El Ministerio de Vivienda y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) firmaron el lunes una carta de entendimiento que permitirá reducir los costos en las conexiones de agua potable y aguas residuales en proyectos habitacionales de interés social.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que han modificado su normativa interna para que todos los proyectos declarados de interés social tengan un trato especial.
“Otorgaremos automáticamente los servicios de agua potable y saneamiento desde el inicio, lo que significa un ahorro real y mejora en la calidad de vida”, afirmó. Según la ministra Michelle Sol, todos los desarrollos habitacionales que sean declarados como proyectos de interés social por parte del ministerio accederán automáticamente al beneficio otorgado por ANDA. Esto representa un ahorro de hasta $2,000 por cada solución habitacional, lo cual incidirá directamente en una disminución del precio final de las viviendas, beneficiando a las familias salvadoreñas.
“Esta medida se suma a las disposiciones ya aprobadas por la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de atender la alta demanda de vivienda”, expresó Sol.
Agregó que el reto es grande, pero reafirmó su compromiso de trabajar junto a la empresa privada y otras instituciones del Estado para garantizar el acceso a viviendas dignas.
El acuerdo también busca dinamizar la participación del sector privado, al facilitar trámites y reducir costos para las constructoras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará la denuncia de la organización humanitaria Cristosal sobre el traslado «arbitrario» de 76 jueces que fueron removidos de sus cargos en 2021, según informó este miércoles la ONG.
Cristosal indicó en un comunicado que la CIDH «analizará» su denuncia sobre el «cese y traslado arbitrario» de los 76 jueces en el país que gobierna Nayib Bukele.
Los jueces fueron removidos en septiembre de 2021 «mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial» en una medida que «impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso en procesos como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños», precisó la misma fuente.
Desde la perspectiva de Cristosal, el traslado de los jueces «formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021».
La denuncia ante la CIDH fue presentada por la organización no gubernamental en septiembre de 2021 por «la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación» al derecho al trabajo de los jueces.
«Como se expone en la denuncia, estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador», recalcó la nota de prensa.
Cristosal añadió que espera que este proceso pueda «sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países».
En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.
???? #ComunicadoCristosal | El análisis de fondo que realizará la @CIDH sobre la denuncia presentada por @Cristosal por el cese y el traslado arbitrario de jueces en El Salvador permitirá valorar la importancia de la independencia judicial y del sistema de pesos y contrapesos como… pic.twitter.com/D6XvqFtDex
El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles la construcción de un nuevo centro penitenciario de alta contención, inspirado en el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con capacidad para 5,100 reclusos. Las autoridades esperan que esté listo en junio de 2026.
“Esperamos que para junio (la cárcel) ya esté lista”, afirmó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, durante la conferencia de prensa semanal junto al presidente Rodrigo Chaves.
El Ministerio de Justicia publicó este miércoles el concurso público para adjudicar la construcción y equipamiento del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), que se ubicará junto a la cárcel La Reforma, en la provincia de Alajuela, la principal prisión del país.
El costo de la obra asciende a $35 millones y contempla la edificación de cinco módulos, cada uno con capacidad para aproximadamente 1,200 personas, lo que permitirá alojar a más de cinco mil internos. El gobierno espera adjudicar el contrato en un mes e iniciar las obras inmediatamente.
Apoyo de El Salvador y lucha contra el crimen
El proyecto forma parte de una estrategia nacional contra el crimen organizado, que ha provocado niveles históricos de violencia en el país. Según datos oficiales, un 70 % de los homicidios —que ya rondan los 900 anuales— están vinculados a disputas entre bandas de narcotraficantes.
Costa Rica ha contado con el apoyo de El Salvador en aspectos técnicos, de diseño y construcción, como parte de un plan anunciado en abril pasado. La administración de Chaves ha reiterado su crítica al Poder Judicial, al que acusa de liberar a delincuentes peligrosos, y también ha señalado al Congreso por mantener leyes “garantistas” y “suaves”.
