Etiqueta: peculado

  • El juicio al exministro Gutiérrez reabre el caso del Bulevar Diego de Holguín, una obra que fue símbolo de la corrupción

    El juicio al exministro Gutiérrez reabre el caso del Bulevar Diego de Holguín, una obra que fue símbolo de la corrupción

    El anuncio de un juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública, reabre un sonado caso de corrupción por el que el estado salvadoreño vio multiplicada varias veces las millonarias cifras sobre su presupuesto inicial.

    El proceso iniciado por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador está relacionado con el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, actualmente bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

    La acusación fiscal sostiene que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, cuando Gutiérrez dirigía el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entonces era un ministro todopoderoso con enorme influencia política.

    La Fiscalía atribuye al exministro presuntas omisiones e incumplimientos que habrían permitido desembolsos y pagos indebidos. Una pericia financiera contable incorporada al proceso estableció un supuesto perjuicio de $10,643,278.98, mientras una pericia técnica examinó las actuaciones relacionadas con la supervisión y ejecución de la obra. En 2023, la Fiscalía informó que cuando había transcurrido la mitad del plazo contractual el avance era de apenas 39 %.

    El expediente penal es parte de una historia de irregularidades señaladas durante años alrededor de la construcción de la vía.

    El entonces ministro de Obras Públicas David Gutiérrez junto al entonces presidente Antonio Saca, en una foto de archivo.

    La Fiscalía originalmente presentó en 2022 un requerimiento contra Gutiérrez por un monto de $13,723,132.60, relacionado con pagos efectuados durante la ejecución del tramo II, aunque la pericia financiera incorporada posteriormente fijó en $10,643,278.98 el supuesto perjuicio económico que sustenta el proceso actual.

    El caso también fue examinado por la Corte de Cuentas de la República (CCR). Su Cámara de Segunda Instancia confirmó una sentencia que estableció responsabilidad patrimonial por $3,234,541.52 contra exfuncionarios vinculados al proyecto.

    La construcción comenzó en 2005 dividida en dos tramos. El primero, de casi cuatro kilómetros entre la colonia Las Delicias y el bulevar Merliot, fue contratado por $20.7 millones y terminó en diciembre de 2007, después de atrasos. El segundo, de 3.9 kilómetros entre Merliot y Los Próceres, tenía un costo inicial superior a $25.6 millones, pero quedó abandonado a finales de 2008 después de retrasos y un arbitraje que implicó otro millonario desembolso estatal.

    El MOP retomó el tramo inconcluso en 2011 y, después de dos licitaciones declaradas desiertas, adjudicó a DISA y OMNI un nuevo contrato por $33.1 millones para terminarlo.

    La pista principal de concreto hidráulico quedó terminada el 14 de noviembre de 2012. Registros periodísticos de la época calcularon en $56,408,998 el costo acumulado del tramo II y en $99,350,354.34 el costo total de los 8.63 kilómetros, incluidos el tramo I y los arbitrajes.

  • Ordenan juicio por peculado contra exministro David Gutiérrez en caso Diego de Holguín

    Ordenan juicio por peculado contra exministro David Gutiérrez en caso Diego de Holguín

    El exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda enfrentará juicio por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública, luego de que el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador resolviera que el proceso avance a la siguiente etapa judicial.

    De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, cuando Gutiérrez se desempeñaba como ministro de Obras Públicas en la administración del expresidente Antonio Saca y se desarrollaba el proyecto de diseño y construcción del bulevar Diego de Holguín, tramo dos, en Santa Tecla.

    La vía señalada en el proceso corresponde al actual bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La investigación se concentra en presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de la obra y los desembolsos realizados durante ese período.

    Según la acusación, el proyecto estaba programado para completarse en 420 días, pero al finalizar ese plazo la construcción no habría concluido, pese a que los pagos mensuales correspondientes a la empresa encargada de ejecutar los trabajos sí se efectuaron.

    La investigación sostiene que el exfuncionario habría incurrido en omisiones e incumplimientos durante su gestión que derivaron en desembolsos y pagos indebidos efectuados con recursos del Estado salvadoreño.

