La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) advirtió este jueves que más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan incertidumbre sobre su futuro migratorio, ante la falta de una decisión definitiva del Gobierno estadounidense sobre la continuidad del programa, una situación que podría derivar en deportaciones y separaciones familiares.
Los obispos estadounidenses expresaron preocupación por las consecuencias que tendría una eventual cancelación del programa, especialmente para las familias que llevan años establecidas en Estados Unidos.
La organización religiosa pidió a la administración del presidente Donald Trump evaluar las condiciones de los países de origen y los riesgos que implicaría obligar a miles de migrantes a regresar.
El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en Estados Unidos cuando existen conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan su retorno. El Salvador recibió esta protección en 2001, después de los devastadores terremotos que afectaron al territorio nacional, y desde entonces el beneficio fue renovado en diferentes ocasiones.
La Conferencia de Obispos Católicos también advirtió que la pérdida del TPS podría afectar a familias que dependen de sus permisos de trabajo para mantenerse económicamente.
David Spicer, director de políticas y participación de la USCCB, explicó que las organizaciones benéficas católicas registran una mayor demanda de asistencia alimentaria y vivienda entre migrantes que pierden sus protecciones legales. Además, señaló que los empleadores podrían enfrentar dificultades al quedarse sin trabajadores autorizados mediante este programa.
Ante este panorama, los obispos reiteraron su respaldo a iniciativas legislativas que permitan obtener la residencia permanente a inmigrantes establecidos desde hace años en Estados Unidos. Entre las propuestas mencionaron el proyecto H.R. 1589, impulsado por la congresista demócrata Sylvia García, que busca abrir una vía hacia la residencia legal para determinados beneficiarios de protecciones temporales y otros inmigrantes.
La preocupación de los obispos también alcanza a unos 100,000 ucranianos con TPS, mientras la administración Trump impulsa la finalización de protecciones para ciudadanos de diferentes países. Sin embargo, los esfuerzos legislativos para ofrecer soluciones migratorias permanentes no han conseguido avances significativos en el Senado estadounidense.
