El presidente del Caucus Hispano en el Congreso de EE. UU., el dominicano Adriano Espaillat, calificó este viernes de «irresponsables» e «ilícitos» los recientes ataques del Gobierno de Donald Trump a embarcaciones en el Caribe.
«Los ataques militares de la Administración Trump en el Caribe y en el Océano Pacífico son ilícitos e irresponsables, así de sencillo», aseveró Espaillat, del partido demócrata, en un comunicado.
El congresista reconoció que la crisis de drogas y opiáceos que atraviesa Estados Unidos «requiere soluciones comprobadas», como acciones policiales y programas que traten el abuso de sustancias.
Sin embargo, incidió, Trump ha recortado «ilícitamente» el presupuesto aprobado por el Congreso para dichos programas, y además ha enviado a agentes federales «a deportar abuelas y familias en lugar de perseguir narcotraficantes».
Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el1 de octubre de 2025. El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. / EFE
Espaillat insistió además en que, si el Gobierno del republicano espera tener «contacto bélico» con otro país, primero debe obtener autorización formal del Congreso que le permita usar sus fuerzas militares.
«Si esta Administración sigue menoscabando la autoridad del Congreso y prosigue con más ataques ilícitos, seguirá violando las leyes nacionales e internacionales», agregó.
Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.
Justo hoy, el Pentágono anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas.
El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses.
La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.
El ataque no fue anunciado por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan ya que en los demás se han registrado 27 personas asesinadas.
Trump informó ayer que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre ambas naciones.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
