Etiqueta: ONU

  • La ONU alerta de un aumento alarmante en el cultivo de coca en Centroamérica

    La ONU alerta de un aumento alarmante en el cultivo de coca en Centroamérica

    La intervención de aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en Honduras en julio de 2025 confirma el fuerte crecimiento de su cultivo en Centroamérica, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena. El organismo señala un “aumento significativo” del arbusto en una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico.

    “En julio de 2025, las fuerzas armadas de Honduras incautaron aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en el municipio de Olanchito”, indica el documento.

    Además, cita un estudio publicado en 2024 en la revista ‘Environmental Research Letters’ que estima que el 47 % del norte de Centroamérica —Belice, Guatemala y Honduras— posee condiciones biofísicas “adecuadas” para el cultivo de hoja de coca.

    Por su ubicación estratégica entre los grandes centros de producción en Sudamérica y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, Centroamérica ha sido durante décadas un punto clave de tránsito. La JIFE destaca a Panamá como espacio estratégico, ya que hasta el 40 % de la cocaína colombiana con destino al norte cruza por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas y el flujo comercial del Canal de Panamá.

    Honduras es descrita como “país de tránsito clave” para la cocaína que se dirige hacia Estados Unidos y Europa.

    El informe señala que en 2024 continuó el uso de lanchas rápidas y la participación de organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en colaboración con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.

    Guatemala también figura como territorio de paso para cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras, así como para envíos marítimos desde Colombia y Ecuador.

    El documento advierte, además, una diversificación hacia drogas sintéticas. Guatemala reportó aumentos en decomisos de precursores químicos y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.

    En cuanto al consumo, la cocaína representa el 49.2 % de los casos en tratamiento en la región, seguida del cannabis con 43.5 %, los opioides con 2.6 % y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes con 2 %.

     

  • Bernardo Arévalo tacha de «burla» que cuestionada Fiscal General de Guatemala busque la reelección

    Bernardo Arévalo tacha de «burla» que cuestionada Fiscal General de Guatemala busque la reelección

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, calificó este miércoles como «una burla» que la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), se haya postulado para un tercer mandato al frente del Ministerio Público (Fiscalía).

    «Es una burla al pueblo de Guatemala postularse por tercera vez», expresó en una rueda de prensa el mandatario, quien mantiene un duro enfrentamiento con Porras desde antes de asumir el poder en enero de 2024.

    La comisión de postulación a cargo del proceso, que dio luz verde el martes a la candidatura de Porras tras la primera ronda de depuración de aspirantes, deberá entregar en abril una nómina de seis candidatos al jefe de Estado, quien designará al fiscal general para el periodo 2026-2030.

    Aunque Porras avance en el proceso, Arévalo ha reiterado que la funcionaria será removida del cargo en mayo de este año.

    Intentan «desechar a personas honestas»

    Sobre la comisión postuladora, el gobernante guatemalteco manifestó que algunos de sus miembros «intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas» con el país.

    «Lo que estamos viendo es un intento de manipular un mecanismo de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre (…) un mecanismo en que los años pesan más que la integridad y que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos», alertó Arévalo de León.

    El presidente subrayó que «los ojos del pueblo» están sobre la comisión de postulación y que su labor será fundamental para la «recuperación de la justicia» en la nación centroamericana.

    Porras, quien cumple su segundo periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, ha sido sancionada internacionalmente por señalamientos de corrupción y por liderar intentos para revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo en 2023.

    Las aspiraciones de la cuestionada fiscal

    Porras ya perdió el pasado 16 de febrero la elección para formar parte de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para el período 2026-2030, aunque aún tiene oportunidad de acceder a ese cargo judicial, lo que le otorgaría un fuero frente a eventuales procesos en su contra.

    La cuestionada fiscal general no fue elegida por el consejo superior de la Universidad de San Carlos pero aún tiene opciones de llegar a ser parte de la Corte de Constitucionalidad si se postulara y fuera elegida como representante del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia.

    Un grupo de expertos de la ONU que denuncia la supuesta implicación de Porras en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996) guatemalteco ha criticado que se permita a la fiscal aspirar a cargos en el sistema judicial.

