Etiqueta: pensiones

  • Deuda de pensiones llega a $11,874.74 millones a septiembre de 2026

    Deuda de pensiones llega a $11,874.74 millones a septiembre de 2026

    La deuda que el Estado tiene con el Fondo de Pensiones, el ahorro de los trabajadores cotizantes a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), llegó a los $11,874.74 millones hasta septiembre de 2026, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central de Reserva.

    Un total de $3,481.18 millones de la deuda fue adquirida después de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022, mientras $8,393.56 millones de la deuda fue suscrita antes de la reforma.

    En el último mes, el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió instrumentos que las AFP les compraron por $113.43 millones. Según la ley, la tasa de interés que generarían estos instrumentos, que se llaman Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), sería del 7 % anual.

    Durante los últimos años, el Estado salvadoreño ha emitido certificados o instrumentos financieros para que las AFP los adquieran con los ahorros de los cotizantes, y que el Estado pueda cumplir sus obligaciones previsionales.

    El Estado asume obligaciones previsionales como el pago de las pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP), que no tiene suficientes cotizaciones para financiarse.

    En el caso de los pensionados que cotizaron a las AFP, sus pensiones mínimas son pagadas de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), una cuenta colectiva –de los afiliados a las AFP– financiada por parte de sus ahorros y que inicialmente recibió fondos públicos.

    La CGS, que funciona como un seguro de vejez para los afiliados de las AFP, se acabará en 2029 ya que a partir de 2030 proyecta un déficit de -0.1 % del PIB, según el estudio actuarial publicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025. Si se acaba la CGS, el Estado garantiza el pago de las pensiones a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) según la Ley integral de pensiones de 2022.

    El gobierno de El Salvador se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma paramétrica de pensiones a finales de junio de 2027 y buscar la aprobación a finales de septiembre de 2027. El compromiso es diseñar una reforma para «fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sistema a largo plazo, incluyendo una mejor alineación de las prestaciones con las cotizaciones”.

  • Ministro dice que acudirá a Asamblea en 2027 con instrumentos para pagar intereses adeudados al Fondo de Pensiones

    Ministro dice que acudirá a Asamblea en 2027 con instrumentos para pagar intereses adeudados al Fondo de Pensiones

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, prometió este viernes que el Estado salvadoreño honrará sus deudas con los ahorros de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) respecto a los intereses dejados de pagar durante cuatro años por un periodo de gracia renegociado a partir de la reforma de pensiones de 2022.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le preguntó al ministro el monto de la deuda previsional en estos intereses dejados de pagar y si el déficit fiscal del Estado incluye la deuda previsional.

    El funcionario respondió que la Ley integral de pensiones aprobada en 2022 “estableció un periodo de gracia” que vence el próximo año y que están “incorporando los pagos necesarios para atender esas obligaciones”.

    “Tenemos una Ley de sostenibilidad fiscal, en nuestras proyecciones fiscales estamos incorporando los recursos necesarios para atender esas obligaciones que vencen el próximo año”, afirmó.

    “El gobierno nunca ha dejado de atender esas obligaciones de deuda nacional, internacional, no lo hará el próximo año”, prometió el titular de Hacienda.

    Ortiz citó el informe del FMI para aseverar que se estima una deuda en intereses dejados de pagar por $2,327 millones y preguntó por qué en el presupuesto solo se han programado $250,000. El funcionario corrigió a Ortiz, confirmando que el presupuesto prevé $250 millones de gasto previsional para el 2027.

    “En cuanto a los $2,000 millones (de deuda estatal en intereses con el Fondo de Pensiones administrado por las AFP), yo mencioné que está incorporado en nuestras proyecciones fiscales, que es diferente. Ahí están incorporadas todas las estimaciones necesarias para darle cobertura a esa deuda. El Gobierno no va a dejar de atender sus compromisos y en su momento, el próximo año, seguramente vendremos a esta Asamblea Legislativa con los instrumentos necesarios para poder atender a estos pagos, a estos compromisos”, reveló.

    La diputada de Vamos le preguntó cuál es la estrategia para honrar esa obligación previsional.

