Seis de cada 10 despedidos en El Salvador laboran en el sector de servicios, según un documento de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
Los datos, divulgados en diciembre a través de un observatorio internacional, confirman que entre 2023 y 2024 se registraron 16,893 despidos a nivel nacional, entre sector público y privado.
Ormusa aseguró que los datos corresponden a un recurso a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).
De esta porción, 10,200 casos fueron personas que laboraban en el sector de servicios, un 60 % del total.
Por su parte, en la industria se ejecutó un 21 %, con 3,594 despidos, y en el de comercio un 16 %, con 2,778 casos.
En la lista también se incluyen 321 despidos en el sector agricultura, correspondiente a un 2 % del total.
Del total de personas despedidas en ambos años, un 66 % correspondió a hombres y un 34 % a mujeres.
Por tanto etario
Según los datos del MTPS, las personas que tienen entre 30 a 49 años tienden a ser las que ocupan la mayor proporción de despidos, con un 46.2 % del total.
De forma detallada, del total de personas que fueron separadas de sus cargos, 7,809 tenían entre 30 y 49 años, 5,964 de 16 a 29 años, y 3,120 50 años o más.
“A la fecha, las cifras son sustancialmente superiores, ya que organizaciones sindicales estiman que de enero a octubre de 2025 se registraron más de 18,500 despidos en el sector público y municipal”, añadió Ormusa.
El documento revela que, entre 2023 y 2024, también se detectaron 31 hombres y 176 mujeres despedidas con protección legal reforzada, es decir que eran mujeres embarazadas, trabajadoras en garantía de maternidad, personas con enfermedades crónicas o directivos sindicales.
El Sindicato de Trabajadores Gremiales de la Seguridad Privada Salvadoreña (SITRAGSPSAL) denunció esta mañana más de 200 despidos injustificados ejecutados por la empresa G4S Secure Solution El Salvador desde junio de 2025.
El secretario general de SITRAGSPSAL, Julio César Martínez, aseguró que la justificación de la empresa, relacionada con estos despidos, se enfocó en la finalización de dos proyectos.
“De esta empresa han sido despedidas cerca de 200 personas porque dicen que se acaban los proyectos y no hay donde ubicarlos, si nos vamos a los spot que están publicando en redes sociales vemos que están contratando para Sonsonate, San Miguel, otro lugar”, indicó Martínez.
A estos se suman el primer caso de 2026, relacionado con un guardaespaldas con 25 años de antigüedad al que la empresa pretendía reducir su salario y cambiar de puesto, o solicitar que renunciara.
“Lo llamaron a la oficina, llegó con recursos humanos y le dijeron que se iba a quedar como guardia, reducirle el salario al mínimo, si acepta bueno o sino vaya a poner su renuncia. Si ya no quiere tener un elemento que lo liquiden al 100 %”, añadió el sindicalista.
El sindicato aseguró que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) relacionado con este último caso. Además, también se abrió un diálogo para llegar a un acuerdo de conciliación en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) en los Juzgados de lo Laboral.
El sindicato ya registró el primer despido injustificado de 2026 y ya presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo e iniciaron un diálogo con la PGR. /Alexander Montes
Del total de la indemnización que le correspondería al trabajador, indicó Martínez, la empresa solo externó en primer momento en entregar un 56 % de lo que le correspondía. Posteriormente, luego de las primeras manifestaciones, subió a un 75 % y luego a un 80 % la oferta, cuando la ley dictamina un 100 % cuando se ejecuta un despido.
Despidos
La situación del guardaespaldas perjudicado no es única, el sindicato reconoce que los más de 200 despidos registrados en el último semestre de 2025 también sereportaron exigencias de renuncias o indemnizaciones incompletas.
“Es lo que hacen, matar el tiempo para que la gente se agote y dicen que eso deme”, indicó Martínez.
A estos despidos de G4S se suman más de 250 guardias más que laboraron hasta el año pasado en el Ministerio de Salud (Minsal).
“En el área de salud la justificación fue que no había dónde colocarlos porque como lo iba a sustituir parte del gobierno con lo que eran los señores soldados y PNC”, dijo el sindicalista.
El Secretario general aseguró que se dialogó con la patronal, de estos últimos casos, y se llegó a una liquidación al 100 % de la indemnización y prestaciones para los trabajadores.
Situación laboral
A modo de presión para ser escuchados, este 23 de enero los sindicalistas recorrieron diferentes empresas de San Salvador que subcontratan los servicios de G4S con el fin de que los clientes conozcan la situación actual del sector de seguridad privada.