El sistema penitenciario costarricense enfrenta una crisis de sobrepoblación. De acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el país tiene una densidad carcelaria de 129,5 %, lo que significa que, aunque la capacidad oficial es de 13,666 personas, actualmente hay 17,692 privados de libertad.
El hacinamiento más severo se presenta en las cárceles masculinas, donde alcanza un 42.9 %, mientras que en las femeninas es del 6.6 %, según el reporte más reciente del MNPT.
La futura megacárcel busca aliviar esta situación, contener el auge del crimen organizado y fortalecer la infraestructura de seguridad penitenciaria del país.
El presidente del fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Abdulhamid Alkhalifa, se reunió con el mandatario Nayib Bukele para oficializar la entrega de préstamos valorados en $100 millones.
A través de redes sociales, la Opep dijo que las oportunidades de colaboración se buscan tanto a nivel público como privado, al mismo tiempo que se prevé reforzar la asociación y promover la colaboración en apoyo de las “prioridades” del país.
La Opep confirmó la formalización de dos préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa el 1 de octubre pasado.
Una de las primeras acciones incluyeron una reunión con el ministro de Hacienda, Jerson Posada, y el presidente del fondo de la Opep el 9 de octubre, cuando se confirmaron $70 millones de financiamiento para la fase II del programa Surf City, cofinanciado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Opep dijo que este primer monto buscará fortalecer la infraestructura y la resiliencia climática en el corredor costero de La Libertad, así como rehabilitar 23 kilómetros de carreteras e impulsar el turismo sostenible.
Por otra parte, se otorgarán $30 millones para el programa “Rural adelante”, cofinanciado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
La misión del fondo Opep incluyó una reunión con el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en donde se informó sobre los $100 millones aprobados. /Jerson Posada
Con este último apoyo financiero se buscará fortalecer los ingresos, la resiliencia y seguridad alimentaria de 74,000 hogares rurales, así como promover la agricultura climáticamente inteligente y garantizar la inclusión de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas en este proceso.
“Los nuevos financiamientos apoyarán proyectos que mejoran la conectividad, el turismo y las oportunidades en el campo para toda nuestra gente”, indicó Posada tras la firma del acuerdo.
Visita al Mopt y Bukele
El presidente del fondo Opep también se reunió con el ministro de Obras Públicas y Transporte (Mopt), Romeo Rodríguez, con quien habló sobre financiar proyectos de infraestructura estratégica y de fomentar la coordinación de implementar avances en el desarrollo de infraestructura sostenible, inclusiva y de alto impacto.
En este último encuentro también participó el director en El Salvador del BCIE, Alejandro Zelaya.
Alkhalifa también mantuvo un encuentro con el presidente Bukele, y reafirmó el compromiso de apoyar los proyectos a gran escala y de “alto impacto” en El Salvador.
“Basándonos en una asociación que comenzó en 1976, ¡esperamos continuar nuestros esfuerzos conjuntos para generar un crecimiento sostenible y un impacto duradero para el pueblo de El Salvador!”, puntualizó el fondo Opep.
La misión estratégica del fondo Opep incluyó una visita de campo al proyecto de Surf City en su fase II.
Con la última aprobación, el fondo Opep en El Salvador destaca más de $350 millones financiados desde 1976, cuando la asociación con el país inició.
El presupuesto de la Fuerza Armada de El Salvador alcanzará los $334.5 millones en 2026, lo que representa un incremento de $20.2 millones (6.04%) respecto a los $314.3 millones aprobados en 2025, según datos del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN).
De esta asignación, $287.4 millones estarán destinados al rubro de remuneraciones del personal militar. Además, se han reservado $2 millones para el Centro Farmacéutico de la institución, con el fin de respaldar los programas de rehabilitación y atención médica del personal activo y sus familias.
El MDN ha detallado las principales prioridades del presupuesto militar para 2026, entre las que destacan:
• Fortalecer la seguridad pública mediante el control territorial en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de prevenir la expansión de estructuras criminales.
