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  • OMS alerta que más de un millón de gazatíes requieren apoyo en salud mental

    OMS alerta que más de un millón de gazatíes requieren apoyo en salud mental

    El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los territorios palestinos ocupados, Rik Peeperkorn, afirmó este jueves que más de un millón de personas en Gaza necesitan apoyo urgente en salud mental y psicosocial. La cifra, explicó, se ha más que duplicado desde el inicio de la actual ofensiva israelí en octubre de 2023.

    “Creemos que el número de personas en Gaza que necesitan apoyo urgente en materia de salud mental y psicosocial se ha más que duplicado”, señaló en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, donde participó de manera virtual.

    El funcionario advirtió que las lesiones provocadas por el conflicto tienen “profundas consecuencias” emocionales y que los sobrevivientes enfrentan “trauma y pérdida” a diario.

    Peeperkorn destacó que los servicios psicosociales siguen siendo escasos en el enclave y pidió invertir en un sistema sanitario más sólido a largo plazo, con atención inclusiva para personas con discapacidad. También alertó que la suspensión de proveedores en el norte de Gaza y las amenazas de nuevas incursiones agravan la situación.

    La OMS instó a integrar la atención psicosocial con los programas de rehabilitación, al tiempo que reclamó acceso inmediato a combustible, suministros médicos y productos esenciales.

    Según un informe presentado por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la guerra en Gaza ha dejado 167,000 heridos, de los cuales 42,000 sufrieron lesiones permanentes o que requieren largas rehabilitaciones, incluidas 5,000 amputaciones.

    Aunque la OMS no detalló el número de niños afectados, cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) estiman que al menos 4,000 menores han sufrido amputaciones. La organización reiteró que garantizar el acceso a salud física y mental es una prioridad urgente para los palestinos.

     

  • Venezuela exige a EE.UU. cesar "postura guerrerista" tras denunciar incursión de aeronaves

    Venezuela exige a EE.UU. cesar «postura guerrerista» tras denunciar incursión de aeronaves

    El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que presentará una denuncia ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y otros organismos regionales, tras detectar lo que calificó como una “incursión ilegal” de aeronaves de combate estadounidenses a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe.

    A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo de Nicolás Maduro exigió al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato lo que consideró una actitud “temeraria, aventurera y guerrerista”, que —según Caracas— “pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe” y representa una amenaza para la estabilidad de la región.

    Las autoridades venezolanas denunciaron que la maniobra fue detectada este 2 de octubre dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, por parte del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai), y que también fue reportada por una aerolínea colombiana que sobrevolaba la zona.

    De acuerdo con el pronunciamiento conjunto de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, el acto constituye una “provocación” que atenta contra la soberanía venezolana y viola tratados internacionales como la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

    “Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado”, expresa el comunicado.

    Venezuela advirtió que “no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera” y aseguró que hará uso pleno de su derecho a defender su soberanía, “conforme al derecho internacional”. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantendrá activo su Sistema Integrado de Defensa Aeroespacial.

    Además de la ONU, el gobierno venezolano confirmó que llevará la denuncia ante el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el objetivo de evitar nuevas acciones similares.

    Horas antes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había denunciado el “acoso militar” por parte de “aviones de combate” que se aproximaron a las costas venezolanas, y precisó que se identificaron más de cinco aeronaves volando a 35,000 pies de altura con velocidades de hasta 400 nudos.

    Actualmente, Estados Unidos mantiene desplegados al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear en el mar Caribe, junto a más de 4,500 efectivos militares. Asimismo, ha trasladado cazas F-35B de última generación a bases en Puerto Rico, como parte de una operación en la región.

    El gobierno venezolano interpreta estas acciones como parte de una estrategia para propiciar un “cambio de régimen” en el país.

  • La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    Más de 16,000 personas han muerto en Haití desde 2022 como consecuencia directa de la violencia desatada por bandas criminales (pandillas), reveló este jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

    Türk alertó sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad haitianos, cuya actuación estaría detrás de más de la mitad de los asesinatos registrados en lo que va de 2025, un incremento significativo respecto al año anterior.

