La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ordenó este viernes la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien permanece en una cárcel migratoria en Georgia desde hace tres meses, tras ser arrestado mientras cubría una protesta contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La resolución contradice un fallo previo de un juez de inmigración que había ordenado la liberación del reportero. Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se negó a acatar la medida, alegando que Guevara representa un “peligro para la comunidad” por transmitir en vivo e informar sobre redadas migratorias.
La junta decidió reabrir el proceso migratorio de Guevara, que llevaba 13 años en trámite, y dispuso su regreso a El Salvador. La decisión fue criticada de inmediato por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
“El señor Guevara ni siquiera debería estar en detención migratoria, pero el gobierno lo ha mantenido allí durante meses debido a sus cruciales reportajes sobre la actividad policial”, denunció en un comunicado Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.
La organización advirtió que la apelación de la defensa del periodista fue desestimada por la BIA como “irrelevante” y denunció que la junta aceptó la moción del Gobierno Trump para reabrir el caso.
Trayectoria y situación familiar
Guevara vive en Estados Unidos desde 2004 y es padre de tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses. Uno de sus hijos depende de él para recibir atención médica de largo plazo, lo que hace más delicada su situación.
El pasado 14 de junio, el periodista fue arrestado en Doraville (Georgia) mientras cubría una protesta del movimiento No Kings para su canal MG News, pese a estar identificado como miembro de la prensa. Aunque enfrentó cargos menores en dos condados, todos fueron desestimados, pero su proceso migratorio continuó.
“Si el señor Guevara es deportado, será un resultado devastador para un periodista cuya detención inicial constituyó una grave violación de sus derechos”, afirmó Cory Isaacson, director legal de la ACLU en Georgia.
La organización presentó un habeas corpus el mes pasado, alegando que la detención del comunicador es ilegal. Este viernes, la ACLU solicitó al tribunal federal una moción de emergencia para detener la expulsión del reportero salvadoreño.
