El Ministerio de Capital Humano del Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el inicio formal de un proceso administrativo para recuperar fondos correspondientes a las asignaciones vitalicias -jubilaciones y pensiones- percibidas por la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), en su condición de exjefa y vicejefa de Estado y viuda de un expresidente.
«En el día de la fecha, el Ministerio de Capital Humano, a través de Anses (la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo estatal que administra el sistema de jubilaciones en Argentina) ha dado inicio (…) a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández», aseguró la cartera en un comunicado que difundió este viernes en sus redes sociales y que también fue compartido por el presidente Milei.
Los beneficios a Fernández habían sido suspendidos a finales de 2024, luego de que la exmandataria fuera condenada en segunda instancia judicial por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la ‘Causa Vialidad’, por la que permanece en prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio, luego de que la Corte Suprema ratificara el fallo.
El documento añade que el proceso incluye el reintegro de los montos previstos en la ley para las pensiones vitalicias de exfuncionarios nacionales, con sus respectivos intereses, y que “se llevará adelante conforme a derecho”, bajo los mecanismos previstos por la normativa vigente.
La comunicación oficial no brinda detalles sobre el monto que se pretende recuperar ni sobre los plazos del trámite.
El anuncio se produjo dos días después de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N.º 1, a cargo de Alonso Candis, rechazara la solicitud de Fernández para reanudar el cobro de la pensión que recibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Fernández había presentado una medida cautelar para que se restablecieran las asignación, argumentando que la suspensión afectaba su derecho a la seguridad social y a la subsistencia.
La Anses rechazó el pedido al considerar que las pensiones previstas por la ley argentina para presidentes, vicepresidentes y sus viudas son asignaciones ‘graciables’, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo.
El organismo señaló además que la cautelar pretendida “afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica” y que su otorgamiento “vulneraría las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción”.
Fernández se encuentra en arresto domiciliario desde el pasado 17 de junio, tras la ratificación de la Corte Suprema argentina de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Desde este jueves enfrenta, además, un nuevo juicio, el más grande de corrupción de la historia argentina, en el que está acusada de haber encabezado, durante sus gobiernos, una asociación ilícita dedicada a recibir sobornos de empresas.
