El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, tras la orden de prisión preventiva emitida esta semana contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, iniciada en 2024, reveló una red de compra de votos legislativos a cambio de contratos públicos adjudicados desde la UNGRD, salpicando a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
El presidente Gustavo Petro, defendió el jueves a su exministro Bonilla y aseguró que, según su «conciencia», es inocente.
«Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia», escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.
En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido «extorsionado» y convertido en un «chivo expiatorio», y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una «ingenuidad» por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
Los protagonistas del caso:
1. Ricardo Bonilla.
Exministro de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Petro desde su gestión en la alcaldía de Bogotá. Bonilla enfrenta cargos por presuntamente liderar la red de corrupción a través de contratos por más de $23 millones. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido. El presidente Petro aseguró el jueves que, en su “conciencia”, Bonilla es inocente.
2. Luis Fernando Velasco.
Exministro del Interior y antiguo director de la UNGRD, Velasco también fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, participó desde una posición de liderazgo para asegurar mayorías legislativas con dinero público.
3. Iván Name.
Presidió el Senado entre 2023 y 2024. La Corte Suprema ordenó su captura en mayo por recibir presuntamente sobornos por $770,000 a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo. Está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación.
4. Andrés Calle.
Expresidente de la Cámara de Representantes, capturado también en mayo. Se le acusa de recibir pagos ilícitos desde la UNGRD en 2023. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota y enfrenta los mismos cargos que Name.
5. Olmedo López.
Exdirector de la UNGRD y hombre de confianza de Petro, López fue condenado a seis años de prisión tras renunciar al cargo en febrero de 2024. Fue director de campaña de Petro en 2010.
6. Sneyder Pinilla.
Exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en testigo clave tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Admitió haber participado en la manipulación de contratos y devolvió cerca de $160,000 en fondos públicos.
7. Carlos Ramón González.
Antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exguerrillero del M-19, fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Tiene orden de captura desde mediados de 2025, pero se encuentra prófugo en Nicaragua bajo asilo político. Su aparición en una fiesta en ese país desató una nueva ola de críticas.
8. Sandra Ortiz.
Excongresista y consejera presidencial para las Regiones desde mayo de 2023. Está detenida y señalada como intermediaria para canalizar sobornos a legisladores. Ha negado los cargos y afirma tener “una historia que contar”, sugiriendo la implicación de más personas.
El caso, considerado el más grave de la administración Petro, ha generado un terremoto político en Colombia, reavivando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines partidarios. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos implicados.
