El Parlamento de Honduras aprobó un paquete de reformas penales que establece condenas de entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de pandillas y otras estructuras criminales, mientras que sus líderes y financistas podrían enfrentar hasta cadena perpetua, como parte de las nuevas disposiciones para combatir la delincuencia organizada.
Las modificaciones fueron aprobadas la noche del martes con el respaldo de 118 de los 128 diputados del Congreso hondureño, a iniciativa del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura. Las reformas incluyen cambios al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, explicó que las medidas buscan ampliar las herramientas legales para enfrentar a las maras, pandillas y otras organizaciones declaradas «asociaciones terroristas», además de fortalecer la seguridad pública.
Entre las principales modificaciones figura el artículo 587 del Código Penal, que contempla penas de 30 a 40 años para sus integrantes y condenas de 40 años hasta prisión perpetua para quienes dirijan o financien estas estructuras.
La normativa también establece sanciones de entre ocho y diez años de cárcel por atentados contra la autoridad y prisión perpetua para quienes asesinen a funcionarios de justicia o seguridad debido al ejercicio de sus cargos. Asimismo, contempla condenas de entre 30 y 40 años para las personas que elaboren, difundan o coloquen grafitis y mensajes vinculados con amenazas, intimidación o control territorial de organizaciones criminales.
Reformas incluyen prisión preventiva obligatoria
El paquete legislativo dispone la prisión preventiva obligatoria para las personas imputadas por asociación terrorista y amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante las autoridades judiciales a los detenidos por delitos relacionados con estas estructuras, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.
En el ámbito penitenciario, las reformas contemplan la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria encargada de custodiar los módulos de máxima seguridad, ejecutar traslados de reclusos considerados de alto riesgo y responder ante posibles motines o fugas. También se establece «la identificación biométrica obligatoria» en estos módulos y nuevas restricciones para los internos sometidos a regímenes especiales.
Las nuevas disposiciones deberán ser incorporadas a los reglamentos penitenciarios por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días después de su entrada en vigor, que se producirá cuando sean publicadas en el diario oficial La Gaceta. Estas reformas se suman a las medidas aprobadas en septiembre para reforzar el control de los privados de libertad vinculados con pandillas y otras organizaciones declaradas terroristas.
En Honduras, las principales estructuras pandilleriles son la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que operan desde hace más de tres décadas y reúnen aproximadamente 40,000 integrantes. Las autoridades vinculan a estas organizaciones con la extorsión, el narcotráfico y buena parte de los homicidios registrados en el país, que contabilizó alrededor de 2,629 asesinatos durante 2025, según cifras oficiales, en una población cercana a los 11 millones de habitantes.