    El ministro le respondió que “el gobierno actualmente está en definición todavía” y que “lo único” que podía confirmar es que «se atenderá con responsabilidad y en tiempo las necesidades del Fondo de Pensiones y los recursos que sean necesarios para atender los compromisos del próximo año”.

    De acuerdo con el compromiso adoptado por el Estado salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe publicado el 1 de octubre en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el Estado entregará un nuevo certificado a las AFP para pagar la mayoría de los intereses dejados de pagar durante ese periodo.

    Dicho certificado estatal será adquirido por las AFP, según el informe del FMI, y tendrá un plazo de 46 años, con cuotas semestrales a partir de octubre a una tasa anual del 7 % y sin periodo de gracia. El ministro no confirmó esta forma de pago que en la práctica se originaría de deuda.

    El funcionario no detalló si esta deuda previsional del Estado en intereses acumulados en el periodo de gracia otorgado por las AFP está incluida en el déficit fiscal del Estado.

    Lectura recomendada: Pensiones: Estado reconocerá $2,300 millones de intereses no pagados a las AFP, la mayoría en 46 años al 7 % de interés

  • El Salvador pospone reforma de pensiones a finales de septiembre de 2027

    El Salvador pospone reforma de pensiones a finales de septiembre de 2027

    El gobierno de El Salvador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma paramétrica de pensiones a finales de junio de 2027, para buscar su aprobación legislativa a finales de septiembre del mismo año, según el informe del personal técnico de la segunda y tercera revisiones en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) publicado este viernes.

    El compromiso entre el gobierno y el organismo financiero incluye el pago en cuotas de los intereses no pagados de la deuda de pensiones durante cuatro años de gracia negociados con las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) después de la reforma de 2022 y que sumarán, de abril de 2023 a abril de 2027, $2,329 millones.

    La nueva programación de la reforma se detalla en un memorando anexo a la carta de intención firmada por el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez Fuentes, y el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el 18 de septiembre de 2026, así: “Como paso final, presentaremos a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma paramétrica de las pensiones, alineada con las recomendaciones del FMI, antes de finales de junio de 2027, para fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sistema a largo plazo, incluyendo una mejor alineación de las prestaciones con las cotizaciones”.

    La reforma buscará “alinearse” con las “recomendaciones de asistencia técnica del FMI y la estrategia general”, incluido el pago de intereses dejados de pagar por el Estado durante cuatro años de gracia a los fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

    La publicación de una propuesta de ley esta inicialmente programada para el 10 de febrero de 2026. “Buscaremos la aprobación de esta reforma antes de finales de septiembre de 2027”, indica el gobierno. La reforma buscaría “fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y reducir los pasivos contingentes”.

    Además, el Gobierno se ha comprometido a publicar límites trimestrales para la emisión de COP por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones para 2028, sin exceder las obligaciones de pago de pensiones y servicio de deuda.

  • La deuda de pensiones creció $92 millones en enero y llegó a $11,333 millones

    La deuda de pensiones creció $92 millones en enero y llegó a $11,333 millones

    La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero los $11,333.45 millones, tras sumar $92.32 millones adicionales en el primer mes de 2026, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este viernes 27 de febrero.

    Las cifras, retomadas por el BCR del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que el saldo pasó de $11,241.13 millones en diciembre de 2025 a $11,333.45 millones en enero recién pasado.

    En términos interanuales, la deuda acumulada creció $761.05 millones respecto a enero de 2025, cuando totalizaba $10,572.4 millones, lo que equivale a un incremento aproximado de 7.2 %.

    Estos recursos provienen de los descuentos aplicados a los salarios de los trabajadores y son captados por el Gobierno mediante la emisión de títulos valores que el ISP coloca y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a adquirir.

    Actualmente, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) suman $2,939.26 millones. A esto se añaden $8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), instrumentos que no pagan capital ni intereses desde la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, a finales de 2022.

    Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta modificación llevó a que 89 % de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron $14,900 millones— se mantengan invertidos en títulos de deuda pública, directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.

