Ante la pregunta sobre cuáles son las recomendaciones concretas del gobierno salvadoreño al peruano y por dónde empezó a resolver el problema criminal de las pandillas en El Salvador, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mencionó la depuración judicial, el aumento de penas de prisión para los pandilleros, el equipamiento policial y militar, y el desmantelamiento financiero de las pandillas.
“Queremos saber por dónde empezó El Salvador, ¿por la cárcel?, es uno de los grandes aciertos, ¿pero qué se hizo?”, preguntó una periodista de Perú, en una conferencia de prensa que celebró esta semana conjuntamente con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, después de realizar un recorrido por el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
“Hicimos muchas cosas, unas primero, otras en paralelo y otras después, varias al mismo tiempo”, expresó.
Bukele mencionó la depuración judicial, una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que ordenó el retiro de jueces y magistrados mayores de 60 años aprobada en agosto de 2021, y el aumento de penas de prisión para los pandilleros. “Era de dos a cuatro años. Si le daban dos o tres años, salía el mismo día y se sustituía por trabajo comunitario”, dijo.
El mandatario se preguntó si Perú está en la disponibilidad en capacidad o intención de depurar jueces y magistrados. “Hacerlo pero para nosotros sí fue crucial”, afirmó. Señaló que, cuando arrestaban a los delincuentes, estos salían libres esa misma tarde “a matar al policía o a la familia del policía que lo había arrestado o a la familia si el juez no lo dejaba libre”.
El gobernante hizo así un resumen de su fórmula: “Hubo reforma legal, se cambiaron las leyes, se equipó a la Policía, se equipó al Ejército, no tenían ni botas, ahora tienen todo tipo de armamento, vehículos. Se intervinieron las comunidades. Se desmantelaron las redes que sostenían financieramente a toda esta gente. Se le dio la confianza y el empoderamiento a los salvadoreños para poder denunciar al que le estaba pidiendo extorsión sabedor de que esa denuncia iba a llevar al arresto del extorsionista y no del asesinato por haberlos denunciado”.
“Es holístico, no hay una sola bala de plata que arregla todo”, agregó.
El mandatario no mencionó el régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022 para suspender las garantías constitucionales relacionadas al derecho de defensa, periodo máximo de detención de 72 horas y privacidad de las telecomunicaciones, una medida aprobada por la Asamblea Legislativa exactamente al cierre de una matanza provocada por los pandilleros durante tres días, 25, 27 y 27 de marzo.
Luego, el presidente también criticó a organizaciones que reclaman por los derechos de los privados de libertad.
“Aquí teníamos un cartel delincuencial que llegaba a todos los niveles desde, no gobiernos extranjeros, pero sí organismos internacionales, que yo digo que muchos de esos organismos internacionales realmente son los bufetes de los delincuentes… Aquí la pregunta es si vamos a priorizar el derecho humano del asesino sobre el derecho humano de la persona inocente”, dijo Bukele.
Sobre las críticas hacia la alimentación en el sistema carcelario, aseguró que primero van a garantizar los salvadoreños de bien coman pollo y que los perros y gatos se alimenten bien, y solo después, si sobra dinero, comprarían pollo para los delincuentes también. “Pero antes no”, dijo.
El mandatario sostuvo que todo lo han compartido con el gobierno peruano y que seguirán compartido más información.
El gobierno de El Salvador ha negado en múltiples ocasiones haber pactado o negociado con las pandillas para reducir los índices de homicidios a cambio de beneficios carcelarios o apoyo electoral como lo han publicado medios como El Faro que aseveran que la matanza de marzo de 2022 fue el final del pacto.