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    Violencia criminal en Haití deja unos 5,700 muertos durante 2026

    Naciones Unidas estima que unas 5,700 personas murieron en Haití durante 2026 por la violencia criminal que golpea al país, agravada especialmente desde el asesinato del expresidente Jovenel Moise en 2021.

    La ofensiva de las pandillas debilitó a las fuerzas de seguridad en buena parte de Puerto Príncipe y en zonas importantes para la economía, como Artibonito.

    El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este viernes desde Ginebra sobre la grave situación que atraviesa Haití durante los últimos cinco años y señaló la falta de efectividad de las medidas internacionales para contener a las organizaciones criminales.

    Según explicó, este enemigo no solo «se ha adaptado» a estas contingencias, sino que «se está expandiendo, reaparece en nuevas zonas, y se rearma constantemente».

    Las operaciones de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), que funciona bajo mandato del Consejo de Seguridad, tampoco han conseguido detener las masacres.

    Entre los ataques recientes figura el ocurrido a finales de agosto en Kenscoff, donde la pandilla dirigida por Johnson André, alias ‘Izo 2’, asesinó a 47 personas y secuestró a unas 50. También se han registrado hechos violentos durante las últimas semanas en Gressier.

    La oficina de Turk documentó unos 5,700 fallecidos hasta el 11 de septiembre y alertó además sobre la violencia sexual vinculada con los ataques de las pandillas.

    «Más de un millar de mujeres y niñas han sido violadas y las cifras reales, probablemente, son mucho más altas», ha dicho el Alto Comisionado.

    La ONU calcula que los niños representan «entre el 30 y el 50 por ciento» de los integrantes de las pandillas.

    Algunos son incorporados por la fuerza y otros se suman voluntariamente debido a que «para muchos, unirse a una pandilla puede ser la única forma de sobrevivir».

    Los menores «son explotados, traficados y abusados, mientras que los mecanismos para prevenir esta situación» y reintegrarlos a la sociedad «siguen siendo lamentablemente inadecuados», lamentó Turk.

    El Alto Comisionado también denunció las «condiciones inhumanas y degradantes» en las cárceles haitianas, cuya población penitenciaria triplica, en promedio, su capacidad máxima.

    La violencia entre detenidos y los abusos cometidos por guardias agravan la situación y, solo durante este año, al menos 125 personas murieron mientras permanecían bajo detención.

    Turk sostuvo que este «caos tiene raíces profundas y entrelazadas, alimentadas por la codicia y la impunidad, tanto dentro como fuera de Haití» y reiteró la necesidad de «un enfoque integral que vaya más allá de la seguridad».

    También señaló los vínculos de los cabecillas criminales con «un puñado de poderosos que están explotando y perpetuando los agravios de la gente y la debilidad de las instituciones del Estado para perseguir sus propios intereses».

    «Para salvar vidas y restablecer el orden, se debe poner fin al continuo flujo ilícito de armas y municiones hacia Haití, y es esencial que el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad se respete plenamente y se aplique de manera eficaz», añadió Turk.

    El funcionario pidió además fortalecer el estado de Derecho y el sistema judicial «para poner fin a la impunidad y descongestionar las prisiones» y consideró «primordial que se garanticen unas condiciones humanas de detención, especialmente a medida que la Fuerza de Supresión de Pandillas intensifica sus operaciones».