    “La situación de los derechos humanos en Haití ha llegado a un punto crítico”, declaró el alto comisionado, tras afirmar que los abusos y violaciones se han intensificado desde marzo pasado.

    Las pandillas armadas han extendido su dominio más allá de Puerto Príncipe, abarcando regiones como Centro y Artibonito, lo que ha incrementado el tráfico de armas, drogas y personas, exacerbando la crisis de seguridad en la región. Entre las violaciones documentadas se incluyen asesinatos, secuestros, violencia sexual contra mujeres y niñas, saqueos de alimentos y destrucción de infraestructura esencial como hospitales y escuelas.

    El alto comisionado denunció que la Policía Nacional ha ejecutado sumariamente a al menos 174 personas por presuntos vínculos con las bandas, mientras que otras 500 han sido asesinadas en linchamientos o a manos de grupos de “autodefensa” formados espontáneamente. A esto se suma el uso creciente de drones explosivos por parte del gobierno, con los que han muerto al menos 559 personas —incluidos 11 niños— desde marzo.

    Türk exhortó a las autoridades haitianas a investigar estos abusos y recordó que el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. También pidió a los Estados miembros de la ONU reforzar el cumplimiento del embargo de armas, ya que se estima que circulan entre 270,000 y 500,000 armas ilegales en el país.

    En medio de esta emergencia, el país enfrenta un colapso humanitario sin precedentes. Según datos de la ONU, 6 millones de personas —la mitad de la población— requieren ayuda humanitaria, entre ellas 3.3 millones de niños. Además, al menos 1.3 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares.

    Crisis sanitaria agrava el drama humanitario

    La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) también alertó sobre el aumento de víctimas civiles atendidas en sus instalaciones de Puerto Príncipe, donde casi el 40 % de la población necesita atención médica urgente. Entre el 60 % y el 80 % de los centros de salud han dejado de operar debido a ataques, saqueos, incendios o amenazas.

    MSF informó que entre enero y junio de 2025 brindaron atención a 13,300 pacientes en emergencias, trataron a 2,267 víctimas de violencia y atendieron a 2,600 sobrevivientes de violencia sexual. De esas víctimas, el 26 % eran menores de edad, cifra más del doble que en 2024.

    Uno de cada tres niños lesionados por violencia presentó heridas de bala, reveló la organización. “La población está atrapada entre los drones explosivos del Estado y la brutalidad de los grupos armados que aterrorizan barrios enteros”, advirtió la ONG en su comunicado.

    MSF también denunció que el único hospital público que sigue en funcionamiento es el Hospital Universitario La Paz, el cual opera con gran dificultad. Muchos residentes temen salir de zonas controladas por bandas para buscar atención médica, lo que ha colapsado los pocos centros que aún operan, como el hospital de traumatología de MSF en Tabarre, que ha ampliado su capacidad en un 50 %.

    La organización reportó que el 20 de septiembre atendieron a 17 personas heridas tras un ataque con drones en el barrio Cité Soleil. Entre los fallecidos había tres niños, varias mujeres y hombres que no sobrevivieron al traslado o murieron al llegar al hospital.

    “Este contexto devastador alimenta una profunda sensación de abandono. Los pocos actores humanitarios que quedan se sienten rebasados por las crecientes necesidades”, concluyó Mumuza Muhindo Musubaho, coordinador general de MSF en Haití.

     

  • La nueva fuerza internacional en Haití tiene el reto de no fracasar como las misiones anteriores

    La nueva fuerza internacional en Haití tiene el reto de no fracasar como las misiones anteriores

    La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear una nueva fuerza internacional para combatir a las pandillas que aterrorizan Haití, está supuesta a prosperar y dejar atrás una estela de misiones similares que no han podido garantizar la seguridad en el país más pobre del continente.

    El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en el país caribeño de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia sin lograr resultados destacados.

    La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), dirigida por Kenia, abandonará el país en los próximos días sin haber logrado los resultados esperados.

