Etiqueta: pensiones

  • Cepal alerta que envejecimiento en América Latina exigirá más pensiones y servicios

    Cepal alerta que envejecimiento en América Latina exigirá más pensiones y servicios

    La región de América Latina y el Caribe enfrenta un acelerado envejecimiento demográfico que traerá consigo grandes retos en materia de pensiones, salud y cuidados de largo plazo, advirtieron este jueves representantes de 24 países reunidos en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la Cepal.

    “Observaremos, por ejemplo, un aumento significativo en la demanda de pensiones, salud y servicios de cuidados de largo plazo”, señaló Javier Medina Vásquez, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al inaugurar el encuentro celebrado en la capital chilena.

    En su intervención, Medina Vásquez enfatizó la necesidad de avanzar hacia una «sociedad de cuidado», un nuevo paradigma que reconoce esta labor como una necesidad a lo largo del ciclo de vida, un derecho humano, un bien público global y un motor económico.

    “Sin reconocer, valorar y redistribuir el cuidado no lograremos una vida digna para todas las personas ni la igualdad entre hombres y mujeres”, advirtió Medina, en nombre del secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

    La conferencia, realizada los días 29 y 30 de octubre con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y bajo la presidencia de Colombia, reafirmó el llamado a reforzar las medidas del Consenso de Montevideo, un acuerdo intergubernamental adoptado en 2013 que incluye compromisos en salud sexual y reproductiva, migración, pueblos indígenas y envejecimiento.

    Durante las sesiones también se discutieron desafíos como la baja fecundidad y las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad en la región. La directora regional del UNFPA, Susana Sottoli, remarcó que se trata de una deuda histórica.

    “Una de las mayores deudas históricas de nuestros países es la inclusión de las personas con discapacidad. Las barreras que enfrentan son múltiples: falta de accesibilidad, mayor riesgo de sufrir violencia de género y privación de derechos”, indicó Sottoli.

    La directora regional del UNFPA subrayó que “la discapacidad no está en las personas, sino en el entorno que las excluye. Es hora de responder a sus necesidades y construir un futuro más inclusivo”.

     

  • La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública total, con pensiones, superó los $32,280.1 millones a septiembre de 2025 y representó el 88.2 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

    El perfil de la deuda, publicado en Transparencia Fiscal, confirma que el endeudamiento público continúa en crecimiento, luego de subir $1,382 millones en comparación con los $30,898.1 millones registrados en diciembre de 2024, cuando representó un 87.4 % del PIB.

    La cifra representa la deuda del gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras, y pensiones.

    Hacienda reporta que la deuda del sector público no financiero (SPNF) suma $21,209.5 millones, equivalente al 55.9 % del PIB. Esta cifra aumentó en $837.3 millones frente a los $20,371.2 millones registrados a finales del año pasado.

    Las obligaciones del sistema de pensiones ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas, con una participación del 30.2 % del PIB, al rebasar los $11,070.6 millones a septiembre.

    Este saldo aumentó en $544.7 millones desde diciembre de 2024, y la mayor carga recae en los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que suman $8,394.8 millones, mientras que los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) totalizaron $2,675.8 millones.

    Dentro de las obligaciones, la deuda flotante fue la única que registró una reducción de $244.6 millones en relación con diciembre de 2024 y se situó en $1,113.2 millones, equivalente al 3 % del PIB. Este saldo incluye los Certificados y las Letras del Tesoro (Cetes y Letes), con $127.4 millones y $985.8 millones, respectivamente.

    Vencimientos

    Según Hacienda, el 25 % de la deuda pública tiene un período de vencimiento de uno a cinco años, mientras que un 23 % va de seis a 10 años.

    Un 34 % de las obligaciones se deberá pagar entre 11 y 20 años, y un 18 % tiene vencimientos mayores a 20 años.

    Hacienda registra que un 24.8 % de la deuda corresponde a eurobonos, que sumaron $8,009.7 millones a septiembre, instrumentos que el gobierno emite en el mercado internacional.