• Equipamiento progresivo de las unidades militares, mejorando su operatividad en misiones estratégicas y de seguridad nacional.
• Modernización del control de armas: mejora de sistemas para el registro, regulación y control de armas de fuego, municiones y explosivos.
• Vigilancia del territorio nacional, incluyendo el límite político internacional, aguas territoriales y el espacio aéreo.
• Mejora de condiciones de vida del soldado, con infraestructura adecuada, dotación de equipo y recursos financieros.
• Mantenimiento de misiones internacionales y presencia de la Fuerza Armada en el extranjero.
• Atención médica y programas de salud para militares y sus grupos familiares.
El aumento del presupuesto de Defensa en El Salvador responde a la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener una fuerte presencia militar como soporte clave en el combate contra las pandillas y otras estructuras criminales.
Con este nuevo incremento, el presupuesto militar en 2026 se posiciona como uno de los más altos en la historia reciente del país, en línea con una tendencia de refuerzo institucional y operativo desde 2019.
El conjunto de instituciones descentralizadas del Gobierno aumentará en 3,135 plazas en 2026 según el proyecto de presupuesto, con un aumento de $51.7 millones en el monto destinado de salarios respecto a la ley presupuestaria de 2025.
Son 91 instituciones descentralizadas que tiene el Gobierno.
Cinco nuevas instituciones suman 518 plazas que no estaban en 2025 y el gasto de planilla en las mismas implicará una erogación de $9,580,775. Estas son:
Las 5 nuevas instituciones descentralizadas
Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): 174 plazas.
Autoridad Nacional de Residuos Solidos (ANDRES): 171 plazas.
Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem): 45 plazas.
Dirección de Mercados Nacionales: 66 plazas.
Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción: 62 plazas.
La Red Nacional de Hospitales, que dependerá de Presidencia de la República, tiene asignadas 3,229 plazas, más de las 1,818 plazas que se disminuyen con la supresión del Hospital Rosales de las entidades descentralizadas del Ministerio de Salud, lo que deja un aumento de 1,411 plazas.
En el proyecto de presupuesto, detalla que la nueva Red Nacional de Hospitales recibirá $177 millones que le transferirá el Ministerio de Hacienda.
Más plazas en DOM y menos en Seguridad, ANDA, CEPA
Otra de las instituciones descentralizadas que aumentan plazas en 2026 es la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).
Las instituciones que más recortan plazas son: Seguridad Pública (1,226 plazas menos), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados o ANDA (503), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma o CEPA (379), Instituto de Bienestar Animal o IBA (216), entidad que fue suprimida, y también el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o ISSS (133 plazas menos).
El Gobierno Central –que incluyen los tres poderes del Estado con instituciones de control– recortó 775 plazas en sus presupuestos aunque aumentó su gasto en planilla.
En síntesis: aumentos o recortes de plazas en el Estado en 2026
Gobierno Central
2025: 128,649 plazas. Salarios: $1,527,169,135.
2026: 127,874 plazas. Salarios: $1,539,046,025.
Diferencia: 775 plazas menos y aumento de $11,876,890.
Empresas públicas
2025: 7,768 plazas. Salarios: $106,469,700.
2026: 6,863 plazas. Salarios: $94,042,555.
Diferencia: 905 plazas menos y disminución de $2,427,145.
Descentralizadas
2025: 57,184 plazas. Salarios: $775,060,300.
2026: 57,090 plazas. Salarios: $767,727,505 sin la Red Nacional de Hospitales.
2026: 60,319 plazas. Salarios: $826,777,105 con la Red Nacional de Hospitales.
Diferencia: 3,135 plazas más y aumento de $51,716,805.
Total en todo el Estado
2026: 195,056 plazas. Planilla: $2,408,699,135.
2025: 193,601 plazas. Planilla: $2,459,865,685.
Diferencia: 1,455 plazas más y aumento de $51,166,550.
