El Tribunal Supremo de España abrió este martes un juicio oral sin precedentes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos en el marco de una filtración vinculada al proceso fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del opositor Partido Popular.
El juez Ángel Hurtado dictó un auto firme, no sujeto a recurso, en el que dio diez días a la defensa de García Ortiz para presentar su escrito frente a las acusaciones. Estas solicitan cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que eleva la petición a seis años. No obstante, el magistrado rechazó suspender cautelarmente al fiscal general de sus funciones.
Hurtado también fijó una fianza de 150 mil euros —equivalentes a $166 mil — para cubrir responsabilidades pecuniarias, advirtiendo que en caso de no prestarla en un plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes. La Sala de lo Penal deberá ahora señalar la fecha del juicio, que, según fuentes jurídicas citadas por EFE, podría celebrarse en noviembre con un tribunal conformado por siete magistrados.
El auto señala que el fiscal general habría “indiciariamente revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”. La investigación apunta a la supuesta filtración de un correo electrónico remitido en febrero pasado por el abogado de González Amador, en el que reconocía delitos fiscales y proponía un acuerdo para evitar prisión. García Ortiz ha rechazado en todo momento su implicación y asegura ser inocente.
La decisión del Supremo ha intensificado la confrontación política en España. Desde el Gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría reiteró su respaldo al fiscal general, subrayando que “ha defendido la verdad” y “perseguido el delito”, aunque expresó “máximo respeto” a la decisión judicial. En contraste, el Partido Popular exigió su dimisión inmediata por motivos “éticos y morales”.
La tensión entre el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y la oposición conservadora se evidenció en la reciente apertura del año judicial, marcada por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un gesto interpretado como señal de protesta en medio de este escándalo sin precedentes.
La posición favorable a una mayor presión sobre Israel, puesta de manifiesto el lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene lugar mientras en Europa hay quien tiene una similar postura crítica, como Suecia, Noruega y Eslovenia, mientras otros son más permisivos, como Alemania y otros Estados del este.
Sánchez anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por la destrucción de Gaza y de los palestinos que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.
La actitud del Ejecutivo español fue duramente criticada por el de Israel, que le acusó de antisemita y negó la entrada en el país de la vicepresidenta Yolanda Diaz y de la ministra Sira Rego.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE
Los críticos contra Israel
Un país con una postura crítica frente a Israel es Eslovenia, que el año pasado se unió a España e Irlanda para reconocer el Estado de Palestina.
A comienzos de agosto la pequeña exrepública yugoslava, gobernada por una coalición entre liberales y la izquierda, se convirtió en el primer país de la UE en declarar un embargo de armas contra Israel.
Suecia, que en 2014 reconoció oficialmente los territorios palestinos como un Estado, aboga por congelar el capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre el bloque comunitario e Israel y la suspensión parcial de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa.
Además, defiende sanciones selectivas contra los ministros extremistas israelíes que promueven actividades de asentamiento ilegales y trabajan activamente en contra de una solución negociada de dos Estados, así como sanciones adicionales contra los colonos violentos.
Noruega reconoció el Estado palestino en mayo de 2024. A finales de agosto pasado, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, anunció la venta de sus acciones en cinco bancos israelíes, después de que ya hiciera lo propio con sus participaciones en varias empresas israelíes, debido a la situación humanitaria en Gaza.
En esa línea crítica se sitúa Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, anunció en julio que su país reconocería el Estado palestino este septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, en una operación condicionada en particular al compromiso de las autoridades palestinas al desarme de Hamás y a la renuncia expresa al terrorismo, que pretende arrastrar a otros países occidentales para que hagan lo mismo.
La reacción de Israel fue acusar a Macron de alimentar así el antisemitismo en Francia, donde vive la comunidad judía más importante de Europa.
Caso aparte es el de Turquía, uno de los países más duros ante el Gobierno de Israel, con el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, llamando en los dos últimos años una y otra vez a Netanyahu asesino, criminal de guerra o incluso «nuevo Hitler».
