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Etiqueta: pensiones

  • Patricio Pineda advierte que la edad de retiro de las mujeres debería subir en cinco años y la de los hombres dos o tres años

    Patricio Pineda advierte que la edad de retiro de las mujeres debería subir en cinco años y la de los hombres dos o tres años

    Desde un punto de vista técnico, la edad de jubilación para las mujeres debería incrementarse cinco años, pasando de 55 a 60 años, debido a factores estadísticos relacionados con la esperanza de vida y la sostenibilidad del sistema, advirtió este lunes Patricio Pineda, experto en pensiones y miembro de la Mesa por una Pensión Digna.

    “Cinco años se elevaría la edad de retiro en mujeres, es una necesidad estadística, hay que ser honestos en esto, entonces de 55 pasaría a 60”, afirmó Pineda, al advertir que el panorama es diferente para los hombres, cuya participación en el sistema es mayor y cuyos ingresos son más altos. “No se necesita aumentar al mismo ritmo que las mujeres, pero sí se va a aumentar, entre dos o tres años”, puntualizó.

    Según Pineda, «la participación activa comprando a mujeres con hombres es desventajosa para las mujeres como un 40%, entonces si se adecúan los datos combinando ingresos salariales, más las aportaciones, más la esperanza de vida, entonces en el caso del sector masculino que es el que más está participando en el sistema, no se necesita aumentar al mismo ritmo que las mujeres».

    También señaló que el cabildeo que estén haciendo desde el gobierno “no sea dañino” en el sentido que se aumente la edad sin aumentar la tasa de remplazo.

    «Lo otro que a subir, seguramente es la cotización, pero aquí la incógnita es de qué lado y por cuánto, si va a ser 50% patrono y trabajador y si va a ser 1%, 2% o 3%, no lo sé, es necesario», expuso.

    Pineda advirtió que El Salvador es el segundo país en América Latina que más joven pensiona a su población, superado solo por Bolivia. Para mitigar el impacto del aumento en la cotización, propuso una revisión salarial que permita mejorar los ingresos de los trabajadores. “Es necesario mejorar los salarios”, subrayó.

    Aunque el gobierno tiene previsto presentar la propuesta de reforma de pensiones el 10 de febrero de 2026, en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Pineda consideró incierta su aprobación.

    “Podrán presentar el proyecto de reforma de pensiones en febrero, para cumplirle al FMI, pero que lo vayan a aprobar no lo sé, porque será un año previo a elecciones y aquí todo lo miden en cuestión de votos”, alertó. “La gente se le va a encachimbar” si se anuncian más años de trabajo y mayor cotización “a cambio de tener las mismas pensiones miserables”.

    «Entonces aquí es cuestión de voluntad, de diálogo, porque el mismo Fondo Monetario Internacional le dice (al gobierno) presente el estudio en febrero, pero aprueben en junio, consulte a los trabajadores», aseveró Pineda.

    Otro de los puntos que destacó Pineda fue que el Estado deje de emitir deuda para pagar en el sistema antiguo, para eso están las partidas del Presupuesto General del Estado y «dejar el Fondo Privados de los trabajadores en paz».

    Según el informe de revisión del FMI del 15 de junio, la publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026

     

  • Salario mínimo en Venezuela cae a medio dólar al mes pese a bonos estatales

    Salario mínimo en Venezuela cae a medio dólar al mes pese a bonos estatales

    El salario mínimo en Venezuela alcanzó este martes su punto más bajo en términos reales, al ubicarse en el equivalente a $0.50 al mes, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que cotizó el dólar en 262 bolívares, la moneda local.

    El sueldo básico permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos $30 mensuales, pero la fuerte devaluación de la moneda ha reducido drásticamente su valor. Aunque el gobierno entrega bonos adicionales por hasta $160, estos no inciden en prestaciones laborales, como vacaciones o aguinaldos.

    Consultado por EFE, un economista que solicitó anonimato afirmó que “es prácticamente imposible sobrevivir con ese salario”, y señaló que millones de venezolanos se apoyan en bonos, remesas familiares y ayudas para cubrir sus necesidades básicas.

    El experto aseguró que aumentar el salario mínimo en Venezuela es inviable debido al tamaño de la nómina pública, estimada en 5.5 millones de empleados, más 4.5 millones de pensionados, quienes reciben el mismo monto mensual. Aumentar el salario a $250 implicaría, dijo, un gasto que superaría los ingresos totales del país por exportaciones petroleras y recaudación fiscal.

