La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Cristal Azucena Serpas Hernández a quien señala de presumir su pertenencia a la Mara Salvatrucha (MS-13) a través de las redes sociales.
Junto con la foto de la captura, la Policía compartió imágenes en donde aparecería Serpas Hernández, de 20 años, realizando señales presuntamente ligadas a la MS-13.
En su publicación, la PNC dijo que la mujer fue capturada en la colonia 10 de Octubre, en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur.
“Será remitida por resistencia agresiva mientras se investigan otros delitos”, indicaron las autoridades policiales.
La Policía también dijo que indaga sobre otras jóvenes que aparecen en las fotografías junto a la detenida.
Cristal Azucena Serpas Hernández, de 20 años de edad, presumía su pertenencia a la MS13, a través de redes sociales.
Nuestros equipos la capturaron en la colonia 10 de Octubre, San Marcos, San Salvador Sur.
En las últimas horas la PNC detuvo a Santos Abel Martínez, de 41 años, perfilado como «homeboy» (miembro) de la MS-13 y parte de la clica Sailor Locos Salvatruchos.
Según las autoridades, Martínez intentó ocultar los tatuajes que lo vinculan con el grupo delictivo por unos de tipo artístico.
La captura de este último se realizó en la lotificación Miguelito, en el municipio de San Miguel Centro, por miembros de la PNC.
En las afueras de la capital, en Rosario de Mora, municipio de San Salvador Sur, la Policía detuvo a Élmer Antonio Salinas Díaz, alias «Parodi», miembro del Barrio 18, facción Revolucionarios.
Las autoridades dijeron que el hombre pertenece a la clica Santa Isabel, que delinquía en el cantón El Jutillo, en Rosario de Mora.
Ambos hombres serán remitidos por la PNC por agrupaciones ilícitas.
Santos Abel Martínez fue capturado en el municipio de San Miguel Centro. /PNC
La PNC dijo que Elmer Antonio Salinas Díaz tiene el rango de gatillero en la pandilla 18 Revolucionarios. /PNC
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años y un mes de cárcel a tres pandilleros que extorsionaron a un comerciante en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que William Vladimir Castro Colocho, Dennis Arely Huezo Colocho y Glenda Maricel Ayala Martínez son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fueron condenados por el delito de extorsión agravada.
El Tribunal también resolvió que cada procesado pague $600 a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Centros Judiciales El Salvador informó en sus redes sociales que el caso procedió luego de que se presentara una denuncia el 16 de noviembre de 2023, ante la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los hechos
La FGR dijo que la extorsión se cometió a inicios de abril de 2022, cuando los pandilleros llegaron al establecimiento donde se encontraban varios comerciantes y advirtieron que todo el que tuviera negocios en la zona controlada por la MS-13 deberían pagar renta.
Castro Colocho fue el encargado de lanzar la advertencia y exigir directamente $50 cada 15 días a la víctima.
Centros Judiciales indicó que la recolección del dinero fue gestionado por las tres personas.
Las investigaciones revelaron que Huezo le exigió a la víctima entregar $2,000 para el 16 de noviembre de 2023, en “apoyo” a pandilleros detenidos.
“La víctima manifestó que no había logrado reunir la suma solicitada y pidió más tiempo; sin embargo, al día siguiente la víctima supo que los imputados habían sido capturados por el delito de agrupaciones ilícitas”, indicó Centros Judiciales.
La PNC confirmó la captura de Castro Colocho, alias callejero, en julio de 2022, cuando se aseguró que sería procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
En su publicación, la Policía dijo que el hombre tenía un récord delictivo que daba de 2007, por agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos, conducción peligrosa, resistencia y receptación, así como amenazas y homicidios.
