Un alijo de droga, presuntamente cocaína, valorado en $44.8 millones fue localizado por la Marina Nacional de El Salvador en aguas internacionales a 1,150 millas náuticas de las costas salvadoreñas, informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele a través de sus redes sociales.
Según el mandatario, el decomiso totaliza 1,795 kilos de cocaína que eran transportados por tres ecuatorianos, quienes fueron retenidos y serán traídos a tierra salvadoreña.
Bukele destacó que esta nueva incautación es un «nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional», porque ocurrió a 2,130 kilómetros de las costas salvadoreñas. El artículo 84 de la Constitución de la República establece que el territorio marino salvadoreño es de 200 millas náuticas, contadas desde la línea más baja de la marea.
Más de 39 toneladas incautadas
Bukele reveló en su publicación que durante 2024 y 2025, hasta la fecha, han incautado 39 toneladas de droga, valoradas en $997 millones.
«Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo», añadió Bukele.
A mitad de septiembre, cuando el gobierno hizo otra incautación de 1.4 toneladas de droga en altamar, el gabinete de Seguridad manifestó que habían decomisado 22 toneladas de droga solo durante este año 2025, todo valorado en $545.1 millones.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.
“Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.
La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.
“La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.
El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.
“El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.
El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.
Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.
El Salvador ha consolidado su imagen como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en 2025, gracias a avances significativos en seguridad, digitalización, disciplina fiscal y apertura comercial. Así lo detalla el informe Investment Climate Statement 2025 (Declaración sobre el clima de inversión) del Departamento de Estado de EE.UU.,el cual subraya que la ubicación estratégica del país, el uso del dólar como moneda oficial y los tratados comerciales activos fortalecen su competitividad regional.
En el informe, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales del Departamento de Estado, se destaca que EE.UU. mantiene desde abril a El Salvador en nivel 1 de advertencia de viaje —el más bajo— debido a una reducción histórica de la violencia, lo que ha impulsado el turismo y dinamizado la economía.
El informe recuerda que el presidente Nayib Bukele, reelegido con casi el 85 % de los votos en 2024, ha utilizado su mayoría legislativa para impulsar reformas económicas centradas en la atracción de capital y generación de empleo.
Según el reporte, el auge del turismo, liderado por visitantes estadounidenses, ha convertido a El Salvador en uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento global.
El turismo ha despuntado en El Salvador, liderado por visitantes estadounidenses.
Acuerdo con el FMI y estrategia oficial
El Departamento de Estado destaca que una operación de conversión de deuda por conservación ambiental de $1,000 millones, respaldada por la Corporación Financiera de Desarrollo de EE.UU. (DFC), mejoró la liquidez del Estado y redujo el riesgo país. A esto se suma un acuerdo económico con el FMI por $1,400 millones, iniciado en febrero, con metas estructurales que, de cumplirse en 40 meses, podrían mejorar aún más el clima de inversión.
También señala que en 2025, el país adoptó un presupuesto sin nueva deuda para gasto público, apostando por la disciplina fiscal y sostenibilidad financiera.
El informe señala que la estrategia oficial favorece sectores clave como software, dispositivos médicos, manufactura, aeronáutica, alimentos y bebidas, turismo, automotriz, Bitcoin y activos digitales. La agencia estatal INVEST ofrece orientación legal, acceso a incentivos y conexión con empresas ya operando en el país, dice el reporte.
Además, el informe destaca que firmas internacionales de criptomonedas han anunciado su traslado al país, atraídas por la aceptación legal del Bitcoin, la regulación favorable y exenciones fiscales. La Ley de Inversiones permite igual trato a extranjeros y salvadoreños, eliminando barreras para establecer negocios, incluso para compañías con menos de 10 empleados.
El informe señala desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital y regulación energética.
Sin embargo, el informe subraya obstáculos estructurales y riesgos como que el 70 % de la economía se mantiene en la informalidad, y la mayoría de los trabajadores carece de acceso a salud y pensiones. Además, señala que persisten desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital, y regulación energética inconsistente.
“Las agencias estatales enfrentan limitaciones técnicas y discrecionalidad en la aplicación de normativas”, advierte.