    “La baja productividad, los altos costos operativos y la fragilidad fiscal impiden elevar el salario significativamente”, apuntó el economista, quien cree que podría hacerse un aumento moderado dada la mejora relativa de los ingresos, aunque no precisó cifras por la ausencia de datos oficiales confiables.

    Bonos sin impacto en prestaciones

    Ante la imposibilidad de incrementar el salario mínimo, el gobierno venezolano ha optado por fortalecer los bonos económicos, que considera una herramienta para “combatir la guerra económica y evitar la inflación”, según declaraciones oficiales.

    Actualmente, los trabajadores públicos reciben un bono de alimentación de $40 y otro denominado “ingreso de guerra económica”, que asciende a $120, ambos pagados a la tasa oficial del día, pero fuera del cálculo de beneficios laborales.

    Organizaciones como Provea han insistido en que esta práctica contradice la Constitución, que obliga al Estado a garantizar un ingreso digno, ajustado al costo de la canasta básica familiar, que en abril fue de $503.73, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas-FVM).

     

  • Hacienda dice que “estamos conforme los tiempos” sobre estudio actuarial y revisión al programa fiscal

    Hacienda dice que “estamos conforme los tiempos” sobre estudio actuarial y revisión al programa fiscal

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró este lunes que el Gobierno salvadoreño trabaja en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la elaboración del estudio actuarial que abrirá las negociaciones para una nueva reforma del sistema de pensiones, así como la próxima revisión del programa de $1,400 millones.

    Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno salvadoreño para acceder al programa es realizar una reforma al sistema de pensiones que, según el contrato, se tendría para febrero de 2026. Pero, primero, debe presentar un estudio actuarial que inicialmente estaba previsto para julio de 2025 y luego se pospuso para septiembre, cuyos resultados aún no se publican.

    “Estamos coordinados con el FMI en torno a los documentos que con ellos hemos acordado que se tienen que presentar. Estamos conforme a los tiempos y coordinados y conversando con ellos”, dijo Posada sobre la preparación del estudio actuarial.

    Dicho estudio es clave para la nueva reforma, luego de que la última, vigente desde 2023, agravara las vulnerabilidades del sistema y acelerara el agotamiento de los ahorros, según un análisis que realizó el FMI en el marco del Artículo IV de 2023.

    Sin fecha para revisión

    En la última revisión del Servicio Ampliado (SAF), en julio de 2025, el FMI se decantó por elogiar el desempeño del programa y aseguró en ese momento que tuvo un comienzo auspicioso. Por ello se aprobó un segundo desembolso de $118 millones que, sumado al primer tramo de $113 millones, totalizaba $231 millones.

    La próxima revisión del programa se esperaba en octubre pasado, pero tampoco hubo comunicación pública sobre su desarrollo. Estos análisis son clave porque se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno y dan paso a la aprobación de nuevos desembolsos.

    Sin comprometerse con fechas para la próxima revisión, Posada insistió en que “estamos trabajando con ellos en coordinación para cada una de las revisiones que se tienen que hacer y en los momentos que tengan que estar listas”.

    El contrato publicado por el FMI establece que se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores. Luego serán semestrales para analizar las reformas estructurales.

    El ministro de Hacienda consideró el acuerdo con el FMI una pieza clave para atraer inversiones y sostener las finanzas públicas, según expuso durante el GET Forum que se realiza en El Salvador con el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID).

    “El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, efectivamente, ha servido de soporte para todas las políticas que hemos venido implementando en la parte fiscal y estamos trabajando con ellos en una serie de acciones que ya desde el Gobierno se habían planificado”, dijo.

  • Diputado López Cardoza pide reforma de pensiones justa y cuestiona "pensiones de hambre"

    Diputado López Cardoza pide reforma de pensiones justa y cuestiona «pensiones de hambre»

    El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) Reynaldo López Cardoza dice que aún no tienen ninguna información sobre los parámetros para la reforma de pensiones que prepara el gobierno y que debe ser presentada a más tardar en febrero de 2026, lo que sí recalca el legislador es que las pensiones actuales son «de hambre».