Durante una de estas concentraciones, Martínez externó falta de humanismo por parte de la empresa G4S con sus trabajadores, por ejemplo, señaló que en una ocasión la empresa no dejó que un guardia tuviera acceso a su celular para conocer sobre el estado de salud de su madre. Privado del aparato, la progenitora del trabajador murió y él se enteró hasta el siguiente día, cuando su turno finalizó.
Además, algunos trabajadores padecen de restricciones cuando deben asistir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), porque, antes de asistir a alguna cita, necesitan presentar documentación y avisar con previamente su salida.
“Compañeros que pasan enfermos, se agravan más la situación, le dicen que no tienen gente pero están despidiendo gente”, sumó Martínez.
Por otro lado, algunos laboran hasta 36 horas seguidas por tal de suplir turnos que no les correspondían.
A esto se suman advertencias de no manifestarse porque son amenazados, con acusaciones ante las autoridades de seguridad pública, con el régimen de excepción.
Para Martínez la situación es intolerante, porque el país cuenta con convenios ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que garantizan la libertad de expresión y sindical.
Además, el sindicato aseguró que no se pagan horas extras, así como que la empresa no se sumó al pago voluntario de la quincena 25 con la justificación de que el director general de G4S dijo que “no aplicaba para la administración”.
Uniformes con entrega tardía y amenazas de amonestaciones sin causa son otros de los problemas que aquejan día a día a los trabajadores de G4S, señaló SITRAGSPSAL.
El sindicalista hizo un llamado a la casa matriz de G4S en Londres, Inglaterra, para que auditen e inspeccionen los proyectos y casos de injusticias que se han cometido por parte de la actual administración en El Salvador.
SITRAGSPSAL pidió la destitución del director general en El Salvador con el fin de que el mando de la empresa recaiga sobre alguien que “verdaderamente abogue” por el trabajo en equipo.
El ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, aclaró este martes que la exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR) por pago de la quincena 25 será válida solo para el 2026.
Durante una entrevista en Diálogo 21, el funcionario fue consultado sobre la continuación del incentivo en los próximos años, a lo que Castro recordó que en este 2026 se aplicó la medida como tema de predictibilidad para las empresas.
“El incentivo es para este año por el tema de predictibilidad, de ahí toda empresas lo tiene que presupuestar para el próximo año”, destacó Castro.
La quincena 25 es una iniciativa que proceden del gobierno de Nayib Bukele, con el fin de que los trabajadores reciban la mitad de su salario, o equivalente a los meses laborados si aún no cumple un año, como remuneración extra entre el 15 y 25 de enero de cada año.
La medida será obligatoria para todas las empresas privadas a partir de 2027, mientras que para el sector público es obligatorio desde este año.
El gobierno señala en la normativa que la entrega del 50 % de la quincena en el sector privado es opcional en este 2026, por lo que aquellos negocios que deseen sumarse a la medida serán beneficiados con la exoneración del ISR para el actual año fiscal.
Castro ejemplificó, si alguien tiene que pagar $50,000 en renta, pero gastará $48,000 en sus trabajadores, la “lógica indica”, sumó, que lo mejor es otorgarlo a los colaboradores. Los restantes $2,000 deberán ser entregados al fisco, puntualizó.
La ley aprobada por la Asamblea Legislativa plantea el derecho a este crédito tributario acreditable contra el pago de ISR de 2026, donde se incluye a los trabajadores por servicios de tercerización del personal.
El Ministerio de Trabajo recordó que entre 964,000 y 965,000 trabajadores serán beneficiados con la medida a partir de 2027, cuando todos los empleados del país deberán recibir durante la quincena 25.
Colocación
El gobierno estima que en El Salvador hay más de un millón de trabajadores formales distribuidos entre el sector público y privado.
Según el MTPS, cada año solo esta institución coloca entre 15,000 y 17,000 personas.
Es decir que el Ministerio de Trabajo, indicó Castro, garantiza entre un 40 % y un 42 % del empleo que produce El Salvador. El resto, primordialmente, lo cubre el sector privado.
Un 35.1 % de los adultos mayores de 60 años aún trabajan en El Salvador, según datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024.
Según el gobierno, en 2024 había más de un millón de personas mayores de 60 años en El Salvador, de las cuales un 42.5 % corresponde a hombres y un 57.5 % a mujeres.
De esta cantidad, 354,703 personas aún trabajaban, un 35.1 % del total.