    Muy diferente a lo esperado, las bandas armadas haitianas se han hecho con nuevos territorios en ciudades, amén de que controlan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

    Asimismo, la fuerza no ha logrado ayudar a la Policía Nacional a recuperar los territorios controlados por las bandas desde hace muchos meses, a pesar de las operaciones llevadas a cabo, ninguna de las cuales ha resultado con la detención o la muerte de un jefe de banda.

    Se trata de un duro revés para la MSS, que deja lecciones que la nueva fuerza deberá aprender para poder hacerlo mejor en un país en el que las expectativas de un retorno a la calma apenas encuentran respuesta más allá de los discursos, las notas y las ruedas de prensa, donde las promesas no dejan de multiplicarse.

    ¿Será esta la oportunidad?

    La Fuerza de Eliminación de Pandillas está supuesta a contar con 5.500 miembros militares o policiales. La MSS debió estar conformada por unos 2.500 efectivos, pero solo alcanzó los 1.000, debido a que varios países no enviaron los miembros que habían anunciado y no tuvo el respaldo económico previsto.

    La misión que finaliza carecía de apoyo logístico, por lo tanto, esta nueva fuerza anunciada corre el riesgo de enfrentarse a las mismas dificultades, si no hay una voluntad real por parte de la comunidad internacional.

    Aunque, según lo anunciado, esta nueva fuerza tendrá autoridad para llevar a cabo operaciones activas contra las pandillas y realizar detenciones y arrestos selectivos. Una tarea a la que la misión saliente no se dedicaba realmente.

    Con esta nueva fuerza, las bandas deben esperar ataques e incluso represalias violentas. Debe infundir miedo a las bandas que aterrorizan a la población civil. Debe actuar de forma concreta y debe ser capaz de vencer.

    A su llegada, con fecha aún por definir, esta fuerza debe enviar una señal contundente como sería la detención de los líderes de las bandas o su muerte en operaciones militares.

    Desde al menos 2018, este país caribeño no ha conocido la paz. Una inseguridad reforzada por una inestabilidad política sin precedentes.

    El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que apuesta por un «rápido despliegue» de la nueva misión internacional para combatir las bandas armadas en Haití e hizo un llamado para que otros países se sumen a este esfuerzo.

    De su lado, el presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), Andrew Holness, llamó este miércoles un «paso significante» la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para establecer una fuerza de eliminación de las bandas armadas que siembran el terror en Haití.

    El martes, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, expresó su «gratitud a los miembros del Consejo» que han dado apoyo a esta iniciativa y, en especial, a los Estados Unidos y Panamá.

  • La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.

    “Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.

    La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.

    “La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.

    El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.

    “El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.

    El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.

    Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.

     

  • ONU desplegará nueva fuerza contra pandillas en Haití con apoyo de EE.UU. y Panamá

    ONU desplegará nueva fuerza contra pandillas en Haití con apoyo de EE.UU. y Panamá

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el martes la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en francés), que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití. La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, recibió 12 votos a favor y tres abstenciones de China, Rusia y Pakistán.

    El nuevo cuerpo tendrá un mandato inicial de 12 meses y contará con hasta 5,500 efectivos policiales o militares, además de 50 civiles de apoyo. Su objetivo será enfrentar a las bandas que controlan el 90 % de Puerto Príncipe, con presencia de hasta 5,500 pandilleros, la mitad de ellos menores de edad. Sin embargo, la resolución advierte que la financiación dependerá de aportes voluntarios de los Estados, lo que genera dudas tras el fracaso de la MSS, que recaudó solo $115 millones de los $600 millones previstos.

    China y Rusia criticaron la iniciativa al considerar que se trata de una “aventura mal planificada”. El embajador ruso Vasili Nebenzia advirtió que el Consejo fue empujado a un “proyecto peligroso” sin estudios previos en el terreno. Organizaciones de derechos humanos también expresaron preocupación porque la misión podría operar de manera independiente de la Policía Nacional de Haití, lo que abre la puerta a abusos.

    El presidente de transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, celebró la votación como un “punto de inflexión decisivo” y agradeció a Washington y Panamá por promover la resolución.

    “Se ha escuchado el grito de alarma lanzado en la tribuna de Naciones Unidas sobre la absoluta urgencia de restablecer la seguridad en Haití”, afirmó en un comunicado, en el que pidió a los Estados miembros apoyo incondicional para desplegar la fuerza sin demora.