    Los préstamos externos sumaron $7,621.9 millones (23.6 %), los bonos internos $4,390.9 millones (13.6 %) y los préstamos internos $73.8 millones (0.22 %).

    El 57 % de la deuda se contrató con tasas de interés menores al 8 %, mientras que un 19 % va de 8 % a 9 %, y un 24 % se colocó con un cupón superior al 9 %.

  • Gobierno prevé más de $620 millones en subsidios, becas y pago de pensiones en 2026

    Gobierno prevé más de $620 millones en subsidios, becas y pago de pensiones en 2026

    El anteproyecto del presupuesto general de la nación de 2026 contempla más de $620.9 millones para los subsidios al gas y la energía eléctrica, así como para las becas y el pago de pensiones.

    El Ministerio de Hacienda tiene a su cargo las transferencias para el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), que para 2026 mantiene la misma asignación de 2025, en un poco más de $114.64 millones.

    Hacienda también es la encargada de las transferencias de recursos al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (Finet), para financiar el subsidio al consumo de energía eléctrica residencial, con una partida de $64.12 millones. Al igual que en el presupuesto de 2025, no hay cambios para el próximo año.

    Estas subvenciones representan un 28.8 % del total estimado en subsidios para 2026, las cuales también son más sensibles para el bolsillo de los salvadoreños. Además, Hacienda contempla $1.2 millones para atención y administración de subsidios.

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte incorporó $62.3 millones para el subsidio al transporte colectivo, al menos $20.6 millones adicionales en comparación con los $41.6 millones de 2025.

    El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha presupuestado $52.7 millones para “abastecimiento y seguridad alimentaria”. Esta asignación aumenta en $29.9 millones frente a 2025, pero el concepto de la partida cambió. El año pasado describía que era para la entrega de paquetes agrícolas (bono) para asegurar la producción, mientras que para 2026 incorpora el funcionamiento de agromercados y centrales de abasto.

     

    Pensiones y becas

    Hacienda también la responsabilidad de transferir recursos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) para cubrir las obligaciones del régimen de pensiones, con una asignación de $123 millones para 2026. Esta partida aumentó en $30.8 millones frente al presupuesto de 2025, cuando se estimaron $92.1 millones.

    Además, contempla una asignación de $7.3 millones para el “pago de pensiones al personal administrativo y militares no cubiertos por el IPSFA, así como el pago de pensiones y montepíos de exescoltas militares, subsidios por funerales, retribuciones vitalicias y otros compromisos”.

    El Ministerio de Desarrollo Local tiene $24.8 millones para 2026 que se destinarán al programa de pensiones para adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad severa. La partida es de $1.5 millones menos que los $26.4 millones de 2025.

    El monto más oneroso lo tiene presupuestado el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) por $170 millones, los cuales se entregarán en concepto de beneficios y prestaciones económicas mediante un fondo rotativo, así como financiamiento para mejora de vivienda y programas de reinserción productiva.

    La Universidad de El Salvador (UES) mantiene un presupuesto de $205,715 para el aporte económico por medio de becas a los estudiantes de escasos recursos. En tanto, el Ministerio de Educación incorpora una asignación de $100,000 ($25,000 más que en 2025) para el programa de Becas Bicentenario, que se otorgan a los estudiantes de tercer ciclo y educación media en los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y La Unión.

    De esa manera, Educación tiene $305,715 en presupuesto para becas, que se suman a $374,170 incorporados a la Presidencia de la República para un programa de apoyo de educación superior en la población de extrema pobreza.

    Estos tres programas de becas suman $679,885.

  • Deuda pública sube más de $1,000 millones en primeros ocho meses de 2025

    Deuda pública sube más de $1,000 millones en primeros ocho meses de 2025

    La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) y pensiones subió más de $1,000 millones en los primeros ocho meses de 2025, según un documento publicado por el Ministerio de Hacienda.

    El gobierno indicó que al 31 de agosto de 2025 se contabilizaron $31,932.7 millones en saldo de deuda SPNF de corto mediano y largo plazo más pensiones, un 3.3 % por arriba de los $30,898.1 millones que se reportaron durante el mismo período de 2024.