    «Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones», afirmaron los expertos el pasado 16 de febrero.

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Expertos de la ONU: los archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad

    Expertos de la ONU: los archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad

    Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente «crímenes de lesa humanidad», declararon este lunes nueve relatores y expertos de la ONU.

    Los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos «sugieren la existencia de una empresa criminal global» y «revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes», indicaron en un comunicado conjunto.

    Los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, señalaron los expertos, quienes apelaron a «todos los tribunales nacionales e internacionales competentes» a enjuiciar los presuntos crímenes.

    Éstos se cometieron «en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo», denunciaron los firmantes.

    Solicitan, ante ello, una investigación independiente e imparcial para determinar cómo tales crímenes pudieron ocurrir durante un periodo tan prolongado de tiempo.

    «Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores», señalaron, y agregaron que «nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley».

    «El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización», por lo que muchas podrían sentirse revictimiazadas o sometidas a manipulación, denunciaron.

    Entre los expertos firmantes figuran la relatora sobre violencia sobre violencia contra mujeres y niñas (Reem Alsalem) y sus homólogas sobre derecho a la privacidad (Ana Brian Nougrères) y libertad de reunión y asociación (Gina Romero).

  • Los apagones diarios asfixian a los cubanos

    Los apagones diarios asfixian a los cubanos

    “¿Hay alguien atrapado en el ascensoooor?”, grita, con la lámpara de su celular en la mano, Heidi Martínez, la administradora de un edificio de 18 plantas en el barrio de Alamar, en las afueras de La Habana.

    Martínez, de 53 años, no es técnica ni mecánica. Pero se ha convertido en experta en abrir manualmente el elevador de este bloque de viviendas. Lo hace varias veces a la semana cuando un vecino se queda atrapado por los cortes diarios de electricidad.

    “Ya hemos cogido cultura de apagones”, cuenta a EFE en la entrada del edificio.

    Los cortes por déficit de generación de corriente en la isla se han cronificado desde hace años en este barrio periférico, pero en las últimas semanas han arreciado hasta lo difícilmente soportable, con entre 15 y 20 horas diarias por todo el país, debido al asedio petrolero de Washington sobre Cuba.

    De hecho, la isla sufrió este martes el apagón más extenso del que se tiene registro, según datos oficiales. En el momento de máxima demanda, en la tarde-noche, más de un 64 % del país quedó simultáneamente sin corriente.

    Aquí, en Alamar, esta pesadilla viene con un extra que se ha convertido en un dolor de cabeza para sus alrededor de 100.000 pobladores. Lo llaman “quita y pon”, explica Martínez: repetidos cortes de corriente sin patrón alguno que se prolongan por horas, todos los días.

    «Pueden ser 20 minutos, puede ser media hora, puede ser una hora… Nadie se adapta a eso. Eso es de: ‘ya, ¿qué remedio?’», cuenta a EFE Erleny, de 49 años, mientras repara la cámara de una llanta en un taller improvisado frente a los garajes del edificio.

    Este titileo ya es parte del día a día de los habitantes de Alamar. Según Gladys Berriel, una profesora de Educación Especial jubilada de 74 años, el problema comenzó en 2023 y “se quedó así”.

    La frustración es tal, agrega, que no pocos vecinos cambiarían el “quita y pon” por los prolongados apagones de otras regiones.

    “Si por lo menos tuviéramos una programación, porque sabemos perfectamente la situación que hay con el tema del combustible, usted se ajusta”, coincide Martínez, la administradora del edificio.

    La situación va más allá de las molestias y del susto de quedar atrapado en el elevador. El «quita y pon» estropea sin clemencia electrodomésticos en un país donde la escasez de productos y la fuerte inflación juegan en contra.

    Según le cuenta Berriel a EFE, arreglar su refrigerador le costó por encima de su pensión.

    «Tuvimos que pagar 5.000 pesos (11 dólares, al cambio oficial) para el arreglo, y estoy pensionada. A mí lo que me pagan de jubilación son 3.156 pesos (6,8 dólares) y eso que trabajé 37 años en educación», lamenta.