Por este caso fue condenada Glenda Maricel Ayala Martínez. /FGRLa Fiscalía dijo que Dennis Arely Huezo Colocho es miembro de la MS-13. /FGR
Los gobiernos de El Salvador han estado negociando los términos de las deportaciones de los migrantes extranjeros aseveró en su visita el senador republicano Ted Cruz, luego de que más de 250 migrantes venezolanos estuvieran recluidos en El Salvador durante cuatro meses. Todos fueron señalados de integrar la banda criminal «Tren de Aragua» por el gobierno de Estados Unidos y ahora están en Venezuela.
“El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una buena relación, y ellos han estado negociando los términos de las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador”, fueron las palabras del senador republicano en El Salvador, a la pregunta de un periodista sobre si pediría al presidente Nayib Bukele que El Salvador acepte migrantes que están detenidos en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, tal como ya pasó con los venezolanos.
En la misma conferencia, brindada el martes por la noche, el senador también respondió que Bukele ha sido un “socio importante” en la respuesta que ha dado el gobierno de Trump a la crisis “por los últimos cuatro años” del gobierno de Joe Biden, a quien señaló de mantener las fronteras “abiertas” por lo cual ingresaron “asesinos, violadores y miembros de pandillas” a Estados Unidos. El funcionario destacó la reducción de los cruces fronterizos ilegales desde la gestión Trump.
El senador Ted Cruz en el Cecot, en El Salvador, el 26 de agosto. / Seguridad.
“El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo similar aquí en El Salvador, ustedes tienen un líder electo por la población que no se rendirá a los cárteles y los criminales, pero sí va a proteger a la población”, finalizó su respuesta sobre si pediría al presidente salvadoreño recibir más inmigrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos.
El senador Cruz visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según las fotografías publicadas tanto por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y por el mismo senador.
“Recorrimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo Cecot, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Sin duda esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, indicó Villatoro, quien presentó a El Salvador como un “referente” en seguridad ante otras naciones.
Ted Cruz elogió la estrategia de seguridad de El Salvador. / Ted Cruz.
El CECOT fue el escenario principal del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recluir a migrantes extranjeros expulsados por la administración Trump y señalados de ser criminales, aunque sin proceso judicial o condena. El gobierno de El Salvador también pidió a EEUU que le envíe a los “sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos”.
El acuerdo se dio a cambio de $20,000 anuales por prisionero o $6 millones anuales e inició el 16 de marzo con la deportación de 238 venezolanos señalados de integrar la pandilla Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. El 31 de marzo, EE.UU. deportó a otros 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la MS-13.
La mayoría de venezolanos se mantuvieron en el Cecot durante 125 días, del domingo 16 de marzo al viernes 18 de julio, día en el cual El Salvador devolvió a todos los venezolanos (252) en un acuerdo a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos.
Un mes después, el 18 de agosto, la BBC publicó un reportaje sobre el maltrato que denuncian ocho venezolanos mientras estuvieron recluidos en el Cecot, entre los cuales mencionan golpizas, tablazos, golpes en las costillas, encierro de 24 horas diarias, torturas en “La isla” o celda de aislamiento, y un caso de abuso sexual de cuatro guardias contra el maquillista Andry Hernández. Todos, según la BBC, estuvieron “incomunicados” con familiares y defensores. Dos de los ocho tenían órdenes de deportación.
Estados Unidos ha expulsado a migrantes extranjeros a otros países como Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Costa Rica y México. Según la BBC y The Guardian, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno de Trump por la deportación de migrantes sin órdenes judiciales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El senador republicano aseguró que Nayib Bukele no se rendirá a los cárteles y a los criminales. / Seguridad.
Dos pandilleras de la MS-13 fueron condenadas a 30 años de prisión cada una por el delito de extorsión agravada en el distrito de San Pedro Masahuat, La Paz Oeste, informó la Fiscalía General de la República (FGR)..
Las condenadas fueron identificadas como Sharon Maderick Escobar Cerón y Laura Liseth Flores Hernández, ambas integrantes de la clica Miraflores Locos Salvatruchos. Además de esta sentencia, enfrentan otros procesos judiciales por delitos vinculados a estructuras criminales.