    El mandatario subrayó que restablecer la seguridad es la condición indispensable para garantizar la libre circulación de personas, permitir el regreso de los desplazados internos, reactivar la economía y organizar elecciones “creíbles, inclusivas y transparentes”. Mientras tanto, la violencia de las pandillas y la crisis humanitaria han dejado a 1.3 millones de haitianos desplazados dentro del país.

     

  • Representante de la ONU en Afganistán describe el caos generado por el apagón total de internet

    Representante de la ONU en Afganistán describe el caos generado por el apagón total de internet

    Indrika Ratwatte, representante humanitario de la ONU en Afganistán, explicó este martes desde Kabul que el apagón total de internet y telecomunicaciones ha afectado todas las esferas de la vida en el país, incluyendo labores humanitarias, operaciones bancarias, tráfico aéreo, provisión de servicios vitales y comunicaciones entre entidades públicas.

    Durante una videollamada, que se realizó gracias a dispositivos satelitales, Ratwatte hizo un análisis de la situación de las poblaciones afectadas por el devastador terremoto que sacudió Afganistán hace un mes, aunque el caos provocado por el apagón acaparó la atención.

    «Lo que están viendo ahora es una conexión por satélite, pero me ha obligado a apagar todo en la oficina para poder conectar con ustedes. El resto del país está completamente aislado», señaló Ratwatte. Detalló que esta situación complica gravemente la asistencia humanitaria de la ONU, así como los programas de salud y los servicios bancarios y financieros, incluidas las transferencias de remesas del extranjero, de las que depende gran parte de la población.

    Además, mencionó que todos los vuelos han sido cancelados por el momento y que la falta de conexión interfiere con las comunicaciones entre el personal de la ONU en zonas remotas, responsables de entregar ayuda a nivel comunitario. La interrupción de la conectividad también afecta a las autoridades talibanas y los ministerios competentes.

    Ratwatte indicó que intentará contactar a las autoridades talibanas para solicitar que se haga una excepción para la ONU y restaurar la conectividad, ya que su misión está en riesgo.

    Por el momento, la ONU ha entrado en un modo de «comunicaciones mínimas», utilizando ondas de radio y conexiones satelitales muy costosas, las cuales deben ser limitadas.

  • Así es el plan de paz de Trump  para Gaza: Gobierno de transición sin Hamás, desmilitarización y un posible estado palestino

    Así es el plan de paz de Trump para Gaza: Gobierno de transición sin Hamás, desmilitarización y un posible estado palestino

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes un plan de paz para Gaza que plantea la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar un Estado palestino en el futuro. La propuesta fue anunciada en la Casa Blanca tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó su respaldo a la iniciativa.

    Trump detalló que el proyecto contempla un alto al fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes y la liberación, en un plazo máximo de 72 horas, de los 48 rehenes —vivos y muertos— que permanecen en manos de Hamás. A cambio, Israel debería excarcelar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a 1,700 gazatíes detenidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

    “Ahora la pelota está sobre el tejado de Hamás”, advirtió el mandatario, quien aseguró que, en caso de rechazo, Estados Unidos dará su “total apoyo” a Israel para continuar su ofensiva militar.

    El plan establece la conformación de un Gobierno de transición integrado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por una “Junta de la Paz” presidida por Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair. En una etapa posterior, una Autoridad Palestina reformada asumiría el control del enclave, siempre que implemente una “reforma radical”, según recalcó Netanyahu.

    El jefe del Gobierno israelí afirmó que la propuesta coincide con los objetivos de su país: liberar a los rehenes, desarmar a Hamás, desmilitarizar Gaza y mantener el control de la seguridad.

    “Si Hamás rechaza la propuesta, Israel mantendrá el asedio en Gaza hasta terminar el trabajo. Se puede hacer por las buenas o por las malas”, advirtió Netanyahu.

    Pese al apoyo de Netanyahu, la iniciativa enfrenta resistencia dentro de su propio gabinete. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de línea ultraderechista, rechazó cualquier concesión que implique reconocer un Estado palestino o retirar al Ejército israelí de la Franja.