    «No sabemos como está el tema de las pensiones, lo único que sabemos es que tenemos unas pensiones de hambre. Hay muchas maestras y maestros que no se retiran de los centros educativos, porque las pensiones las tenemos super bajas y no de este gobierno, sino que ha venido de años atrás. Si se recuerda, el FMLN dejó las pensiones a $243, una pensión de $243, es algo con lo que de verdad no vive en este tiempo con eso una persona, mucho menos si tienen familia», dijo el diputado.


    El pecenista puso de ejemplo el caso de su hermana, quien comentó es maestra y no se jubila, porque la pensión que le tocaría es muy baja y no podría sobrevivir con ella.

    «Yo le puedo decir a título personal, que yo tengo mi hermana, que es subdirectora en el centro educativo Dulce Nombre de María y no se retira porque tiene una pensión que no le va a ajustar, entonces ha seguido trabajando», comentó el legislador pecenista.

    Esto, explicó el diputado, tiene varias implicaciones, tanto en el mercado laboral para las nuevas generaciones, como el impacto personal en una persona mayor que tiene que seguir trabajando.

    “Esto tiene varias implicaciones: primero que nole da chance a una persona nueva que ha salido de la universidad a poder trabajar; segundo, mi hermana ya tiene sus añitos y no se retira, porque de nada le sirve retirarse si no va a poder vivir ¿Cómo va a poder vivir si ahora que ya está mayor?, si no va a poder trabajar, esos son de los temas que se tienen que arreglar en este país”, señaló el diputado.

    López Cardoza espera que el presidente Nayib Bukele haga una valoración consciente respecto a las afectaciones que puede percibir la población con la reforma de pensiones.

    “El presidente tiene que hacer una valoración consciente con el pueblo, considerando que es el pueblo trabajador el que ha luchado para sacar adelante a este país y qué hagamos una valoración de cuál es en realidad el tema de pensiones. ¿Cómo se va a pensionar usted cuando ya deje de trabajar? Una pensión de $400, una pensión de $500, de $600 o de $243 como la había dejado el FMLN”, dijo el legislador.

    López Cardoza reiteró que su postura es a título personal, ya que no puede hacerlo como partido, porque no conocen el proyecto.

    “Lo que sí es importante decirle al pueblo trabajador que las pensiones hay que revisarlas. Hay que ver como personas del sistema de Salud, Educativo, se pueden retirar ya, que no se van porque no pueden retirarse con una pensión como se las están dejando”, dijo.

    La deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó al final de septiembre los $11,070.62 millones según datos publicados el 31 de octubre, por el Banco Central de Reserva (BCR) de cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

  • Claudia Ortiz: "Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum"

    Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos dice, que, aunque aún no se conocen los parámetros que el gobierno está tomando en cuenta para la propuesta de reforma de pensiones que deberá publicar en febrero, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, consultado con la ciudadanía e incluso habla de un referéndum.

    “Va a ser hasta que tengamos el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que podamos saber cuáles van a ser los parámetros que se van a tocar… Cada uno de los impactos que toque, cada variable, tiene que discutirse, aquí, en la Asamblea Legislativa, y tiene que haber una discusión con la población. Una reforma de pensiones es un tema que da para hacer un referéndum, para que se le pregunte a la gente qué opina y que se le dé la información de qué pasa si se hace esta reforma”, asevera la diputada.

    Ortiz habló de los parámetros “más importantes” como la edad de jubilación ya que, si se sube, se cotiza más tiempo y entra más dinero al sistema; también, como la tasa de cotización, que, si se sube, también entra más dinero al sistema. Pero siempre hay consecuencias, consideró.

    “Podría haber un tipo de distorsión del mercado laboral, la gente joven va a tener, quizá, menos oportunidades de acceder a empleos o el costo de la vida; o más bien, el ingreso de la gente se vería afectado si tiene que cotizar más de lo que está cotizando actualmente, si las empresas también tienen que dar un aporte mayor”, son los temas que deben estudiarse, dijo.

    Pero la diputada de oposición tiene varias interrogantes, que considera el Estado debería responder:

    “La gran pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a dejar de tomar prestado el dinero de las pensiones? ¿Va a hacer público cuál es la situación de endeudamiento con pensiones que ha tomado el Estado? O vamos a seguir igual: todo el mundo pagando los costos, apretándose el cincho y tragándose la medicina amarga, mientras los que tienen el poder siguen sirviéndose con cuchara grande de los fondos de las pensiones”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Para Ortiz, el estudio de la reforma de pensiones debe ser «a conciencia», ya que puede llegar a constituirse la llamada “medicina amarga” aunque, opina, se hubiese podido anticipar cuando se comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Acuerdo Ampliado del Fondo.

