El Salvador se convirtió en uno de los 29 países que aprobaron, este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), una resolución para convocar a los ministros de Exteriores a una reunión urgente por la crisis democrática en Nicaragua después de que su presidente, Daniel Ortega, afirmara que no habrá elecciones en el país centroamericano.
La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra, el de Brasil, y la abstención de México. El Salvador votó a favor pero no se pronunció.
El texto, presentado por un grupo de países liderado por Estados Unidos, contempla convocar «con carácter urgente» y de conformidad con los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA una reunión de consulta «tan pronto como sea posible» para «considerar la situación en Nicaragua».
El documento pone de relieve que «los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un problema de carácter urgente y de interés para los Estados Americanos» a la luz de que «la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ya no existe» en el país.
El representante mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas, defendió en su turno de palabra la abstención de México, que considera que «la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica».
«Una caracterización en ese sentido podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización al abordar asuntos internos de un estado que ya no forma parte de la OEA y que podría resultar incompatible con los principios de respeto a soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias consagrados en la Carta de la OEA, en la Carta de Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos», declaró.
Asimismo, aseguró que este tipo de acciones «puede generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que, lejos de favorecer una solución pacífica, terminen produciendo una mayor desestabilización».
Durante un discurso por el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que no habrá elecciones en el país, acusando a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público y apuntando a la promulgación de «leyes» para solidificar su intención de impedir cualquier comicio.
Ortega, exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana– gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al gobierno en 2007.
Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto tras su promoción.
«Lo que está en juego es un tema demasiado delicado como para que no haya claridad que se pueda poner a votación. Tenemos en claro que estamos en una situación de emergencia en un país que su gobierno decidió que no va a haber más elecciones y no va a haber más democracia y ninguno de nuestros países puede permanecer absolutamente inerme ante esta situación», aseguró en la sesión el representante de Argentina, quien señaló que todos los exiliados de Nicaragua «están mirando qué va a hacer la OEA y cada uno de los países».
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, quien gobierna desde 2019, se postulará a su segunda reelección presidencial consecutiva en las elecciones del 28 de febrero de 2027, comicios que fueron adelantados por reforma constitucional que alargó el periodo presidencial de cinco a seis años, en una reforma que también habilitó la reelección presidencial indefinida y eliminó la segunda vuelta. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial consecutiva.
El Salvador se ha abstenido de forma recurrente en las votaciones de la OEA ante las iniciativas estadounidenses a favor de Ucrania y contra Rusia, en otra resolución que condenó la incursión de Ecuador en la embajada en Quito, y también se abstuvo de votar por el Pacto del Futuro adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.