cuando Caballero de Guevara fue procuradora por primera vez entre 2016 y 2019, cuando se conoció la contratación de un familiar en la institución.

    «Raquel Caballero de Guevara cumple con el perfil de ‘los mismos de siempre’, acuñado por el mismo partido de gobierno. Basta recordar la señora Caballero, estuvo EN ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019 gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y Gana. Volvió y quiere mantenerse en esa institución, pese a que ya ha sido declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)», aseveró el presidente de APES.

    Por su parte, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo no sorprenderse de que la procuradora busque la reelección y que seguramente será la elegida porque «ha hecho la plana tal y como se la ha dictado» Nayib Bukele, que para ella ha sido «ser adorno» y «abandonar a las víctimas que todos los días acuden a la PDDH a denunciar violaciones de derechos humanos» ya que reciben «dilación en los procesos, negación de esas violaciones e incluso criminalización».

    Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, Caballero de Guevara debería responder preguntas sobre denuncias de violación de derechos humanos, como: ¿por qué no ha acompañado las demandas de habeas corpus de pesronas detenidas bajo el régimen de excepción?, ¿cuál ha sido su papel de los más de 430 fallecidos en custodia del Estado?, ¿por qué no ha dicho nada por la persecución contra periodistas y su salida del país?, ¿por qué  no se ha pronunciado sobre la expropiación en comunidades?

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), consideró «lamentable» que Caballero de Guevara busque la reelección en la PDDH cuando su trabajo ha sido nulo.

    «Es lamentable, pues ella ha tenido un papel totalmente contrario a defender a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, creo que no merece pretender continuar en el cargo. Por dignidad, debería mejor apartarse. Pero creo que es la misión que tiene ella. El presidente no va a querer poner a otra persona porque ella es de mucha confianza», dijo Ramírez.

    El líder de Movir señaló que lo mismo sucedió con el titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, de quien consideró que «ha actuado opuesto a las víctimas» y fue reelecto.

  • Procesados por caso de la "raza estudiantil" fueron trasladados a penales de Izalco, Ilobasco y Apanteos, según Movir

    Procesados por caso de la «raza estudiantil» fueron trasladados a penales de Izalco, Ilobasco y Apanteos, según Movir

    El grupo de jóvenes vinculados al caso de la «raza estudiantil» fue recientemente trasladado a diferentes centros penitenciarios del país, informó el vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), Samuel Ramírez.

    De acuerdo con el vocero de la organización, los procesados fueron enviados a los penales de Izalco, en Sonsonate; Ilobasco, Cabañas y Apanteos, en Santa Ana tras haber permanecido en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), según le notificaron los padres de familia a Movir.

    «Los menores (de edad) fueron trasladados al centro penal de Ilobasco, donde estan los menores de edad y los que pasan los 18 años los han llevado al (penal) de Izalco, al sector 1, y una joven brillante con buenas notas está ahorita en Apanteos, pero no sabemos en qué condiciones están»
    Samuel Ramírez, vocero de Movir

    Ramírez señaló que muchas madres cuentan con pruebas que, según afirman, demuestran la inocencia de sus hijos. «Nosotros hemos hablado con algunas madres de familia donde ellos tienen como comprobar su inocencia, tienen la constancia de estudios, las madres tienen como comprobar que son inocentes», dijo el vocero de Movir.

    Los procesados corresponden a 34 mayores de edad y 14 menores, quienes fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener cargos dentro la estructura delincuencial.

    El 24 de junio de 2025, la Fiscalía giró órdenes de captura y se ejecutaron en cuatro centros educativos el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según la FGR.

    El 12 de julio del presente año, los imputados fueron enviados a detención provisional por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, en una audiencia de imposición de medidas.

    Los jóvenes fueron acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, falsificación, tenencia o alteración de monedas y lavado de dinero y activos; así también amenazas agravadas, violencia contra funcionario público, autoridad pública y personal de seguridad de centros penales.

    El Gabinete de Seguridad sostuvo que los jóvenes detenidos buscaban retomar actividades pandilleriles, como se habían formado en años pasados al interior de los centros educativos.