    El FMI también advirtió que las pensiones del sistema privado comenzaron a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común destinado a cubrir a los afiliados cuando agotan el saldo de sus cuentas individuales.

    Los salvadoreños están a la espera de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele presente una nueva reforma al sistema de pensiones, compromiso adquirido con el FMI y cuyo plazo de entrega venció el pasado 10 de febrero.

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  • La deuda pública total de El Salvador con pensiones aumentó en $1,670 millones en 2025

    La deuda pública total de El Salvador con pensiones aumentó en $1,670 millones en 2025

    La deuda pública total de El Salvador, incluida la correspondiente al sistema de pensiones, aumentó en $1,670.5 millones en 2025, según estadísticas actualizadas el viernes por el Banco Central de Reserva (BCR).

    Estas obligaciones acumularon un saldo de $33,807.11 millones, un 5.1 % más que los $32,136.63 millones reportados en 2024.

    Del total, $11,241.13 millones corresponden a la deuda del sistema de pensiones y $22,565.98 millones a obligaciones del Sector Público no Financiero (SPNF), que abarca al gobierno central, empresas e instituciones públicas, así como al Sector Público Financiero, integrado por bancos estatales.

    Según el BCR, el saldo de la deuda del sistema de pensiones aumentó en $715.17 millones frente a los $10,525.96 millones de 2024.

    En tanto, las obligaciones del sector público financiero y no financiero sumaron $955.41 millones adicionales respecto a los $21,610.57 millones reportados un año antes.


    Dado que el gobierno estima que el producto interno bruto (PIB) de 2025 alcance los $36,602.1 millones, el saldo de la deuda pública total con pensiones representó el 92.3 % del PIB.

     

    ¿En qué se debe?

    Las estadísticas del BCR indican que el gobierno salvadoreño se financió principalmente en el mercado internacional, ya que la deuda externa alcanzó los $15,224.93 millones. Este saldo aumentó en $1,685.92 millones frente a los $13,539.01 millones de 2024.

    En tanto, el saldo de la deuda interna disminuyó en $730.51 millones, al pasar de $8,071.56 millones en 2024 a $7,341.05 millones en 2025.

    Bajo el Sector Público no Financiero, de acuerdo con el BCR, la deuda del gobierno sumó $20,659.22 millones, al menos $840.5 millones adicionales en comparación con 2024.

    El saldo de las Letras del Tesoro (Letes) superó los $1,161.39 millones, lo que significó una reducción de $24.67 millones respecto al año anterior. Las Letes son consideradas la “tarjeta de crédito” del gobierno, ya que se emiten en el mercado salvadoreño para solventar crisis temporales de liquidez.

    El BCR documenta que las empresas públicas no financieras acumulan obligaciones por $893.65 millones, al menos $130.8 millones adicionales, mientras que el resto del gobierno registra un saldo de $301.5 millones.

    En el caso de la deuda previsional, $8,394.19 millones corresponden a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), derivados del canje de deuda tras la reforma de 2022, y $2,846.94 millones a Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), nuevos títulos emitidos con la reforma.

  • Deuda estatal de pensiones generada tras la reforma de 2022 alcanza el 25.3 % de la deuda previsional

    Deuda estatal de pensiones generada tras la reforma de 2022 alcanza el 25.3 % de la deuda previsional

    La deuda que tiene el Estado con el ahorro de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) a partir de la reforma de 2022 ya es la cuarta parte de toda la deuda previsional estatal según los datos publicados este viernes por el Banco Central de Reserva (BCR).

    Al cierre del año 2025, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tenía un total de $2,846.94 millones emitidos en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), creados en la reforma de diciembre de 2022, para que los adquieran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

    Esto conforma el 25.3 % de los $11,241.13 millones que según el BCR el Estado debe al fondo de pensiones según datos actualizados hasta diciembre de 2025.

    La deuda estatal heredada es, sin embargo, $8,394.19, es el 74.67 %. 

    Con la reforma de 2022, el mecanismo de invertir el dinero de los trabajadores cotizantes en instrumentos de inversión emitidos por el Estado, solo que a una tasa de interés del 7 % anual por ley. “Devengarán una tasa de interés del 7 % anual fija”, indica el literal c del artículo 7. El Estado utiliza ese dinero para pagar pensiones del sistema público.

