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Etiqueta: PDDH

  • Habitantes de San Vicente presentan amparo a Corte Suprema por construcción de relleno en comunidad

    Habitantes de San Vicente presentan amparo a Corte Suprema por construcción de relleno en comunidad

    Representantes del Bloque de Resistencia Popular (BRP) y habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, presentaron este lunes una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la construcción de un basurero que consideran ilegal y lesivo para sus derechos fundamentales.

    “Hemos presentado una demanda de amparo y en esta demanda estamos describiendo una serie de hechos que están violentando los derechos fundamentales de las personas habitantes de San Francisco Angulo”, expresó Francisco Parada, representante del BRP.

    Parada recordó que en 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el sitio no era apto para la construcción de un relleno sanitario. A pesar de ello, las obras del llamado «Relleno Sanitario de Los Nonualcos» continúan, lo cual, según Parada, representa un acto de irrespeto a la ley y a la Constitución.

    El dirigente comunal denunció también que los habitantes han sido víctimas de “amenazas e intimidaciones”, al señalar que recientemente aparecieron carteles en maquinaria de construcción con mensajes que advertían que “iban a meter presos” a quienes se opusieran al proyecto.

    En su momento, la PDDH emitió medidas cautelares para detener las obras, con el objetivo de evitar que obstaculizaran diligencias de la Fiscalía relacionadas con exhumaciones pendientes por una masacre atribuida al Ejército durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

    Según consta en el expediente público, los habitantes advierten que el proyecto amenaza con destruir 24 manzanas de bosque natural, impactar la fauna silvestre y contaminar el río Salamar, fuente hídrica que abastece a los cantones San Francisco Angulo, Canta Rana y la colonia El Milagro. Además, podría poner en riesgo la salud de al menos 86 familias.

    También alertan que la obra entorpece la recuperación de restos humanos vinculados a crímenes de guerra. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en septiembre de 2018 se realizaron exhumaciones por petición de familiares de víctimas, pero para diciembre de 2021 no se habían recuperado todas las osamentas.

    La comunidad exige la suspensión inmediata del proyecto y respeto a los derechos ambientales, históricos y humanos de los habitantes.

     

  • CDHES lamenta que Asamblea haya «ignorado» anteproyecto de ley para reparación de víctimas en el conflicto armado

    CDHES lamenta que Asamblea haya «ignorado» anteproyecto de ley para reparación de víctimas en el conflicto armado

    La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) expresó su preocupación por la falta de avances en el anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado y que esta haya sido «ignorado» por los legisladores.

    El presidente de la CDHES, Miguel Montenegro aseguró que la falta de trámite por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa corresponde a un desinterés por parte del Órgano Legislativo en respuesta hacia las víctimas del conflicto armado que sufrió El Salvador de 1980 – 1992.

    «Eso lo que nos hace ver es que no hay interés para las víctimas, no hay interés, archivaron uno y luego no ha habido ninguna respuesta en lo absoluto a esa petición que la ha hecho víctimas y organizaciones de derechos humanos. La víctimas y organizaciones de derechos humanos lo presentamos y ellos han ignorado esa petición», expresó Montenegro en una conferencia de prensa conmemorativa a los 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz.

    Montenegro enfatizó que la propuesta de ley, presentada por familiares de víctimas de la guerra y organizaciones de derechos humanos, busca dar respuesta una deuda histórica del Estado, al garantizar justicia, reparación y el sometimiento de los responsables de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Sin embargo, aseveró que hasta la fecha, la Asamblea no ha dado trámite formal a la propuesta de ley.

    «Es ignorar una necesidad que requiere la víctima y la organización de derechos humanos para beneficiar pues a la víctima y someter a los victimarios que cometieron esos graves crímenes durante el conflicto armado y eso es lo que nosotros vemos», dijo Montenegro.

    El presidente de la CDHES recordó que muchas víctimas y familiares han fallecido sin obtener verdad ni reparación. «Familiares, madres, padres ya fallecidos y otros están en estado muy grave en la actualidad y se están yendo sin encontrar una respuesta por parte de los gobiernos anteriores ni este Gobierno. Entonces, ahí vemos para nosotros es muy lamentable y muy triste esa realidad».