    “Es como la medicina amarga que nos anunciaron pero, si el Estado hubiese sido más responsable en las finanzas públicas, en 2021, cuando comenzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quizá si hubiese cedido en derogar la Ley Bitcoin, quizá las condiciones que el FMI ha puesto hubiesen sido menos duras”, señala.

    En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su «dependencia de los fondos de pensiones» como parte del acuerdo de $1,400 millones en busca de la estabilidad financiera del país cuando la deuda estatal de pensiones alcanzó los $10,789.19 millones.

    A finales de septiembre, la deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,070.62 millones según el Banco Central de Reserva (BCR) que cita cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026. El estudio actuarial, que debió haberse publicado a finales de septiembre según el acuerdo con el FMI, no se ha publicado.

  • Cepal alerta que envejecimiento en América Latina exigirá más pensiones y servicios

    Cepal alerta que envejecimiento en América Latina exigirá más pensiones y servicios

    La región de América Latina y el Caribe enfrenta un acelerado envejecimiento demográfico que traerá consigo grandes retos en materia de pensiones, salud y cuidados de largo plazo, advirtieron este jueves representantes de 24 países reunidos en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la Cepal.

    “Observaremos, por ejemplo, un aumento significativo en la demanda de pensiones, salud y servicios de cuidados de largo plazo”, señaló Javier Medina Vásquez, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al inaugurar el encuentro celebrado en la capital chilena.

    En su intervención, Medina Vásquez enfatizó la necesidad de avanzar hacia una «sociedad de cuidado», un nuevo paradigma que reconoce esta labor como una necesidad a lo largo del ciclo de vida, un derecho humano, un bien público global y un motor económico.

    “Sin reconocer, valorar y redistribuir el cuidado no lograremos una vida digna para todas las personas ni la igualdad entre hombres y mujeres”, advirtió Medina, en nombre del secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

    La conferencia, realizada los días 29 y 30 de octubre con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y bajo la presidencia de Colombia, reafirmó el llamado a reforzar las medidas del Consenso de Montevideo, un acuerdo intergubernamental adoptado en 2013 que incluye compromisos en salud sexual y reproductiva, migración, pueblos indígenas y envejecimiento.

    Durante las sesiones también se discutieron desafíos como la baja fecundidad y las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad en la región. La directora regional del UNFPA, Susana Sottoli, remarcó que se trata de una deuda histórica.

    “Una de las mayores deudas históricas de nuestros países es la inclusión de las personas con discapacidad. Las barreras que enfrentan son múltiples: falta de accesibilidad, mayor riesgo de sufrir violencia de género y privación de derechos”, indicó Sottoli.

    La directora regional del UNFPA subrayó que “la discapacidad no está en las personas, sino en el entorno que las excluye. Es hora de responder a sus necesidades y construir un futuro más inclusivo”.

     

  • La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública total, con pensiones, superó los $32,280.1 millones a septiembre de 2025 y representó el 88.2 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

    El perfil de la deuda, publicado en Transparencia Fiscal, confirma que el endeudamiento público continúa en crecimiento, luego de subir $1,382 millones en comparación con los $30,898.1 millones registrados en diciembre de 2024, cuando representó un 87.4 % del PIB.

    La cifra representa la deuda del gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras, y pensiones.

    Hacienda reporta que la deuda del sector público no financiero (SPNF) suma $21,209.5 millones, equivalente al 55.9 % del PIB. Esta cifra aumentó en $837.3 millones frente a los $20,371.2 millones registrados a finales del año pasado.

    Las obligaciones del sistema de pensiones ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas, con una participación del 30.2 % del PIB, al rebasar los $11,070.6 millones a septiembre.

    Este saldo aumentó en $544.7 millones desde diciembre de 2024, y la mayor carga recae en los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que suman $8,394.8 millones, mientras que los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) totalizaron $2,675.8 millones.