    Los fondos obtenidos de la colocación de COP son utilizados para pagar pensiones de unos 88,000 beneficiarios del Sistema Público de Pensiones (SSP), ya que este sistema registra grandes déficits porque prácticamente no tiene cotizantes. En su informe de marzo de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó que tenía 2,300 cotizantes y calculaba que alrededor del 89 % de los fondos de los trabajadores cotizantes de las AFP estaban invertidos en títulos de deuda pública, directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.

    “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones constituyen la principal fuente de financiamiento del ISP”, dice el FMI.

    Por otro lado, las AFP pagan pensiones a unos 128 jubilados y perciben cotizaciones de unos 950,000 trabajadores.

    La reforma de diciembre de 2022, vigente desde 2023, aumentó en un 30 % las pensiones mínimas.

  • Suecy Callejas dice aún no tienen nada sobre reforma de pensiones

    Suecy Callejas dice aún no tienen nada sobre reforma de pensiones

    La diputada Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, aseguró el jueves que aún no tienen algún informe sobre una posible reforma de pensiones cuya propuesta se publicaría en febrero según el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Se le consultó específicamente a la diputada si ya revisaron las medidas paramétricas para la reforma de pensiones, en referencia a posibles modificaciones a la edad de jubilación y tasa de cotización, a lo que respondió: «No, no tenemos ninguna reforma actualmente».

    Al preguntarle si, bajo su criterio, debería aumentarse la tasa de cotización o aumentarse la edad de jubilación, en el sistema de pensiones salvadoreños, respondió: «Yo no soy la persona encargada de pensiones, no voy a dar declaraciones».

    Al insistirle si el informe de la reforma de pensiones llegará a la Asamblea Legislativa para que los diputados lo analicen, se limitó a decir: «No tenemos nada».

    Según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el 15 de junio, la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para ser publicada el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice este año.

    El 22 de diciembre, ya era público un documento que presentó el gobierno como Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador, el cual presenta un resumen sobre la situación actual del sistema de pensiones.

    El estudio actuarial sugiere de buscar fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”, además de reformar nuevamente los sistemas previsionales. Expertos han asegurado que el Estado debería buscar distribuir la carga actual de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), financiada actualmente por un porcentaje de la tasa de cotización del trabajador aportada por el empleador.

    Actualmente, la edad legal de jubilación es 60 años para los hombres y 55 para las mujeres; no hay opciones para jubilarse anticipadamente y existe una pensión mínima de vejez de $400 y una pensión máxima de $3,000 mensuales.

    Aproximadamente, un 57 % de los beneficiarios del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), incluidos aquellos por invalidez discapacidad y sobrevivencia, recibe la pensión mínima de $400 mensuales.

    Expertos en el tema de pensiones, como Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, ha previsto que una reforma puede ir en aumentar las edades de jubilación para mujeres en cinco años y para hombres, lo ha calificado de incierto.

    “Cinco años se elevaría la edad de retiro en mujeres, es una necesidad estadística, hay que ser honestos en esto, entonces de 55 pasaría a 60”, afirmó Pineda, al advertir que el panorama es diferente para los hombres, cuya participación en el sistema es mayor y cuyos ingresos son más altos. “No se necesita aumentar al mismo ritmo que las mujeres, pero sí se va a aumentar, entre dos o tres años”, dijo Pineda en una entrevista el 15 de diciembre.

  • Diputadas Villatoro y Ortiz esperan que reforma de pensiones sea seria y no hecha bajo decisiones electorales

    Diputadas Villatoro y Ortiz esperan que reforma de pensiones sea seria y no hecha bajo decisiones electorales

    Las diputadas Marcela Villatoro y Claudia Ortiz esperan que la reforma de pensiones que se realice en el país, luego de la publicación del «Estudio actuarial del sistema de pensiones de El Salvador» firmado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), sea «seria» y no obedezca a fines electorales.

