El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y liderados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por presuntos actos de corrupción.
Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue enfrentando ataques sistemáticos para quebrar el orden constitucional.
“Sabemos que los intentos de atentar contra la democracia son continuos. Están desesperados. El tiempo se les agota porque los corruptos van de salida”, declaró el mandatario guatemalteco.
El mandatario celebró el fallo emitido esta semana por la Corte de Constitucionalidad, que dejó sin efecto una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual buscaba declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.
Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y parte de una estrategia de desestabilización. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, sostuvo.
Además, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita el proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, petición que el mandatario considera procedente: “Las pruebas son claras”, afirmó.
Sesión de emergencia en la OEA
Paralelamente, en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria para analizar la situación política de Guatemala.
Durante la reunión, el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez denunció un caso de ‘lawfare’, señalando acciones ilegítimas de operadores judiciales con el objetivo de distorsionar los resultados de las elecciones de 2023 y forzar la salida de autoridades electas.
“Nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados, orientadas a crear una crisis política”, dijo Martínez ante el Consejo Permanente de la OEA.
El secretario general, Albert Ramdin, respaldó al Gobierno de Arévalo y reiteró que “la voluntad democrática del pueblo guatemalteco debe ser respetada por todos los actores”. Enfatizó que el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad reafirma sin ambigüedades la legitimidad del presidente en ejercicio.
Misión internacional y próximos pasos
Como parte del respaldo internacional, la OEA enviará una misión especial de expertos para dar seguimiento al proceso democrático guatemalteco. Esta iniciativa será financiada por observadores permanentes como España, Francia, Suecia, Suiza, Noruega, Italia y las Naciones Unidas.
Además, el próximo 5 de noviembre, los Estados miembros de la OEA votarán una declaración formal para reafirmar su compromiso con la preservación del orden constitucional y democrático en Guatemala.
“No vamos a permitir que los logros del pueblo sean traicionados por una banda de actores corruptos”, sentenció Arévalo.