Según las investigaciones, las dos pandilleras interceptaron a su víctima y la obligaron a subir a un vehículo, donde la amenazaron de muerte si no pagaba la llamada “renta”. “Si no nos das el dinero, te vamos a quitar la vida”, fue el ultimátum que recibió la persona afectada, relató la Fiscalía.
Por temor, la víctima accedió a entregar cuotas de dinero durante varios meses hasta que las autoridades documentaron el caso y presentaron las pruebas que llevaron a la condena.
La FGR destacó que la sentencia representa un avance en la lucha contra las estructuras criminales que operan en La Paz y reiteró su compromiso de perseguir penalmente los delitos de extorsión y amenazas de muerte en todo el país.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Miguel condenó a 243 años de cárcel a Julio César Vásquez Flores, miembro de clica Los Coronados Little Saycos de la MS-13, a quien se le declaró responsable por los delitos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Según indicó la Fiscalía General de la República (FGR), a Vásquez Flores se le comprobó como responsable de cometer al menos 16 casos extorsiones agravadas, así como un caso de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, en el departamento de Morazán. El imputado fue sentenciado en calidad de rebelde.
El Ministerio Público aseguró que el imputado tenía la función de «paro» en la estructura pandilleril. De igual forma, se sentenció a otros dos pandilleros identificados como Santos Maximino Orellana Vásquez (rebelde) y Mario Ernesto Vargas Argueta (presente) a 14 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y de agrupaciones ilícitas.
«Las víctimas de estos terroristas eran comerciantes que en 2015 pagaron la extorsión por miedo a que los imputados cumplieran sus amenazas», agregó.
La Fiscalía señaló que los imputados fueron declarados culpables de cometer graves delitos en el distrito El Divisadero, en el sector conocido como kilómetro 18, y en los cantones Santa Anita y Las Conchas, todos pertenecientes al departamento de Morazán.
Otras penas
En otras condenas, el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de cárcel a Sharon Maderick Escobar Cerón y Laura Liseth Flores Hernández, miembros de la clica Miraflores Locos Salvatruchos de la MS-13, declaradas culpables del delito de extorsión agravada continuada en perjuicio de una persona en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Escobar Cerón y Flores Hernández interceptaron a la víctima cuando se encontraban en un vehículo automotor y la obligaron a subirse para exigirle dinero a cambio de no atentar en contra de su vida. Los hechos ocurrieron en abril de 2022, en el distrito de San Pedro Masahuat de La Paz Oeste
«Con intimidaciones de hacerle daño, le demandaron una considerable suma de dinero. La víctima por temor se comprometió a entregarles el efectivo, pero en cuotas, comenzando desde el mes de abril hasta septiembre», agregó la FGR.
En el juicio, se comprobó con diferentes pruebas documentales, testimoniales y periciales que ambas mujeres cometieron el delito que se les atribuye, por lo que se les impuso la pena de 30 años de prisión, a cada una. Además, se les ordenó pagar un total de $2,500 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Por otra parte, en un procedimiento abreviado, el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel impuso una pena de 10 años de cárcel en contra de Armando Romeo Martínez Gutiérrez y José Enrique Bonilla Ayala, luego de aceptar que extorsionaron a un comerciante del centro de la ciudad migueleña.
La representación fiscal indicó que ambos imputados tienen el rango de «paro» en la clica calle Amargura Salvatruchos de la MS-13 y el 18 de mayo de 2022, le exigieron al propietario de un negocio el pago inmediato de la extorsión y por miedo a las amenazas la víctima denunció el crimen en la Policía Nacional Civil (PNC).
«Los pandilleros le hablaron por teléfono a la víctima y le exigieron dinero, así como producto de su negocio a cambio de dejarlo trabajar en la zona y no asesinarlo», detalló la Fiscalía.
El senador republicano Ted Cruz informó este miércoles que el martes se reunió con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y que conversaron sobre las “tácticas antiterroristas de vanguardia” usadas en El Salvador “para combatir las pandillas”.
