El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
Un tribunal de Perú condenó el miércoles al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión, tras declararlo culpable de cohecho pasivo propio en dos casos de corrupción ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La decisión judicial lo convierte en el cuarto exjefe de Estado peruano sentenciado por delitos de corrupción.
Vizcarra fue hallado responsable de recibir sobornos en los proyectos de infraestructura ‘Lomas de Ilo’, por el cual recibió una condena de 6 años, y ‘Hospital de Moquegua’, que le valió 8 años adicionales. Además, el tribunal ordenó su inhabilitación por 9 años y el pago de una multa de 94,900 soles (alrededor de $25,800 tras conversión).
Lo que hace singular el caso de Vizcarra es que llegó a la presidencia con un fuerte discurso anticorrupción, llegando incluso a disolver el Congreso en 2019 como parte de lo que llamó una «cruzada contra la corrupción». Sin embargo, terminó siendo destituido en 2020 por el mismo Congreso por presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión regional, pese a que en su momento no se presentaron pruebas concluyentes.
El expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE
Con Vizcarra, ya son seis los expresidentes peruanos que han enfrentado procesos judiciales, condenas o investigaciones por corrupción en las últimas décadas. Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, Perú ha visto una sucesión de mandatarios involucrados en escándalos judiciales que reflejan una profunda crisis institucional.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, aunque fue liberado por un indulto humanitario en 2023. Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde EE.UU. en 2023 y en octubre de 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por recibir millonarios sobornos de Odebrecht.
El expresidente peruano Alan García. EFE
Alan García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por corrupción en contratos del Metro de Lima, se suicidó en 2019 cuando las autoridades iban a arrestarlo por el caso Odebrecht. Según la fiscalía, habría recibido $24 millones en sobornos durante su segundo mandato.
El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011 – 2016). EFE
Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, luego de recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en arresto domiciliario desde 2019, investigado por pagos de Odebrecht a su consultora.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, condenado por corrupción. EFE
Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Congreso en 2022, enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público. Está en prisión preventiva y la Fiscalía solicita 34 años de cárcel.
Dina Boluarte (2022-2025), su sucesora, fue investigada por el caso Rolexgate y denunciada por las muertes en protestas, aunque hasta el momento no ha sido procesada formalmente.
La destituida expresidenta de Perú, Dina Boluarte. / EFE
En contraste, Valentín Paniagua (2000-2001) se mantiene como el único expresidente reciente sin señalamientos de corrupción. Fue el mandatario interino tras la renuncia de Fujimori y lideró un breve gobierno de transición con amplia aprobación social.
Valentín Paniagua fue el único expresidente peruano en no ser procesado por corrupción en tres décadas.
De cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el panorama político peruano sigue fragmentado: hay 43 candidatos inscritos, muchos sin respaldo de partidos tradicionales. La sombra de la corrupción sigue presente y la ciudadanía enfrenta un nuevo ciclo electoral con una democracia debilitada.
El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, tras confirmarse que la ex primera ministra Betssy Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo, se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima. Chávez es procesada por su papel en el intento de golpe de Estado que encabezó Castillo en diciembre de 2022.
El anuncio fue realizado por el canciller Hugo de Zela en una rueda de prensa en Lima. “El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, declaró el funcionario, quien calificó de “acto inamistoso” la decisión del país norteamericano. De Zela también recordó que tanto la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han intervenido repetidamente en asuntos internos del país andino.
“La expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo, se encuentra en la embajada de México”, indicó De Zela. El canciller lamentó profundamente la decisión del Gobierno mexicano, señalando que su persistencia en esta postura “equivocada e inaceptable” obligó a Perú a cortar el vínculo diplomático.
Pese a la medida, el canciller aclaró que la ruptura diplomática no implica el cese de las relaciones consulares con México. También detalló que, aunque Chávez está bajo resguardo de la embajada mexicana, aún no se ha recibido una solicitud formal de asilo político de parte del gobierno mexicano.
Betssy Chávez fue liberada en septiembre pasado tras pasar más de tres meses en prisión preventiva. La exfuncionaria se encontraba hospitalizada por deshidratación derivada de una huelga de hambre cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al considerar que su detención había sido arbitraria.
El presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido el 7 de diciembre de 2022 tras anunciar la disolución del Congreso y un gobierno de excepción, en lo que fue considerado un intento de golpe de Estado. Tanto Sheinbaum como López Obrador han defendido públicamente a Castillo, al considerar que fue víctima de un complot político orquestado desde el Congreso peruano.
El pleno del Congreso de Perú someterá a la presidenta Dina Boluarte a un proceso de destitución exprés al aceptar a trámite por una amplia mayoría cuatro mociones para sacar a la jefa de Estado del poder y hacer que la mandataria ejerza de inmediato su defensa, para posteriormente decidir su futuro político.
Las cuatro mociones de vacancia (destitución) presentadas en el transcurso de este jueves contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuatro quintas partes de la cámara.
A las 23:30 hora local (4:30 GMT del viernes 10 de octubre) ha sido convocada la sesión en la que Boluarte deberá asistir con su abogado, Juan Carlos Portugal, para defenderse durante el plazo de una hora frente a la acusación de «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.
Luego se procederá a votar la continuidad o destitución de la gobernante, para lo que se requieren 87 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo.
Pese a que el proceso normal era convocar la sesión entre el tercer y décimo día después de admitir a trámite la moción por parte del pleno, los congresistas lograron los votos suficientes para hacer que la salida de Boluarte sea inmediata, con el apoyo gran parte de la Cámara.
El proceso está respaldado por los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, a apenas seis meses de celebrarse las elecciones generales de 2026, convocadas para el mes de abril.
Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales en los próximos comicios, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, el empresario José Luna.
En el transcurso de la jornada han sido acumulándose de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, que de un momento a otro se ha visto sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).
Como vicepresidenta de Castillo, Boluarte llegó a la Presidencia en 2022 después de que el izquierdista protagonizase un fallido intento de golpe de Estado para evitar una eventual destitución por parte de este mismo Congreso, ante numerosos indicios de corrupción en su administración.
A ello se suma que Boluarte es la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3 % según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.
En caso de consumarse la destitución, asumiría la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, y se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte.