    Dentro de las obligaciones, la deuda flotante fue la única que registró una reducción de $244.6 millones en relación con diciembre de 2024 y se situó en $1,113.2 millones, equivalente al 3 % del PIB. Este saldo incluye los Certificados y las Letras del Tesoro (Cetes y Letes), con $127.4 millones y $985.8 millones, respectivamente.

    Vencimientos

    Según Hacienda, el 25 % de la deuda pública tiene un período de vencimiento de uno a cinco años, mientras que un 23 % va de seis a 10 años.

    Un 34 % de las obligaciones se deberá pagar entre 11 y 20 años, y un 18 % tiene vencimientos mayores a 20 años.

    Hacienda registra que un 24.8 % de la deuda corresponde a eurobonos, que sumaron $8,009.7 millones a septiembre, instrumentos que el gobierno emite en el mercado internacional.

    Los préstamos externos sumaron $7,621.9 millones (23.6 %), los bonos internos $4,390.9 millones (13.6 %) y los préstamos internos $73.8 millones (0.22 %).

    El 57 % de la deuda se contrató con tasas de interés menores al 8 %, mientras que un 19 % va de 8 % a 9 %, y un 24 % se colocó con un cupón superior al 9 %.

  • Gobierno prevé más de $620 millones en subsidios, becas y pago de pensiones en 2026

    Gobierno prevé más de $620 millones en subsidios, becas y pago de pensiones en 2026

    El anteproyecto del presupuesto general de la nación de 2026 contempla más de $620.9 millones para los subsidios al gas y la energía eléctrica, así como para las becas y el pago de pensiones.

    El Ministerio de Hacienda tiene a su cargo las transferencias para el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), que para 2026 mantiene la misma asignación de 2025, en un poco más de $114.64 millones.

    Hacienda también es la encargada de las transferencias de recursos al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (Finet), para financiar el subsidio al consumo de energía eléctrica residencial, con una partida de $64.12 millones. Al igual que en el presupuesto de 2025, no hay cambios para el próximo año.

    Estas subvenciones representan un 28.8 % del total estimado en subsidios para 2026, las cuales también son más sensibles para el bolsillo de los salvadoreños. Además, Hacienda contempla $1.2 millones para atención y administración de subsidios.

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte incorporó $62.3 millones para el subsidio al transporte colectivo, al menos $20.6 millones adicionales en comparación con los $41.6 millones de 2025.

    El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha presupuestado $52.7 millones para “abastecimiento y seguridad alimentaria”. Esta asignación aumenta en $29.9 millones frente a 2025, pero el concepto de la partida cambió. El año pasado describía que era para la entrega de paquetes agrícolas (bono) para asegurar la producción, mientras que para 2026 incorpora el funcionamiento de agromercados y centrales de abasto.

     

    Pensiones y becas

    Hacienda también la responsabilidad de transferir recursos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) para cubrir las obligaciones del régimen de pensiones, con una asignación de $123 millones para 2026. Esta partida aumentó en $30.8 millones frente al presupuesto de 2025, cuando se estimaron $92.1 millones.

    Además, contempla una asignación de $7.3 millones para el “pago de pensiones al personal administrativo y militares no cubiertos por el IPSFA, así como el pago de pensiones y montepíos de exescoltas militares, subsidios por funerales, retribuciones vitalicias y otros compromisos”.

    El Ministerio de Desarrollo Local tiene $24.8 millones para 2026 que se destinarán al programa de pensiones para adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad severa. La partida es de $1.5 millones menos que los $26.4 millones de 2025.

    El monto más oneroso lo tiene presupuestado el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) por $170 millones, los cuales se entregarán en concepto de beneficios y prestaciones económicas mediante un fondo rotativo, así como financiamiento para mejora de vivienda y programas de reinserción productiva.

    La Universidad de El Salvador (UES) mantiene un presupuesto de $205,715 para el aporte económico por medio de becas a los estudiantes de escasos recursos. En tanto, el Ministerio de Educación incorpora una asignación de $100,000 ($25,000 más que en 2025) para el programa de Becas Bicentenario, que se otorgan a los estudiantes de tercer ciclo y educación media en los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y La Unión.

    De esa manera, Educación tiene $305,715 en presupuesto para becas, que se suman a $374,170 incorporados a la Presidencia de la República para un programa de apoyo de educación superior en la población de extrema pobreza.