El Gobierno turco, que en el pasado mantenía importantes relaciones diplomáticas, militares y comerciales con Israel, fue congelando esos contactos desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2022.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. EFE
Los más favorables a Israel
Varios países de Europa central están entre los más favorables a Israel en Europa, como Hungría y la República Checa, cuyos Gobiernos rechazan tajantemente la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.
El Gobierno ultraderechista de Hungría, liderado por Viktor Orbán, incluso recibió en abril pasado a Netanyahu, pese a la orden de búsqueda y captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra.
En la vecina Austria, el Gobierno tripartito, formado por democristianos, socialdemócratas y liberales, también tiene una posición favorable a Israel, aunque en los últimos meses expresó alguna crítica contra las acciones israelíes en el conflicto de Gaza.
Para Alemania, la seguridad y existencia de Israel son, por motivos de responsabilidad histórica, «razón de Estado». Se descarta un reconocimiento en breve de un Estado palestino, al considerar que este paso hacia una solución de dos Estados debe tener lugar al final de un proceso negociado.
En términos generales, Alemania se ha limitado a recordar a Israel que debe actuar dentro del marco del derecho internacional y a pedir un pronto inicio de negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza, además de advertir de la grave situación humanitaria en la Franja.
Por lo demás, Alemania rechaza un embargo comercial y otro tipo de sanciones contra Israel.
En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni es un aliado de Israel que, sin embargo, apoya la solución de los dos estados y ha condenado en las últimas semanas la reacción «desproporcionada» del Ejecutivo israelí ante el terrorismo de Hamás, y en particular tras el ataque en julio pasado a la única parroquia católica de Gaza.
También ha mostrado su disposición a reconocer el Estado de Palestina, pero cuando pueda ser «efectivo» y «no contraproducente», según el vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.
En Portugal, el Gobierno anunció a finales de julio que iba a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y los partidos políticos para evaluar un posible reconocimiento del Estado de Palestina.
El objetivo es que el proceso quede concluido en septiembre, con motivo de la Asamblea de la ONU, el mismo plazo que se han marcado Francia, el Reino Unido, Canadá y Malta para adoptar un paso similar, que ya han dado países como España, Irlanda o Noruega.
El Gobierno suizo mantiene su posición de neutralidad y no tiene planes para reconocer al Estado Palestino. Su actitud ha sido cada vez criticada internamente según pasan los meses y la crisis humanitaria, y ahora la hambruna, han diezmado a la población en el enclave.
Un grupo de 72 exembajadores suizos pidieron que reconsidere su posición de no reconocer a Palestina y refuerce su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que está dirigida por un suizo.
Rusia condena pero no ve genocidio
Rusia ha condenado enérgicamente las acciones de Israel en Gaza, pero pese a su apoyo a la causa palestina y su relación con Hamas, se ha abstenido de calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí. No obstante, ha denunciado la catástrofe humanitaria que amenaza la vida de unos 132.000 niños menores de cinco años.
La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fue imputada este lunes por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, quien también ha sido llamada a declarar en septiembre.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado, ya investigaba a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en su labor como codirectora de dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La investigación deberá determinar si Álvarez, contratada en 2018, excedió sus funciones públicas para favorecer los intereses privados de Gómez. Según el auto judicial, se busca esclarecer si existió desviación de medios públicos en beneficio de actividades personales y empresariales vinculadas a la esposa del presidente español.
Cristina Álvarez ya había comparecido en diciembre pasado como testigo, tras publicaciones que señalaban que dedicaba parte de su tiempo a apoyar a Gómez en sus funciones en la UCM y en actividades con empresas colaboradoras.
Contexto político y judicial
Álvarez fue contratada cuando Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, se desempeñaba como secretario general de Presidencia, organismo responsable de su nombramiento. En junio, el juez Peinado solicitó la imputación de Bolaños por malversación y falso testimonio, tras su declaración en abril, pero el Tribunal Supremo desestimó abrir una investigación contra el ministro.
El caso suma un nuevo capítulo en las investigaciones que rodean a Begoña Gómez, cuya situación judicial genera fuerte atención mediática y presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