    Crisis sobre crisis

    El asedio petrolero de EE.UU. ha agravado la ya crítica situación energética en Cuba, que desde el verano de 2024 sufre prolongados apagones diarios por todo el país por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar crudo.

    Desde el 9 de enero no ha entrado en Cuba combustible del exterior, cuando la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas. Y las consecuencias son ya evidentes en la isla.

    El Gobierno anunció la semana pasada un duro paquete de contingencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior: los hospitales, las oficinas estatales y el transporte público están en servicios mínimos, las universidades con enseñanza remota, se han cancelado eventos culturales y científicos y el combustible está severamente racionado.

    Expertos independientes consideran que entre febrero y marzo Cuba va a empezar a sufrir gravemente por la falta de combustible, que es un bien imprescindible y cuya falta afecta transversalmente a todos los sectores.

    En los últimos días varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria a la isla. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU consideró este viernes que EE.UU. incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con el asedio petrolero.

  • Rusia mantendrá los límites del START III si Estados Unidos cumple el tratado, dice su ministro de Exteriores

    Rusia mantendrá los límites del START III si Estados Unidos cumple el tratado, dice su ministro de Exteriores

    El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país respetará los límites contemplados por el tratado de desarme nuclear START III, que expiró hace una semana, mientras Estados Unidos haga lo mismo.

    Al intervenir ante la Duma o cámara de diputados, Lavrov recordó que EE.UU. nunca respondió a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de prolongar un año, como mínimo, el cumplimiento del tratado.

    El Tratado firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años, establece los siguientes límites: un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire.

    La pasada semana Lavrov advirtió que «ha surgido un vacío» en materia de desarme con la expiración del START, aunque añadió que «Rusia prefiere el diálogo» para garantizar la estabilidad estratégica con la firma de un nuevo tratado.

    Mientras, China aseguró el pasado viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en negociaciones nucleares con Rusia y EE.UU.

    «Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento», sostuvo el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme, mientras Moscú dice respetar la postura de Pekín y exige también la participación en el futuro tratado de Francia y el Reino Unido.

  • La ONU exige anular condena a empresario de medios de comunicación en Hong Kong por violar derechos humanos

    La ONU exige anular condena a empresario de medios de comunicación en Hong Kong por violar derechos humanos

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitó este lunes la anulación inmediata de la condena de 20 años de prisión contra el empresario de medios Jimmy Lai, en el territorio chino de Hong Kong, tras considerar que el fallo judicial criminaliza la libertad de expresión y contradice los principios del derecho internacional.

    A través de un comunicado, la oficina del Alto Comisionado deploró la sentencia impuesta por cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de materiales sediciosos, tipificados bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional implementada por China en el enclave desde 2020.

    “La condena criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de asociación”, denunció la ONU, señalando además que el proceso se basó en acciones anteriores a la entrada en vigor de la legislación, lo que, a juicio del organismo, vulnera garantías jurídicas básicas.

    El comunicado remarca que el caso de Jimmy Lai expone cómo las disposiciones vagas y amplias de la ley de seguridad pueden utilizarse en contra de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que mantiene Hong Kong. Por ello, Turk pidió que “el veredicto sea anulado de inmediato” por ser “incompatible con el derecho internacional”.

    Asimismo, el Alto Comisionado solicitó la liberación inmediata del empresario por motivos humanitarios, destacando su avanzada edad, estado de salud y los más de cuatro años que ha permanecido en prisión preventiva durante el proceso judicial.

    La ONU también alertó que otros seis ex empleados del diario Apple Daily, así como un activista y un asistente legal, fueron condenados esta semana a penas de entre seis y diez años de cárcel, bajo la misma legislación.

    “Jimmy Lai es un editor condenado a 20 años de prisión por ejercer derechos protegidos por el derecho internacional”, advirtió Turk.

    Añadió que el fallo consideró incluso la interacción con mecanismos de la ONU en Derechos Humanos como evidencia de culpabilidad, un hecho que calificó como alarmante.

