El Partido Demócrata acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, de buscar una «guerra» y querer un «cambio de régimen» en Venezuela tras su decisión de interrumpir los contactos diplomáticos con el país suramericano.
«Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución», declaró la cuenta en la red X de los demócratas del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes.
Junto a ese mensaje, publicaron la noticia en exclusiva del diario The New York Times según la cual Trump habría ordenado cancelar los contactos diplomáticos con el Régimen de Nicolás Maduro, encabezados hasta ahora por su enviado especial, Richard Grenell, ante la falta de relaciones diplomáticas formales, lo que abriría la puerta a una escalada militar con Venezuela.
Estados Unidos inició a finales de agosto un amplio despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, una operación fuertemente criticada por el Gobierno de Maduro, que la considera una amenaza y un posible preludio de un ataque contra Venezuela.
Durante las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido varias supuestas narcolanchas en el Caribe, causando la muerte de una veintena de personas. Trump justificó la operación al declarar que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los carteles.
La Administración norteamericana acusa además a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de $50 millones por su captura, una acusación que Caracas niega tajantemente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento, según informó este lunes The New York Times.
La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por diario de Nueva York.
Según el informe, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia el país suramericano.
Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela.
EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combate el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar «un cambio de régimen» e imponer «Gobiernos títeres» en Venezuela.
Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones, las cuales vincularon al narcotráfico en el Caribe Sur, matando a más de 20 personas y Trump ha declarado que el país se encuentra en un «conflicto armado no internacional» con los carteles, justificando así los ataques.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que el próximo sábado se llevarán a cabo ejercicios de organización para afinar «aún más todos los mecanismos de defensa territorial», en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, denunciada por Caracas como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».
En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario explicó que será una jornada «especial de carácter organizativo» de «mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia.
«No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo, para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta, Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso movimiento popular militar», expresó.
También estarán incluidas, señaló, las 5,336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) instaladas «unas semanas atrás» y «todas las 15,751» denominadas Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).
Desde agosto y en respuesta a las que denuncia como «amenazas» en contra de la nación, el Gobierno ha convocado a los venezolanos a movilizaciones y a jornadas tanto de alistamiento en la Milicia como de adiestramiento, con el fin de fortalecer la llamada «fusión popular-militar-policial» y mejorar el sistema nacional de defensa.
Buena parte de estas actividades se han realizado los sábados, como el de la semana pasada, cuando se llevó a cabo un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o conflictos armados, luego de un enjambre sísmico que afectó al occidente del país y en vista también del despliegue militar estadounidense.
Este jueves, las carteras de Exteriores y de Defensa denunciaron una «incursión ilegal de aeronaves de combate» de EE.UU. a 75 kilómetros de costas venezolanas, un hecho que, dijeron, se denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y otras instancias como la Celac.
A través de un comunicado, la Administración chavista exigió al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, cesar de inmediato «en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional», según el texto.
El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que presentará una denuncia ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y otros organismos regionales, tras detectar lo que calificó como una “incursión ilegal” de aeronaves de combate estadounidenses a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo de Nicolás Maduro exigió al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato lo que consideró una actitud “temeraria, aventurera y guerrerista”, que —según Caracas— “pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe” y representa una amenaza para la estabilidad de la región.
Las autoridades venezolanas denunciaron que la maniobra fue detectada este 2 de octubre dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, por parte del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai), y que también fue reportada por una aerolínea colombiana que sobrevolaba la zona.
De acuerdo con el pronunciamiento conjunto de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, el acto constituye una “provocación” que atenta contra la soberanía venezolana y viola tratados internacionales como la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.
“Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado”, expresa el comunicado.
Venezuela advirtió que “no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera” y aseguró que hará uso pleno de su derecho a defender su soberanía, “conforme al derecho internacional”. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantendrá activo su Sistema Integrado de Defensa Aeroespacial.
Además de la ONU, el gobierno venezolano confirmó que llevará la denuncia ante el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el objetivo de evitar nuevas acciones similares.
Horas antes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había denunciado el “acoso militar” por parte de “aviones de combate” que se aproximaron a las costas venezolanas, y precisó que se identificaron más de cinco aeronaves volando a 35,000 pies de altura con velocidades de hasta 400 nudos.
Actualmente, Estados Unidos mantiene desplegados al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear en el mar Caribe, junto a más de 4,500 efectivos militares. Asimismo, ha trasladado cazas F-35B de última generación a bases en Puerto Rico, como parte de una operación en la región.
El gobierno venezolano interpreta estas acciones como parte de una estrategia para propiciar un “cambio de régimen” en el país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los carteles de la droga y que los miembros de esos grupos son «combatientes ilegales», según un aviso confidencial que su Administración remitió esta semana al Congreso y que fue divulgado por medios locales.
El documento ofrece una justificación legal para considerar como acciones legítimas —y no como asesinatos— los tres ataques militares ordenados por Trump contra embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado, operaciones que dejaron 17 muertos. Al menos dos de esas intervenciones se produjeron contra botes procedentes de Venezuela, añade la notificación.
Especialistas legales consultados por The New York Times afirman que la decisión de reconocer formalmente la campaña contra los carteles como un conflicto armado activo refuerza el uso por parte del Ejecutivo de poderes extraordinarios propios de tiempos de guerra y amplía la justificación para operaciones militares sin las mismas limitaciones del derecho penal ordinario.
La notificación al Congreso precisa que el presdiente «determinó» que los carteles implicados en el tráfico de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».