    Una pericia financiera contable incorporada al proceso estableció que el supuesto perjuicio económico ocasionado al Estado asciende a $10,643,278.98, cifra que forma parte de los elementos presentados en la acusación contra el exministro.

    Durante la audiencia preliminar, el Juzgado Quinto de Instrucción analizó la oferta probatoria presentada por las partes procesales y determinó los elementos que podrán ser incorporados durante el juicio.

    El juzgador también decretó la rebeldía de Gutiérrez Miranda y ordenó girar una orden de captura en su contra. La responsabilidad penal del exfuncionario deberá ser determinada en el juicio correspondiente.

     

  • Exalcalde de Apopa es condenado a ocho años de cárcel por peculado

    Exalcalde de Apopa es condenado a ocho años de cárcel por peculado

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión al exalcalde de Apopa José Elías Hernández Hernández por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. La sentencia también le impuso el pago de $36,626.18 en concepto de responsabilidad civil.

    Durante el juicio se estableció que entre 2012 y 2016, período en el que Hernández estuvo al frente de la Alcaldía Municipal de Apopa, se realizaron procesos irregulares de adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de libre gestión.

    Las compras municipales incluyeron uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos, entre otros productos. Según lo demostrado en el proceso, las adquisiciones incumplieron disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), vigente cuando ocurrieron los hechos.

    El tribunal acreditó que el exalcalde dio instrucciones a empleados municipales para orientar las adquisiciones en beneficio de su esposa, María Evelinda Serrano de Hernández, pese a las restricciones legales existentes para contratar con familiares del alcalde y de integrantes del concejo municipal.

    Para evadir esa prohibición se utilizaron prestanombres que aparecían formalmente como proveedores de la comuna. Los cheques eran emitidos a nombre de estas personas, quienes posteriormente los cobraban en instituciones bancarias y entregaban el dinero a la esposa del entonces alcalde.

    Serrano de Hernández ya fue condenada por los mismos hechos. El esquema permitió que las adquisiciones municipales fueran canalizadas hacia ella pese a la prohibición contemplada en la legislación de contrataciones públicas aplicable durante el período investigado.

    Miguel Arsenio Alfaro Tobar y Juan Carlos Flores Chávez confesaron haber participado como prestanombres y se sometieron a un procedimiento abreviado autorizado por el tribunal. Ambos recibieron condenas de tres años de prisión, aunque las penas fueron reemplazadas.

    Alfaro Tobar fue condenado por peculado, mientras Flores Chávez recibió sentencia por negociaciones ilícitas. Con la resolución contra Hernández, el tribunal estableció además la responsabilidad económica del exfuncionario por $36,626.18 debido a las irregularidades cometidas durante su administración municipal.

    Hernández, quien fue elegido por el partido Arena, ya había sido condenado en 2018 por una serie de delitos derivados de su relación con la pandilla Barrio 18. Entonces fue condenado a 12 años de cárcel. 

  • Condenan a 12 años de cárcel a exempleado del Bienestar Magisterial por peculado

    Condenan a 12 años de cárcel a exempleado del Bienestar Magisterial por peculado

    El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a David Alberto Martínez Ramos por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública y del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).

    Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó que el condenado pague $59,989.63 en concepto de responsabilidad civil para resarcir el daño económico causado a la institución.

    De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2012, período en el que Martínez Ramos se desempeñó como pagador de bienes y servicios del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.

    Las investigaciones establecieron que el imputado emitió y cobró de manera irregular distintos cheques destinados a personas que solicitaban reembolsos o pagos por servicios prestados a la institución.

    Según la acusación, el condenado duplicaba la emisión de cheques correspondientes a pagos legítimos, lo que le permitía apropiarse de fondos públicos de forma indebida.

    Las autoridades determinaron que aprovechó las facultades que le otorgaba su cargo para realizar las operaciones irregulares y sustraer recursos pertenecientes al Estado.

    El monto total del perjuicio económico ocasionado al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial ascendió a $59,989.63, cantidad que fue establecida durante el proceso judicial.

    Tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal concluyó que existían suficientes elementos para demostrar la responsabilidad penal de Martínez Ramos en el delito de peculado.