    Asimismo, denunció que desde la presentación del anteproyecto de ley, la Comisión de Derechos Humanos solicitó una audiencia ante la Asamblea Legislativa pero hasta la fecha no han sido atendidas. Ante ello, afirmó que pese a la falta de respuesta del Órgano Legislativo, continuarán insistiendo en la aprobación de una ley que garantice los derechos de las víctimas.

    «Nosotros vamos a insistir y vamos a seguir insistiendo, precisamente ahora estamos diciendo, le hacemos ese llamado a la Asamblea Legislativa. Sabemos que estos señores de la Asamblea Legislativa no van a ser permanentes en este puesto, sabemos que un día va a haber un cambio que realmente va esperamos que se escuchen a la familia a los familiares de las víctimas y haya una respuesta concreta a esa petición que hemos hecho porque a nosotros se nos ignora», expresó Montenegro.

    En 2021, el partido Vamos, presentó la propuesta de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armando en El Salvador, la cual buscaba la reparación de las víctimas del conflicto armado. No obstante, en 2024 la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa archivó la propuesta.

    Críticas a la PDDH

    Montenegro también cuestionó el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a quien calificó su trabajo como «empobrecido», en la protección de los derechos humanos de la población salvador.

    Ante ello, la CDHES hizo un llamado presidente de la República Nayib Bukele y ministros de las carteras de Estado a «reflexionar lo que verdaderamente qué es la democracia y qué son los derechos humanos y los beneficios de los derechos humanos de los seres humanos que el Estado salvadoreño».

    La firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992 puso fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, organizaciones de derechos humanos reportaron más de 80,000 personas asesinadas, más de 7,000 personas desaparecidas, miles de personas capturadas y torturadas durante el conflicto armado.

  • PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el viernes a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de justicia transicional integral que garantice reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a propósito del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

    La institución subrayó que esta normativa debe tener como prioridad a las víctimas y no debe incluir “amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad”, según expresó en un comunicado publicado en redes sociales.

    Además, la PDDH insistió en que la futura ley debe crear las condiciones necesarias para la investigación de crímenes de guerra, sancionar a los responsables, garantizar reparación integral y promover medidas para evitar que estos hechos se repitan.

    En octubre de 2024, sobrevivientes del conflicto y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional, con el fin de establecer un marco legal que reconozca los derechos de las víctimas y genere mecanismos efectivos de reparación.

    La iniciativa representó el tercer intento por legislar en esta materia. La primera propuesta fue archivada en 2021 por la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. Una segunda iniciativa tampoco fue discutida durante el período legislativo siguiente.

    Hasta el momento, se desconoce si la Asamblea Legislativa estudia el anteproyecto presentado el año pasado. La falta de información ha generado preocupación entre víctimas y organizaciones sociales que denuncian la ausencia de voluntad política para avanzar en el tema.

    Durante el conflicto armado salvadoreño se registraron al menos 75,000 muertes, 8,000 desapariciones y cientos de masacres, incluyendo las de El Mozote y la de cuatro periodistas holandeses.

    La PDDH destacó que avances judiciales como la condena por el asesinato de los periodistas y el proceso contra ex altos mandos por la masacre de El Mozote “demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto, la impunidad puede ser enfrentada”. Añadió que “estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas”.

     

  • Comunidades de Tecoluca piden a Fiscalía investigar construcción de relleno sanitario por incumplimiento de medidas cautelares de PDDH

    Comunidades de Tecoluca piden a Fiscalía investigar construcción de relleno sanitario por incumplimiento de medidas cautelares de PDDH

    Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) este martes que investigue la construcción de un relleno sanitario en la zona, al considerar que contraviene medidas cautelares dictadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde 2017.

    Los residentes, acompañados por representantes del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), presentaron un aviso formal ante la FGR, donde solicitaron que se indague el avance del proyecto.

