Las remesas familiares enviadas por migrantes a El Salvador, Guatemala y Honduras, los tres países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, alcanzaron un total de $18,547.1 millonesdurante los primeros cinco meses del año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)obtenidos este sábado por EFE.
Esta cifra representa un incremento de $2,734.1 millones respecto al mismo período de 2024, cuando se reportaron $15,813 millones, evidenciando una tendencia creciente en el envío de remesas desde Estados Unidos, principal país de origen de estos fondos.
Según el informe de la OIM, El Salvador recibió $3,974.8 millones, lo que equivale al 21.4 % del total registrado en la región. Este monto representa un crecimiento del 15.8 % en comparación con el año anterior.
Por su parte, Guatemala lideró la captación de remesas con $9,908.3 millones (53.4 %), mientras que Honduras recibió $4,664 millones (25.1 %). Ambas naciones experimentaron aumentos del 16.4 % y 20.5 %, respectivamente.
Remesas: motor económico clave en El Salvador
En El Salvador, el dinero enviado por la diáspora salvadoreña en el extranjero —especialmente desde Estados Unidos, donde residen más de 2 millones de compatriotas— sigue siendo un pilar fundamental de la economía nacional. Expertos en temas económicos destacan que estos ingresos son utilizados principalmente para cubrir consumo de servicios, educación, salud y alimentación, representando el sustento de miles de familias salvadoreñas.
Cada año, más de 500,000 personas del Triángulo Norte intentan migrar de forma irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. La presión migratoria y el flujo constante de remesas reflejan tanto las carencias en sus países de origen como la estrecha dependencia económica con los ingresos que provienen del exterior.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el martes el «Proyecto para la protección de personas en movilidad» que busca ampliar la asistencia, programas de protección y servicios para los migrantes salvadoreños. Expertos migratorios han pedido la implementación de un plan integral que aborde el área psicosocial de los retornados.
La Cancillería salvadoreña afirmó que el proyecto será implementado durante dos años y contará un con financiamiento de $3.4 millones, proveídos por el Fondo Multidonante para la Migración y será ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró durante la presentación del proyecto que el proyecto busca:
Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria.
Implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular.
Fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través del empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.
El proyecto será implementado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por haber sido identificados como territorios «con alta presencia de personas en condiciones de movilidad» y que requieren de «atención prioritaria».
“Este nuevo esfuerzo también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular en municipios priorizados, mediante un enfoque intersectorial e inclusivo. Con un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad, el proyecto contará con un presupuesto de 3.4 millones de dólares y se desarrollará durante un período de 24 meses». Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.
Portal aseguró durante su discurso que el proyecto contempla también «un enfoque multifactor» que incorporará a gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de migrantes retornados y sector privado. «Esta articulación permitirá ofrecer una respuesta contextualizada, cercana y efectiva en los territorios priorizados», indicó.
Por otro lado, el jefe de misión para El Salvador de la OIM, Nicola Graviano, aseguró que este proyecto será muy importante para el «fortalecimiento de las capacidades institucionales» para atender a los migrantes deportados y así brindar respuestas para que estos «puedan tomar decisiones acertadas» en cuanto a movilidad.
En el evento participó el representante adjunto y oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFA), Mario Iraheta; la director junta del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Carolina Barreto; representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y funcionarios del gobierno salvadoreño.
La viceministra de Diáspora, Cindy Portal, aseguró que el proyecto contempla el apoyo de organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y asociaciones de migrantes. / Cancillería de El Salvador.
Medrano aseguró que la atención brindada a los migrantes debe ser diferenciada en cuanto a género y derechos humanos, además, de considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados que en su mayoría son hombres adultos, de baja escolaridad.
Desde enero hasta junio de 2025, Estados Unidos ha enviado a El Salvador 85 vuelos con deportados según los datos del informe de la organización Witness at the Border, que recolecta la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