    Desde la imposición de la ley de seguridad nacional en 2020, la libertad de prensa en Hong Kong se ha deteriorado gravemente, sostiene la ONU. Muchos medios independientes han cerrado, decenas de periodistas han sido detenidos y se han endurecido los requisitos de visado y acreditación para corresponsales extranjeros.

    El organismo internacional denunció que la ciudad atraviesa una tendencia represiva más amplia, con más de 175 personas condenadas y cientos más procesadas bajo la normativa, que ha servido como herramienta para reducir el espacio cívico y silenciar a la disidencia.

     

  • La Junta de Paz de Trump se reunirá por primera vez el 19 de febrero en EE.UU.

    La Junta de Paz de Trump se reunirá por primera vez el 19 de febrero en EE.UU.

    La Junta de Paz promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará su primera reunión el próximo 19 de febrero en Washington D.C., con el conflicto en Gaza como prioridad inmediata y la reconstrucción del enclave como eje central del encuentro, según confirmaron funcionarios de la Casa Blanca al medio Axios.

    El evento se desarrollará en las instalaciones del Instituto de Paz de la capital estadounidense, y se espera la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los líderes de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primero en confirmar públicamente su asistencia.

    El encuentro servirá también como una plataforma de recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza, tras dos años de ataques constantes por parte del Ejército israelí que han dejado al territorio devastado. De acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad gazatí, desde octubre de 2023 han fallecido al menos 72,027 palestinos.

    El Salvador, junto a Argentina y Paraguay, figura entre los países latinoamericanos que se han adherido oficialmente a la Junta de Paz. En contraste, varias naciones europeas como Francia, España y Suecia han rechazado unirse al considerar que la iniciativa socava la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Según los estatutos revelados, el presidente estadounidense tendrá amplias atribuciones dentro del organismo, incluyendo el derecho de veto y la potestad para definir la agenda. Además, los países que realicen los mayores aportes financieros podrán tener mandatos permanentes dentro de la Junta.

    Pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025, múltiples informes internacionales han señalado reiteradas violaciones del acuerdo, lo que mantiene la tensión activa en la Franja de Gaza.

     

  • La Unión Europea reclama a Rusia que haga concesiones militares y nucleares para garantizar una paz duradera en Ucrania

    La Unión Europea reclama a Rusia que haga concesiones militares y nucleares para garantizar una paz duradera en Ucrania

    La Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas, reclamó este lunes a Rusia que asuma concesiones en su presupuesto militar, en su Ejército o en su arsenal nuclear para garantizar el fin de la invasión rusa de Ucrania y también evitar que las pretensiones del presidente ruso, Vladimir Putin, se extiendan a otros países.

    Después de que Kiev se haya mostrado dispuesto en más de una ocasión a aceptar alguna de las reclamaciones del Kremlin para poner fin a la guerra, la jefa de la diplomacia europea ha señalado durante una mesa redonda este lunes en la Conferencia de Seguridad de Oslo (Noruega) que Moscú tiene también que dar su brazo a torcer para que haya garantías reales para una paz en Ucrania.

    Kallas lamentó que «ha habido mucha presión sobre los ucranianos para que hagan concesiones muy difíciles» y que «están dispuestos a hacer», un hecho que en su opinión está «desdibujando dónde está realmente el problema», y es que en los últimos 100 años «Rusia ha atacado al menos a 19 países, algunos de ellos hasta tres o cuatro veces», mientras que «ninguno de esos países ha atacado nunca a Rusia».

    «Así que la cuestión es cómo nos aseguramos de que esta guerra no continúe ni se extienda a otros lugares. Para ello, necesitamos ver concesiones por parte de Rusia. Limitaciones en su presupuesto militar, en su Ejército o en las armas nucleares. Es decir, retirar realmente esta amenaza, además de exigir responsabilidades por los crímenes que han cometido», aseguró.

    No obstante, lamentó que esta discusión no está sobre la mesa y que los rusos prefieren negociar con Estados Unidos porque les permite «obtener demandas maximalistas que ni siquiera han conquistado militarmente». «¿Por qué iban a querer hablar con los europeos? Si les decimos que tienen que hablar con nosotros porque queremos que hagan concesiones, ¿por qué iban a hacerlo?», ha añadido, tras avisar de que la UE seguirán «aumentando la presión» sobre Moscú para que «pase de fingir que negocia a negociar de verdad».