Dentro de la población mayor de 60 años ocupada, 221,449 fueron hombres y 133,254 fueron mujeres.
Población ocupada
Los datos indican que un 51.7 % de los hombres mayores de 60 años aún trabaja en El Salvador.
A esta edad, según el esquema previsional actual, los hombres deberían iniciar el proceso para pensionarse; sin embargo, buena parte de los salvadoreños están obligados a continuar en el mercado laboral por diversas razones, como no contar con una pensión o que sus ingresos como trabajadores sean mucho más altos que la remuneración luego del retiro.
La “Ley integral del sistema de pensiones” establece como edad mínima para la jubilación de las mujeres los 55 años.
Según la EHPM, en El Salvador hay más de 760,934 mujeres mayores de 55 años, de las cuales un 29.1 %, 221,748 personas, aún están ocupadas.
Silvia Sánchez es parte de ese grupo de mujeres que ya superaron los 55 años y que continúa laborando por la necesidad de salir adelante.
Sánchez tiene 58 años y, a través del bordado a domicilio, logró sacar adelante a sus cinco hijos y apoyar a su esposo.
“Yo empecé en 1992 y fue mi primer y último empleo. ¿Por qué no busqué otro empleo? Primeramente por mis hijos y porque se daba la oportunidad de tener ese oficio y ahí me quedé”, indicó Sánchez.
A lo largo de los años, la trabajadora aprendió diferentes técnicas como de cables, panal y figuras.
Por cada pieza terminada, y dependiendo del dibujo que lleven, Sánchez recibe entre $1.50 y $3, una cantidad de dinero que no alcanza en medio de una “crisis económica”, a lo que se suma que cada pago se debe repartir generalmente a la mitad con otra persona que le ayuda con el cable de la prenda.
Sin pensión
Pese a lo duro que pueda ser el trabajo de bordado a domicilio, Sánchez está consciente que no puede quedarse de brazos cruzados cuando hay necesidades de ingresos en su hogar y sueña con que su hija menor se gradúe de la universidad.
Aunque sus ojos estén cansados y sus manos lastimadas por las agujas y la fuerza que ejerce, Sánchez continuará con la labor del bordado a domicilio para seguir apoyando a su esposo con los gastos del hogar.
“Fuera diferente (con una pensión) porque estuviera recibiendo solo el poquito que le dan a uno para estar apoyando, para salir de la situación económica”, acotó la bordadora.
Sánchez hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) para apoyar a las bordadoras a domicilio y que se reconozca la labor del sector, porque pese a que muchas trabajan con empresas formales, son decenas las que no están contratadas, sin servicio a Seguro Social, a pensión y otro tipo de prestaciones.
Como resultado, muchas deben llegar a la edad de jubilación obligadas para obtener dinero para comer y sin esperanzas de retiro a futuro.
El Sindicato de Trabajadoras de Bordado a Domicilio de El Salvador (Sitrabordo) confirma que muchas mujeres adultas son obligadas a desistir de agarrar encargos de prendas porque la rapidez ya no es la misma. A cambio, las empresas instan a estas mujeres a buscar otras familiares más jóvenes que ocupen su lugar.
Obligadas por la necesidad, las adultas mayores deben laborar junto con otras bordadoras por menos ingresos, recibiendo de $0.20 a $0.30 por pieza.
Más de 779,000 salvadoreños laboran en el sector informal en el área urbana no agrícola del país, según un análisis presentado por la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM).
La información, divulgada en sesión del 10 de julio de 2025 y obtenida a través de un recurso de acceso a la información pública, señala que el sector urbano no agrícola reporta el nivel de informalidad más crítico.
“Más de 779,000 personas se encuentran en la informalidad, representando una tasa del 45.2 %”, indicó el documento.
La Unidad de Inteligencia indicó que, a nivel general, la tasa de informalidad laboral rondó los 66.5 % durante el 2023, una variable que se constituyó como la cuarta más alta a nivel centroamericano.
Según el equipo técnico del gobierno, la tasa de informalidad en El Salvador se constituye como la undécima más alta a nivel mundial.
Más afectados
El acta 100 del CNSM indica que los grupos etarios más afectados con la informalidad suelen ser jóvenes de entre 25 y 29 años.
Dentro de esta porción, la representación es más amplia en el caso de las mujeres que realizan actividades informales, de forma particular en labores relacionadas con trabajo doméstico y de cuidado.
