José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá (2019-2024), fue capturado este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, tras regresar de Guatemala. La captura fue ordenada por el Ministerio Público (MP), que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento injustificado.
Al ser arrestado, Carrizo se mostró desafiante ante los medios y afirmó: «Aquí estoy porque soy inocente», mientras era escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
En un video difundido horas antes de su captura, Carrizo explicó que optó por no juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en Guatemala, para evitar especulaciones sobre su situación legal. El cargo de diputado le otorgaría inmunidad ante la justicia ordinaria, lo que pudo haber complicado las investigaciones en su contra.
Carrizo, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió su posición asegurando que enfrenta una «persecución política» y criticó que estuviera siendo investigado por más de tres fiscalías por la misma causa de enriquecimiento injustificado. La Fiscalía ha solicitado su comparecencia para responder por los señalamientos.
En octubre de 2025, la Contraloría General de Panamá ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, por un valor aproximado de 1,3 millones de dólares. El exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Panamá para impugnar esta medida. En respuesta a las acusaciones, Carrizo afirmó que había entregado el 15 de enero de 2026 una auditoría forense ante la Contraloría que, según él, demostraba que no se había enriquecido de manera ilícita.
Carrizo, de 42 años, fue una de las figuras más visibles en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y su nombre ha estado vinculado a varios escándalos desde el inicio de la administración, especialmente durante la pandemia de la covid-19, cuando se cuestionó el manejo de los fondos destinados para enfrentar la emergencia sanitaria. En ese contexto, Transparencia Internacional destacó en 2021 que, debido al estado de emergencia, el gobierno de Cortizo se eximió de los controles regulares y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que alimentó las sospechas de corrupción.
Carrizo defendió el «manejo transparente» de los 1.457 millones de dólares aprobados para la pandemia, asegurando que los fondos fueron utilizados de forma adecuada.
La investigación en su contra sigue su curso y Carrizo tendrá que enfrentar a las autoridades judiciales para aclarar las acusaciones que pesan sobre él.