    “Es un aviso que nosotros como comunidad venimos a poner para que ellos (Fiscalía) tomen cartas en el asunto”.
    René Alfaro Gómez, uno de los voceros comunitarios.

    Según Milpa, el proyecto del relleno sanitario ha sido impulsado desde 2017, pero fue detenido ese mismo año por la PDDH, debido a investigaciones fiscales vinculadas a exhumaciones pendientes relacionadas con la masacre de San Francisco Angulo. No obstante, desde noviembre de 2025 se iniciaron trabajos en un área boscosa, supuestamente por una empresa mexicana, a pesar de que las medidas cautelares no han sido revocadas.

    El coordinador de Milpa en la zona oriental, Ángel Flores, criticó que las autoridades no informan ni consultan a las comunidades sobre los proyectos que se desarrollan cerca de sus territorios.

    “No se realiza ningún tipo de consulta para que puedan tomar decisiones como comunidad ante este tipo de iniciativas económicas que benefician a grupos empresariales”, expresó Flores, quien también mencionó el caso del Aeropuerto del Pacífico como antecedente de falta de transparencia.

    Los residentes advirtieron que el proyecto representa una amenaza directa a la salud pública, debido al volumen de desechos sólidos que, aseguran, se pretende trasladar al sitio. La preocupación se extiende a comunidades vecinas como Canta Rana y colonia El Milagro.

    “Han sido días de angustia porque para nosotros la salud de nuestros ancianos y de nuestros niños es prioridad”, subrayó Alfaro Gómez.

    Los habitantes anunciaron que acudirán al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para solicitar un estudio de impacto ambiental, ya que aseguran que el terreno intervenido alberga vegetación y fauna silvestre. Además, insistirán ante la PDDH para que se cumpla el documento de medidas cautelares que, según afirman, continúa vigente desde hace ocho años.

     

     

  • Procuradora premia a director de Tejido Social por su labor en la promoción y difusión de derechos humanos

    Procuradora premia a director de Tejido Social por su labor en la promoción y difusión de derechos humanos

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) celebró el jueves 4 la entrega del Premio Nacional a la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos 2025, destacando el trabajo de diversas personalidades e instituciones estatales en favor de una cultura de paz y la defensa de los derechos fundamentales.

    La procuradora Raquel Caballero de Guevara presidió la ceremonia, en la cual fue galardonado el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, quien recibió el reconocimiento por su supuesta labor en la promoción de los derechos humanos desde los programas sociales impulsados por el Gobierno.

    “Este impulso nos motiva a seguir trabajando por la defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio, en línea con la visión país del presidente Nayib Bukele”, publicó la Dirección de Tejido Social en sus redes sociales tras el acto.

    Durante su discurso, la procuradora agradeció a los premiados por su trabajo a favor de la dignidad humana:

    “Gracias por cada esfuerzo solidario, por cada palabra y acción que busca proteger la vida, acompañar el sufrimiento, promover la justicia y sembrar esperanza. Ustedes encarnan el verdadero sentido del servicio público y el compromiso ciudadano”, expresó.

    Además de Marroquín, también fueron distinguidas tres juezas de la Corte Suprema de Justicia, así como el alcalde de San Salvador Sur, Mario Vásquez.

    La PDDH extendió reconocimientos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), y a la Dirección General de Migración y Extranjería, entre otras entidades públicas.

     

  • PDDH espera respuesta de 81 órdenes de libertad de presos del régimen

    PDDH espera respuesta de 81 órdenes de libertad de presos del régimen

    La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),  en El Salvador, Raquel Guevara de Caballero, admitió que hay capturados bajo el régimen de excepción que tienen carta de libertad, pero que no han sido liberados y que espera respuesta de la Dirección General de Centros Penales.

    «Sí es cierto, no llegan ni a 100, serán 80, 81 casos de personas que tienen cartas de libertad, pero de esos hay recapturas, porque tienen otras acusaciones por otros delitos que han sido cometidos. Pero la mayoría, yo creo más de 3,000, quizá más, de lo que  yo me acuerdo, han sido liberados. Pero de 82,000 capturados con el régimen, son 81 casos que estoy esperando la respuesta de la Dirección General, que algunos son recapturas y los que no son recapturas, esos salen inmediatamente. Es muy probable que de esos 81, ya haya un porcentaje que a estas alturas ya haya sido liberado», dijo la funcionaria en una entrevista con Romeo Lemus.