Además, el texto señala: «Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas».
Como parte de la respuesta en la región, Washington desplegó al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, además del envío de cazas F‑35B a Puerto Rico.
El Gobierno estadounidense acusa al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado Cartel de los Soles —una presunta organización vinculada al narcotráfico que EE. UU. ha señalado como terrorista—, acusación que Caracas rechaza; la medida abre un intenso debate legal y político sobre el alcance de la acción militar y el control del Congreso sobre estas operaciones.
Un total de 180 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos regresaron a su país este viernes en un avión estadounidense, según informó el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.
El grupo consistía en 160 hombres, 16 mujeres y cuatro niños, y llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, a bordo de una aeronave de Eastern Airlines, de acuerdo con imágenes oficiales publicadas en Instagram.
Los repatriados fueron atendidos por las autoridades de seguridad ciudadana y diversas instituciones del Estado, incluido el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), además de recibir atención médica para verificar su estado de salud.
Este vuelo marca el número 71 de repatriación en lo que va del año, con más de 12,000 personas que han regresado a Venezuela, según cifras del Régimen de Nicolás Maduro. Este retorno ha sido facilitado por un acuerdo de deportación firmado entre Caracas y Washington en enero, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas desde 2019.
El Ejecutivo venezolano sostiene que estos vuelos forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa que busca facilitar el regreso voluntario de los ciudadanos, así como la recepción de aquellos deportados desde Estados Unidos.
La Marina de Estados Unidos confirmó este martes que realizó el lanzamiento de cuatro misiles balísticos intercontinentales desde aguas frente a la costa este de Florida, como parte de una prueba llevada a cabo entre el 17 y el 21 de septiembre. Aunque el Pentágono aseguró que no responde a ningún conflicto en particular, la maniobra ocurre en un contexto de creciente tensión con Venezuela.
Los misiles, tipo Trident II D5, fueron disparados desde un submarino clase Ohio, con capacidad para portar cabezas nucleares y con un alcance estimado de hasta 12,000 kilómetros. Uno de los lanzamientos, efectuado el domingo, iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico, a unos 700 kilómetros de las costas venezolanas.
Aunque el comunicado oficial insiste en que las pruebas no están vinculadas a eventos internacionales, la mención específica de Puerto Rico y la cercanía geográfica con Venezuela han sido interpretadas por analistas como una demostración de fuerza en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
Desde agosto, Washington ha enviado al menos ocho buques —incluidos destructores y embarcaciones de asalto y transporte anfibio— a la región, además de un submarino nuclear clase Los Ángeles, sin capacidad nuclear ofensiva, y una flota de cazas F-35B estacionados en Puerto Rico.
Según el Comando Sur, el despliegue tiene como objetivo combatir el narcotráfico proveniente de las costas venezolanas. En las últimas semanas, el Ejército estadounidense ha reportado la destrucción de cuatro narcolanchas. No obstante, expertos señalan que la magnitud del operativo resulta desproporcionada frente al tipo de amenazas que se busca neutralizar.
El gobierno venezolano condenó el movimiento militar estadounidense, al que acusó de intentar desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Caracas ha denunciado que la Casa Blanca busca provocar un cambio de gobierno a través de presiones militares y operaciones encubiertas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una carta de Nicolás Maduro, a quien calificó como “ilegítimo”, en la que el mandatario venezolano expresó su disposición al diálogo. Sin embargo, advirtió que el documento “contiene muchas mentiras”.
“Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado”, afirmó Leavitt en una conferencia de prensa en la residencia presidencial.
La funcionaria recordó que Washington considera al régimen chavista ilegítimo y subrayó que “el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos”.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que Maduro envió la carta a Trump y la publicó en Telegram.
En el documento, fechado el 6 de septiembre, el gobernante venezolano expresó su disposición a negociar con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell, y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.
“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, dice la carta de Maduro.
La tensión entre ambos países se ha intensificado tras el aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe para enfrentar al narcotráfico, con énfasis en el Cartel de los Soles, que según el Gobierno Trump está encabezado por Maduro.
La crisis escaló después de que EE.UU. anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, tres de ellas procedentes de Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ironizó este lunes sobre los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela al compartir un video en su red Truth Social, en el que se refiere en tono sarcástico a la supuesta amenaza que representan dichos ejercicios militares.
“ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió el mandatario estadounidense, junto a imágenes donde se observa a un grupo de mujeres civiles siendo instruidas por oficiales venezolanos, mientras se escuchan gritos y risas de los presentes.
Las imágenes corresponden a una jornada de adiestramiento cívico-militar impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro, en respuesta al despliegue de fuerzas navales de EE.UU. en el mar Caribe.
El video se viralizó ampliamente durante el fin de semana en redes sociales y ha generado una nueva oleada de reacciones entre ambos países.
Las tensiones entre Venezuela y Washington se intensificaron tras el anuncio del hundimiento de cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas. Tres de las naves provenían de Venezuela, mientras que la cuarta era de origen desconocido.
El presidente Trump también lanzó una advertencia: si el régimen de Maduro no acepta de regreso a los “presos” que, según él, fueron enviados a EE.UU., pagará un precio “incalculable”.
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro justificó los ejercicios militares como una medida defensiva ante lo que calificó como la amenaza del “imperio norteamericano”. Aseguró que la nación “está más unida que nunca” y que los entrenamientos dirigidos por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) responden al incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico y, particularmente, al denominado Cartel de los Soles.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