    La sentencia también busca recuperar parte de los recursos afectados mediante el pago de la responsabilidad civil impuesta al condenado, además de sancionar el uso indebido de fondos públicos destinados a una institución que brinda servicios a los docentes del país.

     

     

  • Condenan a exalcalde de Rosario de Mora a 18 años de cárcel por peculado

    Condenan a exalcalde de Rosario de Mora a 18 años de cárcel por peculado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, tras encontrarlo culpable de los delitos de peculado y malversación en perjuicio de la administración pública y de la alcaldía de ese municipio.

    Además de la pena de cárcel, el exfuncionario deberá pagar $254,245.98 en concepto de responsabilidad civil por los daños económicos causados a la municipalidad durante su gestión.

    Según la resolución judicial, el monto original fue reducido luego que se descontaran $15,000 que ya habían cancelado miembros del concejo municipal, quienes fueron condenados mediante procedimiento abreviado el 5 de diciembre de 2023.

    Durante el juicio, la Fiscalía logró demostrar que los hechos ocurrieron entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2012, período en el que Miranda Pérez se desempeñó como alcalde de Rosario de Mora por el partido Arena. El el exalcalde de Rosario de Mora y cinco exregidores, fueron detenidos en septiembre de 2018.

    Las investigaciones determinaron que el exedil se apropió ilegalmente de $250,922.26 pertenecientes a los fondos municipales, acción que constituyó el delito de peculado, de acuerdo con las pruebas presentadas ante el tribunal.

    Asimismo, fue condenado por malversación debido a que autorizó el pago de dietas por $18,323.72 utilizando recursos del FODES 75 %, fondos que por ley debían destinarse exclusivamente a proyectos de desarrollo municipal y no a gastos administrativos.

    Con el actuar del exfuncionario, las autoridades concluyeron que se generó una afectación económica superior a los $250,000 para la comuna de Rosario de Mora, afectando recursos que estaban destinados a obras y proyectos para beneficio de la población.

     

  • Inicia juicio contra exalcalde de Rosario de Mora por peculado

    Inicia juicio contra exalcalde de Rosario de Mora por peculado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador instaló el miércoles la vista pública contra el exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, de 79 años, acusado de los delitos de peculado y malversación en perjuicio de la administración pública y de la comuna que dirigió.

    Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2012, período en el que el imputado ejerció como alcalde. La Fiscalía General de la República sostiene que durante su gestión se destinaron fondos municipales y recursos del FODES a fines distintos a los establecidos por ley.

    El Ministerio Público señala que la presunta afectación económica supera los $130,000, recursos que habrían sido utilizados para propósitos ajenos al municipio. La acusación plantea que el manejo irregular de estos fondos constituye una vulneración a la administración pública.

    Aunque el exfuncionario gozaba de medidas sustitutivas, la jueza del caso decidió revocarlas y decretó detención provisional para evitar el peligro de fuga y garantizar su comparecencia en el proceso judicial.

    La audiencia continuará el próximo miércoles 18 de febrero, fecha en la que el tribunal seguirá con el desarrollo de la vista pública para determinar la responsabilidad penal del exalcalde en los delitos que se le imputan.

     

  • 26 exfuncionarios de Coatepeque irán a juicio por desvío de fondos

    26 exfuncionarios de Coatepeque irán a juicio por desvío de fondos

    Al menos 26 exfuncionarios municipales de Coatepeque, en Santa Ana, enfrentarán un juicio por delitos de corrupción, luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción admitiera la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

    Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, período en el que los imputados habrían sustraído fondos públicos asignados a la ejecución de obras de infraestructura en el municipio, entre ellas pavimentaciones, construcción de calles, cordón cuneta y trabajos de concretado, que nunca fueron realizados.

    Los acusados, quienes formaban parte de distintos concejos municipales, serán procesados por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, al haber aprobado proyectos inexistentes para apropiarse de los fondos.

    La FGR sostiene que con las pruebas presentadas se busca demostrar la responsabilidad de los imputados y recuperar el dinero sustraído, en beneficio del Estado y la ciudadanía afectada por la ausencia de dichas obras.