    Aunque la funcionaria habla de 82,000 capturados, el último dato que envió el Gabinete de Seguridad en la última petición de prórroga aprobada el 29 de octubre van 89,875 capturados.

    En agosto de 2023, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que a esa fecha llevaban el registro de más de 7,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción, habían sido liberadas.

    En la entrevista, emitida la semana pasada, la procuradora aseguró que en la Procuraduría reciben toda la información de las personas liberadas y capturadas.

    «La Dirección General de Centros Penales me contesta cada oficio, hemos tenido una comunicación muy fluida. De los 82,000 que yo tenía registrados, de ellos 16, 292 familiares ha venido a preguntarme dónde está, el tema de ubicación, y cuando hay enfermedad leve o enfermedad crónica. Entonces si uno de ellos tiene problema de diabetes, quiere saber qué tratamiento se le da, entonces de Centros Penales me mandan la ficha técnica con el tratamiento que se le da. Y a través de la red del Ministerio de Salud, con telemedicina hacen las consultas».
    Raquel Guevara de Caballero, Procuradora de Derechos Humanos.

    Como ejemplo de atención médica en centros penitenciarios puso el del Centro Occidental de Santa Ana en donde dijo que hay 1,603 personas privadas de libertad y que en el plazo de dos meses y medio les dan consulta a todos «entonces los que requieren atención con especialistas hacen la conexión con el Ministerio de Salud, para que el especialista lo vea a través de telemedicina».

    La prórroga actual número 44 del régimen de excepción inició el pasado 2 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre de 2025.

    Hasta septiembre de este año, el Socorro Jurídico Humanitario denunció que habían más de 450 reos que murieron en prisión, bajo custodia del Estado, debido a falta de atención médica y otros con señales de tortura y desnutrición. El gobierno ha negado estos señalamientos.

     

  • Arena y Vamos critican a la PDDH por informe de observación electoral entregado 20 meses después

    Arena y Vamos critican a la PDDH por informe de observación electoral entregado 20 meses después

    Las diputadas de los partidos de oposición, Vamos y Arena, criticaron a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) luego de que esta entregara un informe sobre las “fallas” en las elecciones 2024 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 20 meses después de los comicios.

    Las legisladores consideran que el informe fue tardío pero que además debería ser público.

    Dentro de los hallazgos, que se han conocido de forma limitada, se mencionan fallas en el sistema de transmisión para procesar las actas electorales, inicio tardío de la jornada por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), cambios de criterios «de último momento» en el TSE que habrían dado lugar a «denuncias de desequilibrio en al fiscalización».

    Además, se mencionan problemas logísticos en el escrutinio final e «injerencia y presión indebida sobre miembros de los organismos temporales».

    Ante esto la diputada Ortiz dijo expresó que sería importante conocer si habrá un pronunciamiento público de la PDDH.

    «Se ha conocido la existencia de este informe y algunas de sus conclusiones y sería importante conocer, si aparte de este informe, habrá algún tipo de pronunciamiento fuerte de la PDDH, porque todas estás situaciones que están en el informe, informe que debería ser público, para que lo desmenucemos, contrastemos, conozcamos», señaló Ortiz.

    La legisladora de Vamos agregó que, más que esas fallas, se vivieron violaciones a los derechos de los partidos políticos.

    «Lo vivimos como partido, en las elecciones, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los partidos políticos y de la población que fue a votar. Así que lo que esperamos es que haya un pronunciamiento contra las instituciones que no garantizaron comicios en condiciones libres, transparentes y competitivas», reclamó.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, criticó a la PDDH por no hacer público el informe, según la legisladora la Procuraduría debió haber realizado una rueda de prensa para informar sobre los hallazgos del proceso electoral, como lo hacen organismos internacionales.

