La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo recomendó este jueves prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años en toda la Unión Europea (UE), y permitirlo solo a partir de los 16 si no cuentan con el consentimiento de sus padres.
La propuesta fue aprobada con 32 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, pero aún debe pasar la votación en el pleno del Parlamento Europeo la próxima semana en Estrasburgo, Francia, para ser adoptada formalmente.
Los eurodiputados expresaron preocupación por la pasividad de las grandes plataformas digitales ante la exposición de menores a contenidos ilegales o dañinos, señalando que la falta de filtros adecuados puede generar adicción y afectar la salud mental infantil.
En este sentido, la Eurocámara exhortó a una aplicación rigurosa de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), incluyendo sanciones severas como multas o incluso la prohibición de operar para las plataformas que incumplan las normativas europeas.
Asimismo, se plantea que estas restricciones también apliquen a plataformas de video y redes sociales que difunden contenido generado por inteligencia artificial.
El Parlamento Europeo valoró positivamente el proyecto piloto impulsado por la Comisión Europea junto a varios Estados miembros —incluido España— que busca implementar un sistema de verificación de edad para el acceso a redes sociales. Sin embargo, los legisladores advirtieron que estas herramientas deben garantizar la privacidad y el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.
La propuesta también sugiere deshabilitar por defecto los elementos de diseño adictivo, como algoritmos de recomendación personalizados basados en la participación de menores, así como explorar la posibilidad de exigir responsabilidades personales a los directivos de plataformas por infracciones graves y repetidas.
El eurodiputado Alvise Pérez elogió los avances en seguridad logrados en el país durante los últimos seis años y sostuvo que es injustificado calificar de “dictadura” al Gobierno de El Salvador.
“Cuestionar implica utilizar argumentos para criticar un modelo, algo que criticamos, tanto en el parlamento de Estrasburgo como el de Bruselas, han cuestionado, han adjetivado con injusticia y sin argumentos, adjetivado como ‘dictadura’ como violación de derechos humanos y una serie de cuestiones que nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a los más de 800,000 votantes en la representación del parlamento europeo negamos”. aseguró el diputado del Parlamento Europeo y líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta
El funcionario, de gira por El Salvador, manifestó que los funcionarios europeos ahora pueden visitar el país con libertad, luego de conversar con ciudadanos en el transporte público. Basó su afirmación en el fin de doce años de guerra civil y décadas de sufrimiento bajo el régimen y la dictadura de las pandillas.
“Después de 12 años de guerra civil, décadas de sufrimiento, por el régimen, la dictadura de los pandilleros y de crimen organizado que por fin, altas autoridades europeas , de las que me incluyo podemos visitar el país con una normalidad y una seguridad y la tranquilidad que es un país que podemos visitar sin miedo a que halla secuestros”, aseguró Pérez durante una entrevista para el programa Pulso Ciudadano de Canal 21..
#PulsoCiudadano | El eurodiputado Alvise Pérez (@Alvise_oficial_) señala que calificar al gobierno salvadoreño como una “dictadura” ha sido injustificado.
🗣️ “Han adjetivado de forma injusta y sin argumentos”, afirmó durante su visita al país. pic.twitter.com/sXLzxfwXgG
Por otro lado, en declaraciones para el programa de entrevistas de Frente a Frente este martes, Pérez criticó a quienes se oponen a las medidas de seguridad, como el régimen de excepción.
“A mi me sorprendería que el 4% que no está de acuerdo bajo el régimen de excepción sean burócratas escondidos, a la Unión Europea no le importó para nada El Salvador cuando aquí había más de 40 o 50 asesinatos diarios, no les importaba nada, su vida y su futuro cuando había ciento de secuestros trimestrales”, aseguró Pérez en dicha entrevista este martes.
Por otra parte, Pérez también destacó la gestión de Nayib Bukele, afirmando que es un hecho indiscutible en Europa, a pesar de las críticas hipócritas sobre la democracia en El Salvador.
“No hay ahora mismo, país en el mundo que tenga el apoyo que tenga Bukele por haber hecho bien las cosas… en 6 años no se cambia un país de la manera en que se cambió…Las leyes de excepción han funcionado, creo que es un hecho que no se discute en Europa aunque se critique de forma hipócrita la democracia o no democracia en El Salvador”, aseguró el eurodiputado.
Anteriomente, Pérez, de 34 años de edad, manifestó que llegó a El Salvador para conocer de primera mano y en detalle el plan de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.
A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.
En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.
“Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.
Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.
El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.
Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.
Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.