También recuerda que El Salvador se ubicó en la posición 130 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, aunque existen leyes para combatirla, su aplicación es irregular.
El informe advierte que “la transparencia en adquisiciones públicas también enfrenta limitaciones, especialmente en áreas de seguridad nacional”.
Marco legal
En cuanto a la propiedad, el informe señala que los extranjeros pueden adquirir tierras con ciertas limitaciones, y se permite la transferencia de bienes inmuebles sin aprobación estatal. Las disputas legales pueden resolverse en tribunales salvadoreños, aunque históricamente el sistema ha sido lento y costoso.
Además, sostiene que el sistema bancario salvadoreño permanece sólido y bien supervisado. No existen restricciones para la transferencia de fondos vinculados a inversión. El país impone un impuesto del 5 % a dividendos, nacionales o extranjeros.
El informe destaca que la ley no impone restricciones a la repatriación de capital, ni exige metas de exportación o contenido local.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) destruyeron durante la tarde del jueves una cantidad total de droga valorada en $35,683,117.43, incautada en diversos casos. Entre ella se encontraban «brownies» que incluían marihuana en su interior.
Durante el operativo de destrucción de estas drogas se eliminaron en total cinco plantas de marihuana, 13 cigarrillos de marihuana, 1,632 gramos de marihuana y 577.5 gramos de los brownies que contenían marihuana, entre otros, aseguraron las autoridades.
Las autoridades informaron que entre la droga destruída, se encontraban 1,400 kilos de cocaína. Dichos estupefacientes fueron hallados a la deriva el 16 de septiembre en alta mar, específicamente 900 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo en el departamento de La Paz.
“(Se destruyó drogas) del último caso en el que participó la Marina Nacional en la incautación de 1,400 kilos de cocaína el cuál se dió a 900 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, esa fue la actividad que realizó Fiscalía y Policía, la destrucción de esa sustancia”, aseguró el Fiscal del caso.
La FGR fue enfática en que las drogas destruidas, que ascienden a un total de 12 casos distintos, serán sometidas a un proceso de judicialización exhaustivo.
Funcionarios del Gabinete de Seguridad informaron el 16 de septiembre que, en lo que va de 2025, El Salvador ha incautado más de 22 toneladas de diferentes tipos de droga, valoradas en $545.1 millones
El director de Integración, Alejandro Gutman, presentó en una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas lo que llamó un nuevo modelo de desarrollo en El Salvador y aseguró que la ONU “no está a la altura” en el tema.
Gutman participó en la plenaria de la reunión de alto nivel para conmemorar el 30º aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, celebrada el jueves en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York y a la que aún no asistió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Señaló que la ONU “en desarrollo social no está a la altura ni en conocimientos, ni en resultados, ni en eficiencia, ni en prácticas en el terreno».
Consideró que la ONU «debe actualizarse y abrirse a nuevos conceptos y prácticas que resulten verdaderamente transformadoras” «para que los pueblos puedan salir de la pobreza.
Según Gutman, él ha intentado “una y mil veces durante las últimas tres décadas” un mejor involucramiento de la ONU.
“Los esperamos para que conozcan y acompañen el nuevo modelo de desarrollo social que está llevándose a cabo en El Salvador”, remarcó al final de su breve discurso.
«Primer país» en garantizar educación superior: Gutman
Alejandro Gutman sostuvo en su discurso que El Salvador es el primer país en Latinoamérica que garantiza “el acceso a la educación superior” a los bachilleres del sistema público.
“La educación superior en El Salvador ha dejado ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos. Hoy todos los jóvenes que cursan el bachillerato en las escuelas públicas tienen garantizadas la continuidad de sus estudios superiores en las universidades, escuelas técnicas o cursos vocaciones. Esto no solo representa un cambio trascendental en nuestra historia sino que posiciona a El Salvador como el primer país en Latinoamérica en garantizar el acceso a la educación superior para todos los bachilleres provenientes de la educación pública”, fueron sus palabras.
Presentó a El Salvador como un país en donde se trata de promover una “mirada política distinta” a los jóvenes y en donde trabajan no para hacer “mejores pobres” sino “menos pobres”, aseveró que maestros y directores han empezado “a sentirse más cómodos”, que las familias están acompañando y que las universidades y las comunidades están siendo parte de esos desarrollos.