    «Para que quede sentado qué pasó en las elecciones, aunque no hay necesidad que la Procuraduría nos diga las falencias en las elecciones del 2024, porque todos los pudimos presenciar al mismo tiempo, sin embargo, por ser la institución que vela por los derechos de los salvadoreños debió ser la primera en presentar este informe», expuso.

    La legisladora espera que en los próximos días «al menos» el Tribunal Supremo Electoral pueda explicar a los salvadoreños qué dice el informe de la PDDH. «Pero lo que vemos es sobre el actuar de la procuradora que realmente actúa en medio del silencio», dijo la diputada Villatoro. Ambos partidos rechazaron la reelección de Raquel Caballero de Guevara el pasado 15 de octubre.

  • Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, le ha pedido a la Asamblea Legislativa modificar la Ley del Presupuesto General de la Nación para reforzar los presupuestos de 13 instituciones públicas, con un monto total de $113 millones.

    El monto mayor se destinaría a la Presidencia de la República, que ha solicitado $32 millones, únicamente se detalla que servirán para «compromisos impostergables» en lo que resta de 2025.

    Al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le destinarán $26 millones y al Ramo de Seguridad Pública y Justicia se le reforzará con $17 millones, estas son las tres instituciones con los mayores montos.

    «En la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025», argumenta el ministro, en la petición enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de octubre, «cumpliendo especiales instrucciones del presidente de la República».

    Según explica Posada en el proyecto de decreto, los recursos para reforzar las 13 instituciones saldrán del Fondo General, ya que «el Ministerio de Hacienda ha identificado las asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta».

    Así se distribuirán los $113 millones en las 13 instituciones del Estado para cubrir compromisos en lo que resta del 2025

    Presidencia de la República: $32 millones.
    Agricultura y Ganadería: $26 millones.
    Seguridad Pública y Justicia: $17 millones.
    Relaciones Exteriores: $10 millones.
    Fiscalía General de la República: $8 millones.
    Economía: $6.5 millones.
    Cultura: $3.8 millones.
    Turismo: $2.6 millones.
    Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones.
    Procuraduría General de la República: $2 millones.
    Obras Públicas y de Transporte: $2 millones.
    Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000.
    Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000.

    La solicitud no detalla para qué son estos requerimientos presupuestarios en cada entidad. El proyecto de decreto será visto en la Comisión de Hacienda convocada para este viernes 3 de octubre a las 9:30 de la mañana.

  • Marcela Villatoro sostiene que trabajo de la PDDH “ha sido invisible”

    Marcela Villatoro sostiene que trabajo de la PDDH “ha sido invisible”

    La diputada Marcela Villatoro reiteró ayer sus cuestionamientos al trabajo que realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el cual califica de invisible.

    «A mi me da tristeza la forma cómo ha actuado la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos que no ha respondido de forma correcta y defender los derechos humanos de los salvadoreños de bien; y que la procuradora, que es la encargada de defender los derechos, no ha hecho absolutamente nada, realmente el trabajo de la PDDH ha sido invisible», criticó Villatoro.

    Estas declaraciones se dieron en el contexto de la primera Cumbre Global de los Derechos Humanos, que se realiza en El Salvador entre el 2 y el 4 de septiembre a iniciativa, precisamente, de la procuradora par la Defensa de Derechos Humanos y presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, Raquel Caballero de Guevara.

    Personas miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) publicaron en redes sociales que se dirigían en un bus hacia el lugar donde se realiza la cumbre y eran seguidos por una patrulla policial. La diputada dijo «estos hostigamientos no deben continuar».

    «El gobierno se ufana constantemente que dice que permite la libertad de expresión, no debería de buscar las forma de coartar a personas que piensan distinto de este gobierno. Son personas que han pasado situaciones de familiares con el régimen de excepción y lo que buscan es que se respeten sus derechos humanos», dijo.

    La procuradora busca ser reelegida para el siguiente período como titular de la PDDH, lo que también es cuestionado por Villatoro.

    «A mí me hubiera dado pena, con el trabajo tan deficiente que se ha tenido en la procuraduría y querer estar un período más, creo que no es la mejor decisión de su parte», aseveró la diputada.