Un total de 24 de las 28 instituciones del Gobierno Central aparecen con aumento presupuestario, mientras solo tres presentan un recorte en el proyecto de Ley de presupuesto general del Estado 2026 entregado por el Ministerio de Hacienda el 30 de septiembre pasado a la Asamblea Legislativa.
Los ministerios de Gobernación y Economía, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentan un recorte.
Los mayores aumentos porcentuales los recibe el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con aumentos del 79 %, 48 % y 40 %, respectivamente, respecto a los fondos asignados en el presupuesto 2025.
En monto, como ya se publicó, los mayores aumentos se darán al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que tendrá $210 millones más; Salud tendrá $145.5 millones más; Seguridad Pública y Justicia, que tendrá $113.5 millones, y Educación, que tendrá $100 millones más.
Los siguientes mayores aumentos, en cantidad, los recibirá Agricultura ($72 millones más), la Presidencia de la República ($50 millones más), el Órgano Judicial ($41 millones más), el Ministerio de Hacienda (27 millones) y el Ministerio de Defensa Nacional ($20 millones más).
El proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el Ministerio de Hacienda para el año 2026 es 9.2 % mayor al presupuesto aprobado para 2025, es decir, aumenta de $9,662,997,142 a $10,555,580,928.
Otras instituciones también recibirán aumentos, aunque en menor cantidad: $16 millones adicionales recibirá Turismo, $5.3 millones la Corte de Cuentas, $5 millones más la Cancillería, $4 millones más el Tribunal Supremo Electoral, $3.1 millones más para el Ministerio de Cultura, $3 millones más para la Fiscalía General de la República, $2.3 millones para Vivienda, $1.7 millones para el Ministerio de Desarrollo Local.
El resto de instituciones reciben aumentos aunque menores al millón de dólares: $624,932 más para la Procuraduría General de la República, $56,496 más para Trabajo; $46,633 más para Medio Ambiente; $11,103 más para el Consejo Nacional de la Judicatura; $3,876 más para el Tribunal de Ética Gubernamental, $3,285 para el Tribunal de Servicio Civil y $3,022 para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El Órgano Legislativo no aumenta ni disminuye su presupuesto.
La PDDH baja el presupuesto en $1.9 millones, un 17.9 %, de $10.7 millones a $8.8 millones.
Gobernación bajará de $283.6 millones a $280.9 millones, en un 1 % menos, un recorte de $2.7 millones.
Economía bajará de $75.2 millones a $64.5 millones, en un 14.2 %.
El mayor aumento presupuestario ocurre la partida de obilgaciones generales del Estado con un 91.4 % de aumento, de $112.7 millones a $215.8 millones. El pago de la deuda pública baja $351 millones, de $2,784 millones a $2,433 millones.
El gobierno publicó el proyecto de presupuesto 2026 el 5 de octubre en el Portal de Transparencia Fiscal, días después de presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, a la Asamblea Legislativa, el 30 de septiembre.
Un alijo de droga, presuntamente cocaína, valorado en $44.8 millones fue localizado por la Marina Nacional de El Salvador en aguas internacionales a 1,150 millas náuticas de las costas salvadoreñas, informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele a través de sus redes sociales.
Según el mandatario, el decomiso totaliza 1,795 kilos de cocaína que eran transportados por tres ecuatorianos, quienes fueron retenidos y serán traídos a tierra salvadoreña.
Bukele destacó que esta nueva incautación es un «nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional», porque ocurrió a 2,130 kilómetros de las costas salvadoreñas. El artículo 84 de la Constitución de la República establece que el territorio marino salvadoreño es de 200 millas náuticas, contadas desde la línea más baja de la marea.
Más de 39 toneladas incautadas
Bukele reveló en su publicación que durante 2024 y 2025, hasta la fecha, han incautado 39 toneladas de droga, valoradas en $997 millones.
«Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo», añadió Bukele.
A mitad de septiembre, cuando el gobierno hizo otra incautación de 1.4 toneladas de droga en altamar, el gabinete de Seguridad manifestó que habían decomisado 22 toneladas de droga solo durante este año 2025, todo valorado en $545.1 millones.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.
“Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.
La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.
“La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.
El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.
“El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.
El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.
Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.
El Salvador ha consolidado su imagen como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en 2025, gracias a avances significativos en seguridad, digitalización, disciplina fiscal y apertura comercial. Así lo detalla el informe Investment Climate Statement 2025 (Declaración sobre el clima de inversión) del Departamento de Estado de EE.UU.,el cual subraya que la ubicación estratégica del país, el uso del dólar como moneda oficial y los tratados comerciales activos fortalecen su competitividad regional.
En el informe, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales del Departamento de Estado, se destaca que EE.UU. mantiene desde abril a El Salvador en nivel 1 de advertencia de viaje —el más bajo— debido a una reducción histórica de la violencia, lo que ha impulsado el turismo y dinamizado la economía.
El informe recuerda que el presidente Nayib Bukele, reelegido con casi el 85 % de los votos en 2024, ha utilizado su mayoría legislativa para impulsar reformas económicas centradas en la atracción de capital y generación de empleo.
Según el reporte, el auge del turismo, liderado por visitantes estadounidenses, ha convertido a El Salvador en uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento global.
El turismo ha despuntado en El Salvador, liderado por visitantes estadounidenses.
Acuerdo con el FMI y estrategia oficial
El Departamento de Estado destaca que una operación de conversión de deuda por conservación ambiental de $1,000 millones, respaldada por la Corporación Financiera de Desarrollo de EE.UU. (DFC), mejoró la liquidez del Estado y redujo el riesgo país. A esto se suma un acuerdo económico con el FMI por $1,400 millones, iniciado en febrero, con metas estructurales que, de cumplirse en 40 meses, podrían mejorar aún más el clima de inversión.
También señala que en 2025, el país adoptó un presupuesto sin nueva deuda para gasto público, apostando por la disciplina fiscal y sostenibilidad financiera.
El informe señala que la estrategia oficial favorece sectores clave como software, dispositivos médicos, manufactura, aeronáutica, alimentos y bebidas, turismo, automotriz, Bitcoin y activos digitales. La agencia estatal INVEST ofrece orientación legal, acceso a incentivos y conexión con empresas ya operando en el país, dice el reporte.
Además, el informe destaca que firmas internacionales de criptomonedas han anunciado su traslado al país, atraídas por la aceptación legal del Bitcoin, la regulación favorable y exenciones fiscales. La Ley de Inversiones permite igual trato a extranjeros y salvadoreños, eliminando barreras para establecer negocios, incluso para compañías con menos de 10 empleados.
El informe señala desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital y regulación energética.
Sin embargo, el informe subraya obstáculos estructurales y riesgos como que el 70 % de la economía se mantiene en la informalidad, y la mayoría de los trabajadores carece de acceso a salud y pensiones. Además, señala que persisten desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital, y regulación energética inconsistente.
“Las agencias estatales enfrentan limitaciones técnicas y discrecionalidad en la aplicación de normativas”, advierte.
También recuerda que El Salvador se ubicó en la posición 130 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, aunque existen leyes para combatirla, su aplicación es irregular.
El informe advierte que “la transparencia en adquisiciones públicas también enfrenta limitaciones, especialmente en áreas de seguridad nacional”.
Marco legal
En cuanto a la propiedad, el informe señala que los extranjeros pueden adquirir tierras con ciertas limitaciones, y se permite la transferencia de bienes inmuebles sin aprobación estatal. Las disputas legales pueden resolverse en tribunales salvadoreños, aunque históricamente el sistema ha sido lento y costoso.
Además, sostiene que el sistema bancario salvadoreño permanece sólido y bien supervisado. No existen restricciones para la transferencia de fondos vinculados a inversión. El país impone un impuesto del 5 % a dividendos, nacionales o extranjeros.
El informe destaca que la ley no impone restricciones a la repatriación de capital, ni exige metas de exportación o contenido local.
