El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó este viernes a cinco años de prisión a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, de 52 años, por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia en modalidad continuada, tras despedir ilegalmente a cuatro empleados municipales e incumplir las órdenes judiciales para reinstalarlos.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) demostró que Montano abusó de sus atribuciones como alcaldesa al ordenar los despidos sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal ni las disposiciones administrativas correspondientes.
Los hechos ocurrieron durante su administración municipal, que comenzó el 1 de mayo de 2021 y terminó anticipadamente en diciembre de 2022, cuando fue destituida del cargo. Los cuatro trabajadores afectados acudieron a los juzgados de lo laboral de San Salvador, donde obtuvieron resoluciones favorables que ordenaban su reinstalo y el pago de salarios y prestaciones laborales.
Sin embargo, la exfuncionaria desobedeció las resoluciones judiciales, pese a que las sentencias ya estaban firmes y habían vencido los plazos establecidos para cumplirlas. Esta conducta constituyó uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para sustentar la acusación por desobediencia continuada.
A principios de octubre, el fiscal del caso explicó que Montano conocía los procedimientos legales que debía cumplir antes de destituir a los empleados municipales, pero decidió ignorarlos y ejecutar los despidos de manera unilateral.
«Una vez notificadas dichas sentencias y que estuviesen firmes, se habían cumplido los plazos para que ella cumpliese dichas órdenes y teniendo dichas órdenes judiciales, ella las incumple, ahí es donde se configura el delito de desobediencia; y el delito de actos arbitrarios lo encontramos configurado a que pese a que existe un procedimiento ella decidió hacer los despidos sin seguir los procedimientos», explicó el fiscal en un video difundido por el Ministerio Público a periodistas.
La investigación fiscal también estableció que la exalcaldesa justificó los despidos alegando falta de liquidez financiera en la municipalidad, durante el mismo año en que incrementó a $800,000 el presupuesto destinado a las fiestas patronales de Soyapango. En una segunda acusación, presentada en febrero de 2025, figuraban cuatro trabajadores afectados por las destituciones.
Según la Fiscalía, Montano ordenaba verbalmente los despidos y posteriormente ignoraba las sentencias que exigían el reinstalo de los empleados. El incumplimiento de estas resoluciones provocó la acumulación de obligaciones por salarios caídos superiores a $19,000, cuyos efectos también alcanzaron a los regidores municipales. La condena de cinco años fue impuesta por delitos cometidos en perjuicio de la administración pública y, subsidiariamente, de los cuatro trabajadores despedidos.