    Las diputada de oposición Claudia Ortiz advierte que el estudio actuarial debe contener toda la información para los escenarios de una posible reforma de pensiones y cuestiona que «no tiene una lógica matemática de escenarios proyectados con los diferentes parámetros de una reforma de pensiones».

    «La gran pregunta aquí es si el gobierno ha estado tomando dinero del fondo de pensiones, ellos tienen una gran responsabilidad de cuál va a ser el ajuste que se van a tener qué hacer», cuestionó.

    Según la legisladora, es necesario saber si se va a aumentar al edad de jubilación o la cuota de cotización que debe aportar el trabajador o el empleador.

    «Cada cambio de esos implica que nos jubilemos con mejores condiciones o a una mayor edad o en condiciones más precarias o que no tengamos pensión al final de nuestra vida laboral que va a estar determinado por el uso que se ha hecho de esos fondos, de manera irresponsable», criticó.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, sugirió tomar en cuenta aspectos como la natalidad y la problemática en el futuro de las personas que cotizarán en el futuro en el sistema de pensiones. «Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta para la reforma que deben enviar a esta Asamblea Legislativa el gobierno. Nosotros esperamos que sea un estudio realmente serio, un estudio que no dañe a la población salvadoreña», indicó.

    Villatoro aseveró que «las pensiones ha sido la piñata de todos los gobiernos» y que «este gobierno no ha sido la excepción».

    «La gente no quiere que se esté ocupando su dinero, ningún gobierno, la gente quiere que su dinero se respete», expresó.

    Según la legisladora, las decisiones  deben ser técnicas, de beneficio a la población, y no electorales.

    Según el Banco Central de Reserva, a noviembre 2025, la deuda del Estado con el ahorro de los cotizantes administrado por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) llegó a $11,163.45 millones en noviembre de 2025.

  • Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé un descenso de la deuda a partir de 2026 hasta que llegue a un 82 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    Este informe es uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo por $1,400 millones, cuyo principal fin es ordenar las cuentas fiscales. Además, se enmarca en los parámetros definidos en la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

    De acuerdo con las proyecciones, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se mantendrá con una “trayectoria estable y decreciente” entre 2025 y 2029, a través de la implementación de medidas de corrección fiscal que implicarán un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del PIB.

    El documento plantea como meta una reducción de 5.4 puntos porcentuales en relación con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de un 87.4 % a 82 %.

    Con dicha reducción se cumpliría la meta establecida en la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada en junio de 2025, que fija un límite de endeudamiento no mayor del 80 % del PIB para 2030.


    Hacienda propone esa reducción del peso de la deuda mediante un ajuste en el superávit primario —más ingresos que gastos— y un crecimiento económico sostenido.

    Para este período se prevé un superávit primario promedio de 3.3 % del PIB, menor en relación con la tasa de 4.2 % registrada al cierre de 2024, mientras que el déficit fiscal —más gastos que ingresos— llegaría a 2.6 % en 2029.

    En cuanto al crecimiento económico, Hacienda considera que las medidas económicas y fiscales permitirán “mejorar la capacidad estructural de la economía, logrando crecer sin crear presiones inflacionarias, aumentando en el mediano plazo el crecimiento del PIB potencial y una mayor resiliencia ante choques externos”.

     

    Indicadores fiscales 2025-2029:
    – Reducción de 5.4 puntos porcentuales de la relación de la deuda con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de 87.4 % a 82 %.
    – El déficit fiscal se reduciría gradualmente hasta llegar a 2.9 % en 2029.
    – El balance primario —más ingresos que gastos sin incluir intereses— sería de 1.9 % en 2025 y aumentaría hasta 3.7 % en 2027 y 4.2 % en 2029.
    – La inversión pública alcanzaría un promedio de 4.2 % del PIB.
    – El gasto público total pasaría de 29.4 % del PIB en 2025 a 29.2 % en 2029. El gasto corriente llegaría a 25.2 % del PIB en 2029.

     

    Riesgos: ¿qué podría frenar el cumplimiento de esta meta?

    Sin embargo, el informe advierte que el costo de la deuda es el principal “factor de presión al alza”. Si bien el superávit fiscal reduciría la deuda en 16.6 % del PIB y el crecimiento económico en 12 %, las altas tasas de interés la incrementarían en 24 %.