    A nivel general, el saldo de deuda del SPNF rondó los $20,862.10 millones al cierre de agosto de 2025.

    La SNPF está dividida entre los saldos de mediano y largo plazo, junto con la deuda del Gobierno de El Salvador a corto plazo, este último conformado por las Letras y los Certificados del Tesoro (Letes y Cetes).

    Después de la reforma de pensiones de 2023, Hacienda sacó de los informes los reportes de obligaciones del sistema previsional, sin embargo, los incorporó nuevamente desde noviembre de 2024, cuando buscaba concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Según Hacienda, la deuda SPNF a mediano y largo plazo ascendió a $19,540.2 millones a agosto pasado, un 2.8 % por arriba de los $19,014.4 millones contabilizados al 31 de diciembre de 2024.

    Por su parte, en Cetes y Letes el Gobierno salvadoreño acumuló una deuda de $1,321.9 millones, con una baja de $35.9 millones menos que los $1,357.8 millones que se tenían en deuda a diciembre del año pasado.

    Las Letes tienen como fin cubrir parte de las deficiencias de ingreso del gobierno, mientras que los Cetes funcionan a través de aprobaciones de deuda de parte de la Asamblea Legislativa.

    Ambos tipos de instrumentos se emiten en la plaza local, donde buena parte de los compradores son bancos.

    Pensiones

    En el caso de las pensiones, el gobierno confirmó que el saldo adeudado en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) incrementó un 5.2 % en lo que va de este 2025, al pasar de $10,525.9 millones al 31 de diciembre de 2024, a $11,070.6 millones para el 31 de agosto de 2025.

    Los reportes hacendarios confirman que la deuda de pensiones se mantuvo inmóvil en los últimos dos meses.

    Sin embargo, la deuda SPNF a corto, mediano y largo plazo, sin tomar en cuenta las pensiones, se redujo un 2.5 % en el último mes, luego de que el saldo se redujera $529 millones en comparación con los $21,391.1 millones contabilizados en julio pasado.

    Al ampliar el período de análisis, se descubre que el saldo de deuda SPNF tuvo un incremento interanual de un 6.1 %, empujado por las operaciones a mediano y largo plazo.

    Según el gobierno, hasta agosto de 2024 un 24 % de la deuda SPNF a mediano y largo plazo vencerá entre uno a cinco años, mientras que un 23 % lo hará en un período de seis a 10 años.

    El gobierno también evidencia que el 35 % de la deuda vencerá entre 11 y 20 años, y un 18 % deberá saldarse dentro de 20 años.

  • Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    El secretario general del partido opositor FMLN, Manuel Chino Flores, cree que la propuesta de reforma de pensiones que el gobierno tiene previsto publicar en 2026 incluirá el aumento de los años de jubilación, que actualmente está fijado en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

    Flores aseguró que el gobierno actual está complicado por las medidas que adoptaron después de la reforma aprobada en diciembre de 2022. Según Flores, esto ha permitido más ganancia a las administradoras de fondos para pensiones (AFP).

    “El gobierno tiene un gran problema, cómo dar respuesta a 800,000 cotizantes y 200,000 pensionados, $10,000 millones retirados, tiene que pagar, el problema es que el dinero se está acabando”, indicó.

    Según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 15 de junio, el gobierno de El Salvador pospuso de julio hasta finales de septiembre de 2025 la publicación de una evaluación actuarial del sistema de pensiones que se utilizará como base para diseñar la próxima reforma de pensiones de El Salvador.

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se realizará el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.

    El FMI ha solicitado expresamente que la nueva reforma logre logre contener los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, ya que esta «desvinculó” los beneficios de los saldos individuales y dispuso que con estos se financiara «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.

    Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.

  • Deuda del Estado con ahorros para pensiones llega a $10,922.57 millones

    Deuda del Estado con ahorros para pensiones llega a $10,922.57 millones

    La deuda estatal de pensiones llegó a $10,922.57 millones al cierre de julio de 2025, marcando un aumento de $45.75 millones en el último mes, según datos revelados por el Banco Central de Reserva (BCR).