Este último dato fue externado en agosto de 2025 por el MTPS, cuando aseguró que entre la población más vulnerable en el tema de la informalidad se encuentran las personas mayores de 55 años.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó en ese momento que estas personas suelen ser más perjudicadas porque no gozan de políticas públicas impulsadas por el Estado y se encuentran alejados del sistema bancario.
La Unidad de Inteligencia señaló en su discurso ante el CNSM que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la principal causa de la informalidad se encuentra en la “limitada capacidad de la economía formal” para generar empleos de calidad, que incluyan a toda la masa laboral.
Entre los factores que inciden en que la informalidad se encuentra una infraestructura institucional limitada, trámites burocráticos complejos, corrupción, baja cobertura de seguridad social, entorno macroeconómico poco favorable, inclusión financiera deficiente y debilidades normativas.
Tras el planteamiento, el ministro Castro señaló en la sesión del CNSM la importancia de abordar con urgencia el tema, porque la situación impide acceder al sistema financiero y deja a “miles de trabajadores” fuera del sistema de protección social.
En ese momento, Castro propuso abordar la transición a la formalidad por el lado económico y del empleo con enfoque de protección social.
Tanto el CNSM como el Consejo Superior del Trabajo (CST) trabajan en formular una propuesta de normativa que empuje a la transición a la economía formal.
El gobierno y voceros del CST externaron el año pasado que cuando el documento esté listo será entregado al presidente Nayib Bukele para su análisis.
Los empresarios, productores y exportadores salvadoreños respaldaron este 15 de enero la implementación de la quincena 25 y aseguraron que se convertirá en un dinamizador de la economía nacional.
En su comunicado, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), junto con la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y la Asociación Azucarera de El Salvador, aseguraron que la remuneración extra fortalecerá el poder adquisitivo de las familias.
Las gremiales destacaron el enfoque “gradual y flexible” de la implementación de la medida, apegada a las realidades operativas, administrativas y financieras de las empresas en el país.
“Reconocemos la importancia del razonamiento expuesto por el gobierno y confiamos en que la aplicación de esta normativa puede convertirse en un favor dinamizador de la economía nacional”, indicaron las cinco gremiales en su comunicado.
Los empresarios reiteraron que la quincena 25 también contribuirá a la estabilidad económica del país.
La medida fue aprobada este 14 de enero en la Asamblea Legislativa, luego de que el gobierno de Nayib Bukele entregara la propuesta de ley y anticipara que todo trabajador formal —que devengue $1,500 mensuales o menos— recibirá un 50 % de su salario entre el 15 y 25 de enero.
Según la normativa, su aplicación es obligatoria para el sector público desde 2026, pero el próximo año se deberán sumar las empresas privadas a la medida.
El gobierno indicó que las empresas que se sumen de forma voluntaria este año recibirán una exención de un 100 % del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el ejercicio del año fiscal 2026.
Margen
Las gremiales empresariales dijeron que postergar la obligatoriedad hasta el 2027 brinda un margen “razonable” para análisis, evaluación y adopción por parte del sector productivo.
En su comunicado, los empresarios agradecieron a los negocios que se sumen este año al pago de la quincena 25.
Además, reafirmaron su compromiso por continuar trabajando para que en el país se impulse un entorno moderno, responsable a nivel social y competitivo.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) recordó este jueves que entre 900,000 y 960,000 personas serán beneficiadas con la quincena extra, más de un 90 % de la masa laboral formal.
Los trabajadores con menos de un año en sus empleos no recibirán el 50 % de sus salarios como parte de la iniciativa de quincena 25, aclaró este jueves el ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro.
Castro dijo que al momento de pensar en la iniciativa se estableció la herramienta de medición que tiene el aguinaldo para el sector privado, la cual define el cálculo para los empleados que tienen menos de un año de trabajo para el mismo patrono.
La ley señala que la quincena 25 se otorgará “al 50 %” sobre el salario nominal mensual de cada uno de los beneficiarios que ganen $1,500 o menos.
“Así como se calcula el aguinaldo, de esa misma manera se va a calcular, será en el marco de la proporcionalidad en la que se define el aguinaldo”, indicó Castro en la entrevista de Frente a Frente.
El titular del MTPS recordó que la iniciativa fue el resultado de una propuesta para aliviar el bolsillo de los salvadoreños en el primer mes de cada año. La Especial Ley Quincena Veinticinco establece que los empleadores otorguen la mitad del salario extra a cada trabajador activo entre el 15 y el 25 de enero de cada año, montos libres de retenciones e inembargables.
