El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador instaló el miércoles la vista pública contra el exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, de 79 años, acusado de los delitos de peculado y malversación en perjuicio de la administración pública y de la comuna que dirigió.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2012, período en el que el imputado ejerció como alcalde. La Fiscalía General de la República sostiene que durante su gestión se destinaron fondos municipales y recursos del FODES a fines distintos a los establecidos por ley.
El Ministerio Público señala que la presunta afectación económica supera los $130,000, recursos que habrían sido utilizados para propósitos ajenos al municipio. La acusación plantea que el manejo irregular de estos fondos constituye una vulneración a la administración pública.
Aunque el exfuncionario gozaba de medidas sustitutivas, la jueza del caso decidió revocarlas y decretó detención provisional para evitar el peligro de fuga y garantizar su comparecencia en el proceso judicial.
La audiencia continuará el próximo miércoles 18 de febrero, fecha en la que el tribunal seguirá con el desarrollo de la vista pública para determinar la responsabilidad penal del exalcalde en los delitos que se le imputan.
Al menos 26 exfuncionarios municipales de Coatepeque, en Santa Ana, enfrentarán un juicio por delitos de corrupción, luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción admitiera la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, período en el que los imputados habrían sustraído fondos públicos asignados a la ejecución de obras de infraestructura en el municipio, entre ellas pavimentaciones, construcción de calles, cordón cuneta y trabajos de concretado, que nunca fueron realizados.
Los acusados, quienes formaban parte de distintos concejos municipales, serán procesados por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, al haber aprobado proyectos inexistentes para apropiarse de los fondos.
La FGR sostiene que con las pruebas presentadas se busca demostrar la responsabilidad de los imputados y recuperar el dinero sustraído, en beneficio del Estado y la ciudadanía afectada por la ausencia de dichas obras.
El proceso judicial continúa y será en la etapa de juicio donde se determinará si los exfuncionarios deberán responder penalmente por el daño causado al erario público.
El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, tras la orden de prisión preventiva emitida esta semana contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, iniciada en 2024, reveló una red de compra de votos legislativos a cambio de contratos públicos adjudicados desde la UNGRD, salpicando a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
El presidente Gustavo Petro, defendió el jueves a su exministro Bonilla y aseguró que, según su «conciencia», es inocente.
«Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia», escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.
En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido «extorsionado» y convertido en un «chivo expiatorio», y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una «ingenuidad» por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
Foto de archivo del presidente colombiano Gustavo Petro. EFE
Los protagonistas del caso:
1. Ricardo Bonilla.
Exministro de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Petro desde su gestión en la alcaldía de Bogotá. Bonilla enfrenta cargos por presuntamente liderar la red de corrupción a través de contratos por más de $23 millones. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido. El presidente Petro aseguró el jueves que, en su “conciencia”, Bonilla es inocente.
2. Luis Fernando Velasco.
Exministro del Interior y antiguo director de la UNGRD, Velasco también fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, participó desde una posición de liderazgo para asegurar mayorías legislativas con dinero público.
3. Iván Name.
Presidió el Senado entre 2023 y 2024. La Corte Suprema ordenó su captura en mayo por recibir presuntamente sobornos por $770,000 a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo. Está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación.
4. Andrés Calle.
Expresidente de la Cámara de Representantes, capturado también en mayo. Se le acusa de recibir pagos ilícitos desde la UNGRD en 2023. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota y enfrenta los mismos cargos que Name.
5. Olmedo López.
Exdirector de la UNGRD y hombre de confianza de Petro, López fue condenado a seis años de prisión tras renunciar al cargo en febrero de 2024. Fue director de campaña de Petro en 2010.
6. Sneyder Pinilla.
Exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en testigo clave tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Admitió haber participado en la manipulación de contratos y devolvió cerca de $160,000 en fondos públicos.
7. Carlos Ramón González.
Antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exguerrillero del M-19, fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Tiene orden de captura desde mediados de 2025, pero se encuentra prófugo en Nicaragua bajo asilo político. Su aparición en una fiesta en ese país desató una nueva ola de críticas.
8. Sandra Ortiz.
Excongresista y consejera presidencial para las Regiones desde mayo de 2023. Está detenida y señalada como intermediaria para canalizar sobornos a legisladores. Ha negado los cargos y afirma tener “una historia que contar”, sugiriendo la implicación de más personas.
El caso, considerado el más grave de la administración Petro, ha generado un terremoto político en Colombia, reavivando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines partidarios. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos implicados.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado este lunes por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en un caso de corrupción cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico, en el norte del país.
Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la fiscal Lucy Laborde detalló que se le acusa de seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
Según el Ministerio Público, entre 2021 y 2022, Petro Burgos habría gestionado de forma irregular la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), de los cuales se habría apropiado de al menos 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos $29,500.
La fiscal explicó que el hijo del presidente no tenía una función directa en la administración de los fondos públicos, por lo que su responsabilidad se configura como “interviniente” en el delito de peculado por apropiación, en complicidad con los administradores de los recursos.
Este proceso se suma a otro caso penal abierto en julio de 2023, donde se le señala de haber recibido hasta 500 millones de pesos (alrededor de $132,000) de personas con vínculos con el narcotráfico, como Samuel Santander Lopesierra, alias “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.
Parte de esos fondos, según la Fiscalía, habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, Nicolás Petro afirmó en una entrevista con la revista Semana que su padre no estaba al tanto de estas transacciones.