    Durante julio, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió instrumentos de deuda por al menos $45.75 millones para que estos fueran adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores cotizantes a las mismas.

    La emisión de julio es uno de los menores montos mensuales tomados de los ahorros de los cotizantes a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    De enero a julio de 2024, el ISP emitió un total de $690.03 millones en estos instrumentos que fueron adquiridos por las AFP; pero de enero a julio de 2025, estas emisiones adquiridas por las AFP han sumado $397.57 millones.

    Estos fondos son utilizados por el ISP para cumplir con el pago de pensiones del Sistema de Pensiones Público (SSP) y otras obligaciones previsionales.

    Un 76.3 % de la deuda estatal de pensiones fue adquirida antes de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 mediante Certificados de Inversión Previsional (CIP). Mientras, el 23 % de la deuda fue adquirida posterior a la reforma.

    El gobierno prepara una nueva reforma de pensiones como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), en el cual se ha solicitado reducir su «dependencia de los fondos de pensiones».

    El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento de $1,400 millones para mejorar la estabilidad financiera del país.

    La nueva Ley integral de pensiones aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde 2023 facultó al ISP a emitir certificados adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta el 100 % con fondos de los cotizantes, a cambio de una mejor rentabilidad.

  • S&P mantiene calificación de El Salvador, pero advirtió de una desafiante situación fiscal y pensiones

    S&P mantiene calificación de El Salvador, pero advirtió de una desafiante situación fiscal y pensiones

    La calificación de riesgo soberano S&P Global Ratings reafirmó el 20 de agosto la calificación de la deuda soberana de El Salvador por el soporte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió de una delicada situación fiscal y de pensiones.

    La agencia explicó que la preceptiva muestra un equilibrio por la “aún desafiante situación fiscal” por el alto servicio de la deuda proyectado en medio de una drástica mejora en la seguridad pública que debería impulsar el crecimiento económico, así como mejores condiciones para acceder a financiamiento con instituciones multilaterales.

    La suma de estos factores debería “seguir conteniendo los riesgos de incumplimiento soberano durante los próximos 12 a 18 meses”.

    La agencia agregó que la calidad crediticia de El Salvador se ve limitada por un débil marco institucional y gestión económica, que ha derivado en “dos incumplimientos de pagos” con los fondos de pensiones en los últimos 10 años.

    “También se ve limitada por un crecimiento económico moderado que ha mantenido al país con menores indicadores de riqueza que muchos otros países con la misma calificación y ha contribuido a la debilidad fiscal y a una elevada deuda gubernamental”, sostuvo.

    Para la agencia, el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administración de Nayib Bukele mejoraría la capacidad de pago a largo plazo.

     

    Carga de pensiones

    La agencia advirtió que de un agotamiento del fondo de solidaridad del sistema de pensiones, al tiempo que ejercerá presión en las cuentas fiscales: “Esperamos que el fondo de solidaridad para el sistema de pensiones de contribución definida se quede sin reservas durante nuestro horizonte de proyección”.

    “En nuestra opinión, el fin del período de gracia del servicio de la deuda con los fondos de pensiones privados en 2027 aumentará la carga de intereses y mitigará cualquier ganancia esperada en superávit primario”, añadió.

    Tras la última reforma de pensiones, en 2023 el gobierno salvadoreño hizo un canje de la deuda con las AFP por certificados de largo plazo, que incluyó un período de gracia de cuatro años de intereses y capital.

    Anticipa que el sistema público siga dependiendo de los fondos de pensiones para financiar los déficits y, en un escenario base, el pago de intereses alcanzaría un máximo superior al 20 % de los ingresos del gobierno al final del período de gracia de la deuda con el sistema de pensiones. Además, la deuda pública neta llegaría a un 91 % en 2028, desde un 84 % en 2024.

    Estos escenarios están sujetos a una reforma que debe presentar el gobierno salvadoreño a más tardar el 10 de febrero de 2026, según el programa de compromisos del FMI.

