El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones financieras contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusados de reanudar actividades de narcotráfico. Las medidas, lideradas por el Departamento del Tesoro, también afectan a un empresario panameño, seis compañías navieras y seis embarcaciones vinculadas al régimen venezolano.
Los sancionados son Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos parientes de la primera dama venezolana, Cilia Flores. Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron arrestados en 2015 en Haití y condenados en 2016 en Estados Unidos por tráfico de drogas. Aunque fueron liberados en octubre de 2022 bajo la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro, las autoridades estadounidenses aseguran que ambos retomaron sus operaciones ilegales en 2025 desde Venezuela.
El tercer sancionado, Malpica Flores, fue vicepresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y había sido sancionado previamente en 2017. Sin embargo, en 2022, su nombre fue retirado temporalmente de la lista para facilitar negociaciones sobre elecciones democráticas en Venezuela. Según el Departamento del Tesoro, ha vuelto a tener un papel clave en las redes financieras del régimen.
También fue sancionado Ramón Carretero Napolitano, un empresario panameño acusado de obtener contratos millonarios con el gobierno de Maduro.
“El objetivo de estas sanciones es revertir el fallido intento de la administración Biden de pactar con Maduro, lo cual solo fortaleció su control dictatorial”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El Departamento de Estado, por su parte, subrayó que los individuos sancionados son parte de las estructuras que apoyan al “régimen corrupto e ilegítimo de Maduro”.
Estas acciones forman parte de una renovada estrategia de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana también ordenó la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas y la destrucción de embarcaciones presuntamente utilizadas en operaciones de narcotráfico vinculadas al gobierno chavista.