Gutman sostuvo que “históricamente solo entre 1 % y 5 % de los jóvenes que egresaban del bachillerato en el sistema de educación pública tenían la posibilidad de ingresar a la universidad” y elogió la visión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, así como la seguridad pública.
La Dirección de Integración es una institución pública vigente desde 2024 que recibe el 40 % de los ingresos del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) de las cotizaciones que aportan los patronos del sector privado y las autónomas, antes absorbidas por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp).
La Dirección de Integración prometió en diciembre de 2024 la entrega de 9,000 becas universitarias a bachilleres salvadoreños, firmando convenios con ocho universidades y tres escuelas técnicas.
El 8 de septiembre pasado, anunció un convenio con la Universidad Francisco Gavidia que desde 2026 otorgará, si cumplen ciertos requisitos, becas a 500 bachilleres.
Los beneficiados son parte del Programa Proceso Formativo de la Dirección de Integración, que les da refuerzos académicos y un curso de “ADN de la pobreza y cultura de la integración”.
El Programa Proceso Formativo de la Dirección de Integración tiene registrados 19,356 estudiantes de bachillerato, un 45 % ha dicho Gutman, según un comunicado de la institución.
En los últimos tres años, la cantidad de estudiantes aspirantes y examinados en la Universidad de El Salvador (UES), la universidad estatal del país, cayó en los últimos tres años en al menos un 25 %.
Para el año 2022, un total de 22,000 retiraron solicitudes pero se examinaron solo 18,000; para el año 2025, retiraron 15,500 solicitudes y se examinaron 13,500. Para el año 2025, de los 13,500 estudiantes que se examinaron solo 4,500 aprobaron.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseveró que la República China Popular es un país que predica con «su ejemplo» al lograr ser uno de las primeras economías a nivel mundial y que tiene «mucha coincidencia» con El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele está imponiendo disciplina.
«China está predicando con su ejemplo. En 76 años de existencia logró pasar de ser uno de los países más subdesarrollados de la comunidad internacional a ser una de las primeras economías a nivel mundial», indicó el funcionario, esta semana, en declaraciones divulgadas por el diario estatal El Salvador.
Ulloa mencionó que China Popular logró de tener un producto per cápita de 23 dólares en 1949 a uno de más de 13,000 dólares.
«Eso indica que cuando hay esfuerzo, hay disciplina, hay orden y hay liderazgo, los pueblos pueden alcanzar sus objetivos, y en eso hay mucha coincidencia con el liderazgo que tiene el presidente Bukele y la disciplina que esta imponiendo en el país», indicó.
El vicemandatario subrayó que «un país caótico, en desorden, es incapaz de salir y surgir hacia desarrollo». «Y en eso China inspira a muchos países, y en estos siete años de relaciones diplomáticas, hemos confirmado la fraternidad, la solidaridad y el reconocimiento de la política de una sola China. Porque hay una sola China», remarcó.
Las declaraciones fueron publicadas por Diario El Salvador en su cuenta de X. “Con China compartimos muchos valores, tenemos muchas coincidencias, especialmente en el plano internacional, hemos votado juntos en Naciones Unidas, tenemos la misma visión de trabajar por la paz mundial, una gobernanza que lleve al desarrollo de la humanidad, de ser un mundo solidario.
El diario estatal de China Xinhua reportó que la vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira, aseveró que la relación China-El Salvador «es una de las más fructíferas que se tiene en el país latinoamericano en este momento, pues existen logros tangibles».
En medio del anuncio de la donación estadounidense de escáneres con inteligencia artificial (IA) para ser instalados contra el narcotráfico en puertos a Costa Rica, apareció el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en un spot pregrabrado mientras felicitaba al gobierno costarricense por la instalación de los escáneres y la construcción de una megacárcel.
“Es la primera vez que en la historia de Costa Rica que la fuerza pública toma al 100 por ciento los puertos”, expresa el ministro de seguridad costarricense mientras camina junto al presidente costarricense sobre la instalación de los escáneres valorada en $20 millones en los puertos de Caldera (Puntarenas) y Moín (Limón).