    Estos tres programas de becas suman $679,885.

  • Deuda pública sube más de $1,000 millones en primeros ocho meses de 2025

    Deuda pública sube más de $1,000 millones en primeros ocho meses de 2025

    La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) y pensiones subió más de $1,000 millones en los primeros ocho meses de 2025, según un documento publicado por el Ministerio de Hacienda.

    El gobierno indicó que al 31 de agosto de 2025 se contabilizaron $31,932.7 millones en saldo de deuda SPNF de corto mediano y largo plazo más pensiones, un 3.3 % por arriba de los $30,898.1 millones que se reportaron durante el mismo período de 2024.

    A nivel general, el saldo de deuda del SPNF rondó los $20,862.10 millones al cierre de agosto de 2025.

    La SNPF está dividida entre los saldos de mediano y largo plazo, junto con la deuda del Gobierno de El Salvador a corto plazo, este último conformado por las Letras y los Certificados del Tesoro (Letes y Cetes).

    Después de la reforma de pensiones de 2023, Hacienda sacó de los informes los reportes de obligaciones del sistema previsional, sin embargo, los incorporó nuevamente desde noviembre de 2024, cuando buscaba concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Según Hacienda, la deuda SPNF a mediano y largo plazo ascendió a $19,540.2 millones a agosto pasado, un 2.8 % por arriba de los $19,014.4 millones contabilizados al 31 de diciembre de 2024.

    Por su parte, en Cetes y Letes el Gobierno salvadoreño acumuló una deuda de $1,321.9 millones, con una baja de $35.9 millones menos que los $1,357.8 millones que se tenían en deuda a diciembre del año pasado.

    Las Letes tienen como fin cubrir parte de las deficiencias de ingreso del gobierno, mientras que los Cetes funcionan a través de aprobaciones de deuda de parte de la Asamblea Legislativa.

    Ambos tipos de instrumentos se emiten en la plaza local, donde buena parte de los compradores son bancos.

    Pensiones

    En el caso de las pensiones, el gobierno confirmó que el saldo adeudado en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) incrementó un 5.2 % en lo que va de este 2025, al pasar de $10,525.9 millones al 31 de diciembre de 2024, a $11,070.6 millones para el 31 de agosto de 2025.

    Los reportes hacendarios confirman que la deuda de pensiones se mantuvo inmóvil en los últimos dos meses.

    Sin embargo, la deuda SPNF a corto, mediano y largo plazo, sin tomar en cuenta las pensiones, se redujo un 2.5 % en el último mes, luego de que el saldo se redujera $529 millones en comparación con los $21,391.1 millones contabilizados en julio pasado.

    Al ampliar el período de análisis, se descubre que el saldo de deuda SPNF tuvo un incremento interanual de un 6.1 %, empujado por las operaciones a mediano y largo plazo.

    Según el gobierno, hasta agosto de 2024 un 24 % de la deuda SPNF a mediano y largo plazo vencerá entre uno a cinco años, mientras que un 23 % lo hará en un período de seis a 10 años.

    El gobierno también evidencia que el 35 % de la deuda vencerá entre 11 y 20 años, y un 18 % deberá saldarse dentro de 20 años.

  • Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    El secretario general del partido opositor FMLN, Manuel Chino Flores, cree que la propuesta de reforma de pensiones que el gobierno tiene previsto publicar en 2026 incluirá el aumento de los años de jubilación, que actualmente está fijado en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

    Flores aseguró que el gobierno actual está complicado por las medidas que adoptaron después de la reforma aprobada en diciembre de 2022. Según Flores, esto ha permitido más ganancia a las administradoras de fondos para pensiones (AFP).

    “El gobierno tiene un gran problema, cómo dar respuesta a 800,000 cotizantes y 200,000 pensionados, $10,000 millones retirados, tiene que pagar, el problema es que el dinero se está acabando”, indicó.

    Según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 15 de junio, el gobierno de El Salvador pospuso de julio hasta finales de septiembre de 2025 la publicación de una evaluación actuarial del sistema de pensiones que se utilizará como base para diseñar la próxima reforma de pensiones de El Salvador.

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se realizará el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.

    El FMI ha solicitado expresamente que la nueva reforma logre logre contener los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, ya que esta «desvinculó” los beneficios de los saldos individuales y dispuso que con estos se financiara «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.

    Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.