El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visados para ciudadanos nicaragüenses a los que acusa de facilitar la entrada a territorio estadounidense de «inmigrantes ilegales».
«Las investigaciones indican que las entidades que representan estas personas facilitaron el tránsito por Nicaragua, debido a las políticas migratorias permisivas de la dictadura nicaragüense, que desestabilizan la región e impulsan la inmigración ilegal a Estados Unidos», aseguró el Departamento en un comunicado, sin precisar la identidad de los sancionados.
Entre los afectados por estas sanciones, mencionaron a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos que prestan servicios para ayudar a extranjeros que, según el Gobierno, pretenden «inmigrar ilegalmente» a Estados Unidos.
Esta medida se suma a la larga lista de políticas antiinmigración de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, que desde su regreso al poder se ha enfocado en cumplir su promesa de reducir drásticamente la migración hacia Estados Unidos.
En lo que va de año, el Gobierno estadounidense ha cancelado más de 80.000 visas por diversos motivos. Según el Departamento de Estado, la mitad de las visas fueron canceladas por agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol.
El gabinete de seguridad presentó este lunes a 37 acusados de ser parte de una banda criminal que se dedicaba a hurtar teléfonos celulares en los autobuses de las rutas 29, 38, 101 B, 41 A, 45 AB , 91 y en otras que circulan en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó durante una conferencia de prensa que la banda funcionaba como «carteristas» y su modus operandi era: de dos a cinco pagaban su pasaje, cargaban una mochila grande, distraían a las víctimas, se colocaban las mochilas enfrente y las ponían en el pecho de la víctima y con sus manos abrían las carteras, revisaban bolsillos y extraían los bienes.
Luego del hurto, los miembros de la banda se bajaban del autobús y abordaban un automóvil conducido por otro miembro de la estructura que había ido siguiendo la unidad a cierta distancia.
Las investigaciones contra los acusados iniciaron en enero de 2024 según explicó el fiscal.
De los miembros de la banda, 37 están capturados y otros 5 se encuentran prófugos aún. Entre los capturados se reportan 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco. Uno de los indicios para investigar a los acusados es que remesaban todos los días entre $80 y $120 hacia otros países.
«Actuaban de forma coordinada para hurtar teléfonos móviles dentro de la unidad del transporte y posteriormente comercializar dichos aparatos en el centro de San Salvador. Esa estructura estaba dirigida por dos ciudadanos nicaragüenses». Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.
Delgado identificó a los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu como cabecillas de la banda. Para identificar a los presuntos criminales, las autoridades realizaron entrevistas a víctimas, análisis de registros y trabajo operativo con Policía Nacional Civil (PNC).
La estructura de la banda era:
Grupo de robo y distractores.
Carteristas.
Motorista.
Receptores de los bienes robados.
Desbloqueadores de los teléfonos.
Entre los detenidos están personas que ejercían cargos de carteristas, motoristas y receptores. El fiscal instó a los salvadoreños víctimas de estos robos que se acerquen a las autoridades para interponer las denuncias correspondientes y prometió seguridad para los denunciantes.
En condición migratoria irregular
El titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, aseguró que empezaron a notar patrones comunes en los acusados y advirtió que las autoridades salvadoreñas tienen facultades legales para intervenir hospedajes, restaurantes, hoteles o lugares donde se hospeden.
Cucalón reiteró que el estatus migratorio de los extranjeros es irregular porque algunos habrían ingresado a través de puntos ciegos y otros ingresaron como turistas por las fronteras El Amatillo, San Cristóbal y El Poy. El Departamento de Inteligencia de Migración realizó las investigaciones en las que se verificó que los acusados tendrían múltiples celulares de los que no lograron dar justificación.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseveró que los extranjeros detenidos no serán deportados hacia sus países de origen sino que se quedarán acá para ser procesados y ofrecer trabajos de utilidad a la sociedad a través del aprendizaje de oficios.
«No vamos a expulsar a estos criminales, los vamos a someter a nuestro proceso penal y los vamos a tener en nuestras cárceles. Ya mirábamos ayer el beneficio en que se convierte a estos cuando aprenden un oficio, aprenden a lijar hierro, cuando aprenden a lijar madera y a construir construir pupitres a nuestras escuelas públicas, para eso es que van a ir a los centros penales». Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
Villatoro aseguró que los miembros solo conformaban una banda y no una organización, por lo que, considera un logro haberlos capturado antes de que se establecieran mejor en el país.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República, de Seguridad y de Migración expusieron este lunes el modos operandi de la banda criminal. / Verónica Crespín.
Las detenciones se lograron en hoteles, hospedajes, colonias y comunidades de la calle Concepción. Al momento de su captura se les incautó celulares, dinero, una arma de fuego, recibos de transferencias bancarias y dispositivos electrónicos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó este lunes que según investigaciones de 2024 detectaron una estructura criminal conformada por nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que robaba en autobuses. Hoy las autoridades presentaron a 37 detenidos, otros cinco… pic.twitter.com/XivtqbCK1G