    “Esperamos que el gobierno apruebe una reforma previsional en 2026, pero no hay claridad sobre cómo abordará la deuda del sistema de pensiones que tienen las AFP”, dijo.

    La calificadora recordó que la ley obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a comprar certificados previsionales, que ascendieron a un 30 % del PIB en 2024.

     

    Mejorar de nota bajo condiciones

    Sin embargo, advirtió que podría rebajar la calificación en los próximos seis o 12 meses si el gobierno salvadoreño no avanza con los compromisos del acuerdo con el FMI, ya que podría obstaculizar el acceso a financiamiento.

    También podría empeorar la nota de la deuda salvadoreña si los déficit fiscales siguen elevados, pues aumentaría la probabilidad de incumplimiento de pago a medida se acerca el final del período de gracia acordado en 2023 con las AFP.

    Por el contrario, S&P Global Ratings agregó que podría aumentar la calificación en los próximos 12 o 18 meses si El Salvador mejora su desempeño fiscal, con mayor libertad para cumplir sus obligaciones.

    S&P Global Ratings prevé que el PIB crezca un 2.5 % entre 2025 y 2028 en virtud de los flujos de remesas y la mejora en la seguridad. Además, espera que la inflación se mantenga baja durante los próximos tres años.

  • Cae un 43 % la emisión de nueva deuda de pensiones en primer semestre de 2025

    Cae un 43 % la emisión de nueva deuda de pensiones en primer semestre de 2025

    La emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) cayó en un 43 % en el periodo de enero a junio de 2025, respecto a enero a junio de 2024 según los datos publicados por el Banco Central de Reserva sobre la deuda que tiene el Estado con los fondos de pensiones de los trabajadores cotizantes de las AFP.

    Si bien de enero a junio de 2024, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió $621.49 millones en estos instrumentos de deuda estatal con los ahorros para pensiones, este tipo de emisiones se redujo a $351.82 millones de enero a junio de 2025.

    Hasta el primer semestre de 2025, el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) adeuda un total de $10,876.81 millones a los ahorros de pensiones de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones, de los cuales $8,394.77 millones es la deuda acumulada antes de la reforma de 2022.

    La nueva deuda estatal de pensiones, emitida y adquirida después de la reforma de pensiones de diciembre de 2022, llegó a $2,482.05 millones en junio.

    La reforma vigente desde 2023, que aumentó algunas pensiones, continuó con el mecanismo del uso de los fondos de pensiones del sistema privado para que el Estado pueda sufragar el pago de pensiones del sistema público.

    En 2023 hubo una exposición indirecta de los fondos de pensiones, a través de los bancos y los bonos de pensiones.

    En un informe publicado el 5 de marzo de 2024, el banco de inversión Barclays informó: “Sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno mediante esquemas de représtamos a través del nuevo organismo de pensiones, el ISP y la banca comercial”.

    En esa ocasión, el bando de inversión expresó que “el ISP está emitiendo más COP de los necesarios”, ya que el déficit relacionado con las pensiones fue de $800 millones, que se financió con ahorros de pensiones privados que tienen la obligación de comprar todos los nuevos certificados de obligación previsional (COP) emitidos por el ISP.

    “Sin embargo, el ISP emitió $1,098 millones en COP el año pasado, lo que significa que casi $300 millones de los fondos se utilizaron para fines distintos a financiar el déficit pensional”, señaló. Citó que en 2023 el Banco Hipotecario emitió $225 millones en bonos cuyos principales compradores fueron los fondos de pensiones según los informes bursátiles.

    La emisión y un aumento de depósitos de $310.3 millones a principios de 2023 permitieron un aumento de inversiones de $506 millones que suponen “se financió principalmente con las AFP”.

  • Deuda estatal de pensiones cerró en $10,876.81 millones en junio de 2025

    Deuda estatal de pensiones cerró en $10,876.81 millones en junio de 2025

    La deuda de pensiones cerró en $10,876.81 millones a junio de 2025 luego de una emisión total de $2,482.05 millones en nuevos certificados estatales que han sido adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) después de la reforma aprobada en 2022 y vigente a partir de 2023.