    El proceso judicial continúa y será en la etapa de juicio donde se determinará si los exfuncionarios deberán responder penalmente por el daño causado al erario público.

     

  •  Escándalo en Colombia: ocho exfuncionarios cercanos a Petro implicados en red de corrupción

     Escándalo en Colombia: ocho exfuncionarios cercanos a Petro implicados en red de corrupción

    El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, tras la orden de prisión preventiva emitida esta semana contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

    La investigación, iniciada en 2024, reveló una red de compra de votos legislativos a cambio de contratos públicos adjudicados desde la UNGRD, salpicando a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.

    Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

    La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.

    El presidente Gustavo Petro, defendió el  jueves a su exministro Bonilla y aseguró que, según su «conciencia», es inocente.

    «Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia», escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.

    En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido «extorsionado» y convertido en un «chivo expiatorio», y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una «ingenuidad» por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

    Foto de archivo del presidente colombiano Gustavo Petro. EFE

    Los protagonistas del caso:

    1. Ricardo Bonilla.
    Exministro de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Petro desde su gestión en la alcaldía de Bogotá. Bonilla enfrenta cargos por presuntamente liderar la red de corrupción a través de contratos por más de $23 millones. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido. El presidente Petro aseguró el jueves que, en su “conciencia”, Bonilla es inocente.

    2. Luis Fernando Velasco.
    Exministro del Interior y antiguo director de la UNGRD, Velasco también fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, participó desde una posición de liderazgo para asegurar mayorías legislativas con dinero público.

    3. Iván Name.
    Presidió el Senado entre 2023 y 2024. La Corte Suprema ordenó su captura en mayo por recibir presuntamente sobornos por $770,000 a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo. Está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación.

    4. Andrés Calle.
    Expresidente de la Cámara de Representantes, capturado también en mayo. Se le acusa de recibir pagos ilícitos desde la UNGRD en 2023. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota y enfrenta los mismos cargos que Name.

    5. Olmedo López.
    Exdirector de la UNGRD y hombre de confianza de Petro, López fue condenado a seis años de prisión tras renunciar al cargo en febrero de 2024. Fue director de campaña de Petro en 2010.

    6. Sneyder Pinilla.
    Exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en testigo clave tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Admitió haber participado en la manipulación de contratos y devolvió cerca de $160,000 en fondos públicos.

    7. Carlos Ramón González.
    Antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exguerrillero del M-19, fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Tiene orden de captura desde mediados de 2025, pero se encuentra prófugo en Nicaragua bajo asilo político. Su aparición en una fiesta en ese país desató una nueva ola de críticas.

    8. Sandra Ortiz.
    Excongresista y consejera presidencial para las Regiones desde mayo de 2023. Está detenida y señalada como intermediaria para canalizar sobornos a legisladores. Ha negado los cargos y afirma tener “una historia que contar”, sugiriendo la implicación de más personas.

    El caso, considerado el más grave de la administración Petro, ha generado un terremoto político en Colombia, reavivando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines partidarios. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos implicados.

     

  • La Fiscalía colombiana imputa seis delitos a hijo del presidente Petro por corrupción

    La Fiscalía colombiana imputa seis delitos a hijo del presidente Petro por corrupción

    Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado este lunes por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en un caso de corrupción cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico, en el norte del país.

    Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la fiscal Lucy Laborde detalló que se le acusa de seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

    Según el Ministerio Público, entre 2021 y 2022, Petro Burgos habría gestionado de forma irregular la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), de los cuales se habría apropiado de al menos 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos $29,500.

    La fiscal explicó que el hijo del presidente no tenía una función directa en la administración de los fondos públicos, por lo que su responsabilidad se configura como “interviniente” en el delito de peculado por apropiación, en complicidad con los administradores de los recursos.

    Este proceso se suma a otro caso penal abierto en julio de 2023, donde se le señala de haber recibido hasta 500 millones de pesos (alrededor de $132,000) de personas con vínculos con el narcotráfico, como Samuel Santander Lopesierra, alias “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.

    Parte de esos fondos, según la Fiscalía, habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, Nicolás Petro afirmó en una entrevista con la revista Semana que su padre no estaba al tanto de estas transacciones.