    También señala los riesgos asociados a los desastres medioambientales como uno de los mayores obstáculos, según una medición realizada con la herramienta para la evaluación de riesgos fiscales (FRAT), desarrollada por el FMI.

    “Estos podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”, agrega, al ejemplificar que la ocurrencia de dos desastres —como un sismo o exceso de lluvias— podría reducir el crecimiento del PIB en 2 %, aumentar el déficit fiscal en 4.2 % y elevar la deuda en 6.6 %.

    Además, menciona “riesgos específicos” derivados de las empresas públicas, los asocios público-privados (APP), los gobiernos locales y las garantías soberanas, aunque aclara que generarían un “impacto fiscal bajo y una probabilidad de materialización media o baja”.

    En el informe, Hacienda también destaca “incrementos sostenidos” de la recaudación tributaria —al menos $2,858 millones entre 2020 y 2024— debido a medidas administrativas para mejorar y modernizar la administración tributaria, ampliar la base de contribuyentes y promover la equidad del sistema, sin aumentar impuestos.

  • FMI avanza segunda revisión del programa con El Salvador: destaca publicación de estudio actuarial de pensiones y medidas fiscales

    FMI avanza segunda revisión del programa con El Salvador: destaca publicación de estudio actuarial de pensiones y medidas fiscales

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este lunes que “continúan los avances” para la segunda revisión del programa de $1,400 millones con El Salvador, al tiempo que destacó los resultados, económicos, fiscales y la publicación del estudio actuarial de pensiones.

    Según un comunicado, la misión del FMI sostuvo conversaciones virtuales y presenciales en los últimos meses con las autoridades salvadoreñas, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), aprobado en febrero de 2025, cuya revisión se esperaba para septiembre pasado.

    La nota señala que “continúan los avances en las negociaciones hacia un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a la segunda revisión del programa en el marco del SAF”.

    El FMI destacó que la economía salvadoreña se expande a un “ritmo más rápido de lo previsto”, impulsada por una mayor confianza del mercado, el ingreso récord de las remesas familiares y una “inversión pujante”, por lo que proyecta un crecimiento económico de 4 % en 2025, por encima del 2.5 % estimado inicialmente.

    “El compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento, y el presupuesto para 2026 recientemente aprobado es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social”, indicó el FMI.

    Sistema financiero y pensiones

    El organismo multilateral agregó que los esfuerzos fiscales están respaldados por la acumulación de reservas y una reducción del endeudamiento interno, de acuerdo con las metas establecidas en el programa, que contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

    “Para ayudar a apuntalar la consolidación proyectada, se ha publicado recientemente un estudio actuarial sobre pensiones, junto con el marco fiscal de mediano plazo”, indicó el Fondo.

    De acuerdo con el cronograma, el estudio actuarial se debía publicar en septiembre tras una primera prórroga, ya que inicialmente se esperaba en junio. El Ministerio de Hacienda tiene disponible un link en el portal de Transparencia Fiscal, pero no se encuentra disponible, aunque en redes circula un documento.

    Además, citó reformas orientadas a fortalecer la estabilidad financiera, la banca, la gestión de crisis y los sistemas de garantía, así como la adopción de regulaciones de Basilea II para mejorar la cobertura de liquidez y el financiamiento.

    El FMI adelantó que las negociaciones para la venta de la billetera pública Chivo se encuentran “muy avanzadas”, mientras que las discusiones sobre el bitcoin se centran en la transparencia, la protección de los recursos públicos y la mitigación de riesgos.

    El organismo sostuvo que continuará la “estrecha colaboración” con las autoridades salvadoreñas para alcanzar un acuerdo a nivel técnico sobre las reformas necesarias que permitan completar la segunda revisión del programa, cuyo aval del directorio habilitaría un nuevo desembolso.

    Hasta la fecha, el FMI ha desembolsado $231 millones del programa: $113 millones en febrero, con la aprobación del acuerdo, y $118 millones tras la primera revisión en junio.