Este 2026 la medida será obligatoria solo para el sector público y el próximo año se sumarán las empresas privadas. No obstante, los negocios que decidan aplicar la medida este año se beneficiarán de la exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el actual año fiscal.
¿Qué dice la ley?
La ley confirma que los requisitos para una persona con menos de un año de trabajo son similares a los del aguinaldo.
En el caso del aguinaldo, el artículo 197 del Código de Trabajo señala que, si los trabajadores no cuentan con un año devengado, tendrán derecho a que el pago sea proporcional al tiempo laborado como si estos hubieran completado un año de servicios.
De esta manera, si alguien con un salario mínimo ($408.80) ingresó a su actual empleo el 1 de diciembre de 2025, tendría 46 días laborados hasta el 15 de enero, de los cuales 31 corresponden al último mes del año pasado y 15 al actual.
Si hubiera cumplido un año, la quincena correspondiente sería el 50 %, es decir $204.40, esta cantidad debe dividirse entre los 365 días de un año de trabajo y luego multiplicarse por la cantidad de días que lleva laborando en la empresa, es decir 46, como resultado deberá recibir $25.76.
Aclaración del MTPS con respecto a los que tengan menos de un año de laborar en sus empresas. /Jaqueline Villeda
Castro fue consultado sobre si la exención del ISR para las empresas continuará en el 2027 o serán costos que las empresas deberán de asumir.
El funcionario no precisó la consulta y aseveró que este año por temas de proyección y presupuesto el Estado resolvió erogar el ISR para las empresas correspondiente a la quincena 25, pero que en 2027 un negocio formal “no puede decir que no lo presupuesto ni lo proyectó, y es más, va a quedar como una prestación de carácter permanente”, puntualizó el funcionario.
El gobierno aún no ha anunciado cuándo pagará a sus empleados la quincena extra ni si lo hará por partes.
Cerca de un millón de trabajadores recibirían un 50 % de su salario extra en el 2027 como parte de la entrada en vigencia de la Ley Quincena, que aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, indicó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
El ministro del ramo, Rolando Castro, aseguró que el tejido productivo formal a nivel nacional, que se constituye por empleados públicos y privados, está conformado por más de un millón de trabajadores, de los cuales un 90 % recibe una remuneración mensual menor o igual a $1,500.
Esta proporción entra de forma directa entre los beneficiados de la Ley Quincena, que prevé aplicarse de forma obligatoria para el sector público a partir de este 2026 y para el privado desde el 2027.
“¿Cuántos son los beneficiados? Cerca de un millón, en términos generales estamos hablando que van a salir beneficiados arriba de 900,000 trabajadores, cerca del millón”.
Rolando Castro, ministro de Trabajo
La medida prevé que las empresas otorguen un pago extra (quincena 25) a cambio de deducir un 100 % del monto entregado del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el ejercicio fiscal en el año que se aplique.
Castro no precisó cuántos empleados públicos serán beneficiados por ley con la quincena extra a partir de este 2026.
Empresa privada
Castro aseguró este miércoles que el gobierno será de los primeros en otorgar la remuneración y que cuentan con el dinero para hacerlo. Además, señaló que muchas empresas privadas ya confirmaron que procederán con el cumplimiento de la normativa cuando sea aprobada de forma voluntaria en el 2026.
“Antes de venir a la conferencia de prensa muchas empresas del sector privado, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, nos han informado de que lo van a retomar porque no estamos perjudicando la predictibilidad financiera de las empresas”, indicó Castro.
Según el MTPS, la “gran mayoría” de las empresas se sumarán a la aplicación voluntaria de la quincena 25.
Además, reveló que, como gobierno, antes de divulgar la presentación de la propuesta ante la Asamblea, se reunieron con el sector privado para comunicar la información.
El ministro aseguró que incluso el tema se comunicó en el Consejo Superior del Trabajo (CST) y diferentes gremiales del país.
El Ministerio de Hacienda aseguró este miércoles que tiene los recursos financieros para pagar de “inmediato” un 50 % del salario a los trabajadores públicos como parte de una propuesta de ley que busca establecer una “quincena 25” para el sector productivo a nivel nacional, indicó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) sostuvo que la iniciativa presentada por el presidente Nayib Bukele el martes, tiene como fin “dinamizar la economía” y apoyar a las familias en enero, un mes “complejo” a nivel financiero, según el funcionario.