“El gobierno de los Estados Unidos gracias a su esfuerzo nos donó estos escáneres”, dijo el miércoles el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien subrayó que la “desidia” en la instalación de escáneres se debió a la complicidad con el narcotráfico.
Luego del reporte en vivo de una comunicadora desde uno de los puertos, el anfitrión anunció a Bukele: “Le tengo una sorpresa, presidente. Una persona que ha demostrado ser toda una autoridad en materia de seguridad felicita a este gobierno y al pueblo de Costa Rica por los pasos históricos que hemos dado en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
“Felicidades por brindar con escáneres todos sus puertos y por la iniciativa de construir la cárcel de alta contención. También a los diputados por aprobar el presupuesto por hacer realidad esta obra”, pronunció Bukele.
Luego, el mandatario parece enviar un mensaje sobre el próximo gobierno de Costa Rica.
“Cuando un gobierno toma las riendas y pone el orden y la seguridad como prioridad, se puede lograr hasta lo imposible. Si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir. Una Costa Rica más segura y más próspera”, fueron las palabras del mandatario salvadoreño.
Chaves dijo que esa “fue una sorpresa” y advirtió que lo que les hace falta es “un poder judicial firme que ponga en aplicación leyes de mano dura” que sean aprobadas por el Congreso.
Posteriormente, el evento continuó con la sección “dato mata mentira”, una frase muy similar a “dato mata relato”, usada por seguidores y diputados de Nuevas Ideas. Posteriormente, Chaves criticó el silencio electoral que ordena el tribunal electoral costarricense que le evita anunciar proyectos gubernamentales y dijo que eso no es democracia.
Hasta este jueves 25 de septiembre, Bukele no ha participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas ni está en la lista de oradores. El debate general de los jefes de Estado en la ONU inició el martes 23 de septiembre con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras, la ONU aún no publica la lista de oradores del viernes 26 de septiembre.
La Policía Nacional Civil cobrará por “servicio de seguridad especializada a instituciones públicas” a la recién creada Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) una tarifa de $46,982.13 con IVA anuales, según el pliego tarifario del Fondo de Actividades Especiales de la Policía Nacional Civil aprobado por el Ministerio de Hacienda.
La tarifa de servicio de la PNC fue aprobada mediante el acuerdo 1751 del Ministerio de Hacienda emitido el 25 de agosto de 2025 a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, y está vigente desde el pasado viernes 12 de septiembre. La tarifa fue publicada ayer en una versión del Diario Oficial con fecha 12 de septiembre.
La ACE está adscrita al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia con un presupuesto de $12 millones para el año 2025.
El Ministerio de Seguridad Pública, según el acuerdo, realiza gestiones para prestar servicios de seguridad especializada en las instituciones públicas que lo requieran “para lo cual se destinarán agentes policiales encargados de brindar directamente ese servicio y las instituciones pagarán un monto anual convenido”.
Los fondos son destinados al Fondo de Actividades Especiales para la venta de productos y servicios de la Policía Nacional Civil.
Hacienda también acordó el 8 de enero de 2025 que PNC brinde los servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones, precio superior a lo que el ISSS paga actualmente por los servicios de seguridad. El precio del servicio de la PNC ascendería a $6,569,183.06.
Según la orden de compra del 21 de octubre de 2022, para contratar los «Servicios de seguridad física para diferentes dependencias del ISSS a nivel institucional», el servicio por 12 meses de seguridad costó $3,321,309 ($3.3 millones), es decir, $3.2 millones menos.
Por su parte, la ACE es la institución encargada de aplicar la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información en El Salvador y la Ley de datos personales, vigentes desde el 23 de noviembre de 2024.
El director de la ACE, según la ley, debe ser nombrado por el presidente, Nayib Bukele, y será el encargado a su vez de nombrar a un director de Protección de Datos Personales. Actualmente, la dirección de la ACE es ocupada por Eduardo Alexis Rodríguez Rodríguez, aunque su nombramiento no ha sido publicado en el Diario Oficial ni oficializado por la ACE ni la Presidencia.