    Una ambulancia presta atención médica en Gaza tras un ataque militar de Israel. EFE

    El plan de Trump descarta la anexión israelí de Gaza e incluye un programa de reconstrucción y desarrollo económico para el enclave, además de prohibir desplazamientos forzosos y garantizar el derecho de retorno para quienes salgan de manera voluntaria. Este punto supone un giro respecto a la propuesta inicial del mandatario, cuando sugirió la expulsión de la población gazatí para un proyecto inmobiliario denominado “Riviera de Oriente Medio”.

    La iniciativa estadounidense llega en medio de un creciente aislamiento internacional hacia Israel, cuya ofensiva en Gaza ha sido calificada como genocidio por relatores de la ONU, organizaciones humanitarias y varios países. Desde octubre de 2023, el conflicto ha dejado más de 66,000 muertos. A ello se suma el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido y Francia, lo que ha generado tensiones con Washington y Tel Aviv.

     

  • El canciller de Honduras dice que es imperativo reformar la Carta Constitutiva de la ONU

    El canciller de Honduras dice que es imperativo reformar la Carta Constitutiva de la ONU

    El canciller de Honduras, Javier Bu, dijo este lunes en la ONU que «es imperativo reformar» la «Carta Constitutiva» de la Organización de las Naciones Unidas, democratizando el Consejo de Seguridad.

    «Si queremos que las Naciones Unidas sobreviva como garante de la paz y no como un espectador imponente, es imperativo reformar su Carta Constitutiva, por ello Honduras se une al clamor del sur global que exige una transformación estructural de la Carta de Naciones Unidas democratizando el Consejo de Seguridad para devolverle legitimidad, eficacia y justicia a la cumbre de las naciones del mundo», subrayó Bu.

    El diplomático representó en la Asamblea General de las Naciones Unidas a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

    Bu propuso ante el organismo mundial «ampliar la composición de miembros permanentes y no permanentes (del Consejo de Seguridad de la ONU), asegurando una representación regional equitativa, eliminar el derecho a veto, sobre todo cuando se busca la paz, se exige el alto al fuego o se impide actuar frente a genocidios» y «fortalecer el rol de la Asamblea General dotándola de un mayor poder vinculante en las decisiones sobre paz, seguridad y desarrollo».

    Honduras también propuso abrir los espacios de decisión a mujeres, pueblos indígenas, juventudes y diásporas, cuya voz sigue siendo marginada.

    «Honduras no acepta más excusas, no callaremos ante la injusticia, las normas del orden internacional no pueden seguir siendo definidas por la lógica de la guerra, la hegemonía del capital o la conveniencia estratégica de los más poderosos, tienen que reflejar el anhelo universal de los pueblos de vivir en paz, en democracia, con dignidad y libertad», recalcó Bu.

    Además, denunció que «las decisiones más trascendentales sobre la paz y la seguridad internacionales siguen secuestradas en manos de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad», por lo que «su poder se ve convertido en un privilegio anacrónico».

    «Han paralizado la acción colectiva y los llamados a la paz en diferentes partes del mundo y permitido cubrir con impunidad a los que cometen crímenes de guerra. La ONU no puede seguir siendo rehén de intereses particulares, ni cómplice por omisión de la destrucción de pueblos enteros», recalcó el alto funcionario hondureño.

    Honduras también condenó «toda forma de ocupación extranjera y amenazas de injerencia militar en nuestro hemisferio», porque son acciones que «consisten en la negación del derecho de los pueblos a constituirse en Estados libres y soberanos», y ratificó su «reconocimiento del Estado de Palestina en coherencia con el compromiso histórico y con nuestra postura inquebrantable a favor de la paz, la seguridad y la convivencia de dos estados en el Oriente Medio».

    Además, como en años anteriores, rechazó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el bloqueo durante décadas contra Cuba.

  • La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.

    En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    “Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.

    El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.

    Andrés Sánchez Thorin, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). EFE

    El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.

    Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

    Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.

    Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.

    A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.

    El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.

    Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.

    “Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.