El ministro aseguró que, de aprobarse la medida este 14 de enero, el pago de la quincena extra se realizará al sector público dependiendo de la agilidad de los financieros institucionales.
“Dependerá de la agilidad de nuestros financieros institucionales de todo el sector público, pero hemos hablado con el ministro de Hacienda y el dinero está disponible para hacerlo de inmediato a partir de la vigencia de esta ley. Estamos preparados para resolver del 15 (de enero) en adelante todo esto”.
Rolando Castro, Ministro de Trabajo
La iniciativa presentada por el gobierno de Bukele ante la Asamblea Legislativa será analizada este día durante sesión plenaria, y busca que las empresas y gobierno paguen esta remuneración extra entre el 15 y 25 de enero de cada año.
El gobierno prevé que la medida sea obligatoria para el sector público a partir de este 2026.
Castro aclaró durante una conferencia de prensa que en las empresas privadas la quincena extra de enero será obligatoria hasta el 2027.
Según el Ministerio de Trabajo, la quincena 25 no sustituye el salario mensual remunerado, pago de aguinaldo o bonos que los empleadores reciben como prestaciones por parte de las empresas.
“No importa que tenga el bono, el bono siempre lo va a tener, la quincena 25 es adicional a cualquier derecho adquirido de los trabajadores”, puntualizó Castro.
El funcionario aclaró que los empleados municipales están incluidos dentro de la obligatoriedad de la medida en el sector público.
Impacto económico
El ministro de Trabajo descartó que la normativa lastime el equilibrio financiero de las empresas.
Aunque las empresas no tenían previsto pagar un extra del 50 % del salario a sus masa laboral, Castro aseguró que sí tenían presupuestado el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR). De esta forma, si una empresa eroga $200,000 en concepto de pago, y lo documenta, cuando realice la declaración del ISR del ejercicio 2026 todo lo que fue “adquirido para la clase trabajadora” será exonerado de este impuesto.
“El ingreso proyectado que podía llegar a las arcas del Estado en concepto de impuestos sobre la renta se define ahora pasarlo a los trabajadores el empleador tiene dos aristas, el ISR se lo pago a Hacienda o con el deducible del ISR lo pago a los trabajadores”, puntualizó Castro.
El ministro felicitó a las empresas privadas que ya externaron su decisión de aplicar la medida pese a que actualmente es de carácter voluntaria y recordó que es necesario documentar la aplicación de la Ley Quincena en sus operaciones.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, recordó este miércoles que la iniciativa de quincena 25 se pagará del 15 al 25 de enero.
Sobre el sector público, aseguró que el Ministerio de Hacienda ya tiene el dinero «disponible» para hacerlo «de inmediato».
Un total de 1,599 personas han sido capacitadas en habilidades blandas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) a través del programa “Mi Primer Trabajo”, según un informe conjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La formación, iniciada en 2021, ha sido destacada por ACNUR como una iniciativa clave para la prevención de la migración irregular en El Salvador. El documento señala que, como resultado del programa, al menos 842 personas lograron incorporarse al mercado laboral mediante contratos de aprendizaje en empleos formales.
Durante 2024, el gobierno ejecutó seis rutas de empleo juvenil en diferentes puntos del país. Estas jornadas incluyeron orientación laboral, inscripción a la bolsa de trabajo estatal y aplicación de pruebas psicométricas a los participantes, en su mayoría jóvenes en busca de su primer empleo.
Las habilidades blandas son competencias personales e interpersonales relacionadas con la personalidad, inteligencia emocional y habilidades para relacionarse, comunicarse y trabajar en equipo.
Programas
En los esfuerzos por impulsar el empleo, ACNUR se refirió a la estrategia institucional de promoción de la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, ejecutado entre 2022 y 2024 por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).
El documento señala que esta última estrategia incluyó alianzas con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), bancos, el Ministerio de Economía (Minec) y el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia).
ACNUR señaló que este tipo de alianzas fortalecen la autonomía económica de las mujeres vulnerables.
“El gobierno de El Salvador continúa avanzando para lograr la plena inclusión de población retornada con necesidades de protección”, aseguró ACNUR en su publicación.
La entidad destacó las estrategias de formación que el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf) ha realizado en conjunto con el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana en benefició de las personas retornadas y las que tienen necesidad de protección.
El gobierno ha externado que parte de los esfuerzos para evitar la migración irregular se relacionan con el programa de visas de empleo temporal ejecutado con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España y Francia.
Solo a Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en octubre pasado más de 17,700 beneficiados en los últimos cuatro años.