La ley de ciberseguridad obliga a las instituciones públicas a proteger la privacidad de los ciudadanos en sus sistemas informáticos y a tener planes de ciberseguridad. Esta ley faculta a la ACE de “resolver las controversias que se susciten entre los titulares, los responsables y los encargados del tratamiento, con relación a la clasificación y desclasificación de datos personales sensibles”.
En su sitio web, actualmente la agenciadeciberseguridad.gob.sv dispone de formularios para realizar a distintas instituciones solicitudes como:
1. Solicitar saber qué datos personales se tratan, con qué fines, origen y destinatarios.
2. Solicitar eliminar resultados en buscadores cuando ya no exista interés público.
3. Permite oponerse al tratamiento de datos por motivos legítimos, incluido marketing directo.
4. Solicitar una copia de los datos personales en formato estructurado o su traslado directo a otro proveedor.
5. Solicitar la corrección de datos inexactos o completar los incompletos.
6. Solicitar borrar datos cuando no sean necesarios o se retire el consentimiento.
7. Solicitar congelar el uso de datos sin borrarlos.
También se dispone del formulario respectivo para designar formalmente al delegado de protección de datos en una organización.
RECTIFICACIÓN: Esta noticia fue corregida luego de que, equivocadamente, se publicara que la tarifa cobrada por la ACE a las instituciones públicas sería de $46,982.13.
El «narcisismo» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo lleva a «tratar mal» a cualquiera que discrepe con él, asegura el exmandatario costarricense y premio Nobel de la Paz Óscar Arias, que denuncia «los exabruptos y lenguaje hostil» del político norteamericano «contra todo aquel que no le elogie».
En una entrevista con EFE tras ofrecer este martes la conferencia ‘En tiempos de guerra, la ley debe hablar’ en la Universidad Autónoma de Madrid, Arias (1940) sostuvo que nunca en la historia de EE.UU. ha habido un presidente «tan sui generis» como Trump, al que calificó de «xenófobo, misógino y autócrata».
El Gobierno estadounidense canceló el pasado abril la visa a Arias, que recibió el Nobel de la Paz en 1987 por sus contribuciones al proceso de paz en Centroamérica, y se sumó así a una lista de figuras políticas de Costa Rica que también han visto revocado su documento.
«Yo no sabía que un premio Nobel era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos», comentó sobre este episodio.
El exdirigente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010) se mostró muy crítico con las políticas migratorias del Gobierno de Trump.
Al respecto denunció que expulsa a personas que vivían en EE.UU. desde hacía años, se vanagloria de que ya no llega más gente a la frontera con México y manda a ciudadanos extranjeros a cárceles en terceros países que no tienen nada que ver con su lugar de origen.
Preguntado por el acuerdo entre EE.UU. y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en el país norteamericano a una prisión salvadoreña notoria por las denuncias de abusos que se cometen allí, manifestó que «entre autócratas es fácil ponerse de acuerdo».
Sin embargo, El Salvador no es el único país centroamericano que ha alcanzado este tipo de acuerdos con el Gobierno estadounidense; Costa Rica también ha recibido desde EE.UU. a migrantes originarios en su mayoría de países de Asia y Europa del Este.
«Encontrarse ahí de un momento a otro sin conocer nada sobre el país y sin conocer el idioma, es algo que nunca habíamos visto», lamenta Arias.
Arias cree que en Latinoamérica -y también en Europa- hay gobernantes que «han agachado la cabeza ante Trump» por el miedo que infunde decirle «no» y pone como ejemplo los aranceles impuestos por la administración estadounidense a diferentes países de todo el mundo.
«Ya vimos las represalias con los aranceles», señaló al apuntar al caso de Brasil, país al que EE.UU. impuso gravámenes del 50 % por el proceso abierto contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar un intento de golpe de Estado y al que Trump considera víctima de una supuesta persecución judicial.
Preocupado por la situación con Venezuela
Sobre la tensión creciente entre EE.UU. y Venezuela en el Caribe, donde el país norteamericano ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones atribuidas supuestamente al narcotráfico, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela, Arias admitió que le preocupa «muchísimo».