“Ayer me reuní con el presidente Bukele, el ministro de Justicia (Gustavo) Villatoro y otros líderes aquí en El Salvador. Discutimos cómo El Salvador desarrolló tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos de la Tierra a uno de los más seguros, reduciendo la tasa de homicidios en un 98%. Lo que estoy viendo sobre el terreno es un éxito asombroso”, informó el senador estadounidense en X.
El presidente Nayib Bukele agradeció al senador republicano Ted Cruz. / Tomada de @SenTedCruz.
El presidente salvadoreño le agradeció al senador. “Fue un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestro país”, dijo Bukele, sin revelar más el contenido de la reunión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que en la reunión con el senador Cruz, él “tenía mucho interés sobre la infraestructura legal que se ha montado porque es bastante innovadora”.
La reunión entre el senador Ted Cruz y el presidente Bukele se dio el martes. / Tomada de @SenTedCruz.
Cruz ha asegurado que la colaboración entre El Salvador y Estados Unidos “se va a enfocar en golpear duramente a las pandillas transnacionales” y reveló que ambos gobiernos están “negociando los términos de las deportaciones” de migrantes extranjeros de Estados Unidos a El Salvador y se mostró a favor de la deportación a El Salvador de cabecillas de la pandilla MS-13 que son acusados en Nueva York por graves crímenes cometidos en Estados Unidos.
El senador Ted Cruz junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele, y la secretaria de Comunicaciones de Presidencia, Sofía Medina. / Tomada de @SenTedCruz.
El senador republicano Ted Cruz, del estado de Texas, mostró su confianza en que les caerá “todo el peso de la ley” a los cabecillas de pandillas procesados por graves crímenes en Estados Unidos que sean retornados a El Salvador ante una petición del gobierno salvadoreño.
“Es una propuesta que tiene mucho sentido, los Estados Unidos se enfocarán con toda la fuerza de la ley en detener a estas personas que justamente el presidente Trump ha nombrado como terroristas y sabemos que ellos han cometido una serie de crímenes horrendos como violaciones, trata de personas”, expresó Cruz, en una conferencia en la que anunció que El Salvador y Estados Unidos negocian los términos de las deportaciones de migrantes extranjeros, un acuerdo que inició con más de 250 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
“Sabemos que el presidente (Nayib) Bukele, que es un gran aliado, tampoco va a tolerar la violencia y, cuando vengan estas personas a enfrentar la justicia les caerá todo el peso de la ley”, respondió, ante la pregunta sobre si Estados Unidos confía en un aliado pese a señalamientos de un pacto con las pandillas y la liberación de un cabecilla que cumplía la condena.
“El trabajo del presidente Bukele ha sido extraordinario, él está encarcelando a asesinos en serie”, insistió, ante una repregunta sobre el supuesto pacto con las pandillas durante la gestión de Bukele.
El político estadounidense subrayó la disminución de la tasa de homicidios en El Salvador de 100 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9.
“He platicado con personal de la Embajada, militares de Estados Unidos, los comentarios han sido unánimes y todos dicen que se sienten más seguros, que pueden caminar a casa sin temor a ser secuestrados y esa es la labor más importante”, reiteró.
En abril pasado, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reveló que una de las primeras peticiones del presidente Bukele al aceptar recibir a supuestos pandilleros del Tren de Aragua, fue que Estados Unidos enviara a los “sicarios de la MS-13”. “Y estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador”, expresó. También, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo el 4 de febrero que esta petición era un “tema de honor”.
Un total de 27 cabecillas del “más alto rango de la MS-13” han sido imputados con cargos en el Distrito de Nueva York, Estados Unidos, acusados de asesinatos, atentados de asesinatos, agresiones, secuestros, narcotráfico, extorsión de personas y negocios, obstrucción de la justicia.
Un juez federal en Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del expresidente Donald Trump abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el juicio del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de transportar personas indocumentadas en territorio estadounidense.
La medida, adoptada por el magistrado Waverly Crenshaw, busca preservar la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta Abrego en Nashville, Tennessee, donde fue trasladado tras haber permanecido por error en una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante casi tres meses.