    Incluso en la jungla, los animales cooperan

    Kallas también se ha referido a la crisis a la que está sometido el orden internacional basado en reglas, lamentando que Naciones Unidas no pueda cumplir con su mandato de garantizar las normas y proteger a pequeños y medianos países de las pretensiones de Estados más fuertes. «Para ellos, el orden internacional es realmente lo que los protege. Pero si no funciona, entonces no te ofrece esa cobertura», ha indicado la política estonia, que ha reclamado «mecanismo de rendición de cuentas» para aquellos países que no cumplan con los principios de la Carta de la ONU.

    Kallas ha subrayado la necesidad de «desarrollar aún más este derecho internacional» junto con aquellos países que necesitan un mundo regido por normas, poniendo como ejemplo un metáfora para explicar que aún en el caos, se pueden buscar puntos de acuerdo. «Hay un argumento según el cual el orden internacional basado en normas ha sido en realidad una ilusión y siempre ha sido la ley de la jungla, donde quien tiene el poder toma lo que quiere. Pero incluso en la jungla hay animales que cooperan»,afirmó.

    En su opinión, «hay mucho sobre lo que se puede construir», aprovechando el momento actual como una «oportunidad» para desarrollar una mayor rendición de cuentas para aquellos que violan del Derecho Internacional.

  • Los talibanes aprueban un código judicial clasista que revive el miedo a la esclavitud

    Los talibanes aprueban un código judicial clasista que revive el miedo a la esclavitud

    El régimen talibán de Afganistán aprobó un nuevo código judicial que institucionaliza un sistema de castigos en función del estatus social del acusado, reservando penas leves para la élite religiosa y comercial, mientras impone prisión o latigazos a las clases bajas, según extractos del texto a los que tuvo acceso EFE.

    Desde su retorno al poder en agosto de 2021, los talibanes gobernaban por decretos dispersos y edictos orales. Este documento se convierte en la primera base legal escrita que guiará a los tribunales bajo el dominio fundamentalista.

    El capítulo dos del texto, específicamente el artículo nueve, titulado “Niveles y tipos de castigos discrecionales basados en el estatus”, clasifica a la sociedad en cuatro grupos: altos cargos y eruditos religiosos; élite y comerciantes; clase media; y clase baja. A los dos primeros se les aplican simples advertencias judiciales; mientras que a los últimos se les ordenan desde citaciones judiciales hasta golpes físicos.

    El código instruye que los castigos físicos no deben infligirse en la cabeza o en zonas sensibles del cuerpo, aunque admite un máximo de 39 latigazos para los más pobres.

    Entre otras disposiciones, se incluye castigo para mujeres que permanezcan en casa de sus padres sin permiso del esposo, a menos que estén legalmente divorciadas. El Gobierno justificó esta medida al considerar que vulnera los derechos del marido y los hijos, aunque prometió sancionar también al hombre que no provea manutención.

    Aunque el documento completo aún no ha sido publicado oficialmente, su existencia fue confirmada por el portavoz del Tribunal Supremo talibán, Mawlawi Abdul Rahim Rashid, quien afirmó que “el código completo está en el Ministerio de Justicia y ellos lo publicarán”.

    Reportes preliminares sugieren que el texto incluye menciones sobre la figura de «esclavos», lo que ha encendido las alertas internacionales sobre la posible legitimación de prácticas abolidas, como la servidumbre por deudas o la apropiación de prisioneros como propiedad.

    El exlíder muyahidín Abdul Rab Rasool Sayaf alertó que el Islam “es una religión de justicia” y condenó los privilegios legales para los más poderosos: “los beneficios deberían ser para los pobres e indefensos, no para los ricos”.

    El relator especial de la ONU, Richard Bennett, calificó el contenido del código como “extremadamente preocupante” y advirtió sobre el retroceso en derechos humanos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia talibán advirtió que oponerse a esta ley será considerado “crimen religioso” y se procesará como tal.