Aun así, no cree que EE.UU. vaya a dar el paso de una «invasión», como sí sucedió en 1989 durante la presidencia de George H. Bush, cuando las tropas estadounidenses invadieron Ciudad de Panamá.
«Espero que no esté entre las consideraciones de la Casa Blanca repetir algo semejante», sostuvo al respecto.
Galardonado también con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana en 1988, el expresidente costarricense denunció que EE.UU. siempre ha sido un país «imperialista expansionista» en la región.
Sin embargo, explicó que durante su primer mandato le dijo al entonces presidente Ronald Reagan «que estaba en desacuerdo con sus pretensiones de utilizar la acción militar para solucionar los conflictos de la región centroamericana», algo que a su juicio no podría suceder hoy en día con Trump porque «no acepta ningún tipo de discrepancia».
El ministro de Salud, Francisco Alabi, entregó a la Asamblea Legislativa dos proyectos de reforma para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) pueda autorizar la apertura de establecimientos privados de salud sin el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, como lo exige actualmente el Código de Salud y la ley de la CSSP. En su lugar, el Consejo exigiría a laboratorios, clínicas u otros establecimientos privados requisitos técnico-administrativos para su autorización.
En su solicitud, Salud argumenta que busca agilizar los trámites y responder a las necesidades de salud de la población.
Las reformas, además, declararían a estos establecimientos privados “de utilidad pública”, lo cual implicaría que su cierre deberá ser aprobado “solo por resolución del Consejo” según la propuesta.
Son dos proyectos de reforma, uno al Código de Salud y otro a la Ley del CSSP, que todavía no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y que serán recibidos por la Comisión de Salud que se reunirá el lunes 29 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
Las juntas de vigilancia de las profesiones médicas se forman por cinco académicos de la profesión respectiva electos en asambleas de cada gremio. En El Salvador, por ejemplo, hay juntas de vigilancia de las profesiones médica, odontológica, químico farmacéutica, médico-veterinaria, enfermería, laboratorio clínico y psicología.
Derogarían atribución de vigilancia a privados
La propuesta de reforma a la «Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud» derogaría la atribución que tienen las juntas de vigilancia para “vigilar y controlar el funcionamiento» de establecimientos privados de salud como droguerías, farmacias, laboratorios, clínicas, hospitales, clínicas veterinarias y otros establecimientos particulares dedicados a la salud pública.
La propuesta también suprime el “previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva” que requiere el Consejo Superior de Salud Pública para autorizar la apertura de estos establecimientos privados de salud. El artículo propuesto, sin embargo, exigiría “requerimientos técnico-administrativos” que serían establecidos por el mismo Consejo.
Además, estos establecimientos, según la propuesta, “son de utilidad pública» y por ello «el cierre de los mismos solo podrá efectuarse por resolución del Consejo”.
Una reforma idéntica se realiza al Código de Salud para que el Consejo pueda autorizar los establecimientos privados de salud sin requerir el informe de la junta de vigilancia respectiva y autorizando al Consejo a dictarles requisitos «técnico-administrativos».
En la propuesta de reforma al Código de Salud propuesta, además, se deroga la atribución de las juntas de vigilancia de “rendir informe razonado” ante el Consejo, para la autorización de la apertura de los establecimientos privados.
Para agilizar trámites de autorización
Salud argumentó que identificaron “aspectos de procedimiento y trámites ante el Consejo Superior de Salud Pública que pueden ser más expeditos” y deben “adaptarse a las dinámicas sociales y a las necesidades de la población en el ámbito de salud”.
Ambas solicitudes de reformas fueron recibida el mismo martes 23 de septiembre y son firmadas por el ministro de Salud, Francisco Alabi.
“Tienen por objeto agilizar los procedimientos y trámites relacionados con las autorizaciones de funcionamiento de los servicios y establecimientos de salud del sector privado, así como habilitar legalmente la vigilancia de la profesión de Trabajo Social cuando esta sea ejercida en el Sistema Nacional Integrado de Salud como parte de las profesiones auxiliares de la profesión médica”, indica el ministro en su solicitud.
Así mismo, agrega la licenciatura de Trabajo Social como una de las actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica.