“Para garantizar un juicio justo, todas las partes y sus representantes están obligados a evitar declaraciones extrajudiciales que interfieran con el derecho constitucional del acusado”, señaló Crenshaw en su resolución.
El juez recordó que Ábrego debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
La defensa legal del migrante salvadoreño denunció ante el tribunal las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una conferencia de prensa lo calificó de “monstruo” y “ser humano horrible”.
Noem también lo acusó sin juicio previo de haber cometido delitos como tráfico de personas, violencia doméstica y abuso sexual, pese a que Ábrego no ha sido condenado por esos cargos. “Nunca debería ser liberado”, afirmó la funcionaria públicamente, generando preocupación en los abogados sobre una posible contaminación del jurado.
Críticas por trato a migrantes
El caso ha generado repercusión internacional, especialmente entre defensores de los derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración Trump. Ábrego fue uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron deportados sin juicio y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, lo que organizaciones civiles han denunciado como una forma de “desaparición forzada”.
Los abogados del migrante salvadoreño aseguraron que la campaña del Gobierno para vincularlo con la pandilla MS-13 carece de fundamento judicial y que ningún tribunal en EE.UU. lo ha acusado formalmente por esos delitos.
“La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo, su seguridad personal y la integridad de los procedimientos legales”, indicaron los abogados en un escrito dirigido al juez.
Ábrego, quien lleva más de una década viviendo en Maryland junto a su familia, se ha convertido en símbolo de las críticas contra las deportaciones masivas y detenciones arbitrarias impulsadas por el Gobierno republicano.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 23 pandilleros de la MS-13 a penas de hasta 230 años de cárcel por 18 delitos cometidos en los departamentos de San Miguel y La Unión.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre los procesados se identificó a René Asmel Díaz Serpas, quien fue condenado a 165 años de prisión por cinco casos de homicidios agravados, uno de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, un caso de extorsión agravada y un robo agravado.
También se impuso una pena de 130 años de cárcel para Alexis Antonio Castro Bonilla por agrupaciones ilícitas y cinco homicidios agravados, mientras que Jorge Luis Hernández Centeno recibió 60 años por agrupaciones ilícitas, dos homicidios agravados y una extorsión agravada, y a 50 años de años para Juan Orlando Valle Urias por dos homicidios agravados.
Los imputados fueron encontrados culpables de cometer entre los años de 2018 y 2019, nueve homicidios agravados, cinco extorsiones agravadas, un caso de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado,así como un delito de tráfico ilícito de drogas, un robo y un hurto.
La Fiscalía detalló que entre las víctimas se identificó a una pareja de esposos que fue asesinada el 11 de enero de 2019, en la colonia Joel Natus, del cantón Playas Negras, distrito de Conchagua, La Unión.
«Los terroristas llegaron hasta la casa de las víctimas y les dispararon hasta matarlos. La pandilla consideraba que el hombre era informante de la Policía Nacional Civil (PNC)», dijo la representación fiscal.
En vista pública estuvieron presente 20 pandilleros y los tres restantes fueron condenados en rebeldía.
Más penas
En otros hechos, se sentenció a cinco pandilleros de la MS-13, de la clica Wester Locos Salvatruchos a penas de hasta 204 años de cárcel por múltiples delitos.
Los imputados condenados fueron Wilfredo Iván Castro Lemus a 204 años de cárcel; Eugenio Antonio Rivera Hernández a 155 años de prisión y Fernando Eliezer Gómez Díaz a 40 años.
A ellos se sumó, Manuel Antonio Cristales Díaz y José Javier Rivera Hernández, quienes fueron sentenciados a cinco años de cárcel.
Los procesados fueros encontrados responsables de los delitos de homicidios, extorsión, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y extorsión agravada.
Las penas se impusieron en un Tribunal de Crimen Organizado de Santa Ana, según la información de Fiscalía.
La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.
La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.
Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.
La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.
El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.
Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.
El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump.