    La PDDH, en su informe de labores, indica que ha emitido 4,190 resoluciones finales del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, contra las instituciones como Policía Nacional Civil, Dirección General de Centros Penales, Ministerio Público (Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República), gobiernos locales, entre otros. El informe no detalla contenido de las resoluciones ni cantidad.

  • Raquel de Guevara y Roswall Solórzano entre los cinco candidatos a procurador de derechos humanos

    Raquel de Guevara y Roswall Solórzano entre los cinco candidatos a procurador de derechos humanos

    La actual procuradora Raquel Caballero de Guevara y el sindicalista del Órgano Judicial Roswall Gregorio Solórzano figuran entre los cinco candidatos que aspiran a ocupar el cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    Los cinco aspirantes entregaron sus hojas de vida y documentación ante la Asamblea Legislativa para ser evaluados por los diputados y considerados para la elección del nuevo titular encargado de defender los derechos humanos en el periodo octubre de 2025 a octubre de 2027.

    El diputado presidente de la Asamblea Legislativa dio por recibido los cinco perfiles, que pasan a estudio de la Comisión Política de la Asamblea, que entrevista a los aspirantes a funcionarios de segundo grado sin seleccionar ni dar alguna propuesta al pleno legislativo.

    ¿Quiénes son los aspirantes a procurador de derechos humanos 2025-2027?

    Raquel Caballero de Guevara

    La actual procuradora, quien termina su período el 15 de octubre de 2025, está buscando un tercer período. El primero lo hizo entre el 2016-2019. En ese período el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por la contratación de la hija de su cónyuge en la institución.

    Caballero de Guevara fue elegida nuevamente procuradora en 2022, propuesta por Nuevas Ideas. En este período, ha sido cuestionada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) «por guardar silencio sobre abusos en régimen de excepción».

    En su currículum, ella destaca es la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y que ha sido presidente de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA). Además, es la representante de las INDH de América ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y ocupa el cargo de coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.

    Roswall Gregorio Solórzano Hernández

    En su currículum, el dirigente sindical detalla que actualmente labora en el Órgano Judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, desempeñando el cargo de colaborador jurídico desde el año 2014, obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas. De forma adicional, se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), además de ser presidente de la «Fundación de la Defensoría del Pueblo».

    Es coordinador del Movimiento Ciudadano Poder Popular de El Salvador, con el que en el 2022 promovió la reelección presidencial de Nayib Bukele.

    Solórzano ha protagonizado controversias con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien en 2022 acusó de tramar un sabotaje en la marcha del 1 de mayo, por lo que Castro pidió a la Fiscalía investigarlo calificándolo de «mercenario que se hace pasar por sindicalista».

    Carolina María Hernández de Hernández

    Abogada con 26 años de servicio. Desde desde el 13 de septiembre de 1999 a la fecha es secretaria interina con funciones administrativas en la delegación departamental de San Miguel de la PDDH.

    Coordinadora de las Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos de la Delegación Departamental de San Miguel, ha realizado capacitaciones de difusión de los derechos humanos según su hoja de vida.

    También indica que ha sido encargada de la Red Ciudadana de Derechos Humanos y de la Mesa de Salud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

    Walter Edgardo Fuentes Rodríguez

    Abogado y notario, actualmente se desempeña como procurador especializado de Defensoría Pública Penal en la PDDH, desde el 2023. También, ha sido fungido como juez suplente de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en La Libertad, juez suplente de Paz en Suchitoto, juez suplente e Primera Instancia en La Libertad, entre otros.

    David Oswaldo Escobar Menéndez

    Es abogado y notario, especializado en derecho administrativo y patrimonial, derecho registral, derecho societario y juicios de cuentas, según su hoja de vida.

    Se desempeña como juez de cuentas de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR). También indica que tiene experiencia en la Corte de Cuentas de la República en Auditoría Gubernamental y juicios de cuentas. Ha cursado estudios superiores en derechos humanos, criminología y derecho penitenciario. Formó parte de la Procuraduría General de la República (PGR).