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  • Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

    Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

    Una decena de organizaciones de nicaragüenses en el exilio informaron este martes que enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos en ese país.

    La misiva fue enviada a propósito del anuncio de la organización hemisférica de que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más elecciones en su país.

    «Esta acción (de enviar la carta a la OEA) responde, entre otros hechos, a las recientes declaraciones de Daniel Ortega en las que afirmó que en Nicaragua no habrá elecciones», señalaron esas organizaciones.

    Para los grupos opositores la postura de Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, «confirma el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática y representa una ruptura frontal con los principios esenciales del sistema interamericano; en particular, el respeto a la voluntad popular, la soberanía ciudadana y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades».

    La carta expone que la crisis nicaragüense ha pasado de una falta de legitimidad democrática a una usurpación sostenida del poder mediante la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria, la persecución religiosa, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la represión incluyendo a los pueblos del Caribe nicaragüense.

    En la misiva, las organizaciones alertaron que existen millones de nicaragüenses sometidos a la vigilancia, el terror y el silencio; familias fragmentadas por el destierro, presos políticos en condiciones inhumanas y ciudadanos despojados de su propia identidad y patrimonio.

    «No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo», abogan en el documento.

    La oposición subrayó, además, que esta situación no puede ser tratada como un asunto exclusivamente interno.

    Argumentaron que «Nicaragua representa hoy un desafío para la seguridad hemisférica debido a sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución transnacional, debilitamiento del Estado de derecho, alianzas con países autoritarios y con vínculos terroristas, desprotección jurídica de miles de ciudadanos y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes».

    Asimismo, la misiva reconoce la importancia de la convocatoria de Cancilleres y de la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haciendo un llamado a fortalecer el seguimiento político y diplomático sobre el país.

    También enfatiza que la acción multilateral debe complementarse con decisiones individuales de los Estados miembros mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación.

  • Cooperación Española y Gobierno destinaron $146,000 para becas y asistencia a menores deportados entre 2023-2024

    Cooperación Española y Gobierno destinaron $146,000 para becas y asistencia a menores deportados entre 2023-2024

    La Cooperación Española y el Gobierno salvadoreño destinaron $146,800 para la ejecución de un programa para atender a menores deportados que requerían apoyo humanitario, becas y capital semilla durante el período 2023-2024.

    La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que con el programa “Vinculación de niñas, niños y adolescentes retornados con necesidades de protección y sus familias a medios de vida en El Salvador” lograron beneficiar a 70 familias salvadoreñas.

    Lo que se traduce en el impacto directo de 306 personas con el proyecto que fue financiado con $100,000 de la Cooperación Española y $46,800 del Gobierno salvadoreño para brindar asistencia humanitaria, capital semilla y becas educativas.

    Particularmente, el programa se desarrolló con enfoque de derechos humanos de mujeres y niños, por ello, es que el 60 % de los atendidos en el programa son mujeres, niñas y adolescentes. Además, se estima que 1 de cada 2 beneficiarios eran menores de edad.

    La asistencia humanitaria contemplaba entregas de canastas básicas, capital semilla para el desarrollo de pequeños emprendimientos familiares y becas para oportunidades de formación y empleabilidad.

    El proyecto que contó con el apoyo de la OEA y del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) buscaba reducir los riesgos del desplazamiento forzado y sugerir la integración segura en las comunidades que acogen a los desplazados o de donde son originarios.

    La OEA argumentó que el proyecto se desarrolló tomando en cuenta que 22,032 menores fueron deportados hacia El Salvador desde 2016 hasta 2021 según los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

    La ejecución del programa desde la parte salvadoreña se realizó por medio del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA). El convenio para la ejecución del programa fue firmado en septiembre de 2023 según consta en los archivos de la OEA.

    Según el proyecto de presupuesto 2026, el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana aumentaría en un 104 % los fondos para atención de deportados, pasando de $284,140 a $580,475. A pesar del aumento, los fondos previstos solo representan el 4 % de los $14,590,881 que recibiría el Viceministerio para «atención a la diáspora y movilidad humana».