    Según el Banco Central de Reserva, la deuda estatal con los fondos de pensiones heredada de años anteriores, antes de reforma, asciende a $8,394.77 millones. Su monto no ha variado desde la reforma de 2022, gracias a un acuerdo entre el gobierno y las AFP para congelar por cuatro años las amortizaciones de intereses o capital de dicha deuda.

    La reforma de 2022 facultó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que antes era el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), a que emitiera Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    La deuda anterior fue emitida a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que eran emitidos por el extinto Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) a tasas menores de rendimiento.

    El gobierno realizará una nueva reforma de pensiones a la luz del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    El acuerdo con el FMI busca una financiación adecuada del sistema de pensiones, la reducción de la dependencia estatal de los fondos de pensiones, la diversificación de las inversiones de los ahorros de los trabajadores cotizantes en las AFP y también buscan la contención de los costos fiscales asociados a la reforma de 2022.

    Está prevista la publicación de un informe actuarial para septiembre, la publicación de una propuesta de reforma de pensiones para el 10 de febrero de 2026 y la aplicación de la reofrma “a mediados de 2026” con las recomendaciones del FMI.

    El FMI mantiene vigente la negociación del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye un financiamiento gradual de $1,400 millones y que en el fondo busca lograr una estabilidad financiera de El Salvador.

  • Discriminación y precariedad laboral dañan salud mental de migrantes mexicanos en EE.UU.

    Discriminación y precariedad laboral dañan salud mental de migrantes mexicanos en EE.UU.

    La salud mental de los migrantes mexicanos en Estados Unidos está seriamente comprometida por factores como la discriminación, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a servicios médicos, advirtió la investigadora Maritza Caicedo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Basado en datos de la encuesta nacional de salud estadounidense, el estudio estima que más de 12 millones de mexicanos y 26.5 millones de mexicoamericanos residen actualmente en EE.UU., muchos de los cuales enfrentan altos niveles de estrés psicológico debido a redadas migratorias y la criminalización de personas sin estatus legal.

    Caicedo destacó que 17 % de los migrantes mexicanos y 12 % de los mexicoamericanos viven por debajo del umbral de pobreza, comparado con solo 7.5 % entre los blancos no hispanos. Este dato revela una brecha persistente en condiciones socioeconómicas entre los inmigrantes y la población estadounidense general.

    La precariedad laboral se acentúa en los migrantes sin documentos, quienes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. Según el estudio, 36 % de los mexicanos no cuenta con cobertura médica y un 83 % no cotiza en un plan de pensiones en Estados Unidos.

    En términos de empleo, las tasas de desempleo entre los migrantes mexicanos y sus hijos alcanzan el 5.4 % y el 4.5 %, respectivamente, cifras superiores al 3.1 % registrado entre los blancos no hispanos.

    Trabajadores migrantes hacen labores agrícolas en Salinas, California. Istock

    Estrés aculturativo y salud mental

    La investigadora señaló que, aunque la segunda generación de migrantes suele tener una situación económica ligeramente mejor, enfrenta un fenómeno conocido como “estrés aculturativo”, al sufrir discriminación persistente y exclusión social, lo cual impacta directamente en su salud mental.

    De hecho, Caicedo explicó que, paradójicamente, los migrantes de primera generación presentan mejores indicadores de salud mental que sus hijos nacidos en EE.UU., quienes enfrentan una presión constante por adaptarse a un entorno que los percibe como “ciudadanos de segunda clase”.

    “El acceso limitado a servicios médicos y la exclusión del sistema de pensiones plantean preguntas sobre las condiciones de vida futuras de estos grupos”, advirtió Caicedo.

    Pese a estas adversidades, la experta subrayó el aporte económico, social y demográfico de la inmigración mexicana y latinoamericana en EE.UU., destacando que los jóvenes migrantes rejuvenecen la pirámide poblacional del país norteamericano.

    Entre 2000 y 2015, los migrantes latinoamericanos cubrieron el 38 % de la escasez de mano de obra en EE.UU., siendo México y Centroamérica las regiones que más trabajadores